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¿Hay autonomías departamentales?

Estado de los estatutos autonómicos

/ 13 de mayo de 2012 / 04:01

Juan Carlos Urenda

La Constitución Política del Estado (CPE) vigente vino a coartar la posibilidad de desarrollar una autonomía de verdad, ya que asigna 83 competencias al nivel central, más que ninguna otra en el mundo, y no establece tareas de importancia a los gobiernos departamentales. Por ejemplo, éstos no tienen competencias en materia de hidrocarburos, minería, policía, agricultura, ganadería y las de educación y salud son absolutamente marginales. En suma, no hay posibilidad material de hacer autonomía de verdad, por lo que urge generar una corriente de opinión tendiente a reformarla parcialmente.

Luego vinieron las leyes centralizadoras. La primera es la engañosamente denominada Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez, ya que en realidad lo que hace es desarrollar 20 competencias centralizadas por la Carta Magna, y norma el encarcelamiento de las autoridades democráticamente elegidas con imputaciones de fiscales que nadie ha elegido.

La segunda fue la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que, aparte de promover un colonialismo interno etnicista, de un plumazo eliminó los servicios departamentales de educación, más conocidos como Seduca, y los transfirió a las direcciones departamentales que son oficinas del Ministerio de Educación. Los Seduca, que hace algunos años inclusive otorgaban títulos de bachiller, han sido borrados del mapa y los títulos que emitieron no valen nada. Además, se centraliza el diseño del currículo, escalafón docente y la política salarial. En suma, dicha ley propugna una educación antineoliberal, centralista, etnicista, autoritaria y niega la realidad autonómica de la Bolivia contemporánea.  

Luego vino la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, que, en vez de desarrollar la facultad que le da la Constitución a los gobiernos departamentales y municipales de crear impuestos, puso un candado a ese derecho y restringió a los departamentales a crear impuestos sólo para los “vehículos a motor para navegación” y a los municipales para la “chicha de maíz”, y a ambos les concedió la gracia adicional de poder crear un impuesto ininteligible relativo al “medio ambiente”. Como para reír ya.

Posteriormente, se dictó la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, que obliga a los gobiernos departamentales y municipales a solicitar la aprobación del Ministerio de Economía para modificar sus propios presupuestos.

Pero ya el colmo de la impostura es la existencia del Ministerio de Autonomías, que hasta la fecha no ha autonomizado nada y desconoce olímpicamente todo este proceso llevado a cabo en los cuatro departamentos autónomos y sus referéndums respectivos. El dato objetivo es que no ha transferido en los hechos ni una sola competencia y ni un solo peso boliviano en favor de estos gobiernos.

Finalmente, el Presupuesto General del Estado de 2012 establece la siguiente distribución de los recursos públicos: Gobierno central, 84,5%; municipios, 8,1%; gobiernos departamentales, 5,0%; y universidades, 2,2%. Los comentarios sobran.

Adecuación de estatutos, una ecuación imposible: la adecuación de los estatutos de autonomía de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija a la Carta Magna centralista constituye una ecuación imposible desde la perspectiva del respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas.

Veamos los datos históricos de esa manifestación soberana. Mediante referéndum nacional vinculante departamentalmente efectuado el 2 de julio de 2006, los mencionados departamentos votaron en favor de una autonomía plena en un promedio del 65% de votos.

Posteriormente, ante la insólita negativa de la Asamblea Constituyente de obedecer el mandato de   dicho referéndum (lo que constituía    el único mandato vinculante a la Asamblea Constituyente de derecho interno), los mismos departamentos aprobaron sus estatutos mediante referendos departamentales llevados a cabo entre mayo y junio de 2008 y administrados por sus respectivas cortes departamentales electorales, en un promedio del 81% del voto soberano. Esos referendos se basaron fundamentalmente en el artículo 4 de la Constitución anterior (ratificado por la vigente), que establece que el pueblo delibera y gobierna a través del referéndum, entre otros, y tuvieron una ingeniería legal tan sólida que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con todo su poderío y ningún poder del Estado, no pudo evitarlos no obstante su empeño, y tampoco ningún tribunal los declaró nulos.

Luego, mediante el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008, los cuatro departamentos aprobaron “las políticas, acciones y gestión del prefecto” en un promedio del 61% de votos, lo que constituyó una aprobación indirecta a los estatutos que habían sido promulgados por los prefectos respectivos dos y tres meses antes. 

Después vino lo impensable: la Carta Magna aprobada el 7 de febrero de 2009 no reconoció ninguno de los referendos mencionados ni la mayoría de las competencias aprobadas por ellos, y estableció un régimen autónomo centralista, inédito en el mundo. La CPE resultó rechazada en los cuatro departamentos con un promedio del 62% de votos en el Referéndum Constitucional llevado a cabo el 25 de enero de 2009.

Un estudio efectuado por este escribidor y publicado en varias modalidades y medios arroja el resultado de que el “adecuar” los estatutos a    la Constitución significaría recortar  ese 60% y 70% de las competencias aprobadas por voto popular.

Entonces, la ecuación planteada fundamentalmente por el Gobierno nacional en porcentajes promedio  en los cuatro departamentos autónomos es la siguiente: recortar el 60% y 70% de las competencias de los estatutos aprobados por el 81% de la población, para obedecer a una Carta Magna rechazada por el 61% de los ciudadanos de dichos departamentos ¿No es acaso esa una fórmula imposible en términos de manifestación soberana?

El camino de la reconducción del proceso autonómico es plantear al  país una reforma parcial de la Carta Magna en lo que respecta a la distribución de competencias, si es que aspiramos a que el régimen autonómico funcione para todos los departamentos. Una propuesta de esa naturaleza publicada por mi persona puede usted encontrar en el link: http://eju.tv/2010/07/proyecto-de-reforma-constitucional-elaborado-por-juan-carlos-urenda/.

