Opinión

Sunday 31 Jul 2022 | Actualizado a 22:20 PM

Los fantasmas de la polarización

En síntesis, la polarización parece estar encontrando sus límites.

Por La Razón

/ 23 de julio de 2022 / 02:16

Hay intentos por reactivar la conflictividad con el argumento de la postergación del Censo de población y otras controversias sectoriales y políticas. Sin embargo, los réditos y la atención que obtienen las dirigencias y medios empeñados en la polarización parecen ser menores que en otras coyunturas.

La decisión de realizar el Censo de población hasta 2024 ha provocado una movilización de los segmentos de la oposición liderados por el gobernador de Santa Cruz y de algunos sectores cívicos en esa región. A esta hora, hay amenazas de medidas de presión con objetivos no del todo claros: ¿se pretende dialogar una postergación solo hasta 2023 o exigir su realización en este año a como dé lugar?

Por otro lado, el colegio médico, acompañado de otros sectores, lideró movilizaciones callejeras en estos días con consignas que combinaban demandas sectoriales y otras más generales referidas a la supuesta intervención del oficialismo en la Justicia. Éstas se distinguieron por la reaparición de pequeños grupos de choque, de triste recuerdo para la mayoría de los ciudadanos, amagos de confrontación con personas afines al oficialismo y la detención de algunos activistas.

Sin subestimar las grandes incertidumbres propias de la política boliviana que frecuentemente nos sorprenden, un primer balance de la coyuntura muestra que esas “tensiones” son por ahora menores. La mayoría del país parece más interesada en sus actividades corrientes, preocupada principalmente de los posibles impactos de la crisis económica que se está abatiendo en todo el planeta.

Un reciente sondeo a un grupo selecto de líderes de opinión, realizado por la FESBolivia, nos aporta tres datos a tomar en cuenta: la solidez del liderazgo del presidente Arce en buena medida sostenido por una evaluación positiva de su gestión de la pandemia y de la economía, una marcada desaprobación de los líderes políticos más empeñados en la polarización y un sentimiento bastante extendido de que la disputa sobre los hechos de 2019 “solo interesa a los partidos políticos y los medios, y que la mayoría de la población está preocupada principalmente de la economía y de sus problemas cotidianos”.

En síntesis, la polarización parece estar encontrando sus límites. Las lógicas confrontadoras tendrían rendimientos políticos menores. Sin embargo, los reflejos siguen ahí, no deben ser subestimados, hay líderes y medios que parecen incapaces de renovar sus argumentos e instrumentos para defender sus ideas. Quizás sus acciones ya no tienen el potencial de llevar al país a nuevas rupturas, como en 2019, pero pueden seguir deteriorando la vida cívica y la cohesión nacional. 

Comparte y opina:

Reforma de los juristas

La iniciativa de los juristas, que pretenden llegar a referendo constitucional, debe superar varios pasos.

Por La Razón

/ 31 de julio de 2022 / 00:33

Diez meses después de haber lanzado una convocatoria de reforma judicial, un grupo de juristas presentó oficialmente su propuesta al TSE a fin de activar un referendo, por iniciativa ciudadana, de reforma parcial de la Constitución. Se trata de una importante propuesta que debiera ser discutida. Y que debe sortear todavía un conjunto de requisitos, plazos y procedimientos.

En septiembre de 2021, una decena de juristas del país (que se autodenominan “independientes”, pero que en su mayoría provienen del campo de la oposición) hizo pública una propuesta de reforma de la justicia, cuya realización implica la modificación parcial de la Constitución Política del Estado. El mecanismo de convocatoria asumido fue la iniciativa popular. En los siguientes meses el grupo conformó comités departamentales, socializó la propuesta con otros juristas y la afinó hasta su versión actual.

En esencia, la propuesta busca modificar el sistema de selección y designación de magistrados y jueces (además del Fiscal General), con una Comisión de Postulaciones; establecer un presupuesto anual mínimo del 3% con autonomía presupuestaria del Órgano Judicial y reestructuración del Consejo de la Magistratura; y garantizar el acceso universal a la justicia revitalizando la jurisdicción indígena y mediante juzgados de paz. Para el efecto se plantea modificar 15 artículos e incluir otros dos en la Constitución.

