El australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks —sitio web que publicó de manera no autorizada por el Gobierno estadounidense información clasificada, mensajes diplomáticos y partes militares— vive refugiado desde hace dos meses en la Embajada del Ecuador en Londres. Por el momento, evita su extradición a Suecia, país que le ha abierto juicio por dos presuntos delitos sexuales que él niega.
Al pedir refugio, Assange violó su libertad condicional, por lo que podría ser detenido por la Policía local si abandonara la sede diplomática. Pese a que Ecuador le concedió estatus de asilado “diplomático” (no político, pues no se le persigue por sus ideas), el Gobierno británico persiste en su negativa de extenderle el salvoconducto que le autorice a salir del país.
Aduce que debe extraditarlo a Estocolmo por obligaciones legales que debe respetar y enfatiza que no reconoce el derecho del “asilo diplomático”, creación latinoamericana. Incluso, amenazó inicialmente a Ecuador con ingresar a su embajada según la Ley de Locales Diplomáticos y Consulares de 1987, propuesta luego de que un francotirador asesinara a una policía desde el interior de la representación de Libia. A pesar de este hecho grave, el Gobierno británico nunca la violentó, pero sí rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Muamar Gadafi.
El portavoz del Primer Ministro británico declaró recientemente: “Bajo nuestra legislación, habiendo agotado todas las opciones de apelación, estamos obligados a extraditarlo a Suecia”. Por su parte, el canciller Ricardo Patiño, al anunciar la concesión del asilo y aludir a una serie de argumentos jurídicos como al desfasado comportamiento colonialista, resaltó que este derecho fue inspiración latinoamericana, el cual se practica y respeta en la región.
El caso Assange lleva varios elementos que lo complican: hay cinco países involucrados, está en cuestionamiento la libertad de expresión y publicación digitales, existe una abierta colisión entre principios legales diferentes, pende una amenaza de ingreso “legal” a una embajada extranjera, parece haber un aprovechamiento por parte del Mandatario ecuatoriano de este “impasse” para levantar su cuestionada imagen a raíz de una disputa con un importante medio nacional y un despliegue inmediato de activas gestiones diplomáticas, y la realización de anfictionías regionales con el propósito de ejercer presión política y levantar una campaña de simpatía mediática de envergadura.
Como si no bastara con los intereses en juego, en el trasfondo del caso está el inocultable interés de Washington en hacerse legalmente de Assange, a quien no le perdona la difusión de considerable información clasificada que habría comprometido —según Estados Unidos— su seguridad nacional y que expuso a la administración al ridículo por las indiscretas impresiones de sus diplomáticos en el exterior respecto a líderes mundiales de países tanto amigos como antagónicos.
En Estados Unidos, la traición se castiga con cadena perpetua o la pena de muerte. Éste es, precisamente, el punto de abierto desacuerdo por parte del Gobierno sueco con la administración Obama, pues es conocida su posición y respeto mundiales por los derechos humanos.
Assange ha declarado y enfatiza siempre que nunca robó información o la obtuvo subrepticiamente, que solamente se limitó a publicarla y difundirla en su famoso sitio web, la cual fue obtenida ilegalmente por un militar estadounidense, ya detenido, quien la filtró a WikiLeaks y creó un gran escándalo y revuelo internacionales por las infidencias diplomáticas e informaciones militares.
Por su parte, Gran Bretaña se debate entre cómo conjugar o equilibrar varios aspectos espinosos: 1) cumplimiento irrestricto e indeclinable de la legalidad, que la obliga a la extradición de Assange a Suecia; 2) resguardo tanto de los intereses y la amistad con su socio trasatlántico estratégico como de la alianza bilateral en materia de seguridad y defensa (no hay que olvidar su activa coincidencia en materia de terrorismo y su participación, desde un inicio, en las operaciones conjuntas en Afganistán e Irak); 3) preocupación sueca por el respeto a los derechos humanos, pues existe el riesgo de que Washington buscará, en retaliación, la pena capital para Assange; 4) seguir el pragmatismo de los poderosos intereses financiero-económico-comerciales británicos que aspiran a un mayor protagonismo en algunas economías promisorias de América Latina, especialmente en tiempos duros e inciertos de crisis y recesión europeas; y 5) evitarse nuevos frentes de disensión en América Latina (Malvinas, el más emblemático) que pudieran menoscabar el afán de Londres en expandir su presencia económica en nuestra región y levantar algo su propia imagen frente a las críticas y los reclamos ciudadanos por las medidas adoptadas para enfrentar la crisis europea.
En los últimos días, el clima político parece menos crispado que antes, más calmado, como también el mediático. Esto, ciertamente, favorecerá la posibilidad de que se abra una esperada etapa de diálogo, que el Gobierno ecuatoriano ha propuesto tibiamente, que debería crear condiciones para la realización de negociaciones bilaterales directas, o con el concurso de países amigos o entidades internacionales.
Las únicas certezas hasta el momento son que Londres no invadirá la embajada —las autoridades han recalcado que su manifestación inicial de que le asistía ese derecho fue sacada de contexto—; que Assange permanecerá un largo tiempo refugiado en una oscura habitación de la Embajada ecuatoriana ante la reiterada reticencia británica de otorgarle un salvoconducto y que Suecia —según han afirmado algunas autoridades— no lo extraditará a Estados Unidos si peligrara su vida (pero hasta ahora no hay garantía explícita de que Washington haya descartado la solicitud de pena de muerte).
La administración Obama, la mayor interesada en este asunto, ha optado por no inmiscuirse aún públicamente. Se ha limitado a declarar que se trata de un asunto bilateral entre Suecia y Gran Bretaña. Y el Gobierno de Australia mantiene una casi invisible participación en el asunto y dejó a Assange bastante mal resguardado por su propio país. Le asiste legalmente el famoso abogado español Baltasar Garzón, cuyo desempeño internacional —caso Pinochet— fue notable, pero no así nacionalmente cuando levantó críticas al tratar de abordar la situación de los derechos humanos durante la dictadura del generalísimo Franco.
El desenlace del conflicto diplomático angloecuatoriano es al mismo tiempo improbable de predecir e incierto ante la recalcitrancia declarada de ambas partes. ¿Aceptará Rafael Correa los argumentos principistas de Londres o David Cameron reconocerá el derecho del asilo “diplomático” latinoamericano? Parece que no, por el momento, pues son posiciones aparentemente irreconciliables.
Pero en el campo diplomático siempre aparecen fórmulas inéditas para abrir o cerrar puertas que, a la postre y luego de un proceso de discretos acercamientos y declaraciones públicas, logrará conciliar, equilibrar o contentar —de alguna manera matizada— los intereses y prestigios políticos en juego, más no la retaliación por motivos de seguridad nacional, cuya sola alusión es útil y ha servido siempre para esquivar la debida transparencia gubernamental.