El fenómeno de El Niño, sumado al ya irreversible cambio climático, ha producido este año un invierno inusualmente cálido y una marcada disminución de las reservas de agua en todo el país. La situación es dramática en prácticamente los nueve departamentos y las autoridades de los tres niveles gubernativos han hecho anuncios para tomar previsiones. Ojalá esta vez actúen a tiempo.

Fue hace muy poco cuando la ciudad de La Paz atravesó por un dramático racionamiento de agua, causado por la falta de previsión de las autoridades locales y nacionales al saber que las reservas se agotaban, agravado por la falta de transparencia de esas mismas personas (se abrieron varios procesos judiciales contra ellas y ellos, pero ninguno prosperó). De esa experiencia quedaron numerosas lecciones, pero la mayoría ya han sido olvidadas.

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Hoy el país tiene a cinco municipios de Santa Cruz declarados en emergencia por la falta de lluvias, y con la Gobernación anunciando la dotación de agua en cisternas y la perforación de pozos; en Potosí está previsto que mañana viernes comience el racionamiento del líquido elemento, que obligará a las personas en la ciudad capital de ese departamento a recibir agua solo día por medio; Sucre marcha por el mismo camino.

En La Paz, aunque las autoridades han anunciado que no habrá escasez de agua, el gobierno municipal ha convocado para mañana viernes a una “cumbre” en la que deberían participar las diversas instancias nacionales (incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como a EPSAS), departamentales y municipales del área metropolitana, además de la sociedad civil. Se espera que, cuando menos, haya un diagnóstico sincero y real de la situación y que, por supuesto, se adopten iniciativas viables para cuidar las escasas reservas.

A su vez, el Presidente del Estado ha anunciado que el tema está siempre en la agenda de las reuniones semanales de gabinete; “tenemos que prepararnos”, dijo el mandatario al afirmar que se trata de un problema global. Por su parte, y en sintonía, el Ministro de Medio Ambiente y Agua anunció que solo este año se tiene previsto invertir Bs 1.600 millones “para implementar sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitarios, más la planta de tratamiento de agua residual y de agua potable”. Agregó que entre 2021 y 2022 se ha invertido Bs 1.200 millones por año.

Volviendo a la amarga experiencia de fines de 2016 e inicios de 2017, cuando gran parte de la mancha urbana de La Paz se vio privada de agua potable, toca recuperar las lecciones aprendidas, comenzando por la pronta, oportuna y transparente actuación de las autoridades llamadas por ley a garantizar el goce del derecho humano al agua, promovido por Bolivia en los foros multilaterales.

Además, el solo anuncio de multimillonarias inversiones no resuelve el problema de fondo: la falta de una cultura cívica de cuidado del agua. Mañana, cuando la sequía vacíe los grifos de las casas, de nada servirá lamentarse o atacar políticamente a los responsables de esa escasez.

La semana pasada, el Senado sorprendió al país con la aprobación por consenso de un proyecto de ley para la convocatoria a las elecciones judiciales. El acuerdo logrado se bloqueó pronto en la Cámara de Diputados, donde arcistas y radicales de la oposición pusieron condiciones y trabas a la aprobación de la ley. Los ya postergados comicios, otra vez, están en suspenso.

Los obstáculos a las elecciones judiciales 2023, que en principio debían realizarse en octubre de este año, se iniciaron hace tiempo. Primero por falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que derivó en una convocatoria aprobada solo por el oficialismo. Y luego por recursos judiciales que congelaron el proceso durante más de cuatro meses. La estocada final la dio el TCP con una tardía decisión y el mandato de que la convocatoria debía hacerse por ley aprobada por dos tercios.

En ese contexto, si en el actual contexto de polarización entre oficialismo y oposición, y de disputas internas en el MAS-IPSP, ya es difícil construir una mayoría absoluta en la Asamblea, parecía inviable un gran acuerdo político para lograr los dos tercios requeridos para destrabar y encaminar las elecciones judiciales. Se logró en la Cámara de Senadores con la aprobación del Proyecto de Ley 144, “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”. Fue una valiosa señal de concertación.

Como se temía, el acuerdo entre las diferentes bancadas no se mantuvo en la Cámara de Diputados. Y pronto la esperada aprobación de la ley quedó nuevamente paralizada. Algunos asambleístas de la oposición condicionaron las elecciones judiciales a la norma para garantizar la interpelación de los ministros, embargada por una inconstitucional decisión de dos jueces. En tanto que los operadores del arcismo, a la cabeza de un diputado acusado de abuso sexual, maniobraron para dilatar el proceso.

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Hoy el proyecto de ley, que debió aprobarse de manera expedita en Diputados para la convocatoria a las elecciones judiciales, fue enviado “en consulta” al TSE, al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia. Dependiendo de los tiempos y buena voluntad de estos órganos, se espera que respondan en 10 días. Así, las elecciones siguen congeladas en la Comisión de Constitución. Ya no se harán en 2023, ni tampoco en enero de 2024. Es un juego oscuro y peligroso.

Mientras tanto, las altas autoridades electas en 2017 para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura cuentan sus últimos meses de mandato. El próximo 2 de enero los cuatro órganos quedarán acéfalos, a no ser que se opere alguna salida inconstitucional para prorrogarse. Es una muestra más de la crisis estructural de un sistema que está lejos de administrar justicia. Continúa siendo la hora de los diputados.

El embajador de la República Argentina, Ariel Basteiro, junto al elenco de ‘Circo Stereo’, compuesto por la orquesta Chuquiago Marka, bajo la dirección de Christian Asturizaga, el solista Pedro Siles (Petrus) y la directora general de Volarte Circus, Mariana Salazar, presentaran el concierto sinfónico tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Se trata de un espectáculo que contará con la música de la orquesta, un intérprete que ya reversionó a Luis Alberto Spinetta, y el circo Volarte danzando para delite del público.