Considerando la evidencia de crisis del sistema de administración de justicia en el país y asumiendo la necesidad de su reforma integral, la iniciativa de los juristas suma valiosos elementos de diagnóstico y propositivos para el gran debate nacional que se requiere sobre el tema. Hay otras iniciativas en curso con el mismo propósito, como los diálogos plurales para la transformación de la justicia impulsados por la Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Justicia con acompañamiento de Naciones Unidas.

La iniciativa de los juristas, que pretenden llegar a referendo constitucional, debe superar varios pasos. El primero es la verificación técnica que hace el TSE de las cuatro preguntas planteadas a fin de garantizar que sean claras, precisas e imparciales. Luego corresponde lograr la declaración de constitucionalidad de las preguntas. Y lo más complejo para los promotores: la recolección de adhesiones en el porcentaje previsto en la norma, esto es, cerca de un millón y medio de firmas en un plazo de 90 días.

Si todo fluye bien, la iniciativa popular para convocar un referendo tiene una temporalidad mínima de ocho a nueve meses (incluida la verificación de firmas y huellas dactilares de los adherentes). Estará muy cerca pues de la convocatoria, el primer semestre del próximo año, a la elección de altas autoridades judiciales. Lo fundamental, en todo caso, es que todos los caminos para la imprescindible reforma de la justicia confluyan en un gran acuerdo nacional con amplia participación y deliberación pública.

Comparte y opina:

Normalización diplomática

Esta es una señal del fin de la política del presidente Duque de ruptura del diálogo y de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Por La Razón

/ 30 de julio de 2022 / 02:47

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se irán normalizando a partir de la asunción de Gustavo Petro a la presidencia en este próximo 7 de agosto. De esa manera, se cierra un triste periodo en el que esas dos naciones hermanas se dieron la espalda y en el que las intensas relaciones comerciales, económicas, sociales y familiares de sus ciudadanos se vieron entorpecidas.

En una reunión entre el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, y el próximo canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, se acordó restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre ambos países a partir del 7 de agosto. Esta decisión acompaña una serie de anuncios del nuevo gobierno colombiano con relación a la apertura de los pasos fronterizos entre ambas naciones y la paulatina normalización de las relaciones en la amplia y compleja frontera que comparten los dos países.

Esta es una señal del fin de la política del presidente Duque de ruptura del diálogo y de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Decisión que estuvo además acompañada de un polémico reconocimiento de un poder ejecutivo alternativo en Venezuela y cierta tolerancia a actividades que apuntaban a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de ese conflicto, las comunidades y ciudadanos colombianos y venezolanos que habitan la frontera resultaron directamente afectados por el cierre de las fronteras y el aumento de la tensión bilateral. Situación grave considerando que esas zonas estaban acostumbradas a un flujo binacional de comercio y población muy intenso y de larga data.

La falta de colaboración entre ambos países derivó, igualmente, en un aumento de la delincuencia, de la presencia de grupos irregulares armados y del crimen organizado en ambos lados de la línea fronteriza.

Por esa razón, en Colombia hay un apoyo bastante amplio a esta normalización de relaciones incluso entre representantes de fuerzas políticas de signo contrario a los partidos de izquierda y centro que sostienen al nuevo gobierno. También los empresarios y población de las zonas fronterizas han manifestado su satisfacción con este nuevo estado de situación.

Lo más triste de esta historia es que el sacrificio y los inconvenientes de estas poblaciones sirvieron al final muy poco para contribuir a una solución de las divergencias políticas internas en Venezuela. Al contrario, en ciertos momentos se azuzaron la confrontación y polarización en el país caribeño. Es muy positivo que el nuevo gobierno colombiano vuelva a una política que se enmarque en el respeto de la soberanía, el rechazo a los bloqueos que solo dañan a la población, que apueste a la diplomacia y que contribuya a soluciones dialogadas a los problemas de otras naciones.

Comparte y opina:

Despolitizar el Censo

Hay acuerdo entre las autoridades del Estado para postergar la fecha del Censo por casi dos años.

