Friday 9 Dec 2022 | Actualizado a 18:49 PM

IX marcha, en medio de tropiezos políticos y naturales

Sedición y polémica asedian a la movilización

/ 20 de mayo de 2012 / 04:05

En artículo de La Razón de 2006 recuerda cuando se inauguró la oficina del Pacto de Unidad en Sucre. A la nueva infraestructura entraban del brazo —según la noticia— indígenas, originarios, campesinos, colonizadores y Bartolinas (mujeres campesinas). Hoy, puede decirse, sin temor a exagerar, que este pacto, que respaldó incondicionalmente al proceso de cambio, ha muerto a causa de insalvables diferencias respecto de la polémica por la construcción de la carretera por el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).

La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rompieron la alianza cuando se opusieron al “proyecto desarrollista”. Aunque el Pacto de Unidad sigue bajo tal denominación, puede afirmarse que del nombre completo con que se lo bautizó, únicamente queda, como fiel a la verdad, la primera palabra de las tres que lo componen.

Sin embargo, las fracturas que ha producido el proyecto de la carretera por el parque nacional no terminan ahí, sino que también se vieron en el tiempo previo al inicio de la IX marcha y en la actualidad dentro del mismo del movimiento indígena que agrupa la Cidob. La escisión entre los indígenas de tierras bajas ha tenido como consecuencia indudable una movilización numéricamente reducida (aproximadamente 300 marchistas; el año pasado, cuando la VIII marcha se encaminaba a San Borja, tal como lo hace la actual movilización, habían cerca de 800) y con falencias logísticas.

A esto se suma la objeción de buena parte de la población del municipio de San Ignacio de Moxos, que quiere carretera, que presionó para que la marcha no cruce por el centro de la capital provincial. El año pasado, la movilización no tuvo este problema. En cuanto a la causa del debilitamiento de la medida de presión, hay discrepancia de opiniones

Según el Gobierno, la división, que devino en una marcha diezmada se debe a que se puso en evidencia que en el parque se realizan actividades extractivas con el consentimiento de los dirigentes de la Cidob y además de que hicieron alianzas con la derecha boliviana. “Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen vínculos y convenios firmados con la derecha boliviana, como con Rubén Costas. También se ha logrado poner en evidencia que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas. Una tercera característica es que muchos de sus líderes han recibido recursos económicos de la Gobernación de Beni (en la gestión de Ernesto Suárez) para proyectos fantasma. Eso muestra y desnuda los intereses políticos que están detrás”, afirma el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, César Navarro.

Por ejemplo, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Justa Cabrera, juró como subalcaldesa de Paurito, previo acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Hace dos semanas, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, fue sindicado de haber propiciado la venta de madera hace diez años. Aunque admitió que sí hubo ese negocio, del que participó su comunidad, negó haber recibido dinero por la transacción, como lo denunciaron.

Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tiene otra percepción de la situación de los liderazgos de la marcha y considera que no es de “buena fe” dividir un movimiento para luego afirmar que el mismo se encuentra debilitado. “Me parece una actitud hipócrita y cínica actuar con el objetivo de dividir para después decir que los indígenas están divididos”, dice el activista.

En efecto, el Gobierno comenzó una campaña de información para la consulta previa en el territorio del TIPNIS, sin embargo, ésta fue cuestionada de propagandista e inclusive de tener matices prebendales al ofrecerse una serie de regalos como antenas de telefonía móvil, postas de salud y motores de generación de electricidad.

De acuerdo con Navarro, los acuerdos firmados entre comunidades del parque y el Estado no han debilitado la marcha. “De hecho, la campaña se trata de impulsar la consulta previa y también de informar sobre ella. Lo que han hecho los dirigentes es descalificarla, entonces nosotros respondimos informando en qué consiste este proceso”, dice.  Según Navarro, muchas autoridades del TIPNIS se “desbautizaron” de la conducta de sus propios dirigentes con la información que se les dio.

En contraste, Tamburini opina que estas incursiones del Gobierno en el parque nacional son una manera de usar la pobreza. “Juegan con la necesidad de una manera cruel; no entiendo cómo no hay una condena pública de esto. Lo que el oficialismo resalta de estos hechos es que los indígenas están divididos y debilitados porque algunos, en su pobreza, fueron chantajeados ante la indefensión en que se los pone”, juzga.

Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, concuerda en que la marcha está débil. “Eso se nota en el número de personas que están participando y también en las dificultades que tienen algunas regionales para incorporarse a la movilización tras haber firmado acuerdos productivos y de servicios básicos con la condición de que no sean parte de las protestas”, analiza Colque.

El viceministro expresa, duramente, cuestionamientos a la dirigencia indígena, la cual sería la única causa de la división interna. “Para la sociedad boliviana, la VIII marcha representó a dirigentes indígenas que interpelaban a un presidente indígena que defiende la Madre Tierra: En síntesis, estaban defendiendo un territorio ‘celestial’ y los dirigentes se presentaban como ‘angelicales’. Termina la VIII y resulta que eran aliados fundamentales de la derecha boliviana; también se verificó que en el territorio ‘celestial’ se realizaban actividades privadas, estos hechos desnudaron la realidad del TIPNIS”, dice con ironía Navarro.

Tamburini insiste en la existencia de “mala fe” por parte del Gobierno y hace una inversión del sentido cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una marcha debilitada. “En términos de seguridad, es débil; pues, el Gobierno tiene militarizado el TIPNIS y en Beni está articulado con los sectores de choque provocando zozobra y miedo. Si de esa debilidad habla el propio oficialismo, entonces, claro, ahí si coincido, la movilización es vulnerable”, dice.

Según Tamburini, muchas personas que debían haberse sumado no lo hicieron por miedo a sufrir una represión igual a la de Chaparina el año pasado, “algunos han prometido no volver a marchar nunca más para no sufrir lo mismo que el año pasado. Sin embargo, la marcha tiene otras fortalezas que van más allá del número, que parece que es lo único que le preocupa al Gobierno”.

En todo caso, a los dirigentes de la marcha también parece que les interesa la cantidad, pues, el miércoles anunciaron a la prensa que al menos seis sectores organizados —“las bases” de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Pueblo Guarayo, la comunidad Chiquitana, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y universitarios de Cochabamba, según la presidenta del comité de movilización, Bertha Bejarano— se sumarán a la marcha indígena. Esperan que estas incorporaciones se den antes de ingresar al departamento de La Paz y lograr así el mismo efecto de la VIII marcha. Ésto demuestra que, a ambos lados del conflicto, los números harán la diferencia.