Cartas sin aval constitucional

Reymi Ferreira

El 4 de mayo se cumplieron cuatro años de la aprobación, vía referéndum de alcance departamental, de los estatutos autonómicos de Santa Cruz, los mismos que fueron aprobados con porcentajes superiores al 80% de los votantes. Pese al cuestionamiento del Gobierno al proceso de votación, aquél se realizó y dio como resultado un estatuto que, sin embargo, no entró en vigencia plena hasta ahora. En la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 y, posteriormente, en la Ley Marco de Autonomías, el Gobierno, y por ende el Estado, ha reconocido indirectamente dichos estatutos al mencionar, por ejemplo, que los departamentos con estatutos aprobados deben someterse al control constitucional; además se ha utilizado los parámetros de éstos para la elección de gobernadores y asambleístas.

En la disposición transitoria tercera de la CPE de 2009 se establece que los departamentos que optaron por la autonomía en el referéndum de 2006 deben adecuar sus estatutos a la Constitución y someterlos a un control a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de garantizar que sus contenidos sean concordantes con los preceptos de la CPE. En el caso de Santa Cruz, es la Asamblea Legislativa la que debe realizar esta adecuación con la aprobación de las modificaciones por el voto de dos tercios. 

La elección de asambleístas dejó como resultado una Asamblea Legislativa de Santa Cruz con fuerzas políticas casi equivalentes, en la que la bancada indígena originaria, compuesta de cinco miembros, rompía levemente el equilibrio entre las fuerzas que accedieron a la instancia legislativa departamental. La visión política encontrada de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a los del bloque regional, que encabeza el gobernador Rubén Costas, han impedido puntos de encuentro que permitan asumir la adecuación de los estatutos, que no pueden aplicarse porque gran parte de sus disposiciones se encuentran en contraposición a lo establecido por la CPE. En primera instancia, la ausencia del Tribunal Constitucional fue un óbice para el trabajo de compatibilización, y posteriormente lo fue la polarización de fuerzas en la Asamblea Legislativa.

Pero si ya de por sí el contexto político e institucional es complicado para encaminar la readecuación de los estatutos autonómicos de Santa Cruz, el contenido de los mismos hace más difícil el trabajo. En los hechos, los estatutos aprobados en mayo de 2008 plan-tean un régimen federal, no autonómico, y no condicen con el mandato del referéndum de julio de 2006 que aprobó un régimen autonómico. Los excesos cometidos por los autodesignados “legisladores” aglutinados en la denominada “Junta Preautonómica” llevaron a redactar un texto que sobrepasa de lejos los marcos de una autonomía departamental o regional y más bien plasman un nivel subnacional de tipo federal. Sabemos que la diferencia entre la descentralización política (autonomía) y el federalismo radica en que en el primer caso se descentraliza sólo el Órgano Ejecutivo, mientras que en el segundo se alcanza también a los órganos legislativo y judicial. Pues bien, en los estatutos cruceños se constituyeron órganos judiciales departamentales, asambleas legislativas con atribuciones para normar el ámbito civil, comercial, administrativo y en algunos casos hasta penal, se dotaba a los órganos ejecutivos facultades  en materia de relaciones internacionales, administración, manejo y concesión de tierras, recursos naturales y competencias en materias de seguridad ciudadana.

La CPE aprobada por referéndum nacional en 2009, en su artículo 297, establece cuatro tipos  de competencias: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Ésta centraliza las competencias relacionadas con los recursos naturales, la tierra, la política económica y asume como rol del Estado los servicios sociales, como educación, salud, cultura y medio ambiente, aunque admite, (sin precisar) alguna posibilidad de compartir responsabilidades con otros niveles subnacionales. Adicionalmente, se debe señalar que la oposición del MAS a las autonomías departamentales no era sostenible; pues debido a la voluntad popular, éstas fueron aprobadas mediante voto en julio de 2006, por lo que definió la creación de otro tipo de autonomía: la indígena, como elemento y factor de contrapeso que, en los hechos, tiene en el texto constitucional competencias claramente definidas y mayores que la de los gobiernos departamentales.

Del cotejo del estatuto autonómico, la CPE y la Ley Marco de Autonomías queda claro que el número de competencias definidas constitucionalmente para los gobiernos departamentales no alcanzan al 30% de las asumidas en el Estatuto Autonómico de 2008. La CPE y la Ley Marco de las Autonomías, en algunos aspectos, restringen los avances logrados en materia de descentralización autonómica, como, por ejemplo, en el área educativa, que ha sido definida como una atribución del Gobierno central, aunque susceptible, en algunos casos, de ser compartida por otros niveles regionales y locales de la administración.

Es indudable que se ha avanzado en el proceso autonómico al consagrar en el artículo primero de la Constitución el carácter “autonómico” del Estado boliviano y garantizarse la elección de gobernadores y cuerpos legislativos, pero no es menos cierto que en materia de competencias como las de educación, salud, seguridad, administración de recursos naturales y tierras, ha existido un retroceso en desmedro del órgano departamental.

En síntesis, a cuatro años de la aprobación de los estatutos autonómicos, éstos no han sido implementados y, lo que es más grave, no existe un esfuerzo real para adecuarlos al nuevo texto constitucional, que nos guste o no, habla de autonomías departamentales y no de federalismo, que es en realidad el carácter que asumen.

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‘Fraude o Golpe’, una trampa a superar

Hoy se cumplen 39 años del retorno a la democracia. Para evaluarla, hay que poner en su justo lugar el trauma de 2019.

