Opinión

Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 19:02 PM

Encauzar la política

Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:18

Cuando el 13 de noviembre el cabildo de Santa Cruz de la Sierra “aprobó” el impulso de una ley que “fije” la promesa presidencial de realizar el Censo en 2024 y entregar resultados hasta septiembre de ese año, parecía que la política volvía al cauce republicano al poner en manos de las y los asambleístas la resolución del conflicto. Pero el proceso es más difícil de lo esperado.

Las primeras lecturas de lo decidido en ese cabildo cruceño, luego de un confuso discurso pronunciado por el presidente del Comité pro Santa Cruz a través de un video, apuntaron, por un lado, que el devolver el debate sobre este conflictivo tema a la Asamblea Legislativa significaba recuperar el rol constitucional de este órgano del Estado, hasta ahora secuestrado por poderes fácticos de una y otra orientación político ideológica.

Por otra parte, también podía ser interpretado como el reconocimiento por parte del Comité Interinstitucional cruceño de los límites de la movilización iniciada, con hoy, hace 34 días y, al menos en la interpretación de su portavoz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como un logro, porque al margen de la fecha de la realización del Censo se había obtenido el compromiso de redistribuir recursos fiscales y recalcular la asignación de escaños parlamentarios antes del fin de 2024, según lo demandado por Santa Cruz.

Sin embargo, desde que la bancada del partido en función de gobierno presentó el primer proyecto de ley, los obstáculos y tropiezos no han hecho más que multiplicarse. Hasta ahora, la Comisión de Constitución tiene seis proyectos diferentes, varios de ellos que porfían en fijar la fecha del Censo en 2023 a pesar de la tácita aceptación de la dirigencia cívica cruceña; en varias ocasiones no se observaron las formalidades procedimentales; la pugnacidad entre oficialistas y opositores no ha disminuido ni un ápice; y la división en el seno de la bancada del MAS no hace más que acentuarse, haciendo imposible la aplicación del “rodillo parlamentario” que durante años funcionó en la Asamblea.

Así, Santa Cruz de la Sierra sigue secuestrada por eficaces minorías que no solo siguen bloqueando calles y avenidas, sino que muestran signos de creciente autoritarismo y maldad, mientras cada vez más grupos de la sociedad claman por un alto al paro que casi a nadie le parece necesario a estas alturas. El máximo dirigente cívico, sin embargo, hace oídos sordos a este clamor y alimenta la confrontación con discursos cargados de odio y de falacias respecto del Gobierno.

Toca ahora que las y los asambleístas depongan sus actitudes hostiles y hasta antidemocráticas, y se hagan cargo de la responsabilidad que la Constitución les asigna y que el voto popular les ha otorgado. Ya no es aceptable que dirigentes y líderes que no han recibido mandato alguno sigan dictando la agenda y entorpeciendo el debate democrático en función de sus oscuros intereses y no de los del pueblo al que dicen representar.

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Bloquear se torna una opción de supervivencia en la zona Norte de Santa Cruz de la Sierra

El Remanso, La Chonta, Valle Sánchez y Satélite Norte conformn un circuito de bloqueos. El testimonio de un bloqueador revela un sistema de pagos por sostener la medida.

Bloqueo en el ingreso de Satélite Norte

Por La Razón

/ 21 de noviembre de 2022 / 12:43

José Parra (nombre ficticio) es un joven de 25 años que vive en uno de los barrios de Satélite Norte, la ciudadela de Warnes, que se ha convertido en un bastión del MAS electoralmente y una zona de resistencia a las medidas determinadas por los cívicos.

Allí no se acata el paro indefinido, tampoco se acató en 2019 y ninguno de los paros previos por el censo de 24 y 48 horas.

José es un drogadicto en rehabilitación, sin empleo formal y debido a sus problemas de conducta, justo a principios del paro que ya cumple un mes se peló con su familia y se fue de la casa, una situación muy frecuente en los últimos años.

De carácter jovial y carismático, sobrevive con trabajos eventuales que le dan en su barrio, como jardinería, arreglos domésticos y hasta de albañilería.

Sin embargo, cuando se endurecieron los bloqueos en la carretera Norte, el 12 de noviembre pasado, encontró una nueva oportunidad de ingresos. “Me habló el hijo de doña María (nombre ficticio) para bloquear en el puente de Valle Sánchez”, relata José.

Doña María es una migrante cochabambina, dueña del almacén más grande del barrio de José, que además ha diversificado sus inversiones con un par de ‘toritos’, que hacen servicio de transporte interno.

Su hijo es uno de los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Valle Sánchez.

