El Director Regional de IDEA Internacional para América Latina y El Caribe asegura que los cambios en el sistema político de Bolivia hacen necesario modificar la norma para regular a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de los pueblos indígenas. El analista llegó a Bolivia para dar luces y sugerencias al Órgano Electoral para elaborar la Ley de Organizaciones Políticas, y asegura que se debe discutir la reinstalación del financiamiento público a partidos políticos.
En agosto de 2008, el extinto Congreso de la República aprobó la Ley 769, que eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los años electorales y no electorales, dispuesto en la Ley de Partidos Políticos; sin embargo, la discusión sobre este tema se retoma en la elaboración de la nueva Ley de Organizaciones Políticas, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El especialista argentino en temas políticos Daniel Zovatto, quien participó esta semana en un seminario organizado por el TSE para el debate de ideas y propuestas sobre el contenido de la nueva normativa, asegura, ente este marco, que se debe discutir el financiamiento a los partidos políticos, pero con mayor control e incluyendo sanciones ejemplares. Dice que se debe dejar de lado el concepto de gasto público y comenzar a hablar de una inversión para mejorar el sistema político.
— ¿Qué análisis hace de los partidos políticos en Bolivia?
— Se ha visto que el sistema de partidos políticos que tenía Bolivia entró en crisis en la década del 90 y que colapsó a inicios de 2000, cuando los partidos tradicionales dieron lugar a lo que es hoy un sistema de partidos políticos integrado por un partido predominante, que es el Movimiento Al Socialismo (MAS), y por una oposición que está bastante fragmentada y débil. Los cambios en el sistema político, en el sistema de partidos, la nueva Constitución, obligan a una necesaria adecuación de la normativa jurídica vigente.
— Entonces, ¿la ley es obsoleta?
— Tenemos una democracia, a la luz de la nueva Constitución, que no sólo es representativa, sino también quiere ser participativa comunitaria y con organizaciones políticas que no son sólo los partidos políticos; están también las agrupaciones ciudadanas y las indígenas. Todo esto hace claro que la Ley 1983 (de Partidos Políticos) ha quedado desactualizada y necesita una puesta al día.
— ¿Quiénes deben participar en la elaboración de la nueva ley?
— Lo que se busca es que el proceso de elaboración de la nueva ley sea abierto, inclusivo, participativo, transparente y plural; se busca generar altos niveles de confianza en este tipo de legislación. Más allá de que el MAS hoy es el partido predominante y que la oposición está fragmentada y debilitada, la nueva norma debe ser producto de una amplio consenso de todas las fuerzas políticas que hoy tienen representación parlamentaria, para que se genere un alto grado de credibilidad.
— ¿Cuál debe ser el contenido principal de la nueva norma?
— Sobre todo la naturaleza jurídica de las organizaciones políticas, de eso depende que se les otorgue la denominación de instituciones de derecho público, que tendrá consecuencias importantes. Por otro lado, se analizarán las condiciones para su existencia y creación, y cuáles serán las causales para su extinción o cancelación de su registro. Además, se debe considerar todo lo relacionado a su estructura interna y los mecanismos de democracia interna.
— Con equidad de género…
— Se debe normar y garantizar condiciones de equidad; además, se debe discutir el financiamiento de los partidos políticos, es uno de los temas que vale la pena volver a discutir. Otro tema que deberá estar contenido en la ley es el “transfuguismo”, problema serio que aqueja a muchas democracias, debilita a los partidos y ahonda la falta de credibilidad en ellos.
— ¿Retomar el financiamiento?
— Bolivia y Venezuela son los pocos países en América Latina que cancelaron su sistema de financiamiento público a los partidos. En Bolivia, como en otros países de la región, la credibilidad en los partidos es muy baja; hay una desconfianza y hay un nivel de rechazo porque esos recursos públicos se deberían usar en educación, salud e infraestructura.
Empero, si Bolivia quiere configurar un buen sistema de organizaciones políticas con democracia interna, eficaces, que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de los bolivianos, hay que invertir parte de los recursos públicos en el fortalecimiento, la democratización e institucionalización de esas organizaciones.
— ¿Cómo controlar ese gasto?
— No hay que darles recursos sin un adecuado nivel de control y hay que definir para qué se les está dando dinero. Los recursos deben ir a financiar las actividades ordinarias de las organizaciones, otro porcentaje para sus campañas y otra parte para que elaboren y produzcan propuestas de políticas públicas, es decir, investigación y capacitación.
— ¿Igual monto para todos?
— Se debe fortalecer la participación de las mujeres en la política para que haya una mayor equidad de género; en ese orden, se podría establecer que aquellos partidos que cumplan con la cuota del 50% en representación femenina puedan tener un plus adicional de financiamiento público.
— ¿Ventajas del financiamiento?
— Si hay un buen mecanismo de financiamiento y efectivos órganos de control y supervisión, el financiamiento público contribuirá a crear un sistema de organizaciones políticas democráticas debidamente institucionalizadas, que a su vez contribuyan a mejorar la democracia y su consecuencia en la calidad de vida de los ciudadanos.
— ¿Qué tipo de control habrá?