De cómo los actuales actores políticos ubiquen y resuelvan el trauma de 2019 dependerá la calidad de la futura democracia

Por Iván Bustillos

/ 10 de octubre de 2021 / 19:31

El punto sobre la i

Justo hoy, 10 de octubre, se cumplen 39 años desde que Bolivia retornó a la democracia, en octubre de 1982. Poco más de una generación en la que seguro que en más de una ocasión estuvo a punto de interrumpirse la vigencia del orden democrático… Claro, aquí empieza el problema, cuando se recuerda lo ocurrido en octubre- noviembre de 2019: ¿Hubo fraude o golpe? acaso sea una disyuntiva que acompañe por generaciones a los bolivianos y que siempre tienda a dividirlos en esos dos bandos: que fue fraude y no golpe; que no fue fraude y sí golpe. Hay quien piensa que si los bolivianos no salimos de este debate, se verá gravemente afectada nuestra convivencia democrática, el desarrollo mismo de la democracia. Pero hay quien piensa que no, que el “dilema” fraude o golpe no debería entorpecer ni la convivencia democrática ni su desarrollo institucional.

Nuestros analistas invitados, el politólogo Marcelo Silva y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden precisamente en la necesidad de ubicar el fraude o golpe en su justa medida y lugar y no dejar que ello nuble la mirada sobre lo que ha llegado a ser la democracia boliviana en estas casi cuatro décadas, y lo que aún podría, tendría y hasta debería ser.

INCOMPLETA. Lo del fraude o golpe, señala Silva, “es un tema que desgraciadamente desubica la discusión central sobre la democracia”, desvía la atención acerca del hecho, por ejemplo, de que “la democracia entendida solo como una forma de participación política hoy queda absolutamente incompleta”.

La democracia implica otros parámetros, sociales, culturales y económicos, afirma. Reducirla a la pura pelea por el poder no deja ver que ésta tiene muchos más problemas: las desigualdades y sometimientos culturales (el intento de imponer un monoculturalismo), la persistencia de la discriminación de raza, género y por religión, entre otras; ni hablar de la desigualdad económica como una de las mayores trabas a la democracia.

Por eso, dice Silva, “lo que hay que hacer es ampliar la noción de democracia, saliendo del ámbito político”.

Más aún, destacan ambos estudiosos, si hay algo de lo que los bolivianos debieran sentirse orgullosos es de su “modelo democrático”, la democracia intercultural.

“La Constitución de 2009 tiene como dato más destacable el reconocimiento de tres formas de democracia: la representativa, la directa o participativa y la comunitaria; eso que en la ley del régimen electoral se define como la democracia intercultural, y que es el rasgo peculiar del modelo democrático boliviano”, cuyo desarrollo se explica solamente por la fuerte y consistente presencia en el quehacer político de actores populares, sobre todo campesinos e indígenas, destaca el sociólogo Mayorga.

“El modelo de democracia intercultural consiste en fomentar la democracia representativa, fortalecer la democracia participativa e impulsar la democracia comunitaria; son esos tres modelos que sostienen la democracia intercultural”, afirma, por su lado, el politólogo Silva.

COYUNTURAL. El del fraude o golpe, en últimas, es un tema coyuntural, prosigue Silva, el cual no debiera ser resuelto si no en la justicia. “El tema es que una de las condiciones fundamentales para fortalecer la democracia es establecer una reforma muy seria al sistema de justicia. Y la discusión de golpe o fraude deber ser dilucidada en el ámbito de la justicia, pero una justicia que tenga legitimidad y confiabilidad.

La discusión o fraude o golpe siempre se quedará en un discurso político utilitario “en tanto y en cuanto la justicia no determine el hecho con pruebas fácticas y una correlación de los hechos de qué es lo que realmente pasó”, asevera el politólogo.

Ahora, concluye Silva, hay que preguntarse si el dilema fraude o golpe en verdad es parte de la preocupación cotidiana de la ciudadanía. “La ciudadanía está en otra cosa, tiene otras prioridades que la clase política, es un efecto burbuja; la clase política cree que su agenda es la agenda de la sociedad, y no es así; la agenda de la sociedad en este momento está difiriendo grandemente de la agenda política; está pensando en la reactivación económica, en educación y salud; esos son los temas fundamentales”.

Para el sociólogo cochabambino Mayorga, definitivamente la tal disyuntiva o fue fraude o fue golpe, en realidad, no es un dilema, como se lo quiere hacer ver. “No es un dilema, porque no hay relación entre los dos, excepto en el discurso de los actores políticos, que los hacen aparecer como si fueran una antinomia, es decir, una cosa o la otra, cuando esto, por lógica, no tiene relación”.

Pudo o no haber habido fraude, apunta, “pero hay que separar, dejar a un lado ese tema para preguntarse si hubo o no hubo golpe”.

El problema es, continúa Mayorga, que así “mal planteado” el tema, impide emprender una reflexión a fondo de nuestra democracia. “La democracia es evaluada a partir de una postura que se asume respecto a una u otra explicación (o fraude o golpe) y ahí lo que se hace es no tocar el tema”.

En la reflexión del estado y perspectiva de la democracia boliviana, además de valorar el gran avance que significa la democracia intercultural, Mayorga prefiere la historia.

RETROCESO. “El último año hubo una ruptura del orden constitucional, y eso implicó un retroceso en los avances que había en términos democráticos, pero ese retroceso duró un año y fue la propia acción colectiva, la fortaleza de los sectores populares de la sociedad, que permitió que se recupere la democracia, que el proceso político se encauce hacia una solución electoral de la crisis en que entró el país desde octubre de 2019. Esto está demostrando la convicción democrática de los sectores populares, que, desde la década de los 40 con los mineros, desde los 80 con los campesinos e indígenas, claramente muestra su convicción, su apego a la democracia y su apuesta por la vía electoral”, propone Mayorga para comprender el valor de la democracia.

