En Bolivia aún no tenemos plena conciencia de nuestra condición de país andino-amazónico que somos; sin embargo, esta situación es similar a lo que ocurre con países vecinos de esta macrorregión continental. Pese a la diversidad social, cultural, política y económica y del nivel de industrialización de los países que la conforman, la región se caracteriza por mantener y fortalecer su rol de proveedor de materias primas a mercados globales, con consecuencias sociales, ambientales y económicas para su población, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Si bien se mantienen los mercados tradicionales como la Unión Europea y Estados Unidos, los mercados emergentes asiáticos, sobre todo de China, tienen una alta demanda de materias primas en minerales, energía, alimentos, etc. Para tener una idea de la magnitud del crecimiento, entre 2001 y 2011 el intercambio comercial pasó de 15 mil millones a 182.100 millones de dólares entre Latinoamérica y China (crecimiento anual del 28%); pero, la relación económica continúa siendo negativa para toda la región; el déficit es muy grande.
Este contexto internacional coloca en situación difícil a los gobiernos progresistas e izquierdistas de la región, que pretenden —al menos en el discurso— generar cambios en los modelos de desarrollo de base extractivista, en los patrones de desarrollo primario exportadores. Gobiernos y estados —ellos mismos o en alianza con empresas y capitales transnacionales— sucumben ante el negocio rentable y creciente de los rubros antes indicados, muchas veces vulnerando derechos de pueblos indígenas y sus territorios donde se encuentran los recursos naturales.
En los andes y la Amazonía se encuentran los recursos mineralógicos e hidrocarburíferos; en los andes nace la cuenca más grande del mundo por donde fluyen la aguas cada vez más escasas por el deshielo de los glaciares pasando por la Amazonía hasta el Atlántico, agua que es fuente de conflicto entre comunidades y empresas mineras, áreas de irrigación, hidroeléctricas o centros urbanos. Desde el Atlántico parten las carreteras para el transporte de materias primas hacia el Pacífico y de allí a los mercados globales.
En el sector alimentario se presenta un panorama también complejo, ya que muchos países, entre ellos China, no puede asegurar la alimentación de su población en su mismo territorio; por su parte, empresas dedicadas al agronegocio encuentran una de las principales oportunidades de producción y exportación de alimentos de la región, de hecho eso ya ocurre actualmente con la soya. De ahí se explica la incesante compra de tierras por estados y empresas en la región y en otros países del sur, para la producción alimentaria, los agrocombustibles y la minería, incluso para el turismo.
Si bien ésta es una constante en los países de la región, se pudo advertir que los pueblos indígenas y organizaciones campesinas y populares no están dispuestos a dejar que se vulneren sus derechos y sus territorios, a dejar que sus actividades y sistemas productivos sean afectados por la acción de estados y empresas que responden a la dinámica de mercados globales. En el último semestre se supo de algunas movilizaciones en esta perspectiva: Ecuador, “marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, marzo-abril 2012; Perú, “marcha nacional del agua” contra la minería en Cajamarca, febrero, 2012; Bolivia, “VIII marcha indígena por la defensa del territorio, la vida y los derechos de los pueblos indígenas” en 2011, y la IX marcha, en curso; Colombia, movilizaciones “por la defensa del territorio y el río Magdalena” para impedir el desvío del río Magdalena utilizado por campesinos y pescadores, febrero 2012; Brasil: las movilizaciones han sido incesantes contra la polémica reforma de Código Forestal, a favor de la poderosa industria agropecuaria.
Todo ello evidencia la coexistencia compleja y conflictiva de estas dos lógicas y modelos de desarrollo, con nuevos signos, manifestaciones y dinámicas.
En Bolivia, en los últimos 70 años se ha aplicado el Plan Bohan, la “marcha hacia el oriente”, a conquistar las tierras y bosques supuestamente sin gente; ahora parece que continuamos en el mismo empeño. Al presente, la titulación de tierras parece haberse paralizado en el 60% de la superficie objeto de saneamiento; no se acompaña con recursos económicos para el control y la gestión productiva de los territorios y las tierras tituladas para campesinos e indígenas; no hay avances significativos en la redistribución de tierras fiscales ni se pone freno a las diversas modalidades de extranjerización de la tierra.
Las fronteras son permeables a la ganadería bovina que engorda en los pastizales alquilados que antes eran bosques, y el ganado vuelve a salir para mercados internacionales. En los andes persisten las comunidades campesinas sin apoyo relevante del Estado dedicadas a la agricultura marginal, y se movilizan por el acceso a las utilidades de los recursos mineros. Es prolífica la aprobación de leyes, pero escasa la capacidad de cumplimiento, ya que no se asigna recursos económicos, como ocurre con la Ley 144. Según el acuerdo entre Gobierno y grandes propietarios, el control de la función económico social de la tierra será cada tres años, ya no cada cinco como establece la Ley 3545. La inversión agropecuaria es apenas del 6%. La idea de que Bolivia tiene capacidad de producir sus propios alimentos y para el mundo va ganando terreno y está alentando la ampliación de la frontera agrícola y el agronegocio.
En este contexto, tanto en el país como en otros países de la región andino-amazónica se hace cuesta arriba la posibilidad de superar el viejo paradigma de la mercancía y el intercambio basado en el extractivismo para avanzar en la implementación del paradigma que nace de la reciprocidad, solidaridad y relación respetuosa con la naturaleza, orientado hacia el vivir bien o buen vivir. Más complejo aún, cuando a las puertas de la Cumbre Mundial de Rio+20 va cobrando fuerza la propuesta de la economía verde, que sigue basada en los mismos cánones de relación mercantil con la naturaleza y de sus funciones, que causará los resultados ya conocidos del viejo paradigma de desarrollo.
Todo ello requiere redoblar esfuerzos para que las propuestas alternativas, como el vivir bien, se coloquen en espacios de debate más globales sobre alternativas al desarrollo capitalista que pone en riesgo a la humanidad y la naturaleza, y no quedarse relegado a realidades andino amazónicas o rurales solamente.