Editorial

Decisiones acertadas

Hay que aprovechar esta iniciativa para fortalecer las instituciones judiciales y de protección de los DDHH.

La Razón (Edición Impresa)

00:53 / 14 de diciembre de 2019

El Gobierno acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la instalación de un grupo de expertos para que contribuyan a la investigación de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia entre septiembre y noviembre de este año. Se trata de una medida adecuada, que refuerza el compromiso del país con los mecanismos de protección de derechos humanos. 

El informe preliminar de la CIDH publicado recientemente sobre los graves hechos de violencia que sucedieron posteriormente a la jornada electoral del 20 de octubre aportó un panorama preocupante sobre su dimensión y acerca de la vulneración de derechos humanos que afectó a una gran cantidad de personas. Hay responsabilidades en todos los sectores involucrados que deberán dilucidarse paulatinamente en estricto apego a la ley y con respeto del debido proceso. Adicionalmente todos tenemos que encarar un enorme esfuerzo colectivo de reconocimiento y de respeto mutuo para sanar las heridas sociales que estos hechos nos han dejado.

Existen legítimas discrepancias entre los actores políticos y sociales, incluyendo a funcionarios gubernamentales, sobre la solidez y exactitud de las primeras evaluaciones que hizo públicas la CIDH. Considerando estos antecedentes, hay que resaltar la decisión del Gobierno de invitar a la Corte Interamericana para que observe in situ la situación general de los derechos humanos en el país; mecanismo que había sido solicitado únicamente en 1997 y en 2006.

Igual de relevante es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CIDH para conformar un grupo independiente de expertos internacionales (GIEI) que apoye las investigaciones sobre los sucesos de violencia ocurridos antes y después de las elecciones anuladas. Hay que recordar que esa era una de las principales recomendaciones del reporte preliminar de la entidad interamericana presentado días atrás.

Ambas decisiones, que se enmarcan en los mecanismos contemplados en el sistema universal de protección de derechos humanos, son positivas y pueden aportar a que la sociedad boliviana cuente con un balance equilibrado sobre lo que pasó en esos aciagos días. Lo cual a su vez contribuiría a clarificar las responsabilidades en el marco del debido proceso; junto con un imprescindible acompañamiento, alivio y compensación a los afectados.

Será también deseable que todos facilitemos el trabajo de estas instancias, las cuales están justamente diseñadas para contribuir a esclarecer hechos violentos y complejos en contextos de mucha polarización. Además, constituye una oportunidad para que las instituciones judiciales y de protección de los derechos humanos se fortalezcan; para que esos espacios aporten al diálogo y a la reconstrucción de la confianza; y, si fuera necesario, la reconciliación entre los que piensan diferente. Hay que aprovechar esta iniciativa y valorar la apertura del Gobierno para avanzar en este sentido.

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