Luego de casi 13 años desde la promulgación de la ley que instruye su creación, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comenzó oficialmente a operar desde el martes último, con no pocos retos para el futuro y numerosos ataques provenientes de las instituciones y líderes de opinión más reactivos a todo lo que signifique alejarse del recetario neoliberal.
Durante muchos meses, la entidad que además ya lleva años administrando la Renta Dignidad, cuyos beneficiarios superan en una relación de cinco a uno a los rentistas del Sistema Integral de Pensiones (SIP), ha trabajado en el delicado proceso de transferir archivos, bases de datos, cuentas y un sinfín de detalles de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en la segunda mitad de la década de 1990, a la entidad que por mandato constitucional debe administrar el SIP.
Quienes hoy protestan, critican y se movilizan, poco hicieron o dijeron durante los años de la transición. Hoy se cuestiona la idoneidad de quienes trabajan en la Gestora, no porque haya razones valederas para hacerlo, sino porque, particularmente en la clase media mejor acomodada, se ha instalado un sentido común que indica que cualquiera que trabaje en el sector público es incompetente y no merece el empleo.
Otras entidades, como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, son el fondo para que destaque la figura de personajes como su actual rector, quien en clave de construcción de un liderazgo político que mañana podría llevarlo a competir por algún puesto electivo, se da el lujo de exigir respuestas y aclaraciones, confundiendo su papel con el de las y los asambleístas legislativos, que tienen el mandato constitucional de fiscalizar a las instituciones estatales.
Finalmente, en la lista de quienes más llaman la atención por su inexplicable preferencia por el modelo neoliberal instalado en Bolivia durante la última década del siglo XX, está la dirigencia del magisterio urbano, siempre reactiva a todo lo que no convenga a sus intereses particulares; le acompañan otras dirigencias sindicales, como la de paramédicos y ramas anexas, entre otras. Al final del día, su posición se resume en pedir participación en el directorio de la entidad, tal vez para hacer lo mismo que vienen haciendo con la Caja Nacional de Salud desde hace ya demasiado tiempo.
El reto inmediato de quienes tienen en sus manos el presente y futuro de los trabajadores asalariados es construir una sólida confianza en la institución entre sus usuarios actuales y futuros, lo cual solo se logra con decisiones acertadas y oportunas, criterios técnicos antes que políticos y, sobre todo, una nutrida comunicación pública, que no deje nada a la imaginación, a los rumores o a la desinformación que tan cuidadosamente distribuyen los operadores mediáticos de la oposición. Cualquier fallo en las tareas tendrá un enorme costo no solo sobre los gobernantes, sino sobre gran parte de la población boliviana, y eso sería inaceptable.