Editorial

Tarifas portuarias

Es difícil predecir el resultado de este nuevo impasse con la empresa que administra el puerto de Arica.

La Razón (Edición Impresa)

23:29 / 01 de agosto de 2019

Un nuevo conflicto ha surgido no solo entre Chile y Bolivia, sino también entre la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y los empresarios bolivianos que importan bienes a través del puerto de Arica: la compañía encargada de gestionar la terminal portuaria de esa ciudad anunció que desde el lunes 5 de agosto aplicará nuevas tarifas por las tareas de carguío.

La decisión de la Empresa Portuaria de Arica (EPA), un operador privado que administra el puerto de esa ciudad chilena, ha causado malestar entre las autoridades de la ASP-B, quienes ante una conminatoria a reunirse estos días a fin de que la parte boliviana solicite descuentos en las tarifas establecidas en un nuevo “Manual de Servicios”, han anunciado que dejan en manos de la Cancillería la negociación con sus pares en Santiago.

El Gerente de la ASP-B anunció el miércoles que el Ministro de Relaciones Exteriores boliviano “manifestó la decisión de, como Estado, solicitar información pormenorizada a través de la Cancillería boliviana a la Cancillería chilena”. Y agregó que entre la institución a su cargo y la EPA no se llegó a ningún acuerdo previo, lo que significa que se está aplicando una decisión arbitraria que afectará al comercio exterior boliviano. La empresa chilena anunció el lunes que el incremento es del 246%.

Ya a fines de junio, la autoridad señaló que Bolivia no aceptaba el intento de incremento de las tarifas y que en 2016, la empresa chilena había pretendido imponer un aumento unilateral del 10,72% como fruto de negociaciones realizadas entre 2013 y 2014, las cuales, afirmó, nunca se tradujeron en un acuerdo o consenso. La empresa chilena, entonces, anunció que pretendía obtener un pago retroactivo de $us 2,4 millones, fruto de la deuda acumulada por ese ajuste.

Los empresarios agrupados en la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) han manifestado su descontento, y pretenden que sea el Estado el que absorba la diferencia entre las actuales tarifas y las que podrían cobrarse desde el lunes. Su argumento es que la ASP-B ya les cobra una tarifa adicional a la que pagan a la administradora de la terminal portuaria. La respuesta de la ASP-B fue pedir a los empresarios no especular con el tema. En los hechos, el incremento de tarifas solo afectará a los importadores.

Se trata, pues, de una negociación bajo presión que pretende imponer el operador privado del puerto de Arica a Bolivia, y que ahora está en manos de la diplomacia de ambos países. Para la parte boliviana, hay una evidente relación entre esta decisión unilateral y la firma de convenios entre Bolivia y Perú para mover carga por este otro país.

Es difícil, por ahora, predecir el resultado de este nuevo impasse, que seguramente enrarecerá todavía más el ambiente de las negociaciones entre ambos Estados, así como el precio de los bienes importados por el país.

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