Opinión

Saturday 14 Jan 2023 | Actualizado a 15:55 PM

La ley y el pacto

El paro indefinido cruceño se pudo evitar: con más diálogo y menos consignas.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2022 / 00:36

La Ley de Aplicación de Resultados del Censo, finalmente promulgada por el presidente Arce, ha generado amplia polémica sobre su contenido y necesidad. Su aprobación pactada expresa también la división interna en el MASIPSP, incluidas listas de “traidores”. Y es una norma que dio respiro a la élite cruceña, extraviada tras su derrota por la fallida consigna de Censo 2023.

Durante la radicalizada disputa en torno al Censo, la discusión se concentró en la fecha y menos en el instrumento legal. La demanda cruceña giraba en torno a un nuevo decreto supremo que adoptara su consigna de realizar el Censo en octubre de 2023. Luego de varias reuniones y de una mesa técnica, hubo nuevo decreto, fijando el 23 de marzo de 2024 como fecha del Censo. Entonces, como recurso desesperado, surgió la idea de “ley mata decreto” (sic). Querían bajar el decreto presidencial con una ley.

Un masivo pero extraño cabildo departamental, sin ninguna deliberación, aprobó la exigencia de que el decreto de Arce (Censo en marzo 2024) se convierta en ley. Ofuscados asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana presentaron cinco proyectos de ley, nada menos, insistiendo en la consigna política de Censo en 2023. Hasta que el propio Comité Interinstitucional cruceño reconoció que era algo técnicamente imposible. La nueva exigencia apuntó a una ley que garantice la aplicación de resultados del Censo.

¿Era necesaria una ley que estableciera lo que ya había sido definido en un decreto supremo? Una facción del MAS-IPSP, afín al presidente Arce, en sintonía con la oposición, aceptó aprobar dicha ley como concesión para que se levantara el paro indefinido. Otra facción de la bancada masista, afín al expresidente Morales, desahució la necesidad de la ley, denunciando un “pacto con la derecha golpista”. La ley se aprobó en la Asamblea Legislativa con la mayoría formada por el grupo arcista y la oposición.

Hay quienes ven en este hecho una suerte de resurgimiento de la malograda “democracia pactada”. No parece comparable. Si bien la ley del Censo implicó un acuerdo no declarado entre una parte del oficialismo y las fuerzas opositoras, ello está lejos de implicar un pacto político y, menos aún, una coalición multipartidista. Fue más bien una convergencia circunstancial con arreglo al conflicto y su desenlace. Cierto que con el decreto bastaba, pero la ley brindó una salida menos deshonrosa a la élite cruceña.

La ley entonces logró el propósito de superar el conflicto, al menos por ahora. Pero el acuerdo que la hizo posible no niega la evidencia de que durante esta inútil disputa hubo un fracaso de la política y de todos sus actores relevantes. El paro indefinido cruceño se pudo evitar: con más diálogo y menos consignas. Igual quedan las secuelas de una medida radical, hoy desgastada, que luego de 36 días no logró su propósito y dejó en cambio heridas y varias violaciones de derechos humanos que deben ser sancionadas.

Comparte y opina:

Frágil democracia

Por La Razón

/ 12 de enero de 2023 / 01:31

En los últimos meses, han sido varias las veces en que desde este mismo espacio se ha lamentado el lento deterioro de la democracia en el país y en la región, a veces a causa de los apetitos de líderes, otras por la débil o debilitada institucionalidad del Estado o, finalmente, por el asedio de grupos corporativos con intereses diferentes de los expresados por los pueblos en las urnas.

El nuevo año ha iniciado con más conflicto y amenazas para la democracia, baste con mirar a Bolivia, Brasil o Perú, donde diversos eventos, con diversas causas y matices, han puesto en vilo la paz social y causan incertidumbre sobre las instituciones formales de la democracia, lo mismo que sobre la adhesión popular a este modo de gobierno que tiene como uno de sus pilares la elección popular a través del sufragio universal.

En el caso boliviano, poco a poco va disminuyendo el fervor con que se defendió al Gobernador de Santa Cruz, hoy detenido preventivo mientras el Ministerio Público investiga sus actividades en octubre y noviembre de 2019, cuando el gobierno electo fue forzado a renunciar y se produjo una sucesión presidencial alejada de la prescripción constitucional; sin embargo, la población movilizada sigue encontrando motivos para permanecer en las calles, entre ellos la “defensa de la democracia”, expresión hoy vacía de sentido, y el acoso a las instituciones “del Estado”.

