Opinión

Monday 24 Jun 2024 | Actualizado a 09:08 AM

Dilemas opositores

Por La Razón

/ 19 de mayo de 2024 / 00:12

Un reciente estudio de opinión pública realizado por el Celag en el país revela importantes percepciones respecto a la oposición política. Estos datos son significativos en medio de los dilemas de las dirigencias opositoras en torno a su reiterado discurso de unidad versus sus prácticas divisorias. Corre cuenta regresiva para las definiciones rumbo al próximo ciclo electoral.

 La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) incluye tres preguntas sobre el campo de la oposición. Las tres son críticas. La primera tiene que ver con la mentada unidad. ¿Podrá la oposición política unificarse para las elecciones generales 2025? Solo el 28% de las personas consultadas cree que habrá unidad. Hay, pues, un sentimiento mayoritario de escepticismo respecto a la posibilidad de que la oposición logre un candidato único o un frente amplio.

La segunda pregunta se refiere a la expectativa de los votantes opositores sobre el candidato o dirigente más capacitado para derrotar al MAS en las urnas. El 58% de los encuestados espera un candidato nuevo, reniega de las actuales opciones o no sabe. El apoyo a los candidatos en escena (Reyes Villa, Mesa, Cuéllar, Camacho, algún empresario) es muy bajo y estadísticamente irrelevante. No son buenas noticias para la oposición: la gente ve división y ausencia de un liderazgo ganador.

La tercera indagación de opinión pública del Celag es la más sensible. Casi dos tercios de las personas consultadas, nada menos, afirma que cuando la oposición pierde elecciones “no reconoce su derrota y está dispuesta a generar violencia”. Esta conducta antidemocrática de no reconocimiento del resultado electoral y falta de respeto a la institucionalidad, quizás se deba a que algunos candidatos opositores proclaman “fraude” cuando pierden elecciones. Y a veces lo hacen por anticipado, como en 2019.

Estas percepciones mayoritarias de la ciudadanía respecto al actual campo de la oposición son preocupantes. Más todavía en el actual contexto, degradado y contaminado por la división interna en el oficialismo. Y nos lleva a preguntar en qué condiciones llegará el país al próximo ciclo electoral: con un MAS-IPSP fracturado, muy lejos de ser nuevamente un partido dominante; y una oposición fragmentada, que reafirma su debilidad, su carencia de líderes y su falta de propuestas. El escenario es incierto.

Una democracia de calidad requiere partidos democráticos, líderes representativos y sólido pluralismo político, entre otras condiciones. Ello implica que tanto el oficialismo como las oposiciones deben consolidar sus estructuras partidarias, renovar liderazgos y, en especial, diseñar proyectos de futuro y plataformas programáticas. Nada de eso ocurre a poco más de un año de las elecciones 2025. Hoy la disputa política, entre la división, la polarización y la fragmentación, está concentrada en las minucias. Urge cambio de rumbo.

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Cumbre del TSE

Por La Razón

/ 23 de junio de 2024 / 00:02

La Sala Plena del TSE ha convocado a una reunión multipartidaria e interinstitucional para conversar sobre el próximo ciclo electoral. Se realizará en julio. Es una muy buena iniciativa, pues busca despejar el camino hacia las elecciones generales de 2025. Ojalá los actores políticos, así como las autoridades electorales y del Órgano Legislativo, estén a la altura.

En un contexto de crisis política, bloqueo institucional y alta incertidumbre, es una buena noticia que se generen espacios plurales de diálogo para analizar temas de preocupación colectiva. Uno de esos temas es precisamente el ciclo electoral 2025- 2026, que en rigor debería iniciarse ya este mes de agosto con la convocatoria a elecciones primarias para binomios presidenciales. El desorden en el campo político y las barreras decisorias en la Asamblea Legislativa Plurinacional complican el panorama.

¿Por qué es necesaria y relevante la “cumbre” convocada por el TSE? Porque, luego de mucho tiempo, los actores políticos saldrán de sus trincheras para compartir un espacio común. Es valioso en sí mismo que se reúnan los líderes o delegados de los 11 partidos políticos, las dos alianzas con representación nacional y los presidentes de las cámaras legislativas. Claro que no basta juntarse: hay que lograr acuerdos mínimos. El acuerdo esencial es que ningún hecho puede mover o malograr los comicios de 2025.