Iniciada el 27 de abril, en Trinidad, la IX marcha no tiene el mismo efecto que la del año pasado, que, a 24 días, por lo menos tuvo un intento frustrado de diálogo indígenas-Gobierno en San Borja. Esto puede verse también en la cobertura periodística.

La marcha y sus deficiencias logísticas

A las debilidades que se perciben en la IX marcha, a causa de la división al interior de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se suma una serie de dificultades logísticas ocurridas la semana que termina.

Los obstáculos se fueron manifestando a raíz de las persistentes lluvias que comenzaron el anterior fin de semana y sólo terminaron el miércoles 16 de mayo, que ocasionaron una emergencia de salud por resfríos. Se anunció que 20 marchistas, la mayoría de ellos infantes, fueron trasladados a centros de salud a San Borja (según declaraciones del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez).

Sin embargo, eso no fue lo único que causaron las precipitaciones, pues, el envió de aproximadamente una tonelada y media de ayuda —alimentos, ropa y medicamentos acumulada por una campaña de solidaridad realizada en Santa Cruz— quedó suspendido en Trinidad debido a que la carretera hasta San Borja estaba inhabilitada hasta el martes por anegamientos. Con el objetivo de esperar estas provisiones, la marcha tuvo que retrasarse y esperar la carga.

Hay que considerar adicionalmente que, hasta que se cerró la edición de este suplemento, se contaba con la información de que sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atendían a los aproximadamente 300 marchistas.

Las falencias logísticas mencionadas también pueden atribuirse y haberse agudizado a raíz de que la líder indígena Laida Humadai, precisamente encargada de la comisión de logística de la IX marcha, fuera trasladada a un hospital de Trinidad con el diagnóstico de peritonitis. Al principio de la movilización, el líder de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, también padeció dengue, lo que le privó de comandar la marcha.

‘Pocos marchistas indígenas del parque’: Reymi Ferreira, rector de la Universidad  Gabriel René Moreno

Hay pocos marchistas indígenas de la zona del parque Isiboro Sécure. La gran mayoría de los integrantes de la movilización son de otros lugares del país, ésa es una debilidad. Una demanda de un territorio específico en el que los marchistas no sean de ahí muestra debilitamiento. Esto se debe a un trabajo político del Gobierno para debilitar la movilización.

‘La división tendrá corto alcance’: Leonardo Tamburini, director del CEJIS

La división (de los indígenas) trajo inconvenientes, pero tendrá corto alcance. Las organizaciones que no creyeron en la marcha, revisaron su decisión y se están sumando a ella; es el caso de Central Indígena de La Paz (una de las que primero firmó convenios con el oficialismo). La OICH de la Chiquitanía, la CPIB del Beni y la CIRABO de la Amazonía hicieron lo mismo.

‘Los vínculos de sus líderes la debilitaron’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales

Los vínculos de sus líderes con la derecha boliviana debilitó y desprestigió la IX marcha. Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen lazos y convenios firmados con la derecha, además se evidenció que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas con el consentimiento de los dirigentes indígenas, restando así sus adeptos.

‘El Gobierno dividió a los indígenas’: Gonzalo Colque, Fundación Tierra

Los pueblos indígenas de las tierras bajas aglutinadas por la Cidob están efectivamente divididos. Ésto debilitó la IX marcha, aunque la división y el debilitamiento han sido propiciados por el Gobierno con el objetivo de que la movilización no progrese ni tampoco sus demandas. Las razones de las fracturas en este movimiento son totalmente atribuibles al Gobierno.

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Juicio por el Silala, el peso de la ciencia

Desde el principio se sabía que el litigio por el Silala en buena medida era de estudios científicos.

El Silala es un manantial; sin embargo, estudios encargados por Bolivia en la causa contra Chile dieron con que también es un curso de agua transfronterizo

Por Iván Bustillos

/ 4 de diciembre de 2022 / 07:30

El punto sobre la i

En el litigio por el Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, los estudios científicos y técnicos tuvieron un especial peso. Una prueba de esto es que en los alegatos orales, que se efectuaron en las primeras dos semanas de abril de 2022, hubo dos audiencias especiales, aquellas en que cada una de las partes interrogaba a los técnicos y científicos que había contratado la parte contraria, como queriendo probar la consistencia de las investigaciones del contrario y, a la vez, tratar de poner en evidencia lo que se consideraba sus debilidades.

Al principio del proceso en La Haya, que empezó en junio de 2016, con la presentación de la demanda chilena, era un punto de vista generalizado en el país que el Silala no es un río, sino manantiales que gracias a su canalización el agua se iba hacia Chile; sin canales, se decía, el agua se perdería en el entorno. Así, cuando se hablaba de estudios científicos para presentarlos a la Corte, en lo básico se pensaba en que dichas investigaciones lo único que debían hacer era demostrar que el Silala era manantial y no río. En el curso de la demanda, sin embargo, se vio que esto no podía ocurrir.

Cuando al exagente de Bolivia en La Haya por el caso Silala Eduardo Rodríguez Veltzé se le señala que fue Bolivia la que en la contrademanda “reconoció” el carácter del Silala de curso de agua internacional, en el acto reclama esto como, por lo menos, una imprecisión. Lo que pasó fue que Bolivia, por sus propios estudios, concluyó en la evidencia del curso de agua transfronterizo.

Cuando Chile presentó su solicitud de procedimiento (lo primero que entrega un país para abrir una causa en la CIJ) el 6 de junio de 2016, y luego, al año, su memoria, el 3 de julio de 2017, lo primero que quedó claro, apunta Rodríguez Veltzé, es que era un trabajo de larga preparación, “un conjunto muy grande de análisis de la zona, hidrológico, geológico, de la antigüedad del agua y otros”.

Ante tal volumen y calidad de argumento, era imperativo contar con unos propios estudios.

“Bolivia, cuando recibe esa memoria, ha trabajado, con mucho rigor, en preparar su propio entendimiento de lo que es el Silala”. O sea, si los estudios presentados por Chile señalaban, por ejemplo, que había flujos subterráneos transfronterizos, o que el flujo superficial tenía la suficiente fuerza para fluir hacia Chile por la gravedad, enfatiza el exagente, “todo eso había que comprobar para pronunciarse”, pronunciamiento que debía estar plasmado en la contramemoria que el país debía entregar un año después de entregada la memoria chilena.

Para preparar el pronunciamiento boliviano, detalla, se acudió a la “contratación de un conjunto de profesionales e instituciones que fueron aportando a la defensa de Bolivia en el Silala una cantidad de estudios”. Fue en esta circunstancia que se contrató al Instituto Hidrológico Danés (Danish Hydraulic Institute, DHI), una entidad especializada en el estudio de recursos hídricos transfronterizos.

