Simón Yampara Huarachi
Cuando se habla de pueblos ancestrales milenarios de la costa del Pacífico, andinos (como altiplánicos) o amazónicos —denominados genéricamente “indígenas”— y de sus saberes, ‘cosmocimientos’, organización y su paradigma de vida, aún son considerados como acientíficos o como saberes y conocimientos locales, de alcance de una determinada población, de un sitio geográfico, por tanto carentes de “universalidad” y de la categoría científica y tecnológica.
Mientras, desde hace más de cinco siglos, producto de la invasión (1492-1532), se practica la hegemonía de la cultura europea, británica y norteamericana, conocida como “occidental” y centenaria en nuestro medio, con estigmas de “racismo” y “complejos de superioridad”, cuando Europa hasta entonces era una simple región periférica de las “civilizaciones” de Asia y África. El eurocentrismo producido y alimentado por el teocentrismo occidental (un solo dios macho) pretende convertirse en “civilización superior”, se da atributos universalistas y únicos, por tanto monoteístas, monoculturales, regidos por derechos jurídico-legales monistas con privilegio de la propiedad y derecho privado individualizado, creando y extendiendo los “estados latinoamericanos presidencialistas” producto de la estructura monárquica.
Hoy, desde esa continuidad colonial, ese contexto y medio —esa estructura, formación y práctica, donde se rearticula el poder-saber-estructura y pensamiento colonial de perpetuación en el poder— paradójicamente el “Estado Plurinacional” constitucionalizado nos habla de políticas intra e interculturales como avances de inclusión, de “reconocimientos” desde el espacio del monismo a la “otredad”, afirmando que se vive un cambio bajo el eslogan “revolución democrático-cultural”. El tránsito de un “capitalismo andino-amazónico” a un “socialismo comunitario”, para eso ve como necesidad “rescatar”, “recuperar” e “incorporar” a la práctica —la vivencia y matriz del sistema de valores occidentales— del “sistema mundo capitalista” globalizador; mejor dicho, del monismo eurocentrista occidental, con atributos cientificistas, tecnologistas, ecologistas y hasta bio-socialistas. Eso se nos quiere hacer entender como gran avance de la interculturalidad, cuando sabemos que las condiciones son de asimetría colonial y la inequidad de sistema de valores “civilizatorios”, de instituciones y de ejercicio subordinado de derechos para los pueblos “indígenas” (el caso TIPNIS es un ejemplo ilustrativo), y la poca dilucidación entre los códigos de derecho, la justicia ordinaria y la llamada comunitaria.
Desde nuestra comprensión venimos reflexionando, clarificando e insistiendo que debemos visibilizar, redignificar y reconocernos que vivimos matricialmente dos sistemas de valores “civilizatorios”, lo que Waman Poma grafica en su mapa pontificial de Cuzco y Castilla, para nosotros ancestral y milenario, que viene desde tiempos inmemoriales —como lo aymara-quechua— con semillero en Tiwanaku cosmo-convivencial, cosmo-biótico, donde se procesa y armoniza la doble fibra y energía de la vida: la espiritualidad y la materialidad; y la occidental centenaria con semillero en Europa del este, monista en su pensamiento, su saber y paradigma de vida de desarrollo, que con el industrialismo ha divorciado y privilegiado el espacio de la materialidad de la espiritualidad, congelando la palabra viva en escritura y la dinámica del ayni (reciprocidad) en dinero, que mirando con mayor cuidado y en profundidad, encontramos que se continúa con el encubrimiento y sublimación con valores gestados en la Colonia, cultivando su pensamiento monista, universalista y con estigmas de superioridad, en el “saber cognitivo”, la “cultura del cientificismo”, el tecnologisismo que orienta el sistema educativo y el aparente tránsito del multiculturalismo al interculturalismo, que no es más que la apertura del abanico del monoculturalismo, práctica de “reducción motivada” (simplificar lo múltiple, subordinar las diferencias), haciendo seducción y cooptación política de los actores políticos, de las organizaciones sociales: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) y los colonizadores; allí se rearticula el saber-poder-estructura de dominio, encaminado por la “democracia” representativa y participativa.
