La banal disputa por la fecha del Censo, desde la trinchera de un paro indefinido sostenido por la élite cruceña, expresa el fracaso de una dirigencia política incapaz de construir acuerdos. Pero también muestra una discursividad recargada de amenazas, descalificaciones, racismo y odio. Todo ello, lejos del sentir mayoritario de la gente, cansada del inútil enfrentamiento.
A estas alturas del conflicto, con 15 días de un insostenible y muy costoso paro departamental, uno se pregunta por qué el Gobierno central y la dirigencia cruceña no han podido acordar técnicamente una fecha para garantizar un Censo de calidad, cuyos datos sean incuestionables. Cierto que hay un pecado original que fue asegurar que habría Censo este año, mientras la exministra de Planificación se ocupaba de bloquearlo, pero hoy las condiciones son diferentes y exigen pactos mínimos de alcance nacional, sin vetos.
Llevamos ya varios meses de falaz discusión en torno a cuándo debiera hacerse el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y por diferencia de unos pocos meses las dirigencias radicales, ensimismadas en el capricho y en sus propios intereses, están alentando un escenario de peligrosa inestabilidad política y económica en el país. Y encima dinamitan cualquier avance o preacuerdo razonable. ¿Cómo será cuando haya que gestionar los resultados del Censo en un pacto fiscal y en la redistribución de escaños?
Esta tenaz falta de voluntad para lograr acuerdos mínimos que no dependan de la imposición ni de la consigna, está alimentada y alimenta una discursividad con escalada de insultos e intimidaciones por obra de actores políticos y sus cada vez más impresentables operadores mediáticos. De un lado están quienes sueñan con derrocar al Gobierno mientras lo acusan de promover “la invasión a Santa Cruz” (sic). Del otro están quienes acusan a la élite cruceña de fraguar un “nuevo golpe de Estado”.
A ello se suma la reiterada descalificación y negación del otro. Sin ninguna ética periodística y cual voceros de los poderes fácticos, algunos operadores mediáticos construyen su agenda informativa y de opinión en lógica bipolar: ciudadanos, vecinos, familias, cruceños cumpliendo un “paro pacífico” versus grupos de choque, hordas, invasores armando un “cerco criminal”. Se niega así al otro no solo su ciudadanía, sino su condición humana. No es nada nuevo. Lo vimos con creces en la crisis de 2019.
También están las amenazas. Cualquiera que intente salirse del guion recibe la inmediata advertencia de “muerte civil”. El especialista en ello es el gobernador Camacho que, ante posiciones sensatas como las del rector Cuéllar, lanzó el chantaje: “El que se venda tiene muerte civil”. Venderse es buscar un acuerdo razonable para destrabar el conflicto. Al camachismo radical no le interesa un acuerdo, sino la imposición autoritaria. Es el método de quienes andan con su libreta de “traidores” bajo el brazo.