Al fin estamos en camino de ser todos políticamente iguales y aumenta la confianza, condición esencial para el desarrollo económico. Pero aún hay indecisiones sobre el camino a seguir. La Constitución Política del Estado (CPE) plantea cuatro formas económicas: estatal, privada, cooperativa y comunitaria. El objetivo, según el vicepresidente Álvaro García Linera, sería el “socialismo comunitario” y el camino, indicado por el ideólogo Ramón Rada, “un nuevo modelo sustentado en el sector estatal y el sector social comunitario”. Revisemos, para empezar, esas cuatro formas:
La comunitaria: hace tiempo que las comunidades, en su mayoría, son organizaciones “públicas”, pequeños estados que se ocupan de aquello que no resuelve el interés privado (ver Albó, 1988). ¿Acaso se está planteando retroceder a la comunidad primitiva?
La cooperativa: seguramente hay algunas cooperativas que funcionan según los principios del cooperativismo; por ejemplo, en agricultura. Pero, ¿cómo pueden ejercer su derecho libre y democráticamente los supuestos cooperativistas de servicios públicos copados por sindicatos y/o logias? ¿Y qué de los asalariados a destajo que trabajan para los socios de las “cooperativas” mineras?
La privada: personas y organizaciones que realizan actividades en busca de ganancia. La historia demuestra que el instinto que las sustenta —satisfacer necesidades o deseos por el camino más fácil— es insustituible. Es deber de la sociedad —a través del Estado, su instrumento— hacer mutuamente beneficiosos los intereses privados y los sociales.
La estatal: indispensable para la explotación de hidrocarburos y la gran minería —e incluso para la industrialización de algunas de estas materias primas— en asociación con empresas con know how. ¿Por qué esta asociación? a) Porque las empresas estatales tienen que funcionar como privadas: seleccionar los mejores recursos humanos para su funcionamiento (Unidad Democrática y Popular — UDP— fracasó por exceso de personal no calificado en las empresas públicas), y b) para que empresas que ya desarrollan tecnología sigan ese ejercicio conjuntamente con las nuestras. Ejemplos de empresas estatales como las planteadas son las de Brasil y de Noruega, entre otras, que funcionan con total transparencia y, además, están sometidas a la competencia en las bolsas internacionales.
¿“Socialismo comunitario”? Marx planteó que la supresión de la propiedad privada de medios de producción se daría cuando las relaciones de producción capitalistas obstaculicen el desarrollo de las fuerzas productivas, ¡pero hoy el capitalismo favorece más que nunca el desarrollo de las fuerzas productivas! Además, la realidad social cambió: sobre todo en Europa, y gracias a los partidos socialistas, a la lucha obrera impulsada inicialmente por el marxismo ahora un capitalismo regulado favorece a la sociedad.
Conclusiones: el cooperativismo en pequeña escala es posible. Y la forma comunitaria, tal vez aún exista entre algunos pueblos indígenas del oriente. Pero los dos puntales del desarrollo económico deben ser el Estado —empresario y regulador— y la empresa privada. Ésta última es irrefrenable: además de las empresas formales, muchos contrabandistas, dueños de talleres cuya producción se destina al “mercado negro”, transportistas y cooperativistas mineros son empresarios capitalistas. Pero deben ser regulados: que cumplan la legislación laboral (Marx se horrorizaría al ver la explotación laboral en las empresas informales y admiraría a los empresarios formales), que paguen impuestos, que no contaminen.
¿Industrialización de recursos naturales no renovables? Sí, pero sólo en los casos en que sea conveniente. ¿Vencer la pobreza hasta 2025? ¡Sí! Con asistencialismo en los casos de pobreza extrema y con subsidios en los demás casos, para garantizar igualdad de oportunidades, pero, además, generando condiciones para que mejoren la productividad y los ingresos de las mayorías.
La clave para ello es frenar el rentismo y fomentar la iniciativa de todos en actividades económicas productivas y de servicios, con reglas que definan claramente los casos en que el Estado tomará a su cargo actividades económicas directas, y se deje lo demás a la iniciativa privada, incluida la transnacional. Esta última, sobre todo, para que aporte tecnología. Reglas claras para todos: igualdad de condiciones con beneficio social, cuya puesta en práctica efectiva es deber permanente del Estado.
Establecido esto, el desarrollo económico dependerá de la inversión en infraestructura de transporte y recursos hídricos, y de la provisión de servicios básicos de calidad (incluido transporte), responsabilidad del Gobierno central y de las autonomías. Y también de que ambos estimulen y apoyen el surgimiento de múltiples empresas pequeñas y medianas que, a la vez que creen autoempleo y empleo digno, de-sarrollen tecnología y presten servicios avanzados a distintas actividades económicas. Por ejemplo, a la agricultura orgánica y al turismo —en las que Bolivia mantendrá ventajas comparativas en la medida en que preserve su patrimonio natural y cultural—, pero también a muchas otras más (aún imprevisibles) que nacerán de la permanente iniciativa económica de los bolivianos.
Sin embargo, lo esencial para poder superar finalmente el subdesarrollo es dar un salto en educación, desde la inicial. Un caso inspirador puede ser el de Finlandia (5,4 millones de habitantes), país que de exportador de recursos naturales pasó a generador de tecnología de punta en electrónica (los celulares Nokia), donde actualmente los servicios representan el 68% de su PIB (Producto Interno Bruto). Este país es a la vez uno de los más equitativos y con mayor desarrollo humano. Y todo gracias a su política de educación: sus escuelas públicas son mejores que las privadas y los profesores se forman en las mejores universidades, dentro y fuera del país. En el caso boliviano atentan contra una política como ésta el monopolio estatal en la formación de educadores públicos y la inamovilidad de éstos.
Se requiere, además, de excelencia en las universidades —que éstas estén vinculadas intensamente con las actividades económicas— y desarrollo de ciencia y tecnología. En esto último, el Estado, en todos los países, tiene una responsabilidad esencial: el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés), una organización pública, es un ejemplo a seguir.
El mayor riesgo para encarar un desarrollo como el planteado es sin duda el narcotráfico: resulta indispensable reemplazar el cultivo de coca para este fin por actividades más rentables. Pero incluso para lograr este objetivo es imprescindible el desarrollo tecnológico y los servicios avanzados.
En suma: todos los países que están superando el subdesarrollo lo están haciendo con base en economías mixtas en las que la iniciativa privada es tan importante como el Estado. Y el medio fundamental para lograrlo ya no es el capital financiero, sino el de-sarrollo de los recursos humanos. En esta dirección, las prioridades para la inversión pública deben ser, además de infraestructura de transporte y servicios básicos de calidad, sanidad, educación de excelencia, ciencia y tecnología.