Desde la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz hace una semana, la capital cruceña y algunos lugares en las afueras de la ciudad se han convertido en el epicentro del conflicto político nacional. Los discursos hablan de “todo un pueblo” ofendido por el modo en que la autoridad fue obligada a comparecer ante la Justicia, pero una mirada más serena permite identificar matices.
Desde el jueves 29 de diciembre último, grupos de jóvenes sin comando evidente, pero bien organizados y con muchos recursos, mantienen el edificio del Comando de la Policía bajo asedio. El mismo día del inicio de las protestas, el edificio de la Fiscalía departamental ardió hasta sus cimientos, y toda la zona alrededor del emblemático monumento al Cristo Redentor parece un escenario de guerra.
Los principales medios de comunicación de la capital, especialmente dos redes televisivas y un diario, parecen haber abandonado por completo los límites que impone la ética profesional del periodismo para convertirse en amplificadores del discurso del Comité pro Santa Cruz, y han llegado al extremo de hacer afirmaciones que contradicen abiertamente lo que muestran las imágenes en la pantalla y las fotografías que se imprimen.
Por su parte, la dirigencia cívica ha salido por sus fueros, primero afirmando que el Gobierno había “secuestrado” al Gobernador y luego amenazando con “dejar de enviar recursos al centralismo” y “dejar de enviar alimentos al resto del país”; es probable que sean muy pocos quienes todavía creen en la ficción de que Bolivia es inviable sin el aporte cruceño.
Mientras tanto, la defensa del Gobernador cruceño, procesado por su presunta participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019, sigue un libreto ya conocido: denuncia internacional de persecución política, reacciones de la ultraderecha europea, revelación de una supuesta enfermedad que puede costarle la vida al prisionero, la familia intentando ingresar al penal fuera de los días asignados para el efecto y una larga lista de actos y declaraciones que fueron empleados en el caso de Jeanine Áñez.
Por su parte, las autoridades de gobierno parecen satisfechas con el efecto político producido con la aprehensión de la autoridad cruceña, pero siguen mostrándose incapaces de contrarrestar la bien aceitada maquinaria propagandística del cruceñismo, que alimenta las ya nombradas ficciones y, sobre todo, el odio y la intolerancia a todo aquello que se desvíe del libreto oficial, produciendo además espirales de silencio que contradicen el discurso de vocación democrática de los movilizados.
En lo inmediato, el Gobierno se ha anotado una victoria en la lucha política, y en la capital cruceña hay señales de que la caída del Gobernador puede dar lugar a cambios más o menos importantes en la composición de las élites. En el caso del Gobierno, el debido proceso es condición imprescindible para que su acción tenga verdaderos resultados; en el de la cruceñidad, es poco probable que el reacomodo elitario produzca verdaderos cambios en el discurso y la práctica.