La historia la hacen los pueblos y las grandes construcciones sociales, como la democracia, son fruto de su mayor o menor intervención. Por esto, Mayorga dice: “La presencia de mineros, de campesinos e indígenas, lo que ha provocado ha sido una ampliación de la democracia, porque han ingresado a la lucha política mediante las reglas de la democracia representativa inicialmente, sectores que han estado excluidos”.

Esta presencia popular y no otra cosa, guste o no, es lo que explica la presencia y vigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), con todos sus pros y contras, provoca Mayorga: “Esa presencia se ha traducido en estas cuatro victorias sucesivas del MAS, y la instauración de un nuevo modelo estatal con la Constitución de 2009”.

DEBILIDAD. El problema es, continúa Mayorga, que este impulso democrático popular todavía “convive con una debilidad institucional del sistema de partidos, que sigue siendo la tarea pendiente, porque, excepto el MAS, que es el único con presencia nacional, aunque es una entidad muy peculiar porque está implicada por estas organizaciones populares, las otras organizaciones son débiles, efímeras, inestables, y mientras no se consoliden otras fuerzas políticas, vamos a seguir en esta debilidad del sistema de partidos como espacio donde se produzca la disputa programática”.

“Después de 30 años, uno puede decir que la democracia se ha ampliado con esta presencia popular, la democracia es más representativa, pero no hay un punto de equilibrio con la dimensión institucional de la representación política”, resalta el sociólogo.

¿Optimismo por el futuro de la democracia, pese a las actuales amenazas? Claro que sí, asegura Mayorga. “Después de la ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado que además venía con mucha fuerza en términos de restauración de un proyecto oligárquico, de una política económica neoliberal, porque fue una derrota política muy fuerte la del MAS (en 2019), y, sin embargo, en menos de un año, no por acción del MAS como partido, sino por acción de esta red de organizaciones populares, articuladas en torno al Pacto de Unidad, se logra restituir la democracia a través de la vía electoral, y además con unos resultados contundentes para disipar esa situación de crisis política que durante un año vivió el país. Esa es la fuerza de la interpelación democrática y la convicción de estos sectores populares de la sociedad para seguir profundizando la democracia”, concluye Mayorga su evaluación.

 Hacia el (buen) juego de mayorías y minorías

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, su fortaleza, es el adecuado, considerado, juego entre mayorías y minorías, y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron en señalar los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo), en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta del miércoles 6 de octubre.

La directora de LA RAZÓN y conductora del programa, Claudia Benavente, planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las reglas de juego y de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “La primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías es aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se asume este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

Inmediata y naturalmente surge la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría en relación con la minoría (porque no es lo mismo 51 a 49, que 65 a 35, o 40 a 30, 20 y 10), así como la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema en todo caso es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Tan importante es reconocer el principio de “la mayoría manda” que solo sobre esto se construye, “cuantitativa y cualitativamente, el sistema democrático”, en el que las minorías están efectivamente representadas, y hasta puede ser decisiva su opinión en determinados temas.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia, en lo concreto, no sea tanto la independencia de poderes, sino precisamente cómo es la relación entre mayorías y minorías. “El verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que cumple la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la “veto-cracia”, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso, gracias a la labor dirigida, de campaña encubierta, de medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad que llegan a tener las mayorías y las minorías. En el país, este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación para ciertos sectores que se da.

No hay que olvidar que para la distribución de escaños de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, en el país, además del factor poblacional, se aplica el criterio de equidad, de que a costa de la subrepresentación en los departamentos del eje (un diputado por 120.000 votos) haya sobrerrepresentación en Pando y Beni (un diputado con 50.000 votos), por ejemplo.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta a las redes sociales.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El pensamiento económico del Che

Los principios de gestión económica impulsados por el Che; la posibilidad de su proyección hoy. Para el debate.

/ 10 de octubre de 2021 / 19:19

DIBUJO LIBRE

El Comandante, como cuadro político y económico, desarrolló pensamiento, propuesta, programa, teoría en el proceso de transición al socialismo. Es en esa magnitud que debe leerse la personalidad potente de un revolucionario que a la par de la acción genera rutas alternativas en la política económica.

Apuntamos algunas iniciativas reflexionadas y llevadas a la práctica en la gestión que le tocó vivir en la revolución cubana. Nos referimos a la dirección de la economía que, para el Che, debía estar en armonía con la línea ideológica marxista leninista, si no querían ser absorbidos por la lógica del mercado y el sistema mismo que lo sustenta. Entre esos elementos fundamentales de la dirección de la economía, el Che sustenta:

1. La centralización de los recursos económicos y financieros en las instancias de dirección política del gobierno revolucionario. Ésta, si bien fue producto de las condiciones históricas peculiares por las que atravesó la revolución cubana debido al bloqueo y sabotaje del gobierno norteamericano y del capital imperialista, obligó a sentar las bases de una dirección centralizada y planificada de la economía socialista. Misma que le permitió al Che impulsar un sistema nacional de contabilidad, reforma salarial y estadística que permitió el control de los planes, resultados y la propia gestión de las empresas.

2. Para darle sustento a este proceso, el Che puso una gran atención a la planificación de la economía y a los problemas que derivan de ella; pues la planificación, como señalaba él, “es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitiva”. En esa línea, se concreta en Cuba, la elaboración del sistema de planes de las empresas bajo una conducción centralizada. Acá, es preciso señalar que el Che no concebía planificación alguna si el pueblo, los trabajadores no estaban presentes y eran actores vivos de esa organización de la economía y del Estado. Los planes de mediano y largo plazo eran de su mayor interés por su visión estratégica.

3. Novedosa y complicada resultó ser su propuesta del “sistema presupuestario de financiamiento” para la organización y administración de la producción (léase también empresas). Su énfasis en el uso de métodos organizativos y administrativos, llegando a la asimilación de la más alta tecnología posible, control y transparencia de las cuentas, es proverbial. Este sistema presupuestario de financiamiento debía utilizar de forma restringida las palancas (instrumentos y lógica) económicas capitalistas, las relaciones mercantiles y el mismo estímulo material para inculcar niveles superiores de producción y productividad. Es consecuencia de este sistema la aparición de los criterios de relaciones donde la moneda juegue un rol limitado, diferente a las conocidas universalmente.