Esto fue decisivo. Hasta ese entonces, se vio que los estudios efectuados anteriormente “eran parciales e incompletos, no se habían perforado pozos, y menos de profundidad, y menos se habían hecho exámenes sobre todo subterráneos”. Es aquí que intervino el DHI. Hay que recordar, como se informó en los alegatos orales, que el DHI hizo el estudio técnico entre febrero de 2017 y marzo de 2018.

La idea con el DHI era hacer un exhaustivo “trabajo de campo”: “Había que perforar, mandar agua a los laboratorios internacionales. Bolivia sacó como media tonelada de aguas, para saber la antigüedad de las aguas”, porque se decía que son bolsones de agua, que son aguas fósiles; se decía que es un desierto, que eso no se alimenta, cuando los registros de lluvia muestran que hay recargas sostenidas, relata el exagente.

“Entonces, a tiempo de responder (a la memoria chilena), en nuestra contramemoria Bolivia le dijo a la Corte: ‘Nuestros hallazgos, el conjunto de estudios que hemos logrado y que tenemos para responder a esta demanda, son éstos’. Así, no es apropiado decir que Bolivia respondió y reconoció” sin más, mucho menos que se “allanó” o “cedió” a la tesis de Chile.

Y he aquí otro aspecto clave del desarrollo del proceso: la coincidencia en muchos aspectos de los estudios nacionales, siempre en el lado boliviano, con los trabajos técnicos presentados por la parte chilena en el tramo chileno.

“Bolivia presentó su propio entendimiento, que era coincidente en muchos aspectos (con lo presentado por Chile)”. Calidad de las aguas en ambos lados de la frontera, profundidad de los flujos subterráneos, velocidad de estas aguas bajo tierra, entre otros, se vio que daban las mismas características. “Hay coincidencias notables”, señala el exagente.

Al respecto, el equipo de expertos de Bolivia cuando presentó a la Corte su Resumen de los hallazgos científicos de DHI con respecto a la disputa sobre el estado y uso de las aguas del Silala (Chile vs. Bolivia). Declaración escrita de DHI, el 10 de enero de 2022, señaló las coincidencias y divergencias con el documento que a su vez habían presentado los expertos por Chile.

A saber las coincidencias:

– Fuente de descarga: La principal fuente del agua superficial de los manantiales del Silala es la descarga de aguas subterráneas.

– Complejo: El Silala es un sistema de naturaleza compleja y comprende un mecanismo acoplado de aguas subterráneas y superficiales.

– Pendiente: En general, las pendientes tanto del nivel freático como del terreno son significativas. La construcción de los canales no puede haber cambiado la dirección del flujo en el agua superficial o subterránea.

– Drenaje de 1928: Las obras de drenaje de 1928 han afectado los caudales superficiales a través de la frontera y han llevado a una pérdida directa de agua por evapotranspiración y posiblemente infiltración.

– Aumento del caudal: Se está en acuerdo en que el flujo a través de la frontera ha aumentado como resultado de los drenajes artificiales y la canalización, pero en desacuerdo en la magnitud de este incremento.

– Reconocimiento de Chile: Los expertos de Chile están de acuerdo con DHI en que el simple cálculo manual del flujo de los canales presentados por ellos es insuficiente para evaluar cuantitativamente la magnitud de impacto de los canales.

A propósito, recuerda el exagente, todos estos estudios están a disposición pública, e invita a cualquiera que dude de la veracidad de los mismos a revisarlos y hasta ver en el terreno, en el Silala, la consistencia de estos trabajos.

Rodríguez Veltzé defiende, además, la “integridad” de la posición boliviana y de lo hecho y presentado a la Corte, en el sentido en que si algo debe buscar cualquier litigio judicial es llegar a la “verdad material de los hechos”; que el objeto en el proceso judicial no es empeñarse en demostrar lo que uno cree, más aún viendo que la materia en litigio es un hecho tangible, como son las aguas del Silala.

“La seriedad, la integridad, la responsabilidad yacía en actuar con lo que la realidad es, no con lo que alguien decía que era o con un imaginario”, remarca el exagente.

Pero determinar lo que realmente era el Silala era solo una parte. El otro gran hecho eran las canalizaciones que se habían hecho para captar el agua y conducirla hacia Chile. Hay que hacer notar, destaca el exagente, que Chile ni en su solicitud de procedimiento ni en su memoria habla de los canales.

Aquí vale la pena apuntar la descripción que hace el jurista de los canales, siendo alguien que estuvo allí en varias oportunidades: “Los canales no cubren la totalidad del Silala en nuestro territorio; están ahí en fracciones del curso de agua; hay canales transversales a curso de agua principal, que fueron hechos para captar el agua, hacer una suerte de ojos de agua; en unos sectores son canales anchos, en otros, angostos; y, en otro tramo, no hay canales porque el agua discurre por gravedad en un cañadón en forma de V, por varios cientos de metros; no todo está canalizado. Hay dos grandes flujos, uno del norte y otro del sur; en este último incluso hay una gradiente, que produce una caída de agua. Y, en el lado chileno hay el mismo tratamiento, captaciones, canal, tubos, etc.”

Esta constatación de los canales, pues, es el origen de la contrademanda boliviana (presentada junto con la contramemoria, el 3 de septiembre de 2018).

El razonamiento básico es, resume Rodríguez Veltzé: “Debe declararse que estos canales están en territorio sobre el cual Bolivia tiene soberanía, y, en consecuencia, Bolivia puede disponer de ellos; y si Chile quiere mantener el provecho del flujo mejorado, Bolivia y Chile deberían suscribir un acuerdo en el cual se fijen las condiciones de reconocimiento de la mejora que representan estos canales, sobre todo en la velocidad y calidad del agua”.

Es en este momento cuando surgió la diferencia entre los técnicos de ambos países: para Bolivia, quitando los canales, el flujo hacia Chile disminuiría entre 30 y 40%; y para Chile, menos de 8%.

En cualquier caso, esto planteaba la posibilidad de una negociación sobre el costo que podría implicar mantener los canales. Pero he aquí que el exagente hace una revelación, lo que, considera de suma importancia: Entregada la contrademanda, Chile respondió diciendo que “Bolivia proceda a desmantelar, y si ese desmantelamiento genera una disminución en el flujo que recibimos, Chile no va a reclamar”.

Esta posición la expresa en tres oportunidades, enfatiza Rodríguez Veltzé: “Lo dice al responder la contrademanda, en la memoria de contestación, por escrito; lo dice en las audiencias orales; y lo dice en el proyecto para iniciar una negociación en 2019”.

A tal punto, pues, llegaron las coincidencias básicas, las cuales la Corte solo recogió y sistematizó. Como se sabe, los jueces, en seis de los ocho petitorios presentados por las partes, decidió no pronunciarse, no sentenciar nada, porque vio que en el fondo ya no había litigio.

La audiencia de alegatos orales del viernes en la CIJ, en el caso Silala. Foto: CIJ

 En la actuación boliviana no hubo un ‘giro’

En el litigio que el país tiene con Chile desde junio de 2016 sobre lo que realmente es el Silala y los derechos y obligaciones que esta definición genera para ambos países, la representación boliviana no dio ningún “giro”, precisó a LA RAZÓN el exagente en este caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Eduardo Rodríguez Veltzé.

El referido “giro”, viraje o cambio de argumento se refiere (como detalla el suplemento Animal Político del domingo 27) al hecho de que antes de que Bolivia presente a la CIJ su contramemoria y contrademanda (en agostoseptiembre de 2018), el argumento común que se manejaba era que las aguas del Silala son manantiales, aguas que por sí mismas, sin captación ni canalización artificial, no podrían llegar al lado chileno. Por tanto, no se trataba de un curso natural de agua compartido, de un “río”, tal como afirma Chile.

Pues bien, el exagente señaló que “en ningún momento” éste fue el argumento de Bolivia en los alegatos escritos bolivianos, tanto en su contramemoria como en la contrademanda, presentadas el 3 de septiembre de 2018, siendo éstos los primeros documentos del país ante la Corte, en respuesta a la memoria chilena.

En efecto, en la contramemoria se puede leer que “el Silala es un sistema complejo de aguas superficiales y subterráneas que atraviesan la frontera boliviano-chilena”. Pero tal caracterización de estas aguas tiene como condición imprescindible tomar en cuenta la canalización que se hizo del sistema para captar y conducir el agua hacia Chile.

“Hoy se sabe que el drenaje y canalización del Silala en Bolivia ha tenido un impacto considerable en la descarga de agua de manantial que emerge de los manantiales Silala, así como la tasa de flujo y volumen de agua que atraviesa la frontera boliviano-chilena. Al evaluar el Silala sin la presencia de la infraestructura artificial, el estudio de expertos más reciente realizado por Danish Hydraulic Institute en 2018 sugiere que los flujos superficiales disminuirían en un 30-40% por debajo de la actual tasa de flujo superficial, mientras que los flujos de agua subterránea aumentarían en un 7- 11% en comparación a lo que hoy presentan los flujos subterráneos”, destaca parte de la contramemoria.

 En relación a Chile, Bolivia es un país aguas abajo

Todas las argumentaciones que se hizo, todas las pruebas y contrapruebas presentadas, y todo el ejercicio jurídico que se llevó adelante en el caso Silala es un material de alto valor para que el país pueda encarar todos los cursos de agua pendientes con Chile, sobre todo cuando en la mayoría de los casos Bolivia es un país de aguas abajo, destaca el exagente Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Si Bolivia examina su frontera de casi mil kilómetros con Chile y asume con responsabilidad los últimos estudios de inventario que se realizaron hace pocos años, advertirá que un altísimo porcentaje, más de 80% de los cursos de agua transfronterizos, llámense ríos, salares, bofedales, Bolivia es un país aguas abajo”.

Siendo un país aguas abajo, lo mejor es avanzar en acuerdos, asevera el exagente. “Tenemos el Lauca, el río Todos Santos, que es muy parecido (al Silala), excepto que las aguas son al revés, el bofedal baja hacia Bolivia, y hay una población allí, que se llama Todos Santos”, cita casos.

A Bolivia le interesa, por ejemplo, insiste, en aplicar en todo su alcance el principio del “Uso equitativo y razonable” para el Lauca, y para todos los recursos hídricos transfronterizos. “Bolivia tiene problemas de ríos con sus cinco vecinos”.

Bolivia también debe asumir una mirada más ‘moderna’ en el sentido de ‘amplia’, de uso del derecho internacional. Una “mirada grande” a trabajar con el resto de los países, bajo la premisa de que las aguas no son un tema de ‘soberanismo’ (que el recurso es mío y no lo comparto); “eso ya no hay más, la humanidad lo ha superado, porque las fronteras son artificiales, cuando la naturaleza busca sus cauces” por sí misma, destaca Rodriguez Veltzé.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Twitter, ¿un mono con navaja?

Hay expectativa y temor por cómo cambie Twitter con Elon Musk como su nuevo propietario.

El propietario de la plataforma Twitter y multimillonario Elon Musk. Foto: AFP

Por Diana Bossio

/ 4 de diciembre de 2022 / 07:22

DIBUJO LIBRE

Elon Musk llegó a Twitter y lanzó un lema: “Liberar al pájaro”. Para muchos, el resultado de la política de este multimillonario que se define como “absolutista de la libertad de expresión” será la reproducción cada vez más masiva de discursos intolerantes. Muchos usuarios esperan con cautela para decidir si se quedan o migran a otras plataformas. Han pasado dos semanas desde que Musk ingresó en la sede central de Twitter con un lavabo en sus manos, indicando oficialmente que había adquirido la empresa. Después de haber tenido algo de tiempo para dejar que la noticia de su compra por 44.000 millones de dólares “decantase”, los usuarios ahora se preguntan qué hará con la plataforma.

Si revisamos algunas de las primeras opiniones de expertos en medios de tendencia conservadora, vemos que Musk ha pagado demasiado por una plataforma que aún no ha terminado de desarrollar su potencial comercial para los inversores, ni su potencial social para los usuarios. Esto probablemente explique algunos de sus primeros movimientos desde que se hizo cargo de la empresa, como planear cobrar a los usuarios 8 dólares (ajustados por país) para tener una cuenta verificada en la plataforma, y amenazar con despedir a la mitad del personal de Twitter.

Ya despidió al CEO anterior, Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal, a la directora de asuntos legales, Vijaya Gadde, y al asesor general Sean Edgett.

¿Twitter se convertirá en un desastre (o en varios)? Las intenciones de Musk quedaron quizás en evidencia en su primer tweet después de haber comprado la plataforma: “El pájaro fue liberado”. Antes de la adquisición, una de sus críticas más tuiteadas a Twitter era que había demasiados límites a la “libertad de expresión” y que sería necesario reformular el control de contenidos para desbloquear el potencial de Twitter como una “plaza pública de facto”.

No hay duda de que Musk es bastante bueno haciendo declaraciones performativas en las redes sociales, pero aún no hemos visto ningún cambio real en el control de contenidos, y mucho menos la visión utópica de Musk de una plaza pública digital. El “tuitero en jefe” ha sugerido el futuro nombramiento de “un consejo de control de contenidos con puntos de vista muy diversos” que se encargaría de tomar decisiones sobre el control y el restablecimiento de cuentas.

No es una idea nueva. Desde 2018, Meta —propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram— ha constituido una junta supervisora de estas características, compuesta por exlíderes políticos, activistas de derechos humanos, académicos y periodistas. La junta supervisa las decisiones de contenido y se sabe que se opone a las decisiones del CEO, Mark Zuckerberg, sobre todo a la suspensión “por tiempo indeterminado” del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Facebook tras los disturbios en el edificio del Capitolio.

La sugerencia de Musk de una junta de control de contenidos significa dar marcha atrás con sus puntos de vista sobre control de contenidos, previamente calificados por él mismo como “absolutistas en cuanto a libertad de expresión”. Muchos están preocupados porque su enfoque del control de contenidos pueda generar más discursos de odio en Twitter.

Apenas tomó el control de la empresa, cuentas coordinadas de trolls intentaron probar los límites de un Twitter dirigido por Musk inundando la plataforma de insultos raciales. Según el National Contagion Research Institute, con sede en Estados Unidos, el uso de la palabra “N-word”, que refiere a la forma despectiva de llamar a los negros, se disparó más de 500% el 28 de octubre.

Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Montclair verificó un enorme aumento en términos de odio en el periodo previo a la adquisición de Musk. Roth y Musk confirmaron que las “políticas de Twitter no han cambiado”. Las reglas sobre “conducta de odio” siguen siendo las mismas.

Musk sigue siendo un mono con navaja. Quizás más preocupante que las reacciones de los trolls sea la decisión de Musk de tuitear y luego borrar una teoría conspirativa sobre Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, agredido violentamente en su casa. Podríamos desestimar esto como una muestra del amor de Musk por tuitear contenidos basura, pero si el derecho a publicar desinformación y ataques personales es el tipo de expresión que quiere proteger, vale la pena preguntarse con qué tipo de espacio deliberativo sueña.

Musk adopta un enfoque tecnocrático de los problemas sociales que surgen de nuestro uso de las herramientas de comunicación en internet. Esto implica que el libre acceso a la tecnología aísla a la “libertad de expresión” de su contexto cultural y social, y deja en manos de cualquier persona. Pero esto no es lo que suele pasar. Por eso necesitamos control de contenidos y protección para los vulnerables y marginados.

La otra pregunta es si queremos que los multimillonarios tengan una influencia directa en nuestras “plazas públicas”. De ser así, ¿cómo garantizamos la transparencia y que se respeten los intereses de los usuarios?

En su primera semana a cargo de la red, Musk ordenó un recorte de gastos de más de mil millones de dólares anuales en infraestructura, lo que supuestamente ocurrirá a través de ajustes en los servicios en la nube y espacio de los servidores. Estos recortes podrían poner a Twitter en riesgo de caerse durante periodos de alto tráfico, como en época de elecciones. Aquí podría ser donde falla la visión de la plaza digital de Musk. Para que Twitter se asemeje a un espacio deliberativo de ese tipo, la infraestructura que lo respalda debe resistir en los momentos más cruciales.

¿A dónde ir si estás harto de Twitter? Si bien hasta el momento no hay indicios de un éxodo masivo de Twitter, varios usuarios están abandonando la plataforma. Poco después de que Musk adquiriera Twitter, #TwitterMigration comenzó a ser tendencia. La semana posterior, la plataforma de microblogging Mastodon ganó, según se ha informado, decenas de miles de seguidores. Mastodon está compuesta por servidores independientes administrados por usuarios. Cada servidor es propiedad de su comunidad y es operado y moderado por ella, y también puede hacerse de forma privada. La desventaja es que el funcionamiento de los servidores cuesta dinero y, si un servidor deja de funcionar, se puede perder todo el contenido.

Los desertores de Twitter también se han ido a sitios como Reddit, Tumblr, CounterSocial, LinkedIn y Discord.

Por supuesto, muchos esperarán a ver qué se le ocurre al cofundador de Twitter, Jack Dorsey. Si bien Dorsey conserva una participación en Twitter, ha lanzado una red social descentralizada, Bluesky Social, que ahora se encuentra en fase de prueba. El objetivo de Bluesky es proveer un protocolo abierto de red social. Esto significa que permitiría a múltiples redes sociales interactuar entre sí a través de un estándar abierto.

Si este experimento tiene éxito, sería más que un competidor para Twitter. Significaría que los usuarios podrían cambiar fácilmente de servicio y llevarse su contenido a otros proveedores. Sería un modelo totalmente nuevo para las redes sociales, centrado en el usuario. Y podría obligar a las plataformas tradicionales a repensar sus prácticas actuales de recolección de datos y publicidad dirigida. Esa podría ser un movimiento por el que valga la pena esperar.

(*) Texto tomado de Nueva Sociedad Digital, noviembre de 2022.

(*)Diana Bossio es comunicadora, docente universitaria (*)

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Ucrania y sus liderazgos

Entretelones de la relación entre los políticos ucranianos y los intereses nacionales.

/ 4 de diciembre de 2022 / 06:51

DIBUJO LIBRE

En agosto de 2016, cuatro meses antes de su inauguración presidencial, Donald Trump reemplazó a su joven jefe de campaña, con quien ganó las elecciones, Corey Lewandosky, con un consultor político- lobista más conocido y con más experiencia en Washington: Paul Manafort.

No obstante, luego de tres meses como nuevo jefe de campaña, Manafort se vio obligado a renunciar debido a que fue acusado y encontrado culpable en las investigaciones — también conocidas como el “Reporte Mueller”— sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones que precisamente resultaron con Trump como ganador.

Paul Manafort: Manafort estudió derecho. Desde la universidad se involucró en política. Participó en la campaña de reelección de Nixon, en la elección de Ford y, a sus 29 años, ocupó el cargo de coordinador de campaña de Reagan.

En 1980, a sus 31 años, Manafort junto con Roger Stone y Charles Black fundarían la agencia de lobby “Black, Manafort & Stone”. La empresa se convertiría en una de las más poderosas de su tipo en los años de Reagan y Bush padre. Su originalidad residía en que no solo representaban intereses de distintos actores nacionales, sino también de otros países, “(…) con los intereses de la política exterior de Estados Unidos en el corazón y siempre en concordancia con la Casa Blanca”, Manafort aclara. Entre sus clientes estaban el guerrillero de Angola Jonas Savimbi, el presidente de Filipinas Ferdinand Marcos, el presidente del Congo Mobuto Seses, el “rey del aluminio” el ruso Oleg Deripaska y, cómo no, el presidente de Ucrania Viktor Yanukovych.

Victor Yanukovich: Yanukovich es un personaje clave dentro de la política ucraniana. Fue Gobernador de la provincia de Donetsk (1997-2002), Primer Ministro (2002-2005) y Presidente de Ucrania (2010-2014).

Vivió dos revoluciones: la “Revolución Naranja” de 2004 causada por denuncias de fraude en la elección entre su persona y Víctor Yuschenko que resultaron con el segundo como ganador y la “Revolución Maidan” de 2014 la cual terminó con la presidencia de Yanukovich.

Fue Rinat Akmetov, identificado como el hombre más rico de Ucrania y dueño del club de fútbol “Shakhtar Donetsk”, quien facilitó el encuentro entre Yanukovich y Manafort.

De acuerdo con Manafort, su objetivo desde el inicio de la presidencia de Yanukovich era transformar a Ucrania en un candidato aceptable para la Unión Europea. “Cambiar la estructura regulatoria es un trabajo enorme y Ucrania pasó todo eso en los primeros tres años de la presidencia de Yanukovich con gran detalle trabajando con la Unión Europea”, comenta en una entrevista (“PBD Poadcast”, junio 2022).

Manafort sostiene haber trabajado “personalmente” con el “Comité de Ampliación” dependiente de la Comisión Europea —el cual trata con potenciales nuevos candidatos— para finalizar el acuerdo de “Asociación Política y Libre Comercio”, el cual Yanukovich rechazó firmar en último momento, causando la “Revolución Maidan” de 2014 anteriormente mencionada.

Para Manafort, cuando Putin se enteró sobre la prevista firma del acuerdo de Libre Comercio el cual era el predecesor para un Acuerdo de Asociación Política, éste amenazó públicamente a Yanukovich con cortar todo comercio con Rusia, el cual significaba un 70% del total de la balanza comercial de Ucrania. Yanukovich pidió asistencia económica sin éxito a la Unión Europea y terminó siendo derrocado.

Lecciones: La experiencia y testimonio de Manafort —quien “siempre voló cerca del sol hasta finalmente quemarse”— nos ayudan a entender con mayor claridad el actual conflicto Rusia-Ucrania. En un momento Manafort realizó más de 150 encuestas en Ucrania y encontró que poco más del 4% apoyaban la decisión de ser parte de Rusia. Yanukovich era popular en el este precisamente “porque él estaba protegiendo la cultura, herencia y lenguaje ruso sin ser parte de Rusia”.

Para Manafort, Ucrania son dos países. Se tiene al este con base étnica rusa y al occidente más europeopolaco húngaro con reminiscencias de fascismo alemán. La riqueza se encontraba en el este, en el sector energético y el oeste poseía al sector agrícola. Fueron los oligarcas del este quienes vieron una ventaja en formar parte de Europa, “vieron la protección de occidente de sus intereses de negocio (…) esta era la base del apoyo a Yanukovich”, comenta Manafort.

 (*)Álvaro Montenegro P. es politólogo, analista internacional

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El mundial de la infamia

Entidades de DDHH pidieron a Qatar y entes del fútbol $us 440 MM para trabajadores que construyeron los estadios.

/ 4 de diciembre de 2022 / 06:41

DIBUJO LIBRE

Hace mucho tiempo que la FIFA se ha ido convirtiendo en sinónimo de corrupción. Pero lo que se ha visto con el actual Mundial de fútbol en Qatar ha rebasado todos los límites. En primer lugar, porque se ha comprobado judicialmente que su condición de país sede del Mundial fue obtenida por medio del más desvergonzado soborno. Y pese a que esto fue comprobado hace ya muchos años no generó una automática descalificación del país sede, como exigía la ética más elemental.

Pero más grave aún ha sido el hecho también suficientemente comprobado de que el sistema laboral (“kafala”) por medio del cual se construyeron casi todos los estadios que cobijan el evento —y muchas otras obras de infraestructura de apoyo— constituyó una explotación inicua y brutal de decenas de miles de trabajadores, la gran mayoría de los cuales fueron migrantes de países pobres; y con temperaturas que en épocas suben de los 50 grados Celsius. Precisamente porque Qatar no era un país futbolizado, no tenía la más elemental infraestructura para efectuar el Mundial. Esto fue debidamente considerado por los informes previos con que contó el órgano directivo máximo de la FIFA para resolver la sede, que tanto por aquello como por sus altísimas temperaturas en largos periodos del año, colocaron la procedencia de elegirlo al final de la lista. Pero más pudieron los sobornos…

El sistema de la “kafala” —por supuesto de conocimiento público— era tan ignominioso que de acuerdo a la reseña de Moussa Bourebka, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), “ata, literalmente, a los migrantes a su empleador”. De este modo, “ven el pasaporte confiscado, el empleador decide la entrada o salida del país, no suelen tener libertad sindical ni protección social, y no pueden cambiar de trabajo sin el acuerdo previo de su empleador” (La Sexta, España; 19-11-2022). Además, la Confederación Sindical Internacional (la central más grande del mundo) denunció los graves abusos sufridos por los trabajadores migrantes en Qatar en 2014 y acusó “al Estado qatarí por la explotación de los trabajadores en vínculos que calificó de esclavitud moderna” (La Nación, Argentina; 16-11-2022).

Es cierto también que la Confederación logró un mejoramiento efectivo de su condición a partir de 2016. Esto la llevó a cuestionar como desmesurados los cálculos de trabajadores fallecidos efectuados en 2021 por The Guardian de Inglaterra (6.500) y particularmente por Amnistía Internacional (15.000). En rigor, estas estimaciones se han basado gruesamente en el número de inmigrantes fallecidos en esos años en Qatar, utilizando The Guardian una selección específica de países. De todas formas, la secretaria general de la Confederación Sindical, la australiana Sharan Burrow, ha señalado que en 2020 —cuando ya hubieron mejorado mucho las condiciones de trabajo iniciales— “las investigaciones de la OIT muestran que hubo 50 muertos y poco más de 500 heridos graves” (Ibid.). Extrapolando estas cifras podrían estimarse los fallecidos en centenares si no en miles de personas; y los heridos graves en varios miles. Y muy revelador ha sido el hecho de que el Gobierno qatarí no ha investigado siquiera el tema…

El horror de todo esto ha sido tan grande que diversas organizaciones de derechos humanos le solicitaron a Qatar, a las federaciones de los países organizadores del Mundial —y a las empresas multinacionales auspiciadoras— una compensación de 440 millones de dólares para los trabajadores migrantes que construyeron los estadios. De acuerdo con la subdirectora de las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, entrevistada por Andrés Oppenheimer, esa era “una cantidad muy pequeña si la comparamos con lo que la FIFA espera ganar en esta Copa del mundo, que son unos $us 6.000 millones” (El Mercurio; 27-11-20). Sin embargo, hasta el 21 de noviembre —un día después del inicio de aquella— solo las federaciones de fútbol de Bélgica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Países Bajos habían apoyado esta petición; y solamente 4 de las 14 grandes empresas patrocinadoras (ver Ibid.).

