Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 15:22 PM

Evo y Chile, de la cordialidad a la agresividad

Ante las nuevas amenazas de la moneda

/ 7 de octubre de 2012 / 04:01

Desde que Evo Morales asumió la presidencia, se han producido cambios radicales en nuestras relaciones con Chile, pasando de una inédita etapa de cordialidad con la administración de Michelle Bachelet a un periodo de tensa agresividad discursiva con el gobierno de Sebastián Piñera. Y todo ello, no sólo por la improvisación que demuestran nuestras autoridades en la aplicación de una estrategia de reintegración marítima sino, sobre todo, por el cambio sustancial en la política exterior chilena hacia Bolivia que, a partir de marzo de 2010, pasó de una postura conciliadora concebida desde la centroizquierda a una posición intransigente y agresiva aplicada por la derecha.

Muchos dicen que las relaciones internacionales del Estado chileno son manejadas desde el Edificio Carrera como una política de Estado invariable y coherente. Sin embargo, en la práctica, eso no es así o, al menos, no con Bolivia. De hecho, existen serias contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace que demuestran que el actual gobierno de La Moneda no tiene el más mínimo interés por mejorar sus relaciones con nuestro país. La prueba más clara de ello es que las autoridades chilenas repiten en todas y cada una de sus declaraciones que debemos respetar los tratados pero, al mismo tiempo, ellos incumplen flagrantemente varios acuerdos bilaterales.

Al respecto, sería mucho más interesante y, en mi opinión, efectivo que, en lugar de emplazar al gobierno chileno en los foros internacionales para que nos devuelva el mar y de exigirle la renegociación del Tratado de 1904, se planteen esas mismas ideas en términos respetuosos y fundamentados. Es decir, explicando en un tono cortés cuáles son los acuerdos y artículos específicos que Chile incumple. Lo cual, además de mejorar la imagen internacional de nuestro Gobierno, podría poner en verdaderos aprietos a los representantes de La Moneda, que se verían obligados a dar respuesta a los argumentos bolivianos en los términos que corresponde.

¿Por qué nunca se dice, por ejemplo, que Chile se comprometió a asegurar el libre tráfico del ferrocarril Arica-La Paz “a perpetuidad” al suscribir con Bolivia la Convención de 1905 (artículo 12) y que hoy ese tren se encuentra paralizado en el lado chileno hace casi una década? ¿Por qué no se menciona que los paros y huelgas en los puertos de Arica y Antofagasta han aumentado considerablemente desde que dichas terminales portuarias pasaron a manos privadas, y eso, a pesar de que Chile se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción alguna” mediante la Convención de 1937 (artículo 1)? ¿Por qué sólo el Vicecanciller dijo una vez que la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI) ha estado cobrando por almacenaje a las cargas bolivianas que permanecen en aduanas chilenas menos de un año, aun cuando la Convención de 1912 (artículo 12) obliga a las autoridades chilenas a mantener la gratuidad de ese servicio? ¿Por qué no se señala más enfáticamente que la empresa privada que opera el puerto de Arica (TPA) ha estado usurpando funciones que, de acuerdo con la Convención de 1937 (artículo 4/d), le corresponden exclusivamente a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B)?

Si se hiciera mención a estos hechos y a los acuerdos y artículos citados, que, valga aclarar, son complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904, no se daría lugar a que las autoridades chilenas respondan con amenazas, sino que tendrían que justificar sus acciones en relación con el cumplimiento de los acuerdos bilaterales.

Cualquier chileno medianamente informado seguramente diría que Evo Morales fue quien llevó las cosas donde están al anunciar que demandaría a Chile ante la justicia internacional. Sin embargo, hay que considerar dos aspectos muy importantes que los analistas del vecino país parecen olvidar a la hora de comentar estos hechos. El primero es que el gobierno de Piñera interrumpió los encuentros que se venían realizando en el marco de la Agenda de 13 puntos y, después, nunca propuso una nueva fecha para proseguir las conversaciones en la reunión que, de acuerdo con lo convenido, se tenía que proponer soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo. El segundo aspecto es lo extraño que resulta que el gobierno chileno sea capaz de mantener buenas relaciones con Perú, a pesar de la demanda que este último país interpuso en su contra ante la Corte Internacional de Justicia, y no pueda hacer lo mismo con Bolivia.