A esa acción la llamamos el chhakhi colonial democrático (confusión y ofuscamiento sin horizonte). Eso es encubrimiento y continuidad colonial, cuestionada y reclamada por los intelectuales aymara-qechua (qullanas) y las organizaciones de los pueblos costeño-andino-amazónicos de la civilización tiwanakota, como mapuches-aymaras de sur-norte de Chile, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que hoy como ayer están entre la reafirmación, la re-dignificación y la peligrosa ruta (thakhi) de un franco proceso de cooptación y domesticación de sus cuerpos directivos. Algunos académicos indígenas consideran lo propio, lo autóctono como meras manifestaciones culturalistas y folklóricas de un chauvinismo nacionalista. Es más, la literatura oficial escolar y colegial hace aparecer y difunde al semillero civilizatorio como “ruinas de tiwanaku”, como un pasado sin retorno, como algo superado por la modernidad, en su visión de la linealidad del proceso histórico y del paradigma de vida occidental, defendiendo no sólo la plaza Murillo, sino toda la estructura arquitectónica colonial de La Paz como patrimonio urbano de los mestizos criollos; los bicentenarismos son la negación y encubrimiento del procesos milenaristas y de segregación racial.
¿Dónde están entonces, los avances del Estado Plurinacional y el interculturalismo.
Se debe dar a Pinto el salvoconducto
Adrián Oliva Alcázar
La República del Brasil, el 8 de junio, concedió asilo político al senador Róger Pinto. El asilo político es una institución propia del derecho internacional latinoamericano. Se trata de una institución humanitaria por la que se concede refugio a los perseguidos políticos de los países en los que no hay garantías de justicia imparcial.
El debate sobre el asilo otorgado al legislador nos muestra un nivel vergonzoso de ignorancia y oscurantismo por sus argumentos. Frente a un silencio inexplicable de la Cancillería boliviana, la responsabilidad parece haber caído en la Asamblea Legislativa y políticos del Gobierno; como era de esperar, sus afirmaciones causan sorpresa e incredulidad en medio de un silencio piadoso de los actores internacionales.
Ministros, senadores, diputados, presidentes de cámaras, autoridades judiciales, hasta el propio Fiscal General han afirmado que el salvoconducto no debe ser concedido porque se trata de delitos comunes y el beneficio no puede ser dado a delincuentes y corruptos. Pidieron a Brasil revisar su equivocada decisión, lamentaron que su embajada en La Paz sea un refugio para delincuentes comunes, atracadores de bancos, cogoteros, etc. No se ahorraron insultos contra la decisión soberana de un país de la importancia de Brasil; violencia verbal que se ensañó contra el embajador Marcel Biato, a quien desde el Palacio de Gobierno se acusó de actuar de vocero de Pinto.
¿Qué esconde el arsenal de insultos contra el diplomático? Que el Gobierno sabe que el asilo lo concede o niega el Estado asilante, de acuerdo con convenciones internacionales de las que el país es parte y a las que se encuentra sometido; que para que Brasil adopte la determinación, el caso ha sido cuidadosamente estudiado para que la resolución se encuentre respaldada por la Cancillería de Ytamarati, de prestigio internacional; que la decisión del “Estado asilante” es soberana y no sujeta a impugnación de Bolivia; y que la determinación devela el carácter autoritario del gobierno de Evo Morales y la inexistencia de una justicia imparcial.
Se debe dar el salvoconducto a Pinto porque legalmente corresponde y Bolivia debe cumplirlo. El asilo es el derecho que la Convención de Caracas de 1954 concede, en su artículo II, a todos los estados bajo la fórmula “todo Estado tiene derecho de conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”.
