La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de remitir antecedentes del juicio por la masacre de Senkata a un juez de instrucción de El Alto marca un hito en este proceso, pues la expresidenta Jeanine Áñez será juzgada por la vía ordinaria. Se cierra así formalmente el camino del juicio de responsabilidades, que de hecho estaba bloqueado por el veto minoritario de la oposición.

A reserva del debate político en torno a la autoproclamación presidencial de Áñez en noviembre de 2019 —que ya ha sido objeto de proceso penal y sentencia en el ámbito del caso Golpe de Estado II—, había incertidumbre respecto al procedimiento para juzgar a Áñez en su condición de expresidenta provisoria. Tanto la Constitución Política del Estado como la legislación correspondiente establecen la figura del juicio de privilegio en caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Fue en los primeros días de gobierno de Áñez y los suyos que se produjeron las masacres de Sacaba y de Senkata, con más de una veintena de personas asesinadas por bala (incluidas ejecuciones sumarias), cientos de heridos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos. La expresidenta y su gabinete ampararon esas masacres, en nombre de la “pacificación”, con un decreto supremo que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. Se esperaba un juicio de responsabilidades por estos hechos.

La reciente decisión del TSJ sobre el juicio por la masacre de Senkata despejó la vía ordinaria para juzgar a Áñez. Para la oposición y sus operadores mediáticos, ello implica “renunciar a su atribución”. El mismo camino está en curso en el proceso penal por la masacre de Sacaba (caso Huayllani), en el que se pide ampliar investigaciones en contra de Áñez, y luego seguramente también de sus ministros, por la probable comisión de los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Estas decisiones jurisdiccionales, ciertamente polémicas, ¿implican desconocer el régimen transitorio de Áñez, que fue presidenta del Estado durante casi un año, aunque no puede acreditarlo formalmente? Por otra parte, el hecho de que Áñez haya tomado de facto la presidencia por fuera del marco constitucional, en una Asamblea Legislativa sin quorum, ¿niega el hecho de que las masacres de Sacaba y Senkata, ampliamente documentadas en el informe del GIEI, se produjeron en el ejercicio de sus funciones?

En medio de la disputa política y de interpretaciones jurídicas sobre el juzgamiento de Áñez en la vía ordinaria, lo evidente es que transcurridos más de cuarenta meses —nada menos— desde las masacres, todavía no hay justicia para las víctimas ni sanción para los responsables que dispararon, dirigieron los operativos militares-policiales, mandaron a matar, avalaron con un decreto. Es fundamental garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, pero sin impunidad ni privilegios.

Cuando todavía no ha terminado de disiparse el entusiasmo que produce, especialmente entre las jóvenes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mundo entero parece volver a la normalidad, lo que implica, a pesar de no pocos avances señalados en toda clase de actos de conmemoración, una desigualdad estructural que se mantiene en todos los ámbitos de la vida.

Por el lado optimista, se ha recordado desde diversas instancias estatales que sí hubo avances y conquistas femeninas: desde el Ministerio de Trabajo se anunció un importante incremento en el número de denuncias por acoso laboral y sexual que han sido apropiadamente atendidas; en el ámbito productivo se destacó que son mujeres quienes conducen el 56% de las micro y pequeñas empresas, y que ese porcentaje sube hasta 70% en el caso de los emprendimientos textiles; también se reveló que el porcentaje de mujeres que accede a un crédito en Bolivia creció de 29% a 32% entre 2021 y 2022, por citar solo tres de las estadísticas publicitadas.

Así, es imposible negar que son grandes e importantes los avances en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo mismo que en participación femenina en todo tipo de ámbitos públicos, especialmente en puestos de mando y toma de decisiones, y sin embargo también es innegable que la reacción patriarcal no ha sido menor, con casos extremos como el de Afganistán, donde el régimen Talibán está, literalmente, borrando a las mujeres de la vida pública.

Sin necesidad de llegar a los extremos afganos, países como Bolivia registran datos estremecedores, como el hecho que 20 mujeres hayan sido asesinadas solo por su sexo o su género en los dos primeros meses de este año; o que la brecha salarial entre ellas y ellos no haya disminuido de manera significativa ni en el país ni en ninguna parte del mundo; o que las mujeres de países altamente desarrollados, como Japón, Corea del Sur y China se vean obligadas a elegir entre desarrollar su carrera profesional y vivir la maternidad.