En Brasil el fin de semana se vivió una versión remozada del ataque al Capitolio estadounidense hace un año: miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron por asalto los edificios de los tres poderes del Estado, provocando gran conmoción, pero afortunadamente sin poner en riesgo, todavía, la estabilidad del gobierno recientemente posesionado.

En Perú es donde peor le va a la democracia. Semanas atrás, cuando el Congreso estaba a punto de remover del cargo al presidente electo, aplicando la ley de manera espuria, éste decidió que la mejor defensa es el ataque y pretendió dar un golpe de Estado cerrando el Legislativo y apropiándose del Judicial. La iniciativa no duró más que unos minutos y el presidente fue detenido y expulsado del cargo. Pero fue apenas la mecha que ha encendido violentas protestas, particularmente en las regiones andinas, donde la presidenta sucesora instruyó represión violenta, que ya se ha convertido en masacre.

No se trata, pues, únicamente del embate de uno de los polos de ideología extrema, aunque por la derecha se observa el mayor déficit de valores democráticos, sino de la acción combinada de líderes y dirigentes poco afectos a esos valores, que a falta de gobernabilidad echan mano de la violencia; de multitudes cuidadosamente desinformadas, pero de gran emocionalidad; y de instituciones (y sus gestores) que se hacen poco confiables para la ciudadanía. Unos desean acabar con la democracia para beneficio de grupos corporativos y parciales, otros han comenzado a desconfiar de ella. Se vienen tiempos difíciles.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Conflicto en Santa Cruz

En lo inmediato, el Gobierno se ha anotado una victoria en la lucha política.

Por La Razón

/ 8 de enero de 2023 / 00:50

Desde la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz hace una semana, la capital cruceña y algunos lugares en las afueras de la ciudad se han convertido en el epicentro del conflicto político nacional. Los discursos hablan de “todo un pueblo” ofendido por el modo en que la autoridad fue obligada a comparecer ante la Justicia, pero una mirada más serena permite identificar matices.

Desde el jueves 29 de diciembre último, grupos de jóvenes sin comando evidente, pero bien organizados y con muchos recursos, mantienen el edificio del Comando de la Policía bajo asedio. El mismo día del inicio de las protestas, el edificio de la Fiscalía departamental ardió hasta sus cimientos, y toda la zona alrededor del emblemático monumento al Cristo Redentor parece un escenario de guerra.

Los principales medios de comunicación de la capital, especialmente dos redes televisivas y un diario, parecen haber abandonado por completo los límites que impone la ética profesional del periodismo para convertirse en amplificadores del discurso del Comité pro Santa Cruz, y han llegado al extremo de hacer afirmaciones que contradicen abiertamente lo que muestran las imágenes en la pantalla y las fotografías que se imprimen.

Por su parte, la dirigencia cívica ha salido por sus fueros, primero afirmando que el Gobierno había “secuestrado” al Gobernador y luego amenazando con “dejar de enviar recursos al centralismo” y “dejar de enviar alimentos al resto del país”; es probable que sean muy pocos quienes todavía creen en la ficción de que Bolivia es inviable sin el aporte cruceño.

Mientras tanto, la defensa del Gobernador cruceño, procesado por su presunta participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019, sigue un libreto ya conocido: denuncia internacional de persecución política, reacciones de la ultraderecha europea, revelación de una supuesta enfermedad que puede costarle la vida al prisionero, la familia intentando ingresar al penal fuera de los días asignados para el efecto y una larga lista de actos y declaraciones que fueron empleados en el caso de Jeanine Áñez.

Por su parte, las autoridades de gobierno parecen satisfechas con el efecto político producido con la aprehensión de la autoridad cruceña, pero siguen mostrándose incapaces de contrarrestar la bien aceitada maquinaria propagandística del cruceñismo, que alimenta las ya nombradas ficciones y, sobre todo, el odio y la intolerancia a todo aquello que se desvíe del libreto oficial, produciendo además espirales de silencio que contradicen el discurso de vocación democrática de los movilizados.

En lo inmediato, el Gobierno se ha anotado una victoria en la lucha política, y en la capital cruceña hay señales de que la caída del Gobernador puede dar lugar a cambios más o menos importantes en la composición de las élites. En el caso del Gobierno, el debido proceso es condición imprescindible para que su acción tenga verdaderos resultados; en el de la cruceñidad, es poco probable que el reacomodo elitario produzca verdaderos cambios en el discurso y la práctica.  