En el itinerario del próximo ciclo electoral, aparece en el corto plazo la realización de primarias. Por ello, la primera definición de la cumbre político-institucional tiene que ver con estas elecciones establecidas en la ley como requisito obligatorio para postular candidaturas al binomio presidencial. ¿Es posible realizarlas este año? Parece difícil, sobre todo porque están en agenda los ya postergados comicios judiciales. Tampoco hay condiciones para iniciar pronto la competencia electoral.

Pero no basta resolver el tema de las primarias. Como señaló el TSE, hay otras cuestiones fundamentales para la integridad de las elecciones generales de 2025. Se han mencionado tres: la redistribución de escaños y consecuente delimitación de circunscripciones conforme a los datos del Censo, la confiabilidad del padrón electoral biométrico y la impostergable necesidad de un sistema de resultados preliminares. Son temas complejos que requieren no solo capacidad técnica, sino también voluntad política.

Por todo ello, la reunión multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE puede ser un valioso momento de acuerdo que brinde certidumbre. Pero también podría ser un fallido espacio de desencuentro. Dependerá de los participantes. Se espera que los líderes políticos estén a la altura del desafío. Pero también deben estarlo los propios vocales, sin exabruptos. Y por supuesto es clave la convergencia de los presidentes de Diputados y del Senado. Ojalá prime el interés común y no los cálculos particulares.

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Receso legislativo

No está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado

Por La Razón

/ 20 de junio de 2024 / 07:01

A dos semanas de la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada y dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, lo que en ese momento parecía un momento de inflexión en la depauperada acción política se ha convertido en un nuevo tema de polémica, sin más efecto que el debate sobre su legitimidad y su legalidad, hoy cuestionadas.

Luego del jueves 6 de junio, hubo consenso en que el acto del senador Rodríguez serviría para sacar a las y los legisladores de su modorra, inevitable después de casi seis meses de inactividad, producida, en parte, por la mala fe de quienes habiendo postulado a sabiendas de que no cumplían todos los requisitos buscaron amparo en la justicia constitucional, hoy severamente cuestionada; y en parte por la inacción del presidente nato de la ALP.

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Si luego de la sesión del 6 de junio quedaba alguna duda sobre las acusaciones contra el Vicepresidente del Estado y su reprochable actitud, la tibia respuesta de los días siguientes, acusando a “la troika” de querer dañar al Gobierno (que se daña a sí mismo con su falta de iniciativa y transparencia) o dejando “en manos” del Tribunal Constitucional las decisiones del órgano a su cargo, sirvieron como evidencia de que la parálisis de la Asamblea es de interés del oficialismo gubernamental.

Luego, cuando parecía que el segundo mandatario del país retomaría el rol que la Constitución Política le asigna, a través de la convocatoria a la octava sesión del pleno (la convocatoria decía “séptima”, igual que la del 6 de junio, pero la presión política logró que ese dato se cambiase), se supo que la agenda propuesta incluía, además de la revisión de las observaciones presidenciales a algunas de las leyes aprobadas a inicios de mes (lo cual puede interpretarse como indicio de que sí se reconoce la legalidad de la cuestionada sesión), la decisión de fijar un receso parlamentario desde el domingo 7 de julio, lo cual, previsiblemente, inspiró nuevas críticas a la autoridad electa.

Hoy, la ALP sigue empantanada y sin indicios del camino que vaya a tomar en lo inmediato. La ALP está aquejada de las divisiones internas en el MAS, reflejadas en la creciente animadversión del presidente del Senado por el Vicepresidente del Estado; de la falta de liderazgo y coordinación, que se reclama desde hace ya muchos meses; de una incapacidad de resolver su mandato constitucional de dar paso a la elección de autoridades del Judicial, peligrosa para las y los legisladores, pero sobre todo para la democracia; y de la incapacidad de prácticamente todos sus miembros para hacer política y resolver las necesidades del país y no solo los apetitos de sus respectivos líderes.

En semejante panorama, no está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado; y, en ese contexto, la pregunta es ¿a quién le conviene más esta parálisis?

