En noviembre pasado, ante la evidencia del fracaso del paro por la fecha del Censo de Población, un cabildo no deliberativo determinó “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Otro cabildo, en enero de este año, dio un ultimátum: ley de amnistía y liberación de Camacho o revocatoria de Arce. Hoy está planteado un debate sobre el “modelo cruceño”.
Desde el fallido paro de 36 días del año pasado, la élite cruceña, con centro en el Comité pro Santa Cruz, ha ido ensayando diferentes formas de posicionarse y responder ante una tensa relación con el Gobierno nacional. Lo propio hizo la administración del presidente Arce, en medio de la cada vez más intensa disputa interna en el MAS-IPSP. El resultado ha sido la falta de diálogo, el desencuentro, el ruido, la imposibilidad de acuerdos entre Santa Cruz y el nivel central del Estado. No es algo nuevo.
En ese marco, hay tres operaciones en curso. La primera es el proyecto, iniciado en diciembre pasado y que pretende concluir en septiembre de este año, para diseñar un “nuevo modelo” de relación entre el departamento y el Estado. Para ello se establecieron un marco conceptual y una metodología. Una comisión está a cargo del análisis, que supone elaborar el diagnóstico y, luego, una propuesta de “equilibrio entre lo deseable y lo viable”. Es probable que ello signifique plantear un Estado federal.
A poco de iniciarse ese proceso, la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, en el ámbito del caso Golpe de Estado I, generó un nuevo escenario de confrontación. La respuesta de la elite cruceña fue un nuevo cabildo en el que exigió al gobierno la aprobación, en 30 días, de una ley de amnistía y, como efecto, la liberación de “todos los presos políticos”. Caso contrario, se impulsaría activamente la revocatoria de Arce. Poco después un moderado Larach fue electo presidente del Comité pro Santa Cruz.
Por supuesto, pasados los 30 días del ultimátum no hubo amnistía para ningún preso. Y en mayo se abrió el período para las iniciativas de revocatoria de las autoridades y representantes electos en octubre de 2020. Como no podía dar marcha atrás en una decisión de cabildo, el Comité cruceño solicitó información sobre requisitos y procedimiento. Otros comités y organizaciones de la oposición advirtieron que se trata de un error. Saben que no hay condiciones para activar la revocatoria.
Así, con un proyecto en marcha que revisa la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano y un mandato de revocatoria del presidente Arce que está lejos de ser viable, la tercera operación, más bien discursiva, tiene que ver con el llamado “modelo cruceño”. Mientras unos lo celebran como modelo ejemplar, exitoso y moderno, otros lo descalifican como una invención dependiente de la subvención estatal y asentada en negocios “fassiles”. Aunque mal planteado y peor respondido, el debate está en mesa.