Comparte y opina:

Conflicto en Santa Cruz

En lo inmediato, el Gobierno se ha anotado una victoria en la lucha política.

Por La Razón

/ 5 de enero de 2023 / 01:50

Desde la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz hace una semana, la capital cruceña y algunos lugares en las afueras de la ciudad se han convertido en el epicentro del conflicto político nacional. Los discursos hablan de “todo un pueblo” ofendido por el modo en que la autoridad fue obligada a comparecer ante la Justicia, pero una mirada más serena permite identificar matices.

Desde el jueves 29 de diciembre último, grupos de jóvenes sin comando evidente, pero bien organizados y con muchos recursos, mantienen el edificio del Comando de la Policía bajo asedio. El mismo día del inicio de las protestas, el edificio de la Fiscalía departamental ardió hasta sus cimientos, y toda la zona alrededor del emblemático monumento al Cristo Redentor parece un escenario de guerra.

Los principales medios de comunicación de la capital, especialmente dos redes televisivas y un diario, parecen haber abandonado por completo los límites que impone la ética profesional del periodismo para convertirse en amplificadores del discurso del Comité pro Santa Cruz, y han llegado al extremo de hacer afirmaciones que contradicen abiertamente lo que muestran las imágenes en la pantalla y las fotografías que se imprimen.

Por su parte, la dirigencia cívica ha salido por sus fueros, primero afirmando que el Gobierno había “secuestrado” al Gobernador y luego amenazando con “dejar de enviar recursos al centralismo” y “dejar de enviar alimentos al resto del país”; es probable que sean muy pocos quienes todavía creen en la ficción de que Bolivia es inviable sin el aporte cruceño.

Mientras tanto, la defensa del Gobernador cruceño, procesado por su presunta participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019, sigue un libreto ya conocido: denuncia internacional de persecución política, reacciones de la ultraderecha europea, revelación de una supuesta enfermedad que puede costarle la vida al prisionero, la familia intentando ingresar al penal fuera de los días asignados para el efecto y una larga lista de actos y declaraciones que fueron empleados en el caso de Jeanine Áñez.

Por su parte, las autoridades de gobierno parecen satisfechas con el efecto político producido con la aprehensión de la autoridad cruceña, pero siguen mostrándose incapaces de contrarrestar la bien aceitada maquinaria propagandística del cruceñismo, que alimenta las ya nombradas ficciones y, sobre todo, el odio y la intolerancia a todo aquello que se desvíe del libreto oficial, produciendo además espirales de silencio que contradicen el discurso de vocación democrática de los movilizados.

En lo inmediato, el Gobierno se ha anotado una victoria en la lucha política, y en la capital cruceña hay señales de que la caída del Gobernador puede dar lugar a cambios más o menos importantes en la composición de las élites. En el caso del Gobierno, el debido proceso es condición imprescindible para que su acción tenga verdaderos resultados; en el de la cruceñidad, es poco probable que el reacomodo elitario produzca verdaderos cambios en el discurso y la práctica.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El 2023 por venir

El paro indefinido en Santa Cruz por la fecha del Censo pareciera anticipar futuras disputas.

Por La Razón

/ 1 de enero de 2023 / 01:10

Luego del necesario balance del año que termina, con luces y sombras, persistente polarización y escasa autocrítica, es momento de pensar en la agenda y desafíos como país para el 2023. Está claro que será un año intenso con centro en la irresuelta crisis de la administración de justicia. Pero también cuentan las variables económicas, la cuestión territorial y la conflictividad.

Por diversas razones, el 2023 será un año con una cuestión central en la agenda nacional: la esquiva reforma de un sistema judicial en crisis y muy poco confiable. El 2023 debe realizarse la elección popular de altas autoridades judiciales, previa selección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vistas las experiencias de los años 2011 y 2017, se trata de una elección complicada y con poca legitimidad, considerando que ha contribuido poco a mejorar la administración de justicia.

En este mismo campo, voceros del Gobierno y del Órgano Legislativo anunciaron nuevas propuestas y acciones para impulsar la reforma judicial. Hasta ahora los intentos han sido parciales y, por tanto, insuficientes, cuando no malogrados. Está en curso también una iniciativa, impulsada por un grupo de juristas (la mayoría de oposición), para lograr la convocatoria a un referéndum de reforma parcial de la Constitución que, a su vez, permita transformar la justicia. Todo ello sin deliberación pública.