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Las dos ‘troikas’

Por La Razón

/ 16 de junio de 2024 / 00:03

Lejos de alentar acuerdos mínimos y soluciones de compromiso, la polémica sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sancionó normas clave para el país, derivó en mayor distancia entre el gobierno de Arce y las tres bancadas de oposición. Ello traba el debate político plural y genera mayor incertidumbre. En lugar de diálogo, hay descalificaciones.

Sin asumir una pizca de su responsabilidad en la crisis institucional que afronta la ALP, casi paralizada y con escasa capacidad decisoria, el vicepresidente David Choquehuanca salió al ataque. Acusó a Camacho, Mesa y Morales de “capos de la troika extremista”, que se habrían aliado para un “intento de golpe”. Nada menos. “Atacan, amenazan, asaltan”, les dijo. Y atribuyó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la capitanía del operativo, al haber convocado a la sesión de la Asamblea.

Previamente, Choquehuanca derivó al Tribunal Constitucional Plurinacional la decisión sobre la validez de las normas aprobadas por el pleno, entre ellas la ley que dispone la cesación de los magistrados autoprorrogados. Consulta también sobre la competencia de Rodríguez. Era previsible. En lugar de enviar las leyes al Ejecutivo para su promulgación, el Vicepresidente las manda al TCP para su bloqueo. Es la forma del arcismo para evitar cualquier decisión de la Asamblea que no convenga a sus intereses.

Las respuestas a Choquehuanca fueron inmediatas. Lo acusaron de una “inédita e indignante sumisión política”, refiriéndose a su consulta al TCP. “Es como preguntarle al ladrón si se reconoce como ladrón”, dijo una senadora calificando de vergonzante la carta del Vicepresidente. Y se retrucó la idea de troika: “La única alianza existente en el tema judicial es la que se ha evidenciado entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados”, señaló el opositor Carlos Mesa, de CC. “Un acuerdo espurio”, precisó.

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En medio de tales acusaciones de ida y vuelta, estamos nuevamente en fojas cero. La ley para cesar a los autoprorrogados será rechazada por los propios autoprorrogados, diciendo que ya la declararon inconstitucional; las elecciones continúan paralizadas y sin horizonte cierto, con operadores políticos que apuestan por su fracaso; y el Órgano Legislativo sigue en situación de atrofia decisoria y fiscalizadora, aunque se logran aprobar algunas normas, bajo presión, como ocurrió recién en Diputados.

Más allá de cómo se resuelva (o se entrampe) la cuestión judicial, estamos en un preocupante escenario de crisis político-institucional, a lo que se añade una situación de conflicto de poderes. Eso es crítico no solo para el Estado de derecho y la convivencia en democracia, sino también para afrontar la delicada situación económica y el riesgo de conflictividad social. Ojalá todos los actores relevantes logren acuerdos mínimos para transitar la crisis en vez de agitar bloqueos de todo tipo para atizarla.

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Educación

No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito

Por La Razón

/ 13 de junio de 2024 / 06:40

Días antes de que la tensión política volviese a escalar con la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se aprobaron leyes que probablemente no serán promulgadas, el Presidente del Estado anunció la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación. Se trata de un mandato del cabildo de meses atrás en El Alto, pero también de una urgencia nacional.

A primera vista, la idea es excelente. A más de 13 años de promulgada la Ley 70, de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, es evidente que, con todo y los avances que especialistas le reconocen a la norma, la educación pública en Bolivia no parece haber mejorado mucho, aunque sí hay evidencia de mucha ideologización de los contenidos (y es bien sabido que ideología está en las antípodas de sabiduría).

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Las y los maestros de secundaria se horrorizan ante la falta de competencias básicas de niñas y niños que han cursado los seis años de primaria; y las y los docentes universitarios descubren que las y los flamantes bachilleres, en una proporción alarmantemente alta, son incapaces de comprender textos básicos, y ni hablar de escribir textos completos, coherentes y libres de errores ortográficos y gramaticales.