4. Al frente del Ministerio de Industrias, el Che plantea la necesidad de la estructuración de los precios en un sistema que, respondiendo a las condiciones de Cuba, no pierda de vista la situación de los precios en el mercado mundial. Un sistema que logre hacer esas comparaciones y asuma los precios justos en lo posible en un mundo de solidaridad del campo socialista.

5. Consecuente con su concepción de la ley del valor, considera que las relaciones monetario-mercantiles deben actuar en el socialismo de manera más restringida en el sector estatal. Con valor limitado del dinero, erige criterios de no existencia de fondos propios de las empresas centralizadas del Estado y la conformación de un fondo centralizado de recursos. Entonces, un sistema bancario sin intereses, lo que permitirá darle un papel fundamental al presupuesto, lugar donde debe recogerse el plus-producto.

6. La importancia dada por el Che al costo como instrumento de análisis económico en la gestión de las empresas debía recibir de los cuadros económicos especial atención por las deformaciones en la conducta de los operadores y, por supuesto, el estímulo de la vigilancia y el conocimiento del colectivo de trabajadores. Siempre incentivando la presencia de la base, de los trabajadores en todos los problemas y soluciones de la producción.

7. Una atención importante dada por el Che es a la organización del trabajo y los salarios que deben expresar otras escalas en el socialismo que correspondan al proceso de transición, consciente de que no se podía en ese periodo lograr la retribución según sus necesidades de los trabajadores.

8. Vale señalar también dos obsesiones del Che. Se trata de la atención dada a las técnicas de dirección y administración en el mundo contemporáneo (tecnología) y la necesidad de contar con ellos, de asimilarlas con un equilibrio que es peculiar en el Comandante cuanto justiprecia lo nuevo y los avances históricos en todas las ramas del saber; de la necesaria formación técnica de los responsables económicos de la producción con conocimientos científicos. El otro, tiene que ver con su radicalidad en la disciplina férrea, alta responsabilidad del colectivo y los dirigentes económicos en el proceso de la producción. La buena organización, la calidad de la producción deben ser rasgos socialistas de una verdadera revolución.

Por supuesto, todos estos temas ameritan estudio sistemático, análisis y debate. Si agregamos a ello sus propuestas de industrialización, su mirada de las relaciones económicas internacionales, tendremos mucho material para hacer mérito de seguir la ruta del Che.

 (*)Víctor Vacaflores P. es miembro del Movimiento Guevarista.

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La wiphala y el patujú, una misma Bolivia

Mientras la wiphala es una bandera reconocida a nivel nacional, la del patujú lo es en tres departamentos.

/ 10 de octubre de 2021 / 19:15

DIBUJO LIBRE

Debo mencionar que me identifico tanto con la wiphala como con la bandera del patujú, independiente de que las use o no para manifestar mi identidad cultural y me cuesta creer que no se permita caminar a alguien que se identifique con cualquiera de ellas, sea en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz o en la plaza Murillo de La Paz; siendo que, en términos normativos, la wiphala y la flor del patujú representan la misma cosa: la riqueza y complementariedad de lo diverso, lo que es en el fondo Bolivia. Quien no quiere ver esto realmente se deja llevar por lecturas chauvinistas, presentes en el oriente y en el occidente del país.

La wiphala representó en el proceso constituyente, que Bolivia vivió entre 2004 y 2019, al bloque social indígena campesino, tanto de tierras altas (occidente) como de tierras bajas (oriente), e identificó sus demandas políticas, jurídicas y económicas en ese contexto histórico. En el caso de la bandera del patujú, ésta emergió inicialmente como una bandera en 2011, durante la VIII Marcha por la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y representó la lucha de los pueblos indígenas de tierras bajas de Beni y su oposición a las políticas extractivas del Estado central.

Ambas banderas están reconocidas en términos normativos, la wiphala a nivel nacional, el patujú a nivel departamental, en Santa Cruz, Beni y La Paz. En ese contexto, la wiphala representa al sistema comunitario, basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad del país (Art. 6 de la Constitución y DS 241 del 5 de agosto de 2009) y, la flor de patujú, como símbolo, no como una bandera nacional, representan la identidad boliviana y la unión e interdependencia de las regiones de Bolivia (Art. 6 de la Constitución).

Sin embargo, como bandera departamental (el patujú) en Santa Cruz representa a los habitantes, culturas y riquezas del departamento (Art. 2 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y Art. 5 de la Ley Departamental 57, promulgada en junio de 2013). En el caso de Beni, representa las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de ese departamento (Art. 4 de la Ley Departamental 36, promulgada el 2 de abril de 2015). Y, en el caso de La Paz, representa el modo pacífico de la convivencia y reivindicaciones de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas que habitan el departamento (Art. 4, Ley Departamental 167, promulgada el 20 de noviembre de 2018). Sin embargo, el uso partidario de la bandera del patujú por la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico pro Santa Cruz en contraposición a la wiphala, le dan otro significado a dicha bandera. Ocurriendo lo mismo con el Gobierno central, cuando enarbola la wiphala frente a los sectores cívicos y la Gobernación de Santa Cruz, como muestra de que dicho Gobierno reconoce a los pueblos indígenas del país. Con esta acción, ambos actores políticos utilizan el contenido cultural de dichas banderas de una manera folclórica y patética para la disputa política partidaria y las llevan al terreno de la polarización política. Vacían así el verdadero significado de estas dos banderas. En ese contexto, para unos, la wiphala representa la invasión de los collas, el centralismo, el andinocentrismo y además sería una bandera del MAS; para otros, la bandera del patujú representa a los oligarcas y racistas del Comité y Creemos.