José se niega a revelar cuánto recibe por su tarea de ir a bloquear. Sin embargo, se lamenta porque en ese trajín ha vuelto a caer en las drogas. “Ya estaba recuperado, pero lastimosamente recaí. Igual me voy a volver a recuperar”, asegura.

El bloqueo comienza alrededor de las 11:00 y dura hasta el día siguiente más o menos hasta las 7:00. Cuando hay “día de abastecimiento”, dictado por el Comité pro Santa Cruz, el bloqueo comienza después de las 13:00.

Además del incentivo económico que recibe, el bloqueo le garantiza la comida, a través de las ollas comunes No hay horario; es un “trabajo” de todo el día, por eso el alcohol, la coca y algunas drogas, como confesó José (no especificó cuáles), ayudan a paliar el esfuerzo.

Ellos sostienen la protesta. En los puntos de bloqueo troncales, se ven pocos vecinos durante el día, cuando el sol arrecia con más fuerza. Recién aparecen a partir de las 20:00 después de la cena. Hay un circuito entre El Remanso (km 7) y la entrada a Satélite Norte, que pasa además por La Chonta (Km9) y Valle Sánchez, en el puente de ingreso al aeropuerto de Viru Viru (km 15).

Cuando el 26 de octubre pasado hubo un enfrentamiento en Clara Chuchío, zona ubicada detrás de Satélite Norte, bloqueadores de todo el circuito se apersonaron para reforzar.

Asimismo, cuando se anunció la llegada de los interculturales desde el Norte Integrado, los grupos dejaron sus puntos y se concentraron en Valle Sánchez, para evitar el arribo que finalmente nunca se dio.

En la zona Norte es más rígido el paro que en el Sur y el Este, donde hay mayor circulación y menos presión de los bloqueos, sobre todo en las mañanas. Varios de los mercados del Plan 3.000, Pampa de la Isla, El Bajío o la Villa Primero de Mayo han funcionado casi normalmente durante el mes de paro indefinido.

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En el Norte las excepciones son el nuevo Mercado Los Pozos, ubicado en el octavo anillo en la zona Noreste y la ciudadela de Satélite, que pertenece al municipio de Warnes, pero está ligada a Santa Cruz de la Sierra. Cabe aclarar, que, en todos los casos, los mercados sólo atienden hasta el mediodía.

Además de los bloqueos troncales, en la zona Norte han proliferado pequeños piquetes en las calles aledañas, gestionados generalmente por vecinos que cobran un “peaje”, a voluntad en algunos casos y en otros hasta hay carteles estableciendo tarifas de Bs 1 para bicicletas, Bs 2 para motos y Bs 5 y hasta Bs 10 para vehículos.

Muchos aluden que la necesidad obligada por el propio paro los lleva a tener estas formas de recaudar algo de ingresos económicos.

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Masacres sin justicia

Está congelada en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres.

Por La Razón

/ 20 de noviembre de 2022 / 00:30

Hace tres años, el régimen de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, se estrenó con dos masacres. Contra el discurso oficial y sus repetidores mediáticos que hablaron de “fuego cruzado”, dichas masacres fueron certificadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras una rigurosa investigación. Hasta ahora no hay justicia.

Dos días después de su autoproclamación como presidenta, Áñez y su gabinete emitieron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”. Con ese decreto, fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias y torturaron a población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre). Fueron crímenes de Estado.

En aquel momento, oscuros personajes como los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López —hoy ambos prófugos de la Justicia boliviana—, justificaron los hechos con expresiones como “se dispararon entre ellos”, “ni una sola bala salió del ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Sus operadores mediáticos se ocuparon de difundir y legitimar semejantes falacias. Poco después, la propia Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas porque “no dudaron en salir”, contribuyendo a la “pacificación”.

Luego de un informe preliminar de la CIDH (que desplegó una misión en el país el mismo mes de noviembre de 2019), un informe de la Defensoría del Pueblo y, en especial, el incuestionable informe del GIEI, hoy no queda ninguna duda de que hace tres años hubo dos masacres en Bolivia. La intervención de las fuerzas militares y policiales, pues, al amparo de la “cobertura legal” de un decreto, no marcó ninguna “página gloriosa” (sic) en nuestra historia, sino una oprobiosa acción con delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, resulta incomprensible por qué hasta el presente, transcurridos tres años, todavía no se haga justicia con procesos que establezcan responsabilidades y sanciones por las masacres de Sacaba y Senkata (20 muertes y decenas de heridos). Era previsible que durante el año de gobierno de Áñez los operadores del sistema judicial, bajo intimidación y amenazas del régimen, paralizaran las diligencias. Pero incluso con el nuevo gobierno democrático los casos continúan divagando en etapa preparatoria.