Ése es el contexto en el que el primer mandatario pretende realizar el Congreso Educativo con el objetivo de combatir los problemas a los que se enfrentan los educadores al momento de enseñar; al igual que los principales desafíos de los alumnos al momento de aprender. Sin embargo, todavía no se conoce de una convocatoria oficial y menos de la agenda a tratar.

En su anuncio, el Presidente habló de reajustar la Ley Educativa y la malla curricular del subsistema educativo, diseñar el perfil de bachiller que necesita el país y abordar los peligros y amenazas en materia educativa que representan las redes sociales, entre otros propósitos para el encuentro nacional. El mandatario cree que será posible diseñar una “política educativa” para profundizar “la educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica; también la productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora, despatriarcalizadora en todo nuestro sistema educativo”.

Urge hacerlo, sobre todo considerando que la muy extensa lista de adjetivos empleados por el presidente Arce está lejos de materializarse en los contenidos, en las actitudes y comportamientos de la mayor parte de las y los educadores y, por supuesto, en los resultados que demuestran las y los educandos en el aula y fuera de ella.

Es bien sabido que la educación es la primera y más importante tarea del Estado, y que cualquier política pública al respecto debe pensarse y ejecutarse mirando el mediano y el largo plazos, al margen de los apetitos políticos del momento. No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito. Sin embargo, seguir postergándola solo abonará al rezago que muestra la sociedad boliviana en estos ámbitos.

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Sensación de crisis

La sensación de crisis, en este caso de naturaleza múltiple, no necesariamente equivale a la situación de crisis.

Por La Razón

/ 9 de junio de 2024 / 00:02

Desde principios del año pasado, afrontamos en el país un escenario de crisis políticoinstitucional, agitado en especial por la disputa interna en el MAS-IPSP. A ello se añade la percepción creciente de que se aproxima una crisis económica. Y una reciente encuesta nacional muestra la opinión mayoritaria de riesgo de crisis social. Hay, pues, sensación de crisis.

La crisis en el campo político y en las instituciones es innegable. La ruidosa división de la fuerza política que gobernó Bolivia durante las últimas dos décadas, la persistente polarización y la debilidad con fragmentación del bloque opositor configuran un escenario de bloqueo institucional y de alta desconfianza. Ello se expresa en la clausura de espacios de diálogo plural y, peor aún, de construcción de acuerdos. Por si fuera poco, ahora estamos en las puertas de un conflicto de poderes.

En cuanto a la economía, a reserva del debate sobre las causas, las condiciones y la profundidad de los evidentes desequilibrios, se va instalando en la ciudadanía la percepción de que estamos avanzando hacia una crisis económica o ya estamos en ella. La escasez de dólares, las dificultades para la subvención de combustibles y el alza de precios, entre otros factores, impactan en la economía de las familias. Y ello se manifiesta en sus expectativas. No son buenos tiempos para el modelo económico.

Si bien, desde el fallido paro de 36 días en Santa Cruz por la fecha del Censo, no existe gran conflictividad social en el país, hay quienes temen que la incertidumbre y el creciente fastidio ciudadano, atizados por la política y, en especial, por el día a día de la economía, pueden conducir a situaciones de crisis social. Un reciente estudio de opinión pública muestra que el 55% de las personas consultadas cree que “estamos ingresando a una grave crisis social”. Es una alerta delicada.

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La sensación de crisis, en este caso de naturaleza múltiple, no necesariamente equivale a la situación de crisis. Pero no es menor el hecho de que una parte significativa de la población perciba un presente crítico con futuro incierto, asentado en la confluencia de variables político-institucionales, económicas y sociales. Por ello, el buen gobierno y la eficaz acción política deben asumir como necesidad la gestión oportuna y cierta de los sentires ciudadanos. Las percepciones y las expectativas cuentan.

Ahora bien, ¿qué hacer para que la creciente sensación de crisis no derive en una coyuntura crítica, dadas no solo las percepciones, sino innegables señales de realidad, en especial en la economía? ¿Es posible, todavía, evitar un escenario de crisis de gobernabilidad, con resultado también incierto considerando la fragilidad del sistema político y de las instituciones? Siempre cabe la posibilidad, y la esperanza, de que las cosas mejoren y se reencaminen como país. El gobierno de Luis Arce tiene la palabra.  

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