Dados los tiempos y procedimientos establecidos en la legislación electoral, la nueva votación popular para la elección de altas autoridades judiciales en el país se realizará en el segundo semestre de este año. Iremos a las urnas, pues, sin reforma sustantiva del sistema de administración de justicia. Ello puede incidir en la ya poca legitimidad de estos comicios.
En su mensaje en ocasión de la inauguración del año electoral 2023, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, sostuvo que una de las prioridades de la institucionalidad electoral en esta gestión es la administración de las elecciones judiciales. Para el efecto, señaló la necesidad de que la Asamblea Legislativa convoque hasta marzo a la fase de postulación y selección de postulantes, con lo que se iniciaría formalmente el proceso. Luego vendrá la convocatoria a la elección misma.
Esta temporalidad, que ya cuenta con la planificación y el presupuesto requeridos, implica dos cosas. La primera es que las elecciones judiciales 2023 se realizarán en medio de la persistente crisis de la administración de justicia en el país. Si bien desde el Órgano Ejecutivo y en diferentes instancias del propio sistema judicial se están impulsando algunos cambios relevantes, la sensación es que sigue pendiente una reforma profunda como resultado de un diagnóstico amplio y un gran acuerdo nacional.
La otra implicación es que las iniciativas para modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales, en caso de prosperar, llegarán tarde. En el mejor escenario, tendrán vigencia en la siguiente elección, a realizarse en 2029. Nos referimos a la iniciativa del grupo de juristas que alienta una reforma constitucional, para lo cual se iniciará pronto la recolección de firmas a fin de convocar un referéndum. Si cumplen el requisito, la consulta no evitará una elección ya convocada.
Más allá de las condiciones y plazos para las elecciones judiciales de octubre y, en su caso, un probable referéndum constitucional, ambos procesos estarán fuertemente condicionados por diferentes relatos sobre la situación de la justicia en el país. Es claro que los cuestionamientos de legitimidad, en especial desde la oposición, podrían articular una impugnación de los comicios. Y resulta inevitable que el debate público, hasta ahora inexistente o malogrado, esté centrado en la necesidad de reforma.
Es probable que una de las decisiones del cabildo convocado por la dirigencia cívica para el próximo miércoles, con centro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sea fijar un posicionamiento sobre las elecciones judiciales. Ojalá sea para demandar un proceso transparente y meritocrático de selección de postulantes y votación popular, y no para boicotearlo. Ojalá sea para avanzar en una ruta pactada de reforma judicial y no para usar el tema como bandera para fines políticos o, peor, de impunidad.