El Gobierno sostiene que el asilo no puede ser cedido a personas que al solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en tribunales ordinarios por delitos comunes. La afirmación es correcta, pero incompleta, porque el texto del artículo III, citado por el Ejecutivo, también señala: “salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera sea el caso, revistan claramente un carácter político”; menos aún, cuando la decisión de la calificación del hecho o la naturaleza política de la persecución corresponda al Estado asilante, cuya decisión es incensurable por el “Estado territorial” (Bolivia). Esto se encuentra establecido por el artículo IV de la Convención de 1954. Finalmente, el Estado territorial está obligado a dar garantías necesarias y el salvoconducto.
No existe dudas. Brasil tiene el derecho de conceder asilo y calificar el hecho y el motivo de la persecución. Bolivia está obligada a dar el salvoconducto; negarlo viola el derecho a asilo de las convenciones. Otra razón por la que debe ser otorgado es que los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad y, en tanto derechos humanos, tienen aplicación incluso sobre la Constitución.
Podemos afirmar que la negativa viola la propia Carta Magna, que en su artículo 410 establece la primacía de la Constitución y de los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de Bolivia. Más concluyente es el artículo 256: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.
A despecho de las afirmaciones oficiales de que la extensión del salvoconducto está prohibida por la Constitución o que concederla sea un delito, lo anterior prueba que la concesión es obligatoria.
Parece inocultable que la inusual furia del Gobierno se ha descargado sobre su más temible opositor: que una persona coleccione más de 20 procesos en 24 meses; ni que seis de ellos sean por desacato, por haber cometido el “delito” de denunciar corrupción y narcotráfico; que se hayan remontado a gestiones de hace diez años para encontrar motivos de juicio; que en contra de la Constitución lo hayan detenido 57 días; y que lo denuncien de asesinato, pero no digan quién es la víctima ni dónde se encuentra el cadáver no significa otra cosa.
Adicionalmente, es de interés del país mantener una relación de amistad con el Brasil, que no sólo es nuestro principal socio económico, sino la quinta economía mundial, y es un actor principal de nuestro desarrollo futuro; además, compartimos tareas como la lucha contra el narcotráfico.
Hay que realizar ciertas consideraciones de orden político. La violencia verbal contra el Brasil y su embajador Biato pretende hacer ver que el problema está individualizado con éste o con Brasil. Parece ignorarse que al menos cinco estados han dado refugio político a más de un centenar de bolivianos por considerar que existe persecución política en Bolivia y que no hay una justicia independiente. Entre los cinco estados, además del Brasil, se encuentran Paraguay, Perú, España y Estados Unidos. Personalidades afines al propio Gobierno, como el representante de Alto Comisionado de la ONU, afirmaron que la justicia en Bolivia sufre una crisis que se ha agravado, señalando la necesidad de aplicar principios de imparcialidad y presunción de inocencia. Es evidente que el problema no es sólo el Brasil o su embajador.
El Ejecutivo tampoco puede echar mano del encendido discurso de condena a los afanes desestabilizadores del imperialismo, pues parece no aplicarse a países en los que sus gobernantes mostraron simpatía con Morales. El Brasil de Lula, el Paraguay de Lugo, la España de Zapatero o el Perú de Alan García, no parecen acomodarse al contenido de la prédica antiimperialista.
Brasil no es el único Estado que ha concedido refugios, Róger Pinto es uno de cientos de bolivianos que han sufrido los rigores de la persecución política. La diferencia de éste con los otros es que tomó el riesgo, no “huyó” del país, se quedó para hacer pública su denuncia, para desnudar las raíces autoritarias del Gobierno plurinacional. Pinto develó los nefastos vínculos de autoridades del Gobierno con el narcotráfico, y con ello la quiebra moral del Estado Plurinacional, que amenaza la democracia y la paz social en Bolivia y el continente. Ése es “su mayor delito”.
A corto plazo, el gobierno de Morales anunció la expulsión de Pinto del Senado. Para ello tiene los votos, pero no la talla moral. Al echarlo del Congreso, nos recuerda una triste paradoja, en la que Evo se convierte en “el mejor jefe de campaña de Pinto”, parafraseando a Su Excelencia.