En este punto, se debe aclarar que en un inicio tanto la wiphala como la bandera del patujú fueron enarboladas por actores indígenas y sociales subalternos frente al Estado, quienes hoy son los actores políticos dominantes, tanto del nivel central (MAS) como del departamental (Creemos); sus militantes las usan para fines partidarios, para polarizar más al país y azuzar la intolerancia frente al otro que es diferente y para ahondar el regionalismo entre cambas y collas.

La wiphala no es una bandera que únicamente represente a aymaras y quechuas; es incluso una bandera transnacional, usada por otros pueblos indígenas de América Latina; y, la bandera del patujú no es la única que representa a los pueblos indígenas de tierras bajas, cada uno de los 34 pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía, oriente y el chaco tienen una bandera particular que los representa a nivel territorial.

Lo sucedido con estas dos banderas en la plaza 24 de Septiembre, entre el gobernador cruceño (Luis Fernando Camacho) y el presidente interino del país (David Choquehuanca), la iza de la wiphala en instalaciones de la Gobernación de Santa Cruz y el intento de iza de la bandera del patujú en la plaza Murillo, muestran la necesidad urgente de una reglamentación específica para el uso de estas dos banderas en diferentes niveles nacional, departamental, municipal y en las autonomías indígenas.

Finalmente, se debe mencionar enfáticamente que cualquier persona que se siente identificada, sea con la wiphala, sea con la bandera del patujú, debería poder manejarlas orgulloso en cualquier lugar del país, El Alto, Potosí o Santa Cruz, y las personas que no se sientan identificadas con cualquiera de estas dos banderas deberían respetar que otras las manejen, como parte de la libertad de expresión, la madurez y tolerancia de nuestra sociedad. Sin embargo, esto no sucederá si la sociedad civil continúa creyendo los relatos excluyentes, irresponsables e intolerantes que manifiestan algunos líderes políticos, sociales y cívicos, respecto a estas dos banderas. En este tiempo, los líderes políticos tanto del nivel nacional como del departamental, debieron haber priorizado la discusión de temas más importantes, como la economía, la salud, el medio ambiente, etc., pero se dedicaron a otra cosa.

(*)Juan Pablo Marca es politólogo, investigador del CEJIS

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Una alimentación sana y sostenible

En Bolivia, 2,5 MM de personas, de agricultura familiar, son afectadas directamente por el cambio climático.

/ 10 de octubre de 2021 / 19:11

DIBUJO LIBRE

Los múltiples impactos de COVID-19 y del cambio climático están revelando la fragilidad de los sistemas alimentarios. En 2020, el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por varias agencias de Naciones Unidas —la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Mundial de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia— reveló la alarmante noticia de que el hambre había aumentado a 14 millones de personas en América Latina y el Caribe, perdiéndose 20 años de importantes avances. Y esto a pesar de que la producción de alimentos a nivel global se ha incrementado considerablemente desde los años 60 y que el desperdicio de comida representa 8% de todas las emisiones que contribuyen al cambio climático. En este contexto, nos enfrentamos al enorme desafío de empezar a revertir esta situación impulsando sistemas alimentarios sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de las generaciones futuras.

Bolivia no escapa a este desafío. Aproximadamente 2,5 millones de personas dependen de unidades productivas de agricultura familiar, indígena o campesina y por tanto resultan directamente afectadas por los impactos del cambio climático. De manera notable, muchas familias han tratado de enfrentar las crisis utilizando saberes ancestrales y trabajando comunitariamente en medidas de adaptación para fortalecer su resiliencia. Por ejemplo, aquellas prácticas de conservación y producción de alimentos que se han mantenido vigentes y exitosas por décadas y siglos.

El proceso de transformación que permite que un alimento llegue a la mesa es fascinante. A partir del recurso natural se desarrollan distintas actividades que combinan conocimientos y tradiciones, con la participación de múltiples actores de la sociedad. Estas actividades incluyen la recolección, el transporte, la transformación y la llegada al consumidor, involucrando a la tecnología y los servicios financieros para garantizar la seguridad alimentaria. Este proceso tiene que realizarse de una manera armónica en todo el sistema alimentario para hacerlo sostenible acorde con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hay que trabajar para fortalecer los sistemas alimentarios y hacerlos más resilientes ante las crisis, como la de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, que pueden impactar negativamente también en la educación, la salud, la agricultura, la economía, los derechos humanos y, cuando éstos no son garantizados, hasta en la paz y la seguridad. Esto pondría en riesgo todos los avances en materia de desarrollo de las últimas décadas. Aunque estos impactos afectarían a toda la población, cabe resaltar que las personas que ya vivían en pobreza o sufren distintos tipos de discriminación serían más vulnerables ante futuras crisis.

La crisis de COVID-19 generó un fenómeno de migración particular, por lo que muchas familias se vieron en la situación de retornar al campo como consecuencia del impacto socioeconómico de la pandemia. Esto generó que muchos jóvenes que tradicionalmente migraban del campo al área urbana retornen a sus comunidades, lo cual fue una oportunidad para la revitalización de las actividades productivas.

En 2021, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con el fin de poner en marcha medidas nuevas y audaces para avanzar en el logro de los 17 ODS, cada uno de los cuales depende en cierto grado de sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos. Rumbo a la Cumbre, el Estado boliviano llevó adelante ocho diálogos nacionales, además de regionales y temáticos, con el acompañamiento de las Naciones Unidas, en los cuales participaron más de 400 representantes de todo el país. Como resultado, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó una posición y una hoja de ruta que reivindican los sistemas tradicionales como el futuro sostenible y la respuesta a las grandes preocupaciones del mundo.

