El país sufre un acecho casi extremo de conflictos sociales que esta semana se ensañaron con los vecinos de La Paz, Sucre, Cochabamba y Potosí. En la sede de gobierno, el estruendo de las movilizaciones y el vandalismo estudiantil se han hecho moneda común estos días.
Ni bien los paceños salían de un abusivo paro de 40 horas (en realidad, el tiempo aproximado) de los choferes que se expresaron así contra la Ley Municipal de Transporte, la Central Obrera Boliviana (COB) propició tres días de paros y manifestaciones, y con ella centenares de universitarios furibundos que, al menos el miércoles y el jueves, atacaron con piedras, basura y pintura a los agentes de la Policía Boliviana que infructuosamente intentaron disuadir las protestas al mando de su comandante Alberto Aracena.
Lo que terminó el viernes, con la amenaza de que continúe esta semana que comienza, es sólo parte de los conflictos sociales que soporta el gobierno de Evo Morales y vecinos de las ciudades sitiadas. Quizás más la administración gubernamental…
Sobre esos padecimientos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que la crisis social no afecta la gobernabilidad en el país ni pone en cuestión al Estado. Al contrario, dice que son demandas sectoriales que, si bien incomodan al Gobierno y perjudican la ejecución de algunos planes de gestión, no tienen mayor efecto. Otros analistas consultados en esta edición, presumen de que si continúa la ola de protestas, las consecuencias serán difíciles para las autoridades nacionales y regionales.
Lo cierto es que Morales y su gobierno se sostienen con un respaldo político y social que hace indemne su gobernabilidad. Claro, el efecto es de imagen; muchos ciudadanos creen que el Presidente del Estado y su gabinete son incapaces de resolver el problema, que en el caso de los médicos suma hoy al menos 47 días.
Ojalá que esta semana sea pacífica, para bien de todos.
El editor