Otra interpretación errónea y que también se ha difundido mucho en Chile es que los gobernantes bolivianos utilizan el tema del mar para aumentar su respaldo popular, especialmente cuando el país atraviesa periodos de crisis. No obstante, si observamos las encuestas de popularidad de los mandatarios bolivianos en los últimos años y los momentos en que se llevó el tema marítimo a los foros internacionales, podemos comprobar que esa afirmación no es cierta. Morales, quien es el que más se ha referido a este tema en el ámbito multilateral, mantuvo desde un principio un amplio apoyo del pueblo boliviano; igualmente pasó cuando Carlos Mesa llevó este asunto a la Cumbre de Monterrey (2004), su respaldo popular sobrepasaba el 70%; y, por otra parte, Gonzalo Sánchez de Lozada, a pesar de encontrarse muy abajo en las encuestas de popularidad (2003), incluso peor que Piñera ahora, nunca utilizó el tema marítimo para conseguir mayor apoyo.  

Pero volviendo a nuestros días, las palabras del presidente Morales, por más indignantes que resulten para las autoridades chilenas, no pueden en ningún caso justificar las amenazas. Las actuales autoridades de Chile deben tener presente que su país suscribió varios compromisos en el pasado que prohíben recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, entre los cuales destacan los convenios alcanzados en la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washington, las notas reversales intercambiadas con Bolivia en 1941 y las Cartas de la ONU y de la OEA suscritas en 1945 y 1948, respectivamente.  

En ese sentido, no se entiende por qué el canciller Alfredo Moreno asegura que nuestro país “sufrirá las consecuencias” si decide finalmente judicializar el tema marítimo o por qué el ministro de Defensa, Andrés Allamand, advierte con que las Fuerzas Armadas de Chile están en condiciones de “hacer respetar los tratados”; o por qué el presidente Piñera afirma que defenderá “con toda la fuerza del mundo” la soberanía chilena, cuando no existe ninguna amenaza sobre la integridad territorial de su país. Asimismo, tampoco es comprensible que la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (2012-2024), que Piñera presentó al Senado de Chile, inicialmente como una versión final, contenga referencias sobre la posibilidad de un conflicto interestatal por agua dulce y luego, en su página 10, señale textualmente: “resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Eso debería alarmarnos, porque Bolivia es el único país que podría proveer de recursos hídricos a las regiones desérticas de Chile y es, por tanto, el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados.

Por todo esto, esperamos que ambos gobiernos disminuyan la estridencia de sus discursos y se esfuercen por recomponer las relaciones a un nivel de cordialidad que nos permita alcanzar un futuro de integración y cooperación en el que se puedan resolver los temas que por tanto tiempo nos han distanciado.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Si Bolivia se retira de la OEA

Retirarse de la OEA iría en desmedro de la aspiración nacional de retornar a las costas del Pacífico.

/ 13 de mayo de 2017 / 04:00

Después de que el Gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia (adoptada, entre otras razones, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y solo tenga ojos para Venezuela —no así para México o Brasil—), no prioriza nuestros intereses nacionales, que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos tan cerca de una posible negociación con Chile.

Más bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA con relación a la demanda marítima boliviana, que no solo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento del país, sino que además consagran al “problema marítimo boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.               

Esta exhortación, que (valga reiterar) fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pro de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales, deben ser valoradas y destacadas por nuestro Gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable para Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo con nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni digno, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.

Es economista, catedrático invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Twitter: @andriguzman

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Israel entre Bolivia y Chile

No es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro.

/ 11 de enero de 2017 / 04:18

A propósito del ingreso de Bolivia al Consejo de Seguridad de la ONU, el político y periodista israelí Yair Lapid publicó un artículo en el que manifiesta su esperanza de que nuestro país introduzca a dicha institución “una voz más equilibrada y razonable que aquellas que se oyen de ahí últimamente”, en referencia a los paí-ses que aprobaron la Resolución 2334, del 23 de diciembre de 2016, que reafirma que los asentamientos que Israel estableció en territorio palestino, ocupado desde 1967, incluido Jerusalén oriental, “no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho internacional”.

