Una de las recomendaciones fundamentales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es prevenir y en su caso desmantelar grupos paraestatales que “se autoproclaman como fuerzas de seguridad”. El informe se refiere de manera específica a la Resistencia Juvenil Cochala, que operó con violencia en la crisis de 2019. Lo propio cabe para otras “resistencias”.
Entre los diferentes grupos de choque y violentos que operaron en la crisis de octubre y noviembre de 2019, destaca la autodenominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Este grupo de motoqueros tenía un alto nivel de organización y actuó como fuerza parapolicial en la ciudad, en algunos casos en coordinación con la propia Policía. Así, con total impunidad, armados de palos con clavos y bazucas artesanales, amedrentaron, golpearon a mujeres campesinas, torturaron a tres hombres, agredieron a periodistas.
El informe del GIEI es inequívoco respecto a estas “resistencias” civiles. Su conformación es no solo ilegal, sino altamente riesgosa, en especial en contextos de crisis. Quedan en la memoria las acciones de violencia racista de la RJC, en algunos casos similares a las que despliega la Unión Juvenil Cruceñista para “hacer cumplir” los paros cívicos. Estamos, pues, ante grupos delincuenciales: no son “activistas” ni menos resistencias “necesarias”, como las calificó una extraviada señora de derechos humanos.
Ahora bien, a casi tres años de la crisis de 2019, el Estado aún no termina de desmantelar estas “resistencias” y, en general, a todo grupo paraestatal. No debería extrañar por tanto que vuelvan a operar en situaciones de conflicto, provocando violencia y enfrentamiento. Ahí está, sin ir muy lejos, la autodenominada Resistencia Juvenil La Paz, cuyos integrantes aparecieron hace poco en una marcha opositora convocada por la dirigencia médica. Más que “reforzar” la marcha, le restaron legitimidad.
Por principio, ningún grupo violento debiera ser tolerado, cualquiera sea su afiliación. Y no puede justificarse su accionar cuando se infiltran en marchas o en contramarchas, o peor si pretenden operar como “fuerza de seguridad”. La crisis de 2019 produjo y dejó demasiadas heridas de violencia y racismo que no terminan de cerrarse. Para que no se repitan, es imprescindible que las propias organizaciones de la sociedad cuiden que el derecho a la protesta no se contamine con acciones violentas.
En un Estado de Derecho y en democracia es fundamental preservar los derechos constitucionales a organizarse, a expresar demandas, a protestar. Bolivia tiene una larga tradición organizativa desde la sociedad y de política en las calles. Pero una cosa es movilizarse para exigir derechos o plantear demandas, y otra muy distinta constituir grupos violentos para agredir a los oponentes. Como recomienda el GIEI, hay que prevenir la conformación de estos grupos irregulares y, en su caso, ponerles freno.