De ahí que el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas haya afirmado que “los avances logrados en décadas se están evaporando ante nuestros ojos”, para agregar luego que “al ritmo actual, ONU Mujer prevé que se necesitarán 300 años” para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Hay, pues, motivos para celebrar los avances y mejoras, pero mucho más para hacer movilizaciones y protestas públicas, reclamando verdadera igualdad de derechos y acceso a recursos, mejores medidas de protección y sanción a los perpetradores de las infinitas violencias cotidianas y, en resumen, condiciones para una vida digna.

Mientras en público sigan repitiéndose discursos vacíos que elogian a las mujeres por sus atributos o se citan números que inspiran optimismo, pero no cambien las actitudes, en público y privado, manifestaciones como las de ayer en La Paz y en todo el mundo siguen siendo necesarias, urgentes.

Como era previsible, la disputa política en torno a las próximas elecciones judiciales en el país se inició con desacuerdos sobre el reglamento para la preselección de postulantes. Una parte de la bancada del MAS-IPSP elaboró una propuesta. La oposición, siempre rezagada, anuncia contrapropuestas. Es el anticipo de un conflicto que puede dificultar y hasta bloquear el proceso.

La elección por votación popular de las altas autoridades judiciales, establecida en la Constitución Política del Estado, ha sido objeto de polémica desde su estreno en 2011. Tanto en esa ocasión, como en la siguiente en 2017, los votos blancos y nulos fueron mayoría. El problema radica no en las urnas mismas, sino en la fase previa de postulación en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo estaría dispuesto para beneficiar a personas afines y funcionales al oficialismo.

Uno de los factores críticos de este proceso, entonces, tiene que ver con la selección de postulantes y los requisitos establecidos para el efecto. El supuesto es que se deberían privilegiar los méritos, experiencia e idoneidad, y no depender de ningún tipo de avales, sean políticos, sean de poderes fácticos. El desafío, pues, es que los postulantes que vayan a la papeleta sean los mejor calificados. En ello es fundamental el reglamento y, en su caso, la participación de actores externos a la Asamblea.

Según la temporalidad establecida en esta nueva elección judicial, la votación popular está prevista para octubre. Ello implica que hasta mayo próximo la Asamblea debiera concluir el proceso de selección de postulantes a las cuatro entidades que renovarán sus máximas autoridades. Para ello se requiere una convocatoria pública, previa aprobación mayoritaria del reglamento correspondiente. La definición de los postulantes, en tanto, se hace por dos tercios de los asambleístas. No es nada fácil.

¿Dónde radica el núcleo del desencuentro entre oficialismo y oposición? Por una parte, en la definición y ponderación de los requisitos que deben acreditar las y los postulantes. Por otra, lo más importante, en la instancia encargada de la evaluación y selección. Si bien el mandato corresponde a la Asamblea, se discute si basta el acompañamiento y veeduría externa (de universidades, por ejemplo) o si debiera haber una comisión técnica especial a la cual se delegue el proceso. Cuestión de legitimidad.

Más allá de la intensa batalla por el reglamento, debiéramos exigir como sociedad que todo el recorrido hasta las urnas se realice con pleno apego a los principios de legalidad, participación y transparencia. Y, por supuesto, con el compromiso de todos los asambleístas de sumar voluntades y esfuerzos para garantizar una elección sin cuestionamientos ni vicios de origen. Una elección sin imposiciones ni vetos. Es un imperativo en el actual contexto de profunda crisis de la administración de justicia en el país.

Días atrás, el exvicepresidente Álvaro García, haciendo referencia a la división que existe en filas del Movimiento Al Socialismo, reconoció que el partido que ha ganado todas las elecciones presidenciales desde 2005 corre el riesgo de perder la próxima a causa de “posiciones rupturistas” que podrían producirse en el futuro inmediato. La advertencia de la exautoridad ha producido reacciones.

 Se trata de una advertencia que poco tiene de novedosa. Desde hace meses, analistas políticos y opinadores mediáticos se han referido en público y en privado a las evidentes pugnas entre dos alas del partido en función de gobierno, la una de “radicales” o “evistas”, en referencia a la postura del jefe nacional del partido y expresidente Evo Morales, y la otra de “renovadores” o “luchistas” o “arcistas”, por su adhesión al actual mandatario.

El exvicepresidente afirmó en el programa de entrevistas Piedra, papel y tinta, que este diario transmite a través de Internet, que “las disputas entre liderazgos en el MAS son sanas”, pues son parte del debate político y programático, pero que en “las actuales circunstancias se convierte en algo dañino”; añadió que debe tomarse en cuenta que “el proceso de cambio no tiene dueño personal”.