Con ese propósito, el autor intenta poner a los bolivianos en el lugar de los israelíes para que comprendan la ira que les causó la Resolución 2334, planteando el caso hipotético de que Israel apoye “la posición de Chile en la disputa por una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia”.

Al respecto, es importante aclarar que no es lo mismo defender el establecimiento de los asentamientos de Israel en Palestina, que son una expresión neocolonial y un obstáculo para lograr una solución biestatal, que defender el legítimo derecho que tiene Bolivia de recuperar su cualidad marítima mediante una negociación, tal como lo prometió Chile en reiteradas ocasiones.

Es decir, no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro, porque, dadas las diferentes visiones y experiencias, resulta prácticamente imposible extrapolar nuestros sentimientos.

Además, las diferencias que existen entre un apoyo estatal, de un gobierno a otro, y una resolución del Consejo de Seguridad, que se aprueba por varios Estados y que sí tiene efectos vinculantes (artículo 25, Carta de la ONU), confirman que la hipótesis que plantea Lapid tampoco tiene sentido de proporcionalidad.

Ciertamente, a diferencia del efecto simbólico que podría tener el primer y único apoyo que el país del Mapocho jamás recibió de otra nación en el tema del mar (no es cierto que existan “partidarios de Chile” en este tema, como afirma Lapid), Israel tiene la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto por la Resolución 2334, incluyendo en especial lo referido a la “cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento”.

Pero más importante aún, y esto seguramente no lo sopesó Lapid, es que el apoyo de su país a Chile en rea-lidad podría beneficiar a Bolivia.

En efecto, si consideramos que Israel es un país mundialmente conocido por incumplir sus obligaciones internacionales, tal como lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 2004, cuando emitió su opinión consultiva sobre la construcción de un muro israelí en Palestina; y teniendo presente que “la disputa por una salida soberana al Pacífico”, que actualmente se ventila en ese mismo tribunal, versa precisamente sobre los incumplimientos de Chile a varios de sus compromisos y promesas internacionales, un respaldo israelí a la causa chilena podría contribuir a reafirmar la tesis de que Santiago pretende mantener el statu quo de los territorios que a partir de 1879 anexó a sus dominios por la fuerza, aun cuando eso requiera transgredir el derecho internacional, tal como lo hace Israel con territorios palestinos.

De hecho, el apoyo de Israel a Chile sería como que Corea del Norte apoye a Irán en sus planes militares de potenciamiento nuclear, o que el Gobierno de Arabia Saudita respalde los comentarios misóginos y sexistas de Donald Trump; es decir, un apoyo que en lugar de ayudar, perjudicaría.

* es economista, catedrático invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Twitter: @andriguzman

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La imposición del Tratado de 1904

No es posible desvincular el Pacto de Tregua de 1884 y el Tratado de 1904, desconocer la continuidad entre uno y otro: en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden…

/ 18 de abril de 2016 / 04:02

El 23 de marzo publiqué un artículo intitulado La Contramemoria de Chile ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), éste provocó la reacción contraria de algunos historiadores chilenos como Valentina Verbal, José Miguel Concha y Loreto Correa. La primera, como directa aludida, respondió con un mesurado artículo publicado por Voces de La Tercera, en el que me denomina “uno de los principales promotores de la causa marítima” y que intenta aclarar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile a Bolivia. Los otros dos, un poco más exaltados, hicieron sus críticas en mi muro de Facebook con y sin argumentos, respectivamente.

El que lo hizo con argumentos destacó que las élites chilenas ligadas a la minería de la plata en el litoral boliviano (Melchor Concha y Toro, entre ellos), a diferencia de las oligarquías salitreras anglo-chilenas, que también operaban en nuestras costas, se opusieron a la guerra. Dato que, por cierto, no cambia ni refuta lo que señalé en el artículo de referencia respecto a que los intereses oligárquicos de ingleses y chilenos, íntimamente relacionados al gobierno de Santiago, jugaron un rol preponderante en el estallido de la Guerra del Pacífico.

Dado que esas críticas se refirieron a la parte histórica de mi artículo y no así a los aspectos jurídicos, y dado que dichas críticas se centraron en cómo se firmó el Tratado de 1904 y no en los compromisos que asumió Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es lo que verdaderamente se discute en La Haya, en las siguientes líneas intentaré explicar por qué afirmé que nuestro país no suscribió ese tratado libre y espontáneamente.