Así, el año que se inicia plantea el desafío de lograr un amplio acuerdo nacional para encaminar, desde el Estado, desde la sociedad, una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Se hará en medio de la disputa legislativa sobre la selección de postulantes para la elección judicial, la posibilidad de una consulta para modificar la Constitución, lo que pueda avanzarse en la materia mediante normativa y la incierta legitimidad del proceso electoral. Puede no haber acuerdo, sino conflicto.

Pero más allá de la cuestión judicial, que ciertamente indigna, pero no figura entre las urgencias de la gente, el año 2023 será esencial para la estabilidad de la economía en un contexto internacional adverso. Cierto que hay números buenos, que deben celebrarse, como la baja inflación; pero también figuran alertas, como las escasas reservas internacionales. Más allá de la polarización política y discursiva, que llegó para quedarse, la ciudadanía anhela empleo, buenos ingresos, servicios de calidad. Y también está la conflictividad, siempre latente, en especial en torno a la cuestión territorial con la que se cerró el 2022. El paro indefinido en Santa Cruz por la fecha del Censo pareciera anticipar futuras disputas no solo en torno a sus efectos distributivos, sino respecto a la relación de la dirigencia cruceña con el nivel central del Estado. La violenta reacción ante la detención del gobernador Camacho es una muestra de ello. Una tensión irresuelta de la historia larga, que podría asumir alta intensidad.

Comparte y opina:

Balance del año

Termina, pues, un año difícil de clasificar en alguno de los extremos de la escala bueno o malo.

Por La Razón

/ 29 de diciembre de 2022 / 01:59

El final de una gestión suele demandar, tanto en las empresas como en las instituciones, un balance para saber si las ganancias han sido o no mayores que las pérdidas, y no solo en el ámbito financiero. De manera análoga, es posible también apreciar los avances y retrocesos en la gestión de la cosa común, que es tarea de gobernantes, pero también de la sociedad.

Entre las grandes transformaciones que vio el país en este año que acaba en dos días es posible que la mayor sea el paro indefinido que inmovilizó Santa Cruz de la Sierra durante 36 días desde el 22 de octubre. Se trata de un cambio radical en las estrategias de protesta y movilización, que hasta hace muy pocos años solo se veían en la ciudad sede de gobierno. El paro indefinido llegó precedido de otros dos, uno de 24 y otro de 48 horas, y al final no logró su propósito de forzar la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, pero sí sirvió para demostrar al país que Santa Cruz es un actor preponderante en la escena nacional.

Mientras eso sucedía en la capital cruceña, en la sede del poder otro conflicto terminaba de tomar forma: la lucha intestina en el Movimiento Al Socialismo, donde el ala conducida por Evo Morales, etiquetada como “radical”, comenzó a oponerse con y sin razón a las decisiones del ala conducida por el presidente Luis Arce, identificada como “renovadora”. Aunque es todavía imposible afirmarlo, es muy probable que la gestión de gobierno termine con dos fuerzas compitiendo por representar lo nacional popular, para alegría de las oposiciones y sus operadores mediáticos.

En el plano internacional, se vio el final del proceso iniciado por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo que se declare el Silala como un río internacional. El fallo no solo no dio la razón al Estado chileno, sino que además reconoció la soberanía de Bolivia sobre los canales construidos a inicios del siglo XX para conducir las aguas hacia el vecino país; por lo demás, los jueces señalaron que no tenían materia para juzgar, lo cual dio pie a disparatadas interpretaciones de parte de algunos dirigentes opositores.

Entre los temas más preocupantes y a la vez menos atendidos, la presión por tierra productiva, especialmente en el oriente del país, produjo dos fenómenos que no son excluyentes: por un lado ha sido mayor la cantidad de quemas para habilitar tierra, así como también fueron numerosos los casos de tomas ilegales, a menudo violentas, de tierras. En ambos asuntos el Gobierno mostró poca agilidad.

Termina, pues, un año difícil de clasificar en alguno de los extremos de la escala bueno o malo. La economía creció y se mantuvo estable; los feminicidios, que siguen siendo muchos, disminuyeron por quinto año consecutivo y, fuera de lo sucedido en Santa Cruz (que ayer nuevamente se puso en pie de guerra), hubo paz social. No está de más desear que 2023 tenga menos conflictos y más desarrollo.

Comparte y opina:

Últimas Noticias