Dos casos de corrupción han ocupado la agenda noticiosa esta semana: el primero a raíz de una denuncia de cobro de un multimillonario soborno presuntamente solicitado por el director de la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) y el segundo, por una compra de respiradores con sobreprecio ejecutada por el ahora exsecretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz.
Fue la semana pasada cuando el diputado oficialista Héctor Arce denunció un soborno de Bs 18,6 millones en la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez involucrando al director de la ABC, otros funcionarios subalternos y un ejecutivo de la empresa adjudicataria, la china Harbour Engineering Company (Chec). El fin de semana último, nueve funcionarios de la ABC y un ejecutivo de la firma china fueron detenidos, pero no el principal sindicado.
El ejecutivo de la ABC respondió a la acusación amenazando al denunciante y afirmando que no renunciará y que se quedará en el cargo “hasta que se esclarezcan los hechos”. Su inmediato superior, el Ministro de Obras Públicas, evitó a toda costa referirse a la posibilidad de destituir al denunciado y más bien acusó al denunciante y al secretario general de la Gobernación de Chuquisaca de haberlo involucrado en el caso sin que sea verdad.
En Santa Cruz, en cambio, se supo que el secretario de Salud había renunciado intempestivamente el viernes de la semana pasada, y el lunes siguiente el canal DTV hizo públicos unos audios en los que se escucha a la exautoridad instruyendo cobros de entre Bs 20.000 y Bs 50.000 para la adjudicación de contratos de compra de respiradores y otros insumos médicos, revelando así que se trataba de prácticas recurrentes. Los casos de compra presuntamente dolosa de un carro bombero y de ítems fantasma resurgieron inmediatamente.
La respuesta de la Gobernación fue plantear acusación formal ante la Fiscalía, donde el denunciado, en declaraciones preliminares (la indagación formal se realizará hoy), reconoció que es su voz la de los audios filtrados. Una tormenta política, en la que se señala incluso al Gobernador cruceño, se ha desatado en la capital oriental; en ella, propios y extraños tratan de hacer visibles los otros casos de corrupción que no han merecido atención o seguimiento de los medios alineados con el oficialismo departamental.
Al final de día, queda la evidencia de que el gobierno departamental cruceño emplea los mecanismos institucionales para proteger a su máxima autoridad ejecutiva, mientras que en el Gobierno nacional el sindicado, y poderoso dirigente de los interculturales y del MAS, no necesita hacer ningún esfuerzo para permanecer en el cargo y, más bien, abona a la percepción de que el partido gobernante está profundamente fracturado. En cualquier caso, es posible que a la población le importe más la sanción o no de los actos de corrupción que la política menuda que se inspira en ellos. Habrá que ver los resultados de las indagaciones del Ministerio Público, si es que se produce alguno.