De entrada dice que no abordará la problemática del TIPNIS, ya que sería “entrometerse” en asuntos internos de Bolivia. Así empezó el diálogo, en el que expuso las experiencias que se desarrollaron en Colombia sobre procesos de consulta previa. Solamente entre enero y abril de 2012 se desarrollaron 583 consultas en su país. El 81%, explica, fueron para proyectos hidrocarburíferos, por los que se llegaron a diferentes consensos con las comunidades indígenas.
No tiene el menor conocimiento de que en Bolivia se producía café con similar gusto al de Colombia. Se impacta por la calidad del grano boliviano y se sorprende —según admite— de haber tomado varias tazas durante su estadía en La Paz. Rafael Torres es experto en procesos de consulta en Colombia y, durante la conversación con Animal Político, revela que en su país se ejecutaron casos sin haber logrado consenso con las comunidades indígenas. En estos casos, explica que el Gobierno es el que decide, sin autoritarismo, si el proyecto se ejecuta o no; obvio, previos estudios medioambientales.
Torres es director general de Consulta del Ministerio del Interior de Colombia. Como él dice, es el “personaje” de llevar adelante los procesos consultivos en su país, que solamente entre enero y abril de 2012 se ejecutaron 583 consultas.
Es claro al indicar que no hablará sobre la crisis del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure), porque sería —justifica— “entrometerse” en asuntos internos de Bolivia. Destaca, empero, que una consulta no otorga derecho a veto y que en Colombia se ejecutaron proyectos antes de realizar una consulta, algo similar a lo que sucede con la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. En estos casos, dice que el Gobierno colombiano indemnizó a las comunidades indígenas afectadas.
— ¿Desde cuándo se aplica la consulta en Colombia?
— Colombia ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1991 y tuvimos todo un proceso de aprendizaje. Al inicio las consultas las hacían las empresas directamente con las comunidades y no había participación del Gobierno; ya luego se estableció que el Gobierno participe de las consultas y que sea el rector de las consultas. Y es así que se establece por decreto que el Ministerio del Interior se encargue de las consultas previas.
Entonces, todo eso fue un proceso de aprendizaje, que incluso en 1998 sacamos una primera norma que fue la medida legislativa encargada de llevar a cabo las consultas cuando tienen que ver con temas que comprometen al medio ambiente.
— ¿Esta norma fue observada?
— El Consejo de Estado la declaró ilegal, pero la Corte Constitucional señaló que al no haber sido consultada previamente, pues, no era de cumplimiento obligatorio, pero era un marco de referencia para llevar las consultas; de tal manera que nosotros llevamos las consultas con base en esa norma, y cada consulta se concluye en la metodología y el cronograma.
— ¿Tuvieron dificultades en los procesos de consulta?
— Obvio que se presentaron dificultades, eso es normal, porque estamos entre culturas diferentes, entendimientos diferentes, y ése es el objetivo de la consulta: hacer que dos formas de pensar diferentes se puedan entender.
— ¿Estas dificultades pueden surgir por posiciones políticas dentro las comunidades indígenas?
— Referido a temas de infraestructura, claro que hay comunidades que tienen posiciones políticas y así es difícil ponerse de acuerdo…
— ¿Entonces cómo se logran acuerdos?
— Lo que se hace es un intento para hacer entender a las comunidades que una política pública no se imponga al diálogo.
— ¿Qué sucede cuando no se llega a un acuerdo?
— Cuando no se llega a un acuerdo, específicamente en proyectos de infraestructura, la consulta no tiene derecho a veto; lo que se busca en la consulta es tratar de lograr consentimiento, concertación y acuerdos sobre un proyecto determinado. Entonces, cuando no hay acuerdo en la consulta, la que determina finalmente es la autoridad ambiental, que sin autoritarismo toma una decisión con base a información que se recoge de la consulta, y en esa decisión se adopta todo lo referido a la mitigación de los impactos, las medidas de manejo y las medidas de compensación.
— ¿Esa autoridad ambiental depende del Gobierno?
— Es una entidad del Gobierno, y ellos parten de los principios ambientales, donde no sólo ven el tema ecológico sino también el social.
— ¿Hubo casos en los que las comunidades vetaron los resultados de una consulta?
— En Colombia hay tres eventos que establece el consentimiento previo, libre e informado; es decir, cuando las comunidades tienen que ser reubicadas o cuando los recursos naturales serán utilizados, de los cuales subsiste la comunidad, o cuando la comunidad se va a instalar en un lugar de desechos tóxicos. En esos tres eventos existe veto por parte de las comunidades.
— ¿Ve avances en la región con la aplicación de la consulta?