Por La Razón

/ 29 de julio de 2022 / 02:44

La reunión, el miércoles, del Presidente del Estado con las y los alcaldes de las nueve ciudades capitales más El Alto tuvo como principal conclusión el acuerdo de “despolitizar” el Censo, o al menos el proceso preparatorio, que días atrás fue extendido hasta, probablemente, el primer semestre de 2024. No solo las autoridades municipales creen que hace falta una mirada más técnica.

Fue en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el 12 de julio, donde ocho de nueve gobernadores departamentales aceptaron la decisión de postergar la realización del Censo hasta 2024. Se adujeron razones discutibles, como las inundaciones estacionales de fin de año en tierras bajas o la migración de trabajadores de la zafra o, incluso, la amenaza del COVID, pero en realidad poco a poco se ha ido reconociendo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no está preparado para realizar el proceso este año.

A la decisión del CNA, que dio paso a la promulgación de un decreto supremo postergando sin fecha el conteo de habitantes, le siguió una reunión con los rectores de las universidades públicas, donde se arribó a idéntica conclusión, incluso a pesar del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; y, finalmente, la reunión de munícipes del miércoles, donde al parecer también hubo unanimidad.

Se ha sumado a esta posición un comité de organismos internacionales compuesto por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Fonplata-Banco de Desarrollo, que a través del Ministerio de Planificación valoraron la postergación del Censo y hasta citaron casos similares en otros países latinoamericanos.

Quienes han decidido no avenirse a aceptar la postergación del Censo y las razones que lo justifican, son los movimientos cívicos del país, que en una reunión, también el miércoles, salieron por sus fueros con un comunicado en el que emplazan al Gobierno a atender sus razones y, luego, en declaraciones de sus representantes, descalificaron a algunas autoridades electas afirmando que no representan “al pueblo”. Es evidente que el movimiento cívico, mucho menos representativo que cualquier autoridad electa, ya tiene un caballo de batalla para los próximos meses.

Resulta, pues, evidente que hay acuerdo entre las autoridades del Estado (y no solo del Gobierno nacional) para postergar la fecha del Censo por casi dos años y emplear ese tiempo no solo para cumplir con los trabajos preparatorios, sino sobre todo para “socializar” con la población del país los diversos aspectos del trámite, cuyos resultados sirven para mucho más que redistribuir escaños legislativos o dinero de la coparticipación tributaria, aunque sin duda estos son los asuntos más importantes en el escenario político, que no puede ser ignorado.

Comparte y opina:

Desmantelar violentos

Como recomienda el GIEI, hay que prevenir la conformación de estos grupos irregulares y, en su caso, ponerles freno.

Por La Razón

/ 27 de julio de 2022 / 02:47

Una de las recomendaciones fundamentales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es prevenir y en su caso desmantelar grupos paraestatales que “se autoproclaman como fuerzas de seguridad”. El informe se refiere de manera específica a la Resistencia Juvenil Cochala, que operó con violencia en la crisis de 2019. Lo propio cabe para otras “resistencias”.

Entre los diferentes grupos de choque y violentos que operaron en la crisis de octubre y noviembre de 2019, destaca la autodenominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Este grupo de motoqueros tenía un alto nivel de organización y actuó como fuerza parapolicial en la ciudad, en algunos casos en coordinación con la propia Policía. Así, con total impunidad, armados de palos con clavos y bazucas artesanales, amedrentaron, golpearon a mujeres campesinas, torturaron a tres hombres, agredieron a periodistas.

El informe del GIEI es inequívoco respecto a estas “resistencias” civiles. Su conformación es no solo ilegal, sino altamente riesgosa, en especial en contextos de crisis. Quedan en la memoria las acciones de violencia racista de la RJC, en algunos casos similares a las que despliega la Unión Juvenil Cruceñista para “hacer cumplir” los paros cívicos. Estamos, pues, ante grupos delincuenciales: no son “activistas” ni menos resistencias “necesarias”, como las calificó una extraviada señora de derechos humanos.

Ahora bien, a casi tres años de la crisis de 2019, el Estado aún no termina de desmantelar estas “resistencias” y, en general, a todo grupo paraestatal. No debería extrañar por tanto que vuelvan a operar en situaciones de conflicto, provocando violencia y enfrentamiento. Ahí está, sin ir muy lejos, la autodenominada Resistencia Juvenil La Paz, cuyos integrantes aparecieron hace poco en una marcha opositora convocada por la dirigencia médica. Más que “reforzar” la marcha, le restaron legitimidad.

