La palabra “Santallazos”, así con letra mayúscula al inicio, se ha convertido para los bolivianos en un sinónimo de chistes, bromas, buen humor. El origen: por supuesto, el maestro David Santalla, el hombre al que le debemos medio siglo de carcajadas.
Pero a principio de mes cobró protagonismo otro Santalla, uno muy alejado del mundo del espectáculo, aunque tal vez ahora podría ocupar un espacio entre los cultores del humor negro.
Me refiero al ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien durante el conflicto que se desató en la localidad de Mallku Khota por la toma de rehenes a manos de comunarios, hizo declaraciones tan miopes y absurdas que ahora las podríamos clasificar como “santallazos”, así con minúsculas para diferenciarlas del otro concepto.
Lamentable, porque al fin de cuentas esta autoridad asumió una responsabilidad que no le correspondía (la del titular de Minería) y consiguió resolver el conflicto preservando la vida de todos los rehenes.
Revisemos los hechos. Santalla dijo que los dos ingenieros que fueron capturados, privados de libertad e incomunicados durante diez días “no sufrieron ninguna clase de maltrato” y que, contrariamente, ellos agredieron a los comunarios al utilizar sus vestimentas típicas para camuflarse en una asamblea. Poco después, el país vio las imágenes de unos golpeados rehenes sometidos a un juicio comunitario, nada más y nada menos que a manos de sus captores. O sea, quienes cometieron el delito de aprehensión ilícita juzgando a sus víctimas. ¿Alguien creerá que no sufrieron ‘ninguna clase de maltrato’?
Casi de inmediato llegó el segundo “santallazo”, con seguridad el más ofensivo con la inteligencia y el sentido común de los bolivianos. La autoridad aseveró que los comunarios “no cometieron ningún delito”, al menos alguno que él pudiera identificar, y explicó que dejaría que eso lo decida una autoridad judicial competente.
Es cierto que nadie es culpable hasta que un juez diga lo contrario, pero es hasta ofensivo pretender hacer creer que no ocurrió nada ilegal después de diez días de secuestro e informes médicos que certificaron maltrato físico y psicológico contra los rehenes, uno de ellos —el policía— con diagnóstico de fractura de cráneo.
¿Privar de libertad a una persona no es delito?, ¿no es delito incomunicarla?, ¿golpearla?, ¿humillarla públicamente?, ¿amedrentarla? Santalla ni siquiera tomó en cuenta la versión que un día antes había proporcionado en una conferencia de prensa el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en sentido de que los rehenes sufrieron “salvajes” agresiones físicas y psicológicas por parte de los comunarios de esa región.
Pérez incluso había detallado que uno de los ingenieros fue golpeado con piedras en la cabeza. ¿Esto no es suficiente para establecer que sí se cometieron delitos? ¿En algún momento fue imprescindible un fallo judicial para concluir que en las dictaduras se cometieron delitos? El fallo judicial fue necesario, cierto, pero para condenar a los responsables, que es lo que ahora debería hacer el Gobierno.
Posteriormente nos enteramos que los dos ingenieros fueron capturados cuando tomaban fotografías desde terrenos de la concesión que fue entregada a la Empresa Minera Mallku Khota. ¿Será que no es delito invadir una propiedad?
El tercer “santallazo” fue transmitido en vivo y en directo a todo el país, cuando el ministro en cuestión se presentó en el programa Que no me pierda que transmite la red Uno para contar lo que ocurrió en el pueblo minero.
Entonces dejó con la boca abierta al presentador César Galindo, cuando le expresó que los ingenieros, además de haber ofendido a los comunarios al utilizar sus trajes típicos, habrían sido quienes en realidad intentaron “secuestrar” a los pobladores de la zona. “Al menos eso es lo que han informado (los comunarios de la zona)”, aseveró.
O sea que los ingenieros aprehendidos ilícitamente durante una semana, aparecían ahora como sospechosos de intento de secuestro. Dos ingenieros intentando secuestrar a comunarios en medio de una asamblea donde habían cientos de ellos, y ninguno era un boina verde o algo parecido. Por favor…
Los comunarios podían haber dicho cualquier cosa en ese momento, pero el sentido común señalaba que ése era un argumento más en su intento de justificar un acto delincuencial. Exactamente igual de absurdo que argumentar que no cometieron secuestro ni aprehensión ilícita, sino que ejecutaron un acto de retención, como arguyeron otros miembros del oficialismo.
Retención, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, es “arresto, prisión preventiva” y en este caso no hubo eso. Lo que los comunarios hicieron fue capturar y retener contra su voluntad a estas personas y, si bien no fue necesariamente un secuestro, porque esta figura implica que se pida una recompensa, sí se tomaron rehenes (“personas de estimación y calidad que como prenda quedan en poder del enemigo o parcialidad enemistada, mientras está pendiente un ajuste o tratado”, menciona el diccionario citado).
Para el Defensor del Pueblo no hubo dudas. “Este desenlace lamentable no se tenía que haber dado, hubo secuestro en Mallku Khota, porque se privó de libertad, eso es un delito, los secuestrados no recibieron un trato humanitario, hubo violencia, por lo que esto tiene que pasar por la justicia como corresponde”, indicó.
A Santalla se le fue la mano ( y la lengua) en su intento de evitar mayor conflicto con los comunarios, como al Gobierno al avalar mediante un acuerdo un juicio comunitario que sienta un aterrador precedente para la justicia boliviana: permitir que transgresores de la ley impartan justicia y, no sólo eso, permitir además que juzguen a sus víctimas y las sancionen.
Sé que a estas alturas no ocurrirá, pero hasta hace poco mantenía la esperanza de que el Gobierno desconozca el acuerdo firmado en Mallku Khota porque fue suscrito bajo presión y, de acuerdo con la legislación boliviana, este tipo de documentos no tienen validez.
Es una pena que eso no haya ocurrido, ya que ahora quedará grabada en la historia del país que es posible quedar impune con algo de presión y una manito de ayuda política.