Se acaba el agua
No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto.
Mientras el país mira la interminable querella entre la dirigencia cívica de Santa Cruz y el Gobierno, la población pierde de vista el verdadero problema que se cierne sobre todo el país y que poco tiene que ver con la política nacional y sus avatares (aunque muy probablemente tendrá efectos por la ausencia de previsión estratégica): la sequía actual, pero sobre todo el cambio climático.
En efecto, según el Viceministro de Defensa Civil al menos 200 municipios en el país están afectados por la falta de lluvias; únicamente Beni y Pando no han reportado todavía problemas; el departamento más afectado por la sequía es Tarija, en la zona del Chaco, pero también tienen problemas Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Por ejemplo, un dirigente vecinal de Distrito 13 de El Alto ha anunciado que se teme la pérdida de hasta el 70% de los cultivos y mortandad en el ganado de ovejas, llamas y alpacas.
Como un dudoso consuelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado la llegada de la temporada de lluvias a fines de noviembre. El problema es que las autoridades temen que eso dé paso a las inundaciones y el país cambie la preocupación por la falta de lluvias por el exceso de agua y los desastres que eso provoca. Hay coincidencia en señalar que la causa, además del cambio climático, está en el fenómeno de La Niña.
La población paceña guarda amarga memoria de lo sucedido en el último trimestre de 2016, aunque evidentemente disminuida a juzgar por el modo irresponsable con que gran parte de la población usa el líquido elemento. Si entonces surgió una potente conciencia sobre el cuidado del agua, hoy pareciera que ha desaparecido, para alarma de las pocas autoridades que no están pendientes del desenlace de los conflictos políticos de temporada.
Tal vez por eso tanto la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) como el gobierno municipal paceño han anunciado campañas de sensibilización y concienciación respecto del uso de agua en las ciudades de La Paz y El Alto, amenazadas por la disminución de las reservas en las represas, que en el caso de Incachaca han llegado al 50% de su capacidad. De hecho, la Empresa Municipal de Áreas Verdes (Emaverde) anunció que ha disminuido el volumen de agua que emplea en el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.
Así, al margen de si las lluvias llegan antes de fin de año o no, urge una nueva cultura del uso de agua, que seguramente comenzará por tomar conciencia sobre la creciente escasez de este elemento, debido a la falta de lluvias, pero también al evidente e irreparable retroceso de los glaciares andinos y deberá continuar con toda clase de medidas para evitar su desperdicio entre la población. No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto, sino que el Estado en pleno debe involucrarse en la tarea hasta lograr que el agua, derecho humano indiscutible, sea protegida con tanto empeño como se hace con valores morales a menudo discutibles.