Por principio, ningún grupo violento debiera ser tolerado, cualquiera sea su afiliación. Y no puede justificarse su accionar cuando se infiltran en marchas o en contramarchas, o peor si pretenden operar como “fuerza de seguridad”. La crisis de 2019 produjo y dejó demasiadas heridas de violencia y racismo que no terminan de cerrarse. Para que no se repitan, es imprescindible que las propias organizaciones de la sociedad cuiden que el derecho a la protesta no se contamine con acciones violentas.

En un Estado de Derecho y en democracia es fundamental preservar los derechos constitucionales a organizarse, a expresar demandas, a protestar. Bolivia tiene una larga tradición organizativa desde la sociedad y de política en las calles. Pero una cosa es movilizarse para exigir derechos o plantear demandas, y otra muy distinta constituir grupos violentos para agredir a los oponentes. Como recomienda el GIEI, hay que prevenir la conformación de estos grupos irregulares y, en su caso, ponerles freno.

Comparte y opina:

Santa Cruz en paro

La institucionalidad cruceña se juega mucho más que su capacidad de influir sobre el Gobierno.

Por La Razón

/ 25 de julio de 2022 / 00:05

La “locomotora del país”, Santa Cruz, vive hoy un paro cívico, como manifestación de repudio a la decisión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) de sugerir la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta el primer semestre de 2024 y como una forma de presión para revertir, si no la decisión, al menos el plazo señalado. La capital oriental está dividida.

Fue en una reunión de la “institucionalidad cruceña”, comandada por la Gobernación del departamento, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Comité Cívico pro Santa Cruz donde se acordó llevar a la población al paro si el Gobierno no se avenía a dialogar sobre los términos que esas instituciones desean imponer a la realización del Censo. La extrema decisión tiene como origen la ausencia del Gobernador cruceño a la reunión del CNA.

El viernes último, las instituciones que impulsan el paro tuvieron una nueva ocasión de cuando menos plantear sus demandas en una reunión con el Presidente del Estado, esta vez representadas por el Rector de la Universidad cruceña, quien, sin embargo, no tuvo más participación que la de entregar una carta en la que se propone trabajar para celebrar el Censo en el primer semestre de 2023. La misiva fue entregada en ventanilla única, y es probable que hoy llegue al despacho del Primer Mandatario y de las otras autoridades a quienes se les remitió una copia.

Mientras tanto, en Santa Cruz de la Sierra es poco probable que el paro sea verdaderamente contundente, no solo porque los sindicatos de transportes no se plegarán completamente a la medida, sino fundamentalmente porque hay organizaciones sociales, afines al Gobierno, aunque algunas no, que se oponen a la protesta. El Ministro de Gobierno y el Comandante Departamental de la Policía, por su parte, anunciaron que no se permitirán bloqueos de calles y avenidas.

El presidente del Comité Cívico adelantó el viernes que el paro “se realiza por la incapacidad del Gobierno de dialogar”, refiriéndose, probablemente, a la falta de respuesta a la misiva entregada el viernes por el Rector de la René Moreno o a alguno de los vociferantes llamados al diálogo pronunciados durante la semana pasada. El Vocero presidencial aprovechó el tono para afirmar que es difícil creer en la vocación de diálogo de quienes lo exigen de esa manera.

A estas alturas, la institucionalidad cruceña se juega mucho más que su capacidad de influir sobre el Gobierno nacional: necesita retener el liderazgo que posibilitó construir la idea de una identidad “cruceñista” hegemónica, y que según algunos analistas hace tiempo se está resquebrajando para evidenciar tendencias opuestas no solo por la tradicional lucha de clases, sino también en la visión de las elites, hoy tensionadas entre su afán de hacerse con el monopolio del poder cruceñista y su necesidad de garantizar condiciones óptimas para sus negocios, supuesto origen del “modelo productivo”, que en última instancia resulta severamente dañado en cada paro.  

Comparte y opina: