En el anonimato (como si estuviesen tramando un delito), una comisión analizará en nueve meses “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Así lo define el proyecto presentado por el Comité Cívico para el cumplimiento del segundo mandato del cabildo cruceño del pasado 13 de noviembre. La buena noticia es que todo se hará en el marco legal y constitucional.
En medio del prolongado paro indefinido por la fecha del Censo de población, asumiendo la derrota política de su consigna técnicamente inviable (“2023 sí o sí”), la dirigencia cruceña buscó aplacar a sus sectores más radicales con una sorpresiva pregunta en el cabildo: la convocatoria a una comisión que explore caminos para replantear la relación del departamento con el Estado. La consulta generó dudas y especulaciones: ¿se trata de la opción por el federalismo? ¿O es más bien una señal de separatismo?
Superado el conflicto con una polémica ley que garantiza el Censo y sus efectos redistributivos el año 2024, el Comité Cívico retomó el mandato de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado.
La premisa es el “agotamiento del modelo centralista”. No es nada nuevo. En diversos momentos, la élite cruceña ha puesto en cuestión su encaje e intereses en la estatalidad y la organización territorial del país. La última disputa izó las banderas de la autonomía departamental en el marco del proceso constituyente.
En esta coyuntura, el tema será abordado en lógica de gabinete. La citada comisión hará un diagnóstico sobre la relación actual del departamento con el nivel central del Estado. Sobre esa base se espera el diseño de un “nuevo modelo de relacionamiento”, que se nutrirá de la recepción de propuestas y espacios de debate. La comisión y varias subcomisiones analizarán propuestas preliminares con el propósito de tener un documento final en septiembre de 2023. La metodología es interesante.
Más allá del resultado de esta comisión, lo más valioso es que el proyecto lanzado por el Comité Cívico sale de los discursos de separatismo, acciones de facto y quiebre institucional. Al contrario, el camino trazado asume dos condiciones fundamentales. La primera es que cualquier propuesta se hará dentro del marco constitucional vigente. La segunda es que se buscará “un equilibrio entre lo deseable y lo viable”. No caben, pues, arengas altisonantes y antidemocráticas, ni desvaríos como los de “la nación camba”.
Habrá que esperar la propuesta de “nuevo modelo” que surja de la comisión dentro de nueve meses. Sea cual sea, su posible implementación tendrá que seguir los plazos y procedimientos de la Constitución. No será suficiente avalarla en un cabildo o forzar una consulta ilegal (como en mayo de 2008 sobre el estatuto departamental). Y ojalá que, en lugar de la trinchera, prime un espíritu de deliberación pública y plural en todo el país sobre el avance y fortalecimiento del Estado Plurinacional con autonomías.