La resolución de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, cuyo presidente es Evo Morales, de vetar a funcionarios públicos y autoridades designadas de participar en los congresos partidarios, lleva la disputa interna a un límite crítico. Además de violar su propio estatuto orgánico, constituye una suerte de quiebre respecto al gobierno de Luis Arce. El MAS-IPSP en su mala hora.
La contienda interna en el MAS-IPSP, que en los últimos tres lustros ha sido el partido predominante en Bolivia, se inició con reclamos por falta de coordinación y fue escalando hasta la situación actual de intercambio de acusaciones y descalificativos. Si bien no hay una ruptura formal, el desencuentro parece insalvable. El núcleo de la disputa es la candidatura presidencial 2025: Arce quiere quedarse, Morales busca volver. Solo un acuerdo in extremis podrá salvar una unidad cada vez más distante.
Más allá de las etiquetas reduccionistas adoptadas por los propios actores políticos y algunos operadores mediáticos (“radicales” versus “renovadores”, “leales” versus “traidores”), lo cierto es que hay dos facciones o bloques enfrentados. Por un lado, los arcistas, con centro en el Órgano Ejecutivo; por otro, los evistas, desde el partido. En medio están las organizaciones sociales que configuran el instrumento político. Lejos quedó el tiempo en que había y funcionaba una estructura decisoria.
El enfrentamiento entre unos y otros ha derivado hasta ahora en el creciente debilitamiento de ambos. Es un juego de suma negativa, en el que nadie gana. Los reiterados ataques e inculpaciones, en especial a cargo de voceros de tercera categoría, sumados a los silencios de quienes podrían brindar mesura y certidumbre, han degradado el ambiente y dañado la necesaria convivencia en el seno del partido-instrumento. En esas condiciones parece improbable lograr un acuerdo sobre la candidatura en 2025.
Más allá de la muy dañina disputa verbal entre masistas, celebrada por la oposición y amplificada por sus medios y periodistas, el enfrentamiento derivó en acciones de hecho, como juicios penales. Y ahora la polémica resolución partidaria de veto, que vulnera el estatuto orgánico del MAS-IPSP: la Dirección Nacional no tiene competencia para excluir participantes en sus instancias orgánicas, pues todos los militantes tienen derecho a participar, sean o no funcionarios públicos o autoridades designadas.
¿En qué derivará el desencuentro entre las facciones del oficialismo? La lucha por la candidatura presidencial, que hoy provoca parálisis decisoria en un contexto de crisis, ¿terminará en ruptura entre evistas y arcistas? ¿Con qué costo político, daño orgánico y efecto electoral? ¿El próximo congreso orgánico del MAS-IPSP y luego las primarias para binomios presidenciales son todavía instancias de un posible acuerdo con unidad? ¿Con qué proyecto político? Hay muchas preguntas y dudas in extremis.