La semana pasada, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz declaró procedente una acción de cumplimiento e instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar con carácter de urgencia la elección, nombramiento y posesión de la nueva o nuevo Defensor del Pueblo. Parte del fallo insta a una coordinación de poderes que ya ha sido interpretada como antidemocrática.
Fue el delegado adjunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Franklin Gutiérrez, también candidato a Defensor del Pueblo, quien tiempo atrás presentó la acción de cumplimiento declarada precedente la semana pasada. “La Sala Constitucional Cuarta ha dispuesto que el presidente del Órgano Legislativo convoque de forma inmediata a una Asamblea ordinaria o Extraordinaria para que se trate nuevamente la elección, el nombramiento y la posesión del Defensor del Pueblo”, informó el activista y candidato.
La necesidad de aplicar una garantía constitucional surgió de la decisión del presidente de la Asamblea Legislativa de postergar sin día el inconcluso trámite de elección de la máxima autoridad de la Defensoría debido a que en sucesivas votaciones había sido imposible obtener dos tercios a favor de algún candidato. La imposibilidad de alcanzar acuerdos mínimos, mucho menos consensos, es la marca del actual Legislativo.
La imposibilidad de hallar un candidato aceptable para todas las partes se consolidó al marginarse Creemos de la elección y decidir Comunidad Ciudadana (CC) apoyar a una persona distinta de la preferida por la bancada mayoritaria sin más argumento que decir “no es masista”. Redujeron la importancia de la institución nacional de Derechos Humanos del país a una pugna de partidos políticos y presuntas filiaciones de las y los candidatos, olvidando, tal vez, que las y los asambleístas también pueden ser objeto de la fiscalización de la Defensoría.
Para más inri en el impasse, la exhortación a una coordinación de poderes, en la que se sugiere incluso la participación del Órgano Ejecutivo, ha encendido los ánimos en el Gobierno y la oposición. Para el Ministro de Justicia es razonable que ante la inactividad del Legislativo, el Gobierno designe un Defensor por decreto; ya ha sucedido antes, afirmó. Para CC, sería nada menos que un golpe de Estado, pues suplantaría el mandato del Legislativo; nada dicen de sus esfuerzos por impedir acercamientos y acuerdos legislativos.
La Defensoría del Pueblo es la garantía no solo de la existencia del Estado de derecho, sino de que hay una institución con mandato expreso de mantenerlo vigente a través de la protección de los Derechos Humanos. En medio de un confuso interinato su labor no se ha detenido y sin embargo es urgente que cuente con una autoridad titular a fin de que recobre su legitimidad y la fuerza que el manoseo político le ha quitado en los últimos años, para desgracia de quienes realmente necesitan protección de los abusos del Estado, incluyendo los que cometen las y los legisladores insensibles.