Primero, es importante contextualizar el momento en que se firmó el Tratado. Bolivia se encontraba en una situación muy complicada —tal como lo reconoce José Miguel Concha en publicaciones conjuntas con su colega y compatriota Cristian Garay—, debilitada económica y militarmente tras haber enfrentado a Brasil en una guerra, con serios asuntos de límites pendientes con todos sus demás vecinos (Perú, Argentina, Chile y sobre todo Paraguay), y con un régimen comercial impuesto por Chile mediante el Pacto de Tregua, conocido como el ‘dogal aduanero’, que asfixiaba a la economía boliviana y que frenaba su potencial desarrollo.

En efecto, dicho Pacto determinó que Bolivia no podía establecer su propias aduanas y debía pagar altas contribuciones en el puerto de Arica, compuestas de aranceles e indemnizaciones a los ciudadanos chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda.

Sumada a la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia durante todo el periodo de tregua, en 1904 todavía estaba muy fresco el recuerdo de lo que en 1900 había manifestado el representante chileno ante el gobierno de La Paz, Abraham Köning: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”.

Además de esas amenazas, los gobernantes bolivianos también debieron haberse preocupado cuando supieron que ese mismo año, el representante de Chile en Lima, Ángel Custodio Vicuña, propuso a las autoridades peruanas desmembrar a Bolivia para repartirse su territorio, lo cual, si bien fue rechazado categóricamente por Perú, da cuenta de que a principios del siglo XX los políticos bolivianos tuvieron que tomar decisiones delicadas y de alta trascendencia en un ambiente internacional adverso, agravado por las amenazas impertinentes y las propuestas rastreras que hacía Chile. 

Por otra parte, si bien no podemos desconocer que la recuperación de la independencia aduanera y la prosperidad económica que prometía traer consigo el ferrocarril que Chile había ofrecido construir entre nuestro país y el mar a partir de 1882, fueron elementos que le dieron viabilidad política a la decisión de firmar el Tratado de 1904, es también evidente que la difícil situación internacional que atravesaba Bolivia, de la cual se valió Chile, y la fuerte presión económica y diplomática que ejerció ese país sobre el nuestro durante 20 largos años para imponer sus condiciones, demuestran palmariamente que el tratado de paz no fue suscrito libre y espontáneamente por nuestros gobernantes.

Respecto a la supuesta vinculación de ese tratado con el de Transferencia de Territorio de 1895, Verbal asegura: “A diferencia de lo que Guzmán Escobari afirma en un reciente libro, titulado Un mar de promesas incumplidas, el Tratado de 1904 no constituye una continuación del Pacto de Tregua de 1884, firmado en un contexto de guerra reciente, sino de la intransigencia de la misma Bolivia, cuyos parlamentarios rechazaron el Tratado de 1895…”.

Pero más allá de que los parlamentarios bolivianos no rechazaron el Tratado de 1895, sino que lo condicionaron, la relación entre los acuerdos de tregua y paz es innegable, no solo por la lógica sucesión jurídica que existe entre ambos, sino sobre todo porque dichos acuerdos así lo establecen específicamente. En efecto, el artículo 8º del Pacto de Tregua señala: “Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir gestiones conducentes a este fin”; y el preámbulo del Tratado de 1904 aclara: “En ejecución del propósito consignado en el artículo 8º del Pacto de Tregua del 4 de Abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad…”.

Por tanto, no es posible desvincular a uno del otro, el Pacto de Tregua junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados. En ese sentido, considerando que dicho Pacto fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo reconocen varios historiadores chilenos, sabemos que no solo el tratado de paz tiene vicios de origen por haber sido impuesto bajo amenazas y presiones, sino también el acuerdo primigenio del régimen jurídico que aún gobierna el relacionamiento boliviano-chileno.

En efecto, en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden. En esas circunstancias, que eran bien conocidas por el gobierno boliviano, se firmó el Pacto de Tregua, mediante el cual, como ya se dijo, el vencedor de la guerra impuso un asfixiante régimen aduanero al vencido.

Sin embargo, aun sabiendo eso, que Chile impuso sus condiciones a través de amenazas y presiones a partir de