El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha propuesto, según el vocal del TSE Marco Ayala, reconsiderar la subvención estatal a las diferentes organizaciones políticas. Ante el debate inicial de la elaboración de la Ley de Organizaciones Políticas, aquél es un asunto urgente, por lo menos desde la percepción de políticos y expertos en el tema.
De hecho, todos los entrevistados para este artículo, a excepción de las autoridades electorales, se pronunciaron a favor de la restitución de esta figura que se incluía desde la Ley de Partidos Políticos de 1999 y fue derogada por el otrora Congreso Nacional en 2008. El artículo 52 de la Ley de Partidos dispone la subvención económica a los partidos políticos en años electorales y no electorales.
El financiamiento se hace extensible a los dos nuevos conjuntos de actores políticos mediante el capítulo cuarto y artículo 28 (Financiamiento Estatal) de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas: “Las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas recibirán financiamiento estatal para participar en procesos electorales […]”. La norma luego especifica que tales organizaciones no podían recibir, bajo ninguna consideración, aportes provenientes de gobiernos o entidades estatales extranjeras; personas jurídicas extranjeras, salvo asistencia técnica y capacitación; organizaciones no gubernamentales; agrupaciones o asociaciones religiosas; entidades públicas nacionales de cualquier naturaleza, excepto el financiamiento estatal para fines electorales; u otros fondos de carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas; ni aportes de empresas privadas, nacionales o extranjeras.
El expresidente de la desaparecida Corte Nacional Electoral (CNE) y actual director residente del National Democratic Institute en Honduras, Salvador Romero, señala que la financiación a las organizaciones políticas es la figura predominante de la región; es más, apunta, sólo Venezuela y Bolivia no cuentan con esta modalidad.
Según dice, la ley de 1999 establecía la subvención pública a los partidos para sus actividades de campaña y también para tiempos no electorales. “El objeto era que los partidos no fueran una maquinaria activa sólo en tiempos de elecciones y también cumplan la función de capacitar a sus militantes y desarrollar, legalmente, funciones de difusión de sus programas y principios ideológicos”.
Para Romero, el restablecimiento de la subvención a las organizaciones políticas acompañada de un control efectivo de dichos fondos debería representar uno de los ejes centrales de la nueva ley”. La financiación, explica, también ayuda a que los partidos, en tiempos de campaña, no sean dependientes de actores privados ni sean tentados de recibir fondos ilegales, “creándose instituciones más sólidas”.
Érika Brockmann, expresidenta del Senado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y ahora analista, opina que la subvención ayuda a que se compita en “condiciones mínimas de igualdad, además de establecerse así un límite al gasto de las campañas”. En su criterio, la financiación debe restituirse porque, si no, se estaría “privatizando” la política.
“El Movimiento Al Socialismo (MAS) está conformado por organizaciones que son renuentes a restablecer el financiamiento, sin embargo, habría que ver cuánto respaldo económico reciben del fondo indígena”, afirma Brockmann.
Carlos Cordero, analista y experto en temas electorales, es categórico al decir que “el Estado debe financiar a las organizaciones políticas”. El vocal Ramiro Paredes, al igual que su par Ayala, no dice ni sí ni no a la subvención, sino que afirma que existe la necesidad de volver a discutir el asunto.
“En el país se han producido cambios. La Ley del Régimen Electoral se refiere a las organizaciones políticas como partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, lo que obliga a tratar las cosas con un nuevo enfoque. Por lo tanto, es necesario reformular la discusión sobre este tema (la financiación) considerando la nueva realidad”, opina Paredes.
Por otro lado, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo revierte la pregunta sobre la necesidad o no del financiamiento al afirmar que la cuestión de fondo es observar si con la eliminación de la subvención “se garantiza equidad de condiciones para una participación política y democrática”.
“Nuestra visión es que la eliminación de esta figura crea la base para la ‘oligarquización’ de la política y afecta a la pluralidad: sólo tienen derecho a la participación electoral los que tienen plata y pueden acceder a los recursos públicos”, observa la diputada.
Otra desventaja que apunta Revollo es que cuando no hay subvención pública, “se pierde el control sobre recursos que puedan recibir los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas provenientes de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando o de empresas privadas nacionales o transnacionales” con interés en contratos con el Estado.
Finalmente, la propuesta de esta política es que se debe analizar y establecer mecanismos de financiamiento con fiscalización y control de los recursos que sean asignados. El analista Eduardo Leaño también tiene por importante el financiamiento a las organizaciones políticas. “Existió antes y fue un avance significativo”, dice.
Opina que el financiamiento permite que los partidos ingresen a la contienda electoral en “más o menos igualdad de condiciones”, asigna dinero a los partidos según la cantidad de votos obtenidos en la última elección. Con el financiamiento es posible fiscalizar a las organizaciones políticas y la procedencia de los montos de dinero que utilizan en sus campañas, así como controlar que el narcotráfico no se filtre en las organizaciones políticas.
La población boliviana, tras la crisis de los partidos políticos tradicionales, fue muy crítica con la financiación que el Estado otorgaba a estas organizaciones. Cabe preguntar si, habiendo pasado cuatro años desde que se suspendió la medida, los bolivianos estarán de acuerdo con restablecer este tipo de subvención estatal.