Ayer ha comenzado el año escolar 2023 en todo el país. Como ya es habitual, los días previos al inicio de clases hubo conflicto con las dirigencias del magisterio, esta vez debido a la implementación de importantes cambios en la malla curricular; asimismo, en varias ciudades se reclamó a los gobiernos municipales por no haber hecho adecuado mantenimiento a las escuelas.
Fue en Oruro donde el presidente Luis Arce inauguró el año escolar, exhortando en su discurso a los maestros a capacitarse y actualizarse para enfrentar los nuevos retos, en evidente referencia a los cambios introducidos en el currículo. A su vez, el Ministro de Salud, quien participó del acto inaugural en Sucre, pidió a padres y madres vacunar a sus hijos e hijas, no solo contra el COVID-19, sino también otras enfermedades como la tosferina, la polio y otras que amenazan con reaparecer.
El magisterio, a través del máximo ejecutivo de las y los maestros en la ciudad de El Alto anunció que retornaría a clases, pero que realizará marchas de protesta en todo el país el próximo miércoles. El dirigente afirmó que los profesores no están en contra de la actualización de la malla curricular, ya que se debe realizar cada cierto tiempo, pero que el rechazo surge por la manera “improvisada y nefasta” en que el ministerio hizo el ajuste.
Por su parte, días atrás, el Ministro de Educación insistió en que la actualización se realizó con el concurso de “más de 57 instituciones”, que incluyen a representantes del magisterio, así como a padres y madres de familia, y que por tanto es falso que no hubo consenso. Lo que no parece haberse resuelto es el hecho de que la introducción de nuevos contenidos demandará, además de más horas lectivas por jornada, debida capacitación a las y los maestros.
Entre las muchas innovaciones en los planes de estudio de los 12 años de educación escolarizada se cuentan nuevas competencias para la vida digital, enseñanza de idiomas nativos e inglés, lucha contra la violencia hacia las mujeres y educación sexual integral, aspecto que ha movilizado a los sectores más recalcitrantes de las iglesias Católica y Evangélica, así como a sus feligresías más conservadoras.
Según las estadísticas, hay poco más de tres millones de estudiantes, entre niñas, niños y adolescentes, en las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas en todo el país y 140.067 maestros y maestras que dictan clases en 15.934 unidades educativas distribuidas en todo el territorio nacional.
Considerando que según la Constitución Política la educación “constituye una función suprema y primera responsabilidad” del Estado, hace falta mucho más que solo diseñar mejoras en el papel o hacer arreglos cosméticos en las unidades educativas.
Comparativamente, Bolivia presenta un rezago significativo en la calidad, profundidad y extensión de los contenidos de la educación escolarizada y cambiar esa situación demanda mucho más que solo medidas administrativas; mientras esto no se logre, las y los bachilleres seguirán en desventaja.