Desde la instauración de la democracia en 1982 todas las instituciones bolivianas fueron sufriendo adaptaciones —unas más temprano que otras— en concordancia con ese sistema de gobierno… ¿Todas? No. Dos organismos estatales uniformados que pueden hacer uso legal de armas resisten ahora, y siempre, a la reforma con una razón: el temor de las sucesivas administraciones gobernantes de turno a realizar cambios estructurales en ellas.
Ni la Policía Boliviana ni las Fuerzas Armadas han sido objeto de reformas que tengan correlación con la democracia, que cumplirá en octubre 30 años desde su recuperación. Tres décadas de haber sido relegada la reformulación es mucho tiempo como para no hacerse evidente que hubo y hay una deliberada intención de no tocar estructuralmente a las fuerzas de seguridad nacional.
Según Loreta Tellería, politóloga e investigadora del Observatorio de la Democracia y Seguridad, “es difícil hablar de ambas instituciones porque portan armas”. Sin embargo, continúa la investigadora, ese temor sólo se verá reducido en la medida en que haya un verdadero ejercicio de control civil de tales instituciones.
Por otro lado, considera que si los gobiernos no se animan a reformar las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana desde sus bases primarias, este temor va a seguir presente y continuarán creyendo que son pasibles a la inestabilidad por una de estas dos instituciones. Los años dentro de la democracia fueron pasando hasta que llegó la Asamblea Constituyente, donde, una vez más, todas las instituciones gubernamentales fueron reformadas… ¿Todas? No, etc…
El cónclave fue una leve corriente marina para las ancladas tradiciones tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas. “La nueva Constitución Política del Estado, para evitar mayores problemas, prácticamente ha repetido literalmente lo que decía el texto anterior en cuanto al Ejército y la Policía”, ratifica el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Aunque no ha existido una reforma por escrito —hay que recordar que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación data de 1992—, en opinión del ministro, ambas instituciones sí han logrado adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias que la sociedad demanda de ellas.
“Antes, con la doctrina de la seguridad del Estado proveniente de Estados Unidos, se quería evitar cualquier indicio de comunismo o socialismo; ahora se aplica el concepto de la seguridad ciudadana porque la dinámica de los pueblos ha cambiado. Hoy se trata de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, dice Romero.
Otro enfoque es el que tiene Samuel Montaño, especialista en asuntos de seguridad, quien cree que la reforma, específicamente hablando de las Fuerzas Armadas, debe apuntar a las funciones que cumplen, “cosa que no se hará en este gobierno”. “Lamentablemente, en nuestro país, hay tres instituciones que no quieren cambiar: las Fuerzas Armadas, la Policía y la Iglesia (Católica). Ninguna de ellas es progresista”, dice Montaño.
Según este analista, la institución militar sigue con la doctrina del nacionalismo revolucionario de 1952 y de 1964 (golpe de Barrientos). “Hay que reestructurar al ejército en cuanto a sus funciones y su misión, reformular la formación de los militares en el Colegio Militar, la cual se sigue basando en golpear al conscripto y al soldado… nada más”, declara Montaño.
Es sabido que los militares bolivianos se dedican cada vez más a asuntos no-militares (repartición de bonos, bombillas eléctricas, etc.), aunque es una tendencia de toda la región, percibe Tellería.
Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, no puede haber una crisis de funciones en la institución que rige porque sus actividades están enmarcadas en la Constitución Política del Estado y sus roles están establecidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, “participando activamente en el desarrollo integral del país, protegiendo y llegando a todo el territorio boliviano, razón por la que actividades sociales como la distribución de focos ahorradores y entrega de bonos solidarios, lucha contra el narcotráfico, contrabando y la seguridad ciudadana no sólo permite la integración del territorio y su población, sino también que contribuye a la formulación y consecución de los objetivos del Estado”.
La misión principal de ese organismo está enmarcada en la Constitución, artículo 244: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país”.
Tellería ve que hay un conflicto en los roles de la entidad. La investigadora recuerda que en los últimos años, los militares han sido utilizados en temas de seguridad ciudadana, “lo que se convierte en una disfuncionalidad democrática; las Fuerzas Armadas no han sido formadas para trabajar este tema, por lo tanto, su actuación, en determinados contextos, puede aumentar la inseguridad en la medida en que se pueden violar los derechos humanos de los ciudadanos”.
¿Cuándo se animará un Gobierno a reestructurar a las Fuerzas Armadas y la Policía? En todo caso, una autoridad de alto nivel, que prefiere mantener su nombre en reserva, dice que están en camino 12 leyes como “regalo” para el aniversario de las Fuerzas Armadas, en las cuales se otorgará a esta institución “mucho poder”, sin embargo, asegura que no mencionan ninguna reestructuración.