— Sí, muchos avances, y no sólo en América Latina sino también en Canadá y otros países. El Convenio de la OIT fue ratificado por 22 países y no todos tuvieron el mismo desarrollo, por las mismas circunstancias internas de aplicación de la consulta. Acá, lo importante es que se está reconociendo que hay necesidad de escuchar a los indígenas cuando son afectados por una medida administrativa o por una legislativa; esto antes era impensado.
— ¿Se está cumpliendo a cabalidad el Convenio 169 de la OIT en los 22 países que lo ratificaron?
— Éste es un proceso de aprendizaje; el Convenio es un marco de referencia y todos los países estamos cada vez aprendiendo más y estableciendo estándares de buenas prácticas.
— ¿Cuántas consultas se desarrollaron en Colombia?
— Desde enero a abril de 2012, hemos llevado a cabo 583 consultas relacionadas con proyectos de infraestructura, vías, hidrocarburos, minas, temas relacionados con energía, investigaciones, comunicaciones, etc.
— ¿Existen diferentes tipos de consulta?
— No, todas las consultas son iguales. Existen etapas que se presentan a la comunidad que será afectada directamente y no a las que se ven afectadas indirectamente. Se presenta una metodología y luego se llegan a acuerdos con el Gobierno.
— ¿Tuvieron casos en que antes de hacer una consulta ya se habían ejecutado las obras?
— Sí, claro, hubo casos en 2004 que se ejecutaron proyectos sin realizar la consulta.
— ¿Eso es válido?
— Lo que pasa es que en ese entonces estábamos en un proceso de aprendizaje y se hacían los proyectos, y no se sabía que existía una comunidad. Pero, después, las comunidades presentaron una tutela y, amparados en su derecho a consulta, se les hizo el proceso; pero, obviamente, no fue una consulta previa, sino una consulta para ver cómo compensar o indemnizar a la comunidad por los daños a las comunidades.
Iván Paredes Tamayo
— Nosotros podemos colaborar en explicar cómo es la experiencia de una consulta en nuestro país. Podemos ver la posibilidad de que funcionarios de Bolivia vayan a Colombia para asistir como una experiencia de pasantías y vean cómo se hacen consultas en temas de infraestructura, investigaciones, comunicaciones, etc.
Perfil
Nombre: Rafael Torres Martin
Nació: 15-10-1959
Profesión: Abogado
Cargo: Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior de Colombia
Datos
Es experto en el desarrollo de procesos de consulta en Colombia. Su misión, explica, es lograr acuerdos con las comunidades indígenas para ejecutar proyectos de infraestructura. Asesoró al Gobierno peruano en la elaboración de la Ley de Consulta Previa.
Intercambio de experiencias sobre procesos de consulta
El Ministerio de Gobierno de Bolivia, junto a la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrolló jornadas de intercambio de experiencias sobre temas de procesos de consultas previas con los gobiernos de Colombia y Perú.
El objetivo del gobierno de Evo Morales es recaudar todos los insumos posibles para desarrollar una Ley Marco de Consulta, que en este momento se encuentra en plena etapa de debate con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad.
El seminario internacional se tituló “Ley Marco de Consulta. La consulta es un derecho de los pueblos indígenas, un deber del Estado Plurinacional promoverla”. Contó con la participación de Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Perú; Rosario Sevillano, experta peruana en temas de consulta; Rafael Torres, director general de Consulta Previa del Ministerio del Interior de Colombia, y Ellis Gómez, profesional colombiana en asuntos indígenas.
Al evento también asistieron el representante de la ONU, Christian Jette, y de la OIT, Manolo García. Como representantes bolivianos estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
La delegación colombiana fue la que brindó más detalles sobre experiencias de consultas. Sólo en el período de enero a abril de este año —dijo Torres— en ese país se efectuaron 583 consultas previas y se aprobaron 470 protocolos para consultas referidas a distintas áreas. El experto explicó que el 81% de todas las consultas se las hizo para concretar proyectos hidrocarburíferos.
Lanegra señaló que en Perú, en el último trimestre de 2011, se promulgó una Ley Marco de Consulta. Explicó que la normativa tuvo diferentes tipos de rechazo de “algunas” organizaciones indígenas donde predominaron intereses políticos. Dijo que detrás de la aplicación de la consulta en su país existen divergencias en las comunidades.
Romero consideró a la consulta como un derecho “fundamental que habilitará a las personas a ejercer otros derechos de distinta naturaleza”. Detalló las gestiones del Ejecutivo para impulsar el proceso consultivo, como la promoción de actividades sobre la consulta o la creación de un fondo indígena. La autoridad resaltó que el Gobierno trabaja bajo una visión filosófica: fortalecer un diálogo intercultural y horizontal.