Está congelada también en la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria por las masacres. El ambiguo posicionamiento del oficialismo y, en especial, el veto de las bancadas de Mesa y Camacho, han impedido la mayoría especial requerida para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez. Es deplorable. Así, tres años después, la justicia no llega, no hay reparación para las víctimas, ni tenemos garantía de que nunca más habrá una masacre en Bolivia. Con impunidad no hay democracia.

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Se acaba el agua

No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto.

Por La Razón

/ 17 de noviembre de 2022 / 02:40

Mientras el país mira la interminable querella entre la dirigencia cívica de Santa Cruz y el Gobierno, la población pierde de vista el verdadero problema que se cierne sobre todo el país y que poco tiene que ver con la política nacional y sus avatares (aunque muy probablemente tendrá efectos por la ausencia de previsión estratégica): la sequía actual, pero sobre todo el cambio climático.

En efecto, según el Viceministro de Defensa Civil al menos 200 municipios en el país están afectados por la falta de lluvias; únicamente Beni y Pando no han reportado todavía problemas; el departamento más afectado por la sequía es Tarija, en la zona del Chaco, pero también tienen problemas Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Por ejemplo, un dirigente vecinal de Distrito 13 de El Alto ha anunciado que se teme la pérdida de hasta el 70% de los cultivos y mortandad en el ganado de ovejas, llamas y alpacas.

Como un dudoso consuelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado la llegada de la temporada de lluvias a fines de noviembre. El problema es que las autoridades temen que eso dé paso a las inundaciones y el país cambie la preocupación por la falta de lluvias por el exceso de agua y los desastres que eso provoca. Hay coincidencia en señalar que la causa, además del cambio climático, está en el fenómeno de La Niña.

La población paceña guarda amarga memoria de lo sucedido en el último trimestre de 2016, aunque evidentemente disminuida a juzgar por el modo irresponsable con que gran parte de la población usa el líquido elemento. Si entonces surgió una potente conciencia sobre el cuidado del agua, hoy pareciera que ha desaparecido, para alarma de las pocas autoridades que no están pendientes del desenlace de los conflictos políticos de temporada.

Tal vez por eso tanto la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) como el gobierno municipal paceño han anunciado campañas de sensibilización y concienciación respecto del uso de agua en las ciudades de La Paz y El Alto, amenazadas por la disminución de las reservas en las represas, que en el caso de Incachaca han llegado al 50% de su capacidad. De hecho, la Empresa Municipal de Áreas Verdes (Emaverde) anunció que ha disminuido el volumen de agua que emplea en el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

Así, al margen de si las lluvias llegan antes de fin de año o no, urge una nueva cultura del uso de agua, que seguramente comenzará por tomar conciencia sobre la creciente escasez de este elemento, debido a la falta de lluvias, pero también al evidente e irreparable retroceso de los glaciares andinos y deberá continuar con toda clase de medidas para evitar su desperdicio entre la población. No basta con que un par de autoridades tomen conciencia del tamaño del reto, sino que el Estado en pleno debe involucrarse en la tarea hasta lograr que el agua, derecho humano indiscutible, sea protegida con tanto empeño como se hace con valores morales a menudo discutibles.

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Censo 2024

Hay que dejar sin piso a los autoritarios y violentos que buscan desestabilización.

Por La Razón

/ 13 de noviembre de 2022 / 00:30

Finalmente, luego de varios meses de conflicto e incertidumbre, incluyendo un violento paro indefinido en Santa Cruz, el presidente Luis Arce anunció al país que el censo se realizará el 23 de marzo del 2024. El primer efecto será la redistribución de recursos, desde septiembre de ese año. Si predominan la racionalidad y el equilibrio, hoy debieran suspenderse todas las protestas.

La inédita disputa político-regional sobre la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda derivó en una espiral de conflicto y violencia, con elevados costos económicos para el país. Santa Cruz ha sido el epicentro del enfrentamiento, al amparo de un cabildo armado por la dirigencia para demandar censo el año 2023. Vanas fueron las sucesivas reuniones informativas, de socialización y de trabajo técnico para conciliar una fecha. La consigna del “sí o sí” bloqueó toda posibilidad de acuerdo.

No puede olvidarse que el origen del conflicto estuvo en la decisión del gobierno central, a solicitud del Consejo Nacional de Autonomías, de postergar el censo, que debió hacerse este mes, para el año 2024. Hasta entonces las autoridades responsables (la exministra de Planificación y el desaparecido director del INE) aseguraban que todo estaba listo para realizar el censo. Faltaron a la verdad. El presidente Arce señaló que había un serio problema, que era la falta de actualización cartográfica.

