La visita in loco de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sirvió para que el máximo organismo del continente para estos asuntos hiciera una valoración profunda de lo que pasa en el país. El último informe al respecto data de 2009 y se espera que el nuevo sea publicado en unos meses. Mientras tanto, la comitiva adelantó algunas conclusiones preliminares.
Muchos son los aspectos propios del campo de los Derechos Humanos, y la valoración de cada uno de ellos seguramente se verá reflejada en el informe oficial que recién está siendo producido; mientras tanto, quedan los asuntos tocados en la conferencia de prensa brindada el viernes último, en la que se presentaron conclusiones provisionales de la visita. Violencia policial, libertad de expresión y de prensa, polarización política y étnica, estado de la justicia y del ámbito penal, y derechos de las mujeres y de poblaciones vulnerables son los asuntos que se tocaron en el acto señalado.
Respecto del papel que desempeña la Policía en el contexto de la protesta social y sus manifestaciones, el equipo de la CIDH identificó abusos por parte de la institución del orden, pero también “episodios extremadamente violentos” entre los grupos civiles enfrentados. Concomitante con esta conclusión es la referida a la polarización, característica “histórica” de la política boliviana, y se recomendó crear escenarios de concertación, así como redoblar esfuerzos para generar consenso. También se señaló “un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, así como “falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”, lo que ha producido censura y autocensura en muchos casos.
Sobre la justicia, el tema más álgido en materia de vulneración de derechos, los representantes de la CIDH concluyeron que el sistema es altamente dependiente del Órgano Ejecutivo e instaron al consenso entre los agentes involucrados para su reforma, señalando como “oportunidad” el proceso de elección de nuevos magistrados que acaba de comenzar. En ese ámbito identificaron dos obstáculos para el acceso a la justicia: “falencias normativas y debilidades institucionales”, y “ausencia de independencia judicial”; resultado de estos obstáculos son la alta corrupción imperante y el hacinamiento en las cárceles, entre muchos otros.
Finalmente, reconocieron avances en materia de inclusión social, pero también el crecimiento de la violencia contra la mujer, así como el hecho de que algunos pueblos indígenas expresaron “no sentirse incluidos en las políticas públicas”.
A su vez, el Gobierno, a través de declaraciones del Presidente, manifestó su compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos, lo que debiera traducirse en un verdadero compromiso, más abocado a actividades concretas que a discursos edulcorados. Con o sin informe de la CIDH, el Estado, incluyendo a los políticos de oposición, ya tiene una hoja de ruta para mejorar el estado de cosas.