Lo anterior ha generado una situación única en un Mundial de fútbol: que la construcción de cada estadio ¡efectuada precisamente para dicho evento, haya provocado decenas o centenares de muertos y centenares o miles de heridos graves! Es algo tremendamente perturbador para los hinchas del fútbol y, particularmente, para los jugadores de todos los equipos nacionales que concurren y participan en él. Dependiendo de la sensibilidad de cada uno puede llevar a simplemente no querer ver los partidos o a verlos con un sabor más o menos amargo. Y peor para los jugadores que no tienen elección posible. Porque ya no se trata solo de que el Mundial se esté desarrollando en un país autocrático donde no se respetan los derechos humanos, como es el caso hoy de Qatar. O como lo fue en 1934, en la Italia de Mussolini; en 1978, en la Argentina de Videla; o en 2018, en la Rusia de Putin. ¡Se trata de que para hacer posible lo que uno está viendo, se llegó al extremo de maltratar a quienes hicieron posible el espectáculo mismo, a tal punto de que muchos de ellos fallecieron o quedaron gravemente heridos producto de sus condiciones de trabajo y de vida!

Esperemos que esta infamia repercuta al menos en dos medidas que serían muy importante adoptar por razones éticas. Una, que el sistema internacional de protección de Naciones Unidas emprenda una profunda investigación de las graves y sistemáticas violaciones laborales y de los derechos a la vida y a la integridad física cometidas por el Estado qatarí en el proceso de construcción de infraestructura para el Mundial. Y que, de acuerdo con sus resultados, inste a dicho Estado a adoptar las medidas de justicia y reparación correspondientes.

Y la otra es que la comunidad internacional no puede seguir “mirando para el lado” respecto del creciente poder y corrupción que ha adquirido la FIFA a nivel mundial. Aprovechando su calidad de ente virtualmente autónomo de toda autoridad nacional e internacional; y de la alucinante cantidad de dinero mundial que absorbe crecientemente, no hay duda de que representa un peligro cada vez mayor de que se constituya en refugio para el lavado de dinero del crimen organizado y de todo tipo de corrupciones a nivel mundial. Que nos sirva de lección el hecho de que toda la infame corrupción que llevó a que Qatar organizara el Mundial, solo pudo saberse por un conjunto de circunstancias azarosas. Primero, que una parte del dinero del soborno se introdujera en el sistema financiero estadounidense; que ¡Estados Unidos hubiese sido el principal derrotado en las “elecciones” de 2010 que le dieron el triunfo a Qatar!; y que el Gobierno de Estados Unidos no le tenía ningún temor al gigantesco poder de la FIFA, dado que es la principal potencia mundial y que además el fútbol (“soccer”) excepcionalmente no es de los deportes más populares del país.

Por tanto, si queremos terminar con esta aberración, es fundamental que Naciones Unidas tome cartas en el asunto y establezca una entidad que permita fiscalizar a la FIFA. Y que los diversos Estados del mundo hagan algo análogo, ya que la creciente corrupción de la actividad se va produciendo fundamentalmente a nivel de las federaciones nacionales del fútbol que son las que concentran la actividad diaria de este noble y bello deporte.

Si no se hace nada —no dándonos cuenta que la impunidad y la indolencia nunca mejoran nada— el fútbol nacional y mundial caerán tristemente en el descrédito absoluto. Que, al menos, la infamia de este Mundial nos despierte para evitarlo.

(*) Artículo enviado por el autor a Other News y publicado en elclarin.cl/

(*)Felipe Portales es sociólogo. Universidad Católica de Chile (*)

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Silala, curso de agua mejorado artificialmente

La apuesta ya no es que se acepte que el Silala es solo manantial, sino que es un flujo aumentado.

Este jueves 1 de diciembre, la corte internacional de justicia de la Haya dictará sentencia en el juicio con Chile

Por Iván Bustillos

/ 27 de noviembre de 2022 / 06:24

El punto sobre la i

Este jueves 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), finalmente dará lectura a la sentencia en el caso Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala.

Un proceso que habrá durado seis años y casi seis meses.

Comenzó el 6 de junio de 2016, cuando Chile presentó su Solicitud de inicio de procedimiento ante la Corte en La Haya.

Pidió que la CIJ declare que “el sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.

Poco más de un año después, el 3 de julio de 2017, Chile presentó su Memoria, el documento en que argumenta su demanda.

Y, el viernes 31 de agosto de 2018, según una nota de prensa de la Cancillería de ese 31.

El lunes 3 de septiembre, según otra nota de la Cancillería del 19 de abril de 2022, Bolivia responde a Chile con su Contramemoria.

Pero, al mismo tiempo, sorprende al adversario interponiendo una Contrademanda (“Demandas Reconvencionales”, según denomina la Cancillería).

Antes de la Contrademanda, el alegato boliviano común era que el Silala sobre todo era un conjunto de manantiales en el lado boliviano.

Manantiales

Esos manantiales no se hacían curso de agua hacia Chile, no eran ‘río’, y que si ahora se iban a ese país era porque los brotes habían sido canalizados.

De hecho, como había afirmado a AnimalPolítico el excanciller Javier Murillo de la Rocha, las aguas del Silala que se iban a Chile eran “aguas transportadas”;.

«Está claro que si no se hubieran realizado las obras de ingeniería civil no habría existido ningún curso de agua”, aseguró.

El excanciller también apuntaba que el verdadero interés de Chile consiste en tener pleno derecho sobre el acuífero.

Además de la reserva de agua subterránea, que origina los manantiales en la superficie.

ARTIFICIAL.

Desde el nuevo documento, Bolivia reconoce que hay un flujo natural, pero que también hay un curso de agua artificialmente mejorado.

“En este escrito”, resume la Cancillería en una nota de prensa oficial del 19 de abril de 2022.

Luego de los alegatos orales, “Bolivia solicitó a la Corte que reconozca que las aguas de los manantiales del Silala son parte de un curso de agua artificialmente mejorado, estando solamente su flujo natural regido por el Derecho Internacional consuetudinario”.

