Días vienen, días van; coyuntura política que se complica y que a veces se soluciona. Conflictos diversos en la agenda política: la marcha por el TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure), un paro médico que ya fue, conflicto de límites y disputa por regalías hidrocarburiferas entre departamentos, amenaza de incremento de la tarifa de transporte público y paro, toma de minas y conflicto de cooperativista y asalariados mineros, y para finalizar, motín policial y reivindicación salarial. ¿Qué más? Algún otro conflicto local y algún bloqueo por cualquier motivo en la carretera Oruro-La Paz, seguro habrá muchos más conflictos.
Pero, a todo esto, ¿alguien se acordará de los estatutos autonómicos, aparte de los asambleístas departamentales y el Ministerio de Autonomía? ¿Alguien se preguntará que no habrá autonomía plena si no se aprueban estos estatutos? A estas alturas de la coyuntura, ¿en qué quedó la autonomía? Son preguntas que seguramente se hacen varias personas, especialmente de las regiones alejadas de la sede de gobierno. La coyuntura es tan vertiginosa y caudalosa, que ahora nada se sabe en qué quedó la elaboración de los estatutos autonómicos; es más, los medios de comunicación no reflejan en nada el asunto.
¿Alguien estará ocupándose de este tema? Demos testimonio de ello. Pando ya tiene su estatuto autonómico adecuado a la Constitución, fruto de un buen trabajo de los asambleístas y por quienes transitamos ese departamento amazónico, y La Paz ya tiene elaborado el suyo, que está siendo socializado en las 20 provincias y de la cual también tuve la suerte de participar en su momento.
En el caso de Tarija, vi que los conflictos internos de la Asamblea Departamental imposibilitan que el estatuto avance en su adecuación a la Constitución. Sin embargo, acá se presenta un punto de análisis jurídico y que puede ser conflictivo: es que el Estatuto Autonómico tarijeño aprobado en referéndum el 22 de junio de 2008 ya fue presentado formalmente al mismo Tribunal Constitucional luego de esa votación. Así, surge la interrogante de con qué base jurídica se está trabajando dicha carta si el documento original, y aprobado, ya está en la oficina llamada por ley para su consideración constitucional. ¿O acaso no se debería retirar formalmente o por lo menos el Tribunal Constitucional debiera hacer la devolución, o revisarlo y declararlo inconstitucional y remitirlo para su adecuación en la Asamblea Departamental de Tarija? Y si así se procede, es seguro que al adecuarse nuevamente tendrá que ser puesto a consideración de un referéndum, porque ya se estaría modificando total o parcialmente el documento y se debería sujetar a lo que dice la Ley Marco de Autonomías en su artículo 63. Este panorama tan complejo no se visibiliza en la coyuntura actual.
En Santa Cruz, la situación es también compleja; no se visibiliza la ruta autonómica, no se tiene aún el consenso político para avanzar en dicha labor y, es más, hay una resistencia de los sectores más duros y contrarios al actual Gobierno, que proponen más bien presentar tal como está el estatuto ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el de Beni está empezando a tomar impulso en su adecuación. Es que, para el oficialismo, ya hay el escollo de Ernesto Suárez, el gobernador suspendido, que siempre tuvo una actitud muy conservadora y tozuda al momento de hacer una lectura política que no ayudó la adecuación y menos impulsarla.
Potosí, Chuquisaca y Oruro ya tienen una ruta autonómica trazada, aunque la transitan con inconvenientes con base a sus propias características, a través de talleres y seminarios. A todo esto, el Ministerio de Autonomías ha optado un perfil silencioso y discreto para ayudar a elaborar los estatutos. Pero eso de ser discreto cuando el tema es netamente un campo político no es aconsejable; la gente debe enterarse del trabajo. Así, no es pertinente que un ministerio pretenda mostrar su trabajo con modestia y bajo perfil; para eso es mejor dejar la política y dedicarse a lo privado, donde resulta mejor esa condición.
Una crítica de las regiones hacia el Ministerio de Autonomías es que al ayudar técnicamente en la elaboración de los estatutos no es solamente hacer un taller o un seminario de un día o dos y posteriormente dejarles a su suerte a cada departamento, sino quedarse acompañando su curso para ver y vivir la coyuntura y realidad de la gente del lugar y entender su idiosincrasia. Dicha crítica se toma a mal, y ahora se dan las consecuencias, como en Tarija: divisiones y falta de liderazgos para adecuar el documento.
La consideración de estas cartas es urgente. Por ejemplo, ahora varios temas son de competencia departamental: el sector de salud, que exige mayor equipamiento, insumos e infraestructura; el de transporte, específicamente en temas tarifarios, el control y fiscalización de los servicios de transporte interprovincial e intermunicipal; es más, es tarea del nivel departamental regular las tarifas.
Como se verá, los estatutos tienen una gran importancia política y su elaboración puede canalizar varias realidades ante las autoridades que tienen esas competencias constitucionales. Caso contrario, seguirá filtrándose todo conflicto al nivel central. Mientras se deje de lado la elaboración de los estatutos no habrá autonomía plena que valga, y la gente empezará a desencantarse de la autonomía prometida en tiempos electorales.