Entre las primeras reacciones a las palabras de la exautoridad, quien también afirmó en la entrevista que el actual Presidente “es un buen administrador del diseño gubernamental” y que “lo está haciendo bien”, dos asambleístas consultados por este diario coincidieron en afirmar que la división será superada en las elecciones primarias a las que el partido está obligado.

Una diputada del bloque “renovador” afirmó que luego de esas primarias, todos los militantes cerrarán filas y apuntalarán al binomio que sea seleccionado. A su vez, un senador “evista” coincidió señalando que se debe recomponer la estructura política, para llegar “fortalecidos” a las elecciones de 2025; todos los integrantes del MAS “se someterán a la decisión de los militantes sobre las candidaturas” en las primarias, previstas para 2024, explicó.

También encontraron razonable la advertencia de la exautoridad, el Viceministro de Derechos del Consumidor y la exvicepresidenta de la Cámara de Diputados. De los portavoces de la oposición y sus operadores mediáticos todavía no se han conocido reacciones, pero es previsible que más pronto que tarde elaborarán discursos sobre el tema, pues saben que la única posibilidad de prosperar en las siguientes elecciones es enfrentando a un MAS dividido.

En tiempos cuando la división dentro del partido gobernante ha llegado a un punto tal que no solo menudean los peores insultos y denuncias entre compañeros de partido, sino que la gobernabilidad comienza a verse amenazada, toda voz sensata debe ser escuchada. Aunque muchos en el oficialismo se rehúsan a comprenderlo, lo que está en juego no es solo la ingente cantidad de empleos en el Estado, sino, fundamentalmente, la posibilidad de continuar y profundizar la transformación de todo el país.

Vencido el plazo de una exigencia incumplible: Ley de Amnistía para los “presos políticos”, la dirigencia cívica amenaza con activar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. Diferentes voces, incluidas opositoras, advierten que se trata de un gran error político. El maximalismo de los cabildos tendrá que enfrentar condiciones de viabilidad de sus demandas.

El pasado 25 de enero, grupos de opositores reunidos en diferentes cabildos urbanos tomaron una serie de decisiones en respuesta a la detención del gobernador cruceño, acusado en el ámbito del caso Golpe de Estado I. Además de que en ningún cabildo hubo deliberación alguna, lo que desnaturaliza su esencia como mecanismo de la democracia participativa, fueron encuentros con muy pocas personas, excepto en Santa Cruz de la Sierra. Esos pequeños grupos se atribuyen una representación que no tienen.

Entre otras medidas y declaraciones —en general altisonantes—, los cabildos de la oposición plantearon un ultimátum en dos tiempos. El primero fue exigir al Gobierno la aprobación de una Ley de Amnistía que, en el plazo máximo de 30 días, debía conducir a la liberación de Camacho “y de todos los presos políticos en Bolivia”. En caso de incumplimiento, se pasaba al segundo tiempo a fin de buscar la revocatoria del presidente Arce, “por constituir su gobierno en un régimen dictatorial y antidemocrático” (sic).

Demás está decir que el Gobierno central ni siquiera consideró la posibilidad de tal norma de amnistía. Para empezar, porque en su criterio no hay “presos políticos”, sino políticos y otros actores que están presos por violar la Constitución y las leyes, vulnerar derechos y por denuncias de corrupción. Se trataba, pues, de una exigencia incumplible. La cuestión gira entonces en torno a la viabilidad de revocar el mandato presidencial conforme a los plazos y requisitos establecidos para el efecto.

Formalmente, en mayo se inicia el periodo para activar iniciativas populares de revocatoria. El principal requisito es conseguir en un plazo muy corto (90 días) un elevado porcentaje de adhesiones (25% del padrón en el caso del Presidente, distribuido en todos los departamentos). Y en la eventualidad de lograrse, lo que parece difícil, el otro gran reto es superar tanto el porcentaje (55,11 %) como el número de votos (casi 3,4 millones) con los cuales fue electo Arce en octubre de 2020.

Si bien la revocatoria es un derecho político reconocido constitucionalmente, está en debate la legitimidad de la iniciativa anunciada por la dirigencia cívica. En rigor, surge de una suerte de chantaje impuesto por una minoría de asistentes a los cabildos: amnistía o revocatoria. Es muy probable, como lo advierten incluso algunos voceros de la oposición, que se trate de un paso en falso, pues podría generarse un escenario de desestabilización más bien rechazado ampliamente por la ciudadanía.