Los diálogos de la Cumbre incluyeron la reflexión sobre la importancia de reconocer a las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas como actores fundamentales de los sistemas alimentarios. Por ejemplo, se reflexionó en el rol central de las mujeres que representan alrededor de 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Sin embargo, su contribución potencial a la seguridad alimentaria sigue viéndose limitada por la falta de acceso a la tierra y a insumos, la capacitación técnica, y la falta de valoración económica y social del trabajo de las mujeres en la agricultura y la ganadería, que impacta en el valor de la producción y, por tanto, en el bienestar de las familias. Además, se reconoció que las mujeres indígenas son el centro de la alimentación de sus familias, a quienes habría que brindar todos los recursos que son necesarios para generar unos sistemas alimentarios sostenibles en sus comunidades. Y a los jóvenes, como futuro del país, hay que darles oportunidades para involucrarse en la toma de decisiones e impulsar desde sus acciones, con su creatividad y mirada fresca, una alimentación sana y sostenible.

En la Cumbre de Sistemas Alimentarios celebrada en Nueva York se acordaron como conclusiones cinco áreas de acción: primero, alimentar a todas las personas; segundo, incentivar soluciones basadas en la naturaleza; tercero, promover medios de vida equitativos, trabajo decente y empoderar a las comunidades; cuarto, construir resiliencia ante futuras crisis y; quinto, dar los medios necesarios para llevar a cabo todas estas acciones. Estas acciones tienen que involucrar a todos y todas a través de una alianza estratégica en el país para promover los sistemas alimentarios sostenibles que construyan un futuro mejor para presentes y futuras generaciones.

De cara a los nuevos retos que plantean los efectos de la pandemia, la reflexión y conclusiones de la Cumbre representan el inicio de un proceso para continuar con acciones en las que todos y todas contribuyan. Resulta necesario fomentar prácticas que establezcan un equilibrio con el medioambiente y combinarlas con la ciencia, la innovación, la tecnología y los datos, es decir, tener la capacidad de unir lo ancestral con la modernidad. Por último, es fundamental fomentar el rol central de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas para construir sistemas alimentarios sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria, el bienestar de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

(*) En celebración del 76 aniversario de Naciones Unidas, ONU Bolivia en octubre publicará una serie de artículos para reflexionar temáticas importantes para el país en el camino de la recuperación pospandémica.

 (*)Equipo país de ONU Bolivia (*)

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Es esencial que la última palabra la tenga el voto ciudadano

Hay que privar a los ‘mecanismos político-partidarios’ de seleccionar a las altas autoridades del Órgano Judicial, dice.

Juan del Granado, junto a nueve juristas, presentó su propuesta de reforma de la justicia; es preliminar y se abren al debate, asegura.

/ 3 de octubre de 2021 / 18:50

Raza política

Cuando ya parecía de sentido común que la elección por voto universal de las altas autoridades del Órgano Judicial fue un fracaso, la semana pasada diez juristas presentaron una propuesta de reforma judicial que sostiene que de todos modos hay que mantener ese voto ciudadano como la última palabra en la referida designación. Uno de los proponentes es Juan del Granado, quien señala que acaso lo central de su documento en este punto es cualificar la selección de los que luego serán votados; por eso su planteamiento es constitucionalizar una Comisión Nacional de Postulaciones, que es la que seleccionaría a los postulantes más idóneos; pasaría luego ternas de candidatos a la Asamblea Legislativa, y ésta tendría que elegir, por dos tercios, a los magistrados. Comisión no numerosa: de un total de 6 miembros, 2 designados por la Asamblea, uno de la mayoría y otro de la minoría, 2 del sistema universitario, 1 propuesto por el Colegio de Abogados, y 1 por los indígenas; se tendría que tratar de personalidades (no un asambleísta, ni un rector, ni el presidente del Colegio de Abogados, ni un dirigente indígena); personalidades ajenas a las citadas instituciones pero propuestas por éstas. Es una propuesta de reforma parcial de la Constitución, asegura Del Granado, que ni viene de la oposición ni va contra el gobierno, y que un rasgo central suyo es que deba ser producto de la “iniciativa popular”, que precisa de la firma de al menos 20% del electorado (artículo 411.II de la Constitución).

—¿Por qué mantienen la lógica del voto ciudadano para legitimar a las altas autoridades?

—Es un punto intermedio, que nos parece el más adecuado. Primero, para la selección de los postulantes; segundo, para la designación de los jueces; y, tercero, para ratificar esa designación por la vía del voto ciudadano. El núcleo de la reforma está en la calificación de méritos, de experiencia, de idoneidades; hemos convenido en que tenemos que privar a los mecanismos político-partidarios de la selección. Estamos proponiendo cambiar la Constitución para que ya no sea la Asamblea Legislativa la que realice las postulaciones y, por tanto, las calificaciones; estamos creando una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por personalidades que representen a la sociedad, y que sea la única que califique a los postulantes, y sobre ellos [los seleccionados] sí, que caiga el voto de la asamblea, por dos tercios de todos los asambleístas, no solo de los presentes. Luego, esa designación no puede ser definitiva, tiene que llevarse al voto popular, un referendo ratificatorio o denegatorio de cada uno de los designados.

—El voto ciudadano. Teóricamente esos 45 días ¿serían para que la gente los conozca, en el ejercicio de sus funciones?

—No. En 45 días es difícil conocer el desempeño. En este caso se trata de [ver] la capacidad de impugnación que pueda tener la sociedad a personas que, más allá de sus méritos, hayan llegado a la elección y no se conozcan algunos deméritos que pudieran ser observados por la ciudadanía. No vamos a tener una sábana de 50 nombres, además no es un referendo de la plancha, es un referendo de ratificación personal. Nos parece esencial mantener la última palabra en el voto ciudadano, pero ya al margen de cualquier afinidad político-partidaria.

