Aunque las conclusiones serán divulgadas recién mañana (y luego merecerán el correspondiente comentario), la visita de cinco de siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia durante esta semana ha provocado no poca polémica y sirve como evidencia de que la polarización y sus correspondientes versiones antagónicas es el principal problema del país.
Es evidente cada vez que un opositor o un oficialista habla de la más importante instancia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el continente que importa menos el trabajo de la institución que el uso que se puede dar a sus resultados. Cuando sus pronunciamientos convienen a una de las partes, la otra le ataca con furia, y viceversa, demostrando, asimismo, que prima una razón instrumental en la que solo caben los intereses del propio grupo y poco importan las personas y sus derechos.
Ya en vísperas de la llegada de la delegación, varios dirigentes políticos comenzaron a reclamar a los miembros de la CIDH que atendiesen sus intereses, algunos de ellos intentando crear profecías que se cumplen a sí mismas: se plantea una demanda inatendible, los delegados la rechazan y, luego, se acusa a la Comisión de estar parcializada. Las visitas a los centros penitenciarios y el anuncio, ayer, de que sería posible recibir a otros dirigentes opositores en Santa Cruz ayudaron a evitar este previsible extremo.
Súmese a esta actitud la de portavoces de la oposición que no han ahorrado adjetivos para desacreditar a la comisión que visita el país e, incluso, a algunos de sus miembros de manera personal, lo cual descalifica más a quien pronuncia los agravios que quien es nombrado; aunque en el estado de crispación y desinformación generalizada también sirve para reforzar las convicciones de quienes se ubican en los extremos de la polarización.
Días antes de la llegada de los altos comisionados de la CIDH, el Ministro de Justicia había expresado su beneplácito por la visita, que se produce 17 años después de la anterior, afirmando que ahora sí tendrán que demostrarse las denuncias y acusaciones de constantes violaciones a los DDHH de los opositores o persecución política. En todo caso, es previsible que el informe que produzcan denunciará la vulneración de derechos en diversos ámbitos, comenzando por el penal (donde, irónicamente, al menos dos de los supuestos perseguidos políticos gozan de privilegios).
El informe de la visita “in loco” de los altos comisionados y sus equipos (en total, 25 personas llegaron al país) tomará entre dos y tres meses en estar concluido, aunque las conclusiones preliminares se divulgarán mañana en conferencia de prensa. Es fácil imaginar que, entre ambos momentos, unos y otros agentes políticos tratarán de llevar agua a su molino y propondrán toda clase de detalles y conjeturas acerca del informe, la mayoría destinadas a restar credibilidad a la CIDH, aunque luego intenten acudir a ella en busca de apoyo y protección.