En Chile, desde septiembre de 2018, esto fue tomado —y revelado (ese momento, el contenido de todos los documentos era reservado)— como un triunfo.

Ximena Fuentes, la agente chilena ante La Haya, destacaba el “giro argumentativo” que habría dado Bolivia en su Contrademanda.

“Es muy interesante que autoridades bolivianas hacen esta distinción entre lo que sería el flujo natural del Silala y el flujo superficial, porque ello implica un reconocimiento que nos tiene bastante contentos de que por lo menos hay un flujo natural que lo hace un curso de agua internacional y sobre el cual los dos Estados tendrían derecho”, declaró Fuentes a la prensa chilena al respecto.

Alegatos

Sin duda se trata de un nuevo escenario. ¿Qué pasó? ¿Por qué el evidente giro? En los alegatos orales se conoció la causa: el estudio de campo que el Gobierno contrató sobre la naturaleza de las aguas superficiales y subterráneas.

Es la Cancillería la que termina por precisar esta causa, en su nota de prensa de abril de 2022, cuando al anunciar que Bolivia presentó su Contrademanda a la Corte, informa que lo hizo “incluyendo un estudio encargado a la consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) para el estudio técnico de los flujos de agua superficial y subterránea del Silala, el estudio se desarrolló entre febrero de 2017 y marzo de 2018”.

En los alegatos orales, el agente boliviano en la Corte, Roberto Calzadilla, había dicho que al contratar el estudio, el interés nacional era caracterizar con la mayor precisión el caudal del Silala. “Los estudios que presentó el DHI ante la Corte se basan en un extenso programa de caracterización hidrológica del Silala realizada durante más de un año, que contempló la perforación de 29 pozos de profundidades de entre 5 y 150 metros y la instalación de diversos mecanismos para monitorear los niveles de agua”, destacó.

Tal como registró este suplemento en su edición del 10 de abril de 2022, el equipo de expertos de Bolivia presentó a la Corte el Resumen de los hallazgos científicos de DHI con respecto a la disputa sobre el estado y uso de las aguas del Silala (Chile vs. Bolivia). Declaración escrita de DHI, el 10 de enero de 2022; un texto de 31 páginas. Por su parte, el grupo de expertos contratados por Chile hizo llegar a la CIJ, el 14 de enero de 2022, su Declaración escrita de los expertos de la República de Chile, 37 páginas.

También puede leer: El 1 de diciembre, la CIJ hará conocer el fallo del juicio por el Silala

ESTUDIOS.

En el texto boliviano hay dos listados por demás ilustrativos: 1. Los “puntos en que concuerdan los expertos de Bolivia y Chile”; y, 2. Los “desacuerdos entre los técnicos de Bolivia y Chile sobre metodologías y resultados”. Solo a modo de ejemplo, se puede citar como coincidencias: “la principal fuente del agua superficial de los manantiales del Silala es la descarga de aguas subterráneas; el Silala es un sistema de naturaleza compleja y comprende un mecanismo acoplado de aguas subterráneas y superficiales; en general, las pendientes tanto del nivel freático como del terreno son significativas.

La construcción de los canales no puede haber cambiado la dirección del flujo en el agua superficial o subterránea”.

Y, sí la principal discrepancia es el cuánto ha aumentado el caudal del Silala con las canalizaciones. Chile dice que es ‘insignificante’; Bolivia, en cambio, afirma que es ‘considerable’; el DHI sostiene que de quitarse los canales y restaurarse los bofedales, habrá una disminución del caudal de entre 11 y 33 litros por segundo. Para Chile esto apenas es ‘sorprendente’.

Contrademanda

Cambio de escenario con la Contrademanda: ahora el objetivo es que la Corte reconozca “el curso de agua artificialmente mejorado”; por esto, apunta la Cancillería, Bolivia también pide “que la Corte reconozca su soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio y su derecho soberano a decidir si los mantiene y cómo lo hará”.

Asimismo, en el documento Bolivia solicita que la Corte, a tiempo de reconocer su soberanía sobre el flujo artificialmente mejorado por las obras, considere lícito y legítimo que “la entrega de este flujo a Chile, incluyendo una compensación que debe ser pagada por esta entrega, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Bolivia”.

La representación boliviana en el juicio en la CIJ también pidió “que la Corte reconozca que el uso actual que hace Chile de las aguas del Silala se efectúa sin perjuicio del derecho al uso de Bolivia. Por otra parte, se solicitó que ambas Partes tienen derechos y obligaciones respecto a las aguas que fluyen en forma natural”.

DEUDA.

Otro es el caso de la llamada “deuda histórica” que se tiene con el país por el uso de las aguas del Silala aun cuando ya habían dejado de existir las máquinas locomotoras a vapor, para lo que originalmente se captó y canalizó las aguas del manantial. Este será un asunto, dijo entonces el embajador Calzadilla, que se tratará directamente con la empresa que administró, y administra, el agua en el lado chileno.

Por el lado de Chile, es peculiar que tras los varios tomos de argumentación escrita y a pesar del cambio de estrategia de Bolivia, Chile al final reiteró los mismos cinco alegatos con los que empezó la demanda, en su Solicitud de junio de 2016, a saber:

a) El Silala es un curso de agua internacional.

b) Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas.

c) Chile tiene derecho al uso actual que hace del Silala.

d) Bolivia tiene la obligación de cuidar que el Silala en su territorio no se contamine.

e) Bolivia tiene la obligación de avisar a Chile sobre acciones o medidas que tome que puedan afectar negativamente al Silala.

El verdadero candado de los cinco alegatos chilenos —lo hicieron notar los abogados en los alegatos orales— es el inciso c, que Chile tiene derecho al uso actual que hace del Silala.

Desmantelar

Esta exigencia la reivindica luego de que en los alegatos sus abogados decían que Chile hasta alentaba que Bolivia pueda desmantelar la canalización hoy existente, lo cual naturalmente disminuirá el actual flujo hacia ese país.

Es una exigencia, además, que obliga a Bolivia a cuidar y mantener las actuales obras de canalización.

Si a Chile no le importaba que Bolivia desmantelara o no la canalización, “¿por qué amenazó Chile en su Solicitud a Bolivia con medidas provisionales (cautelares), si realizaba cualquier conducta que pudiera tener un efecto adverso sobre el uso actual de las aguas por parte de Chile, cosa que con toda seguridad habría producido el desmantelamiento de los canales?”

La advertencia que hace notar el abogado está inscrita en el párrafo 52 de la Solicitud de inicio de procedimiento de junio de 2016.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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