—¿Qué garantía habría de la idoneidad del trabajo de la Comisión de Postulaciones?

—Va a depender muchísimo de la calificación que tengan estos integrantes de la Comisión Nacional de Postulaciones; que sean personalidades que garanticen independencia y credibilidad a la gente. Siempre estamos sujetos a la falibilidad humana o a la composición compleja de nuestras instituciones; pero creemos que este es un buen mecanismo; pero, reitero, esta es una propuesta inicial, abierta al debate. Nos interesa que a fines de este año, principios del siguiente, tengamos una propuesta consensuada, perfeccionada, la que efectivamente llevemos al voto de la gente.

—El presupuesto. Son 4, 5 veces más. Desde el punto de vista macro, y aunque parezca obvio, pero ¿para qué más dinero?

—Tenemos 0,5% del presupuesto general del Estado; estamos sextuplicando, de 0,5 a 3% a partir de los estándares regionales, que están entre 2 y 6% en la región, 2% tiene Perú y 6% Costa Rica. Necesitamos incrementar el número de jueces, apenas tenemos 1.100; en segundo lugar, tenemos que mejorar sustancialmente sueldos y salarios, especialmente de los niveles intermedios y de base de los funcionarios judiciales, incluyendo a los jueces; tercero, tenemos que generar mejor infraestructura y mejores condiciones de trabajo; cuarto, tenemos que promover la justicia indígena originaria; y, quinto, lograr la incorporación de los mecanismos tecnológicos actuales, hasta llegar al expediente electrónico. Ahora, ese presupuesto tiene que estar inscrito en la Constitución porque no puede ser un presupuesto que cada año se negocie con el ministro de Finanzas de turno y tengas a los jueces supremos en calidad de mendicantes todos los años para incrementar un poquito el presupuesto; tendremos ahí un 3% que además consolida y refuerza la independencia del Órgano Judicial.

—Parece que le dan mayor poder al Consejo de la Magistratura.

—Le hemos devuelto, en la propuesta de reforma, las atribuciones integrales que debe tener este Consejo, como órgano administrativo de gobierno del Poder Judicial; esa es la definición. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1994, y el criterio fue que los jueces, especialmente los supremos solo administren justicia, y no personal, presupuesto o bienes. En 2009, con la nueva Constitución se retrocede, le han quitado atribuciones presupuestarias, lo que es terrible; el Consejo de la Magistratura, desde entonces, solo tiene atribuciones de control sobre el presupuesto y el gasto; la facción del presupuesto y su ejecución está en manos de una Dirección Administrativa y Financiera que depende del Tribunal Supremo de Justicia; otra vuelta los jueces manejando dinero, personal. En esta reforma le estamos restituyendo a plenitud la calidad de órgano administrativo del Poder Judicial, en lo presupuestario, en lo administrativo y en lo disciplinario.

—Una cosa central en el Consejo de la Magistratura es el cuidado, promoción, de la carrera judicial.

—Exactamente. La carrera judicial hoy día está en una nebulosa. No se sabe cuál es el órgano disciplinario; esto tiene que estar en manos del Consejo de la Magistratura de manera exclusiva y, en nuestro criterio, excluyente.

—Justicia indígena. El problema en su propuesta parece que es delimitar bien qué hace y qué no hace la justicia indígena, que no se cruce o sobreponga a la justicia ordinaria.

—No. La reforma que estamos planteando no está específicamente dirigida a ese punto. Está dirigida a revalorizar la justicia indígena originaria como un mecanismo esencial de resolución de conflictos para un área muy importante de nuestro país, que son las naciones y pueblos indígena originarios, que tienen sistemas jurídicos propios; que en la Constitución están correctamente establecidos en el mismo nivel que la justicia ordinaria; el problema es —por eso la reforma— que la Constitución habla de la ley de deslinde jurisdiccional, y por los conceptos que tiene de esto, reduce el margen jurisdiccional indígena originario al mínimo. No. Nosotros creemos que los sistemas jurídicos indígena originarios tienen que conocer todos los asuntos que les conciernen a los pueblos indígenas. Si hay conflictos [con la justicia ordinaria] para eso está el Tribunal Constitucional; y aquí está la segunda parte de la reforma en este tema: hoy día no tenemos presencia indígena, de juristas indígena originarios en el Tribunal Constitucional. Por eso estamos planteando: primero, eliminar la Ley de deslinde; segundo, incorporar efectivamente a la mitad de los miembros del TCP como miembros de la justicia indígena originaria; por supuesto, con la calificación de todas las condiciones que debe tener un magistrado. Aunque aquí hay un debate: unos dicen que todos los magistrados (incluidos los indígenas) deben ser calificados bajo el mismo parámetro; pero hay otros que dicen que la justicia originaria tiene sus propios parámetros, que los magistrados indígenas sean elegidos por procedimientos propios.

—La justicia de paz. En su propuesta parece más para la conciliación, para temas vecinales.

—Sí, ese es el sentido aunque con una visión de integralidad. Los jueces de paz son la justicia ciudadana, especialmente en los centros urbanos; hay en todos los países de la región, donde los jueces ciudadanos resuelven conflictos que no sean motivo de declaración de derechos; deudas, por ejemplo. Se trata de que tengamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, de tal modo que se desjudicialice la conflictualidad social.

—¿Cómo entra en la propuesta la lucha contra la corrupción y la retardación de justicia?

—Hay temas transversales, consecuencia de estas carencias, de idoneidad, de presupuesto, de independencia, que devienen en estos males mayores de la justicia, pero que son cotidianos: las corruptelas, la retardación de justicia, el hacinamiento carcelario, la falta de políticas criminales; todas estas cosas no ameritan reforma constitucional, pero sí nuestra visión es que eso se ataca atacando los núcleos centrales, a los cuales se ha hecho referencia.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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