— El dinero no puede ir sólo a actividades electorales proselitistas, sino a convertir a los partidos en verdaderas instancias de pensamiento. El control implica sanciones muy duras en aquellos casos en los que los recursos se usen para fines no autorizados o en provecho propio.
— ¿Un régimen de sanciones?
— Debe haber un régimen de sanciones y un órgano de control eficaz para dar sanciones ejemplares.
Por ejemplo, desde multas, suspensiones temporales del registro, no darle recursos en una nueva elección y luego pasar a penas no sólo electorales, sino también implementar sanciones en el Código Penal que impliquen cárcel si se demuestra que hubo fraude, además de la inhibición del ejercicio de los derechos políticos por un tiempo determinado.
— ¿Tendría que sancionarse al partido o al responsable?
— Hay que generar un nivel de corresponsabilidad en el ámbito institucional del partido y a su vez de las autoridades del partido, es decir, que el presidente o el tesorero de esa instancia, en caso de que se compruebe que hubo una malversación o uso fraudulento, sean corresponsables. No es suficiente condenar a la institución, no basta con acusar a uno sola persona, debe haber una corresponsabilidad de todos los que tuvieron atribuciones para la asignación y manejo de los recursos públicos.
— Entonces, ¿la nueva ley tendría esas características?
— Se la debería elaborar bajo los criterios mencionados, pero ésta es una decisión que debe ser discutida en Bolivia y aprobada por las instancias correspondientes.
— ¿Cree que el MAS tiene una hegemonía política en el país?
— Es un partido que tiene una preponderancia en este momento, esto resulta de que la ciudadanía viene interpretando que el MAS es el partido que mejor representa sus intereses y mejor respuesta da a sus necesidades y demandas; sin embargo, estos procesos son coyunturales, en determinado momento un partido tiene una preponderancia que dura una cierta cantidad de años, difícil de estimar en cada país. Luego, comienza a disminuir y surgen nuevas fuerzas políticas o fuerzas existentes que eran minoritarias empiezan a tener más apoyo ciudadano, se produce la alternancia.
— En este marco, ¿cómo se deberá elaborar la nueva normativa?
— Las mayorías no duran de manera eterna, en algunos casos pueden durar cuatro, ocho o veinte años, pero siempre después se produce una alternancia. Por eso es que la nueva Ley de Organizaciones Políticas, que se está analizando desde el Tribunal Electoral, no debe concentrar su mirada únicamente en la coyuntura actual, sino también deberá tener una mirada de mediano y largo plazo. Deberá generar las respectivas condiciones que permitan una competencia electoral verdaderamente equitativa, competitiva, plural y transparente, que permita, cuando se den las condiciones, la alternancia de partidos políticos que siempre mucho bien le hace a la democracia.
Perfil
Nombre: Daniel Zovatto
Nació: 23-01-1957
Profesión: Abogado
Cargo: Director Regional de IDEA Internacional
Carrera
Es doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, y tiene una maestría en Administración Pública. Desde 1985 asesora a gobiernos latinoamericanos en programas de gobernabilidad democrática, reformas constitucionales, políticas y electorales.
‘Se deberá regular el transfuguismo rigurosamente’
— ¿Cómo deberá tratarse en la ley el transfugio político?
— Es un cáncer que afecta a las democracias y, sobre todo, a la credibilidad de los partidos, y coloca a la política en un cono de sorpresa. Se deberá regular el transfuguismo rigurosamente y de manera firme.
— Puede ser una decisión controversial, pero ¿qué se puede hacer en este caso?
— Determinar o normar que el curul le pertenece al partido político, porque si seguimos señalando que el curul le corresponde al diputado o senador será difícil poner fin a este fenómeno. Si hoy uno es electo por una fuerza política y mañana, tras ser electo, se quiere ir a otra agrupación, se va la persona pero el curul le pertenece al partido y, por tanto, será ocupado por el suplente del que se ha ido. De lo contrario se haría una verdadera estafa a la ciudadanía, que eligió a la persona por pertenecer a una organización política, a una plataforma, porque defendía una propuesta que luego abandona.
— ¿Y las coaliciones?
— Hay que discutir cómo se establecen las alianzas y coaliciones; si deciden separarse es importante determinar cómo se asignan y qué se lleva cada fuerza política.
— ¿Una solución salomónica?
— No hay soluciones salomónicas, sino que hay que determinar la sumatoria de votos y porcentajes en cada una de las fuerzas políticas. El que tiene mayor votación siempre tendrá la opción de quedarse con mayor cantidad de curules, eso ya viene asignado por el sistema electoral para establecer lo que le corresponde a cada fuerza.
— ¿Será que el MAS conserva la preponderancia política porque la derecha no tiene propuesta?
— En determinado momento la izquierda no tuvo propuesta y la derecha ganó. Es importante ser oposición con capacidad de hacer alternancia y articular una propuesta para ganar.
— Es decir, ¿la oposición, la derecha, puede rearticularse?
—No en cualquier momento, porque no es cuestión accidental; deberá reorganizarse, analizar qué hizo bien y mal, por qué perdió el apoyo ciudadano, cuáles son los cambios producidos en el país, cuál la demanda de la ciudadanía y qué figuras proponen para recuperar la confianza ciudadana y luego participar, y ver si todo se condice en el apoyo electoral ciudadano.