“Son tres grupos dentro de un mismo espectáculo que yo creo que los pone en un primer nivel musical y artísticamente para disfrutar”, remarcó Basteiro.

La selección de las canciones provendrá de los episodios sinfónicos, pero también de algunas canciones que no están en el disco y que Christian Asturizaga las preparó.

Números de acrobacia aérea con los clásicos elementos que son la tela, el aro; pero también con cosas nuevas como malabarismo, contorsionismo, y números súper especiales acompañados del ensamble de la sinfónica Chukiago Marka con la voz de Petrus Silón.

“Gustavo Cerati se encuentra entre los 50 mejores cantantes de la historia del rock a nivel mundial, y en esa clasificación se coloca en el lugar 30, junto a artistas como Mick Jagger, Freddie Mercury y Paul McCartney, lo cual muestra la trascendencia que ha tenido en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, Argentina y Bolivia”, resaltó el embajador argentino. 

El concierto sinfónico y circense ‘Circo Stereo’ se llevará a cabo en el Auditorio Illimani del Campo Ferial Chukiago Marka este sábado 16 de septiembre desde las 19:00.

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Quienquiera que hubiese tenido sospechas sobre la integridad de las personas involucradas en el fútbol profesional boliviano, tiene desde hace poco más de una semana certeza de que la corrupción también anida en el “rey de los deportes”: una curiosa denuncia de parte de la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirma que hay jugadores, árbitros y dirigentes involucrados.

En los hechos, el escándalo que acaba de explotar ya se había anunciado a inicios de agosto, cuando el expresidente del Estado y dirigente de un club de fútbol que aspira a llegar a la división profesional, Evo Morales, hizo públicas sus sospechas de partidos amañados, involucrando a jugadores de su propio equipo. Diversas instancias del fútbol respondieron negando enfáticamente lo denunciado y pidiendo pruebas; estas nunca se mostraron.

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Semanas después, fue el presidente de la FBF quien anunció, de modo confuso, que había evidencia de “amaños”. Tardó casi una semana en hacer oficial el anuncio, aunque cuidándose de brindar demasiados detalles, tarea que, según explicó en conferencia de prensa, le corresponde al Ministerio Público, donde el equipo jurídico de la institución del balompié nacional presentó denuncia formal.

Finalmente, en reunión de la Federación, a la que asistieron los clubes del fútbol profesional y del fútbol aficionado, se decidió por mayoría de votos anular los dos torneos profesionales de este año y continuar con el torneo Simón Bolívar, de los clubes aficionados. Dos clubes se opusieron a la extrema decisión: The Strongest, que este año iba en primer lugar con una ventaja de seis puntos sobre el segundo, y Wilstermann, que comenzó el torneo con seis puntos menos debido a una sanción.

Dos notables periodistas deportivos entrevistados en nuestro programa Piedra, Papel y Tinta coincidieron en criticar a la FBF por el mal momento y el mal modo en que se anunció el entramado de corrupción. Uno de ellos afirmó que desde hace 40 años se oye hablar de estos amaños y que al parecer son 20 los jugadores involucrados, pero que la FBF habla solo de seis; el otro mostró su sospecha por el modo en que el presidente de la Federación hizo el anuncio.

En el camino, se hizo evidente que la autorización de funcionamiento otorgada a una empresa transnacional de apuestas es parte del problema, y se instruyó suspender esa licencia de operaciones. También se acordó constituir una nueva comisión arbitral, para devolver la confianza en quienes actúan como jueces de cada cotejo en la cancha.

Aunque todavía estamos lejos de conocer la verdad del caso, queda la certeza de que la corrupción no es un asunto solo de políticos o funcionarios en ejercicio de cargos públicos, sino que, como cáncer, ha hecho metástasis en toda la sociedad. Allí donde las personas confían en el soborno como medio de evitarse problemas, donde se tolera, si no se alienta, el hacer las cosas mal, a medias o con trampa, es inevitable que se pierda la confianza en las normas y la inmoralidad se extienda, cosa que está pasando en Bolivia.

La Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’ (UCB) este miércoles fue erigida canónicamente por la iglesia católica como la casa de estudios en Bolivia destacada por su servicio eclesial en estrecho vínculo con la misión evangelizadora.

El Monseñor Giovanni Cesare Pagazzi, Secretario de la Sección Educación del Dicasterio para la Cultura y Educación del Vaticano, hizo la entrega del decreto correspondiente.

Cesare señaló que tan solo 53 de 1.700 universidades en el mundo han recibido la distinción que se dio a la Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’.

El secretario del Dicasterio destacó que el Vaticano es un gran proveedor de instrucción en el mundo. Y que esta entrega a Bolivia, en la figura de la UCB ‘San Pablo’, le hacía merecedora “del más alto reconocimiento que el Vaticano da a una universidad católica”.

Por su parte, el Rector Nacional de la UCB ‘San Pablo’, Rvdo. P. José Fuentes Cano, agradeció el reconocimiento. Señaló que este hecho compromete a la universidad a estar más unidos con el Santo Padre Francisco para promover, empujar el sueño para la humanidad que ha compartido en sus cartas apostólicas y encíclicas. Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, y el Pacto Educativo Global.

La representación del Vaticano presente en La Paz para este acto estuvo compuesta por Mons. Giovanni Cesare Pagazzi, secretario del Dicasterio Sección Educación y el P. Benjamín Aguirre Barba, Oficial del Dicasterio para la Cultura y Educación.

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