En el nuevo escenario, que ciertamente demanda más tiempo para la ejecución del censo, la dirigencia cruceña se empecinó, sin respaldo técnico, en su exigencia del 2023. Para ello hizo paros de 24 y 48 horas y luego montó un cabildo, con menos de 230 mil personas como fue certificado por el tribunal electoral, para declarar un insostenible paro indefinido, sin eco a nivel nacional. Dicho paro cumple hoy 23 días, con un saldo de millonarias pérdidas económicas, cuatro muertos y mucha violencia.

Así pues, un inútil conflicto, que pudo evitarse con voluntad de concertación, terminó con elevado costo y sin ganadores. O con una suerte de “empate”: el censo se hará el 2024, como planteó el gobierno central desde un inicio; y la redistribución de recursos aplicará desde ese mismo año, como pedía el comité interinstitucional de Santa Cruz. Quedan por definir los plazos para la redistribución de escaños en Diputados, con efecto en las elecciones del 2025. El asunto debe volver al cauce técnico.

Para cerrar este oscuro capítulo, que dejará heridas y un acumulado resentimiento en todas las partes, es fundamental que hoy primen la sensatez y la moderación para formalizar en el cabildo cruceño la suspensión del paro indefinido, que se cae a pedazos. Las medidas de protesta deben cesar también en los otros departamentos del país. Y ojalá que, al menos, queden aprendizajes para gestionar bien los resultados del censo. Hay que dejar sin piso a los autoritarios y violentos que buscan desestabilización.

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Callejón sin salida

Así, el conflicto, a casi 21 días de iniciado el paro, sigue teniendo un final incierto.

Por La Razón

/ 10 de noviembre de 2022 / 02:47

En vísperas de cumplirse la tercera semana de paro indefinido en Santa Cruz, con el consiguiente daño a las economías de las clases populares, pero también de las empresas formales, y en consecuencia de los indicadores macroeconómicos del cuarto trimestre del año, es difícil visualizar una salida al conflicto por la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.

Se trata, pues, de lo que la ciencia política llama “impase” y el conocimiento común “callejón sin salida”. Desde el momento en que el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) acordó postergar la realización del Censo, de noviembre de este año a algún momento a mediados de 2024, la llamada “institucionalidad cruceña” inició movilizaciones demandando que el conteo se realice en algún momento de 2023.

De nada sirvieron las alertas de diversas instituciones multilaterales y organismos de cooperación extranjera que señalaron la imposibilidad de realizar el Censo en 2023 dadas las actuales condiciones de preparación del Instituto Nacional de Estadística (INE), los poderes fácticos cruceños, con eficaz ayuda de sus operadores mediáticos, parecen haber impuesto como sentido común que la fecha del conteo puede decidirse de manera política y no técnica.

Tampoco han servido los numerosos intentos gubernamentales por generar consensos sobre la fecha del Censo con todas las autoridades electas del país: los argumentos técnicos, incluso cuando son aceptados por alcaldes y gobernadores, no son apropiados por éstos, que prefieren un prudente silencio a conflictuar con la dirigencia cruceñista. Los medios de comunicación contribuyen al estado de cosas confundiendo a los representantes de uno u otro gobierno municipal con toda la “región”.

El resultado es que todos los esfuerzos por generar un acuerdo nacional se diluyen ante los discursos opositores que reemplazan racionalidad con radicalidad, pero que, por ahora, no logran trascender las fronteras de la capital cruceña, donde se libran enfrentamientos y escaramuzas de creciente violencia. El Gobierno nacional no logra imponer criterios de racionalidad, y por tanto hacer prevalecer su posición; pero los movilizados tampoco logran expandir el disenso al resto del país, con unas pocas excepciones.

Agravan la incertidumbre y la imposibilidad de acordar una salida al impase dos factores determinantes: por un lado, evidentes intenciones sediciosas, que han comenzado a aplicar un guión ya conocido que incluye, por ejemplo, asedio y toma de oficinas de instituciones públicas, acuerdos políticos entre fuerzas opositoras que no consideran los efectos de mediano y largo plazo, y hasta invocaciones a las Fuerzas Armadas para que se involucren en la pelea y, por el otro, una evidente y profunda fractura interna en el partido gobernante, con una de las facciones anunciando obstaculización de la gestión de gobierno. Así, el conflicto, a casi 21 días de iniciado el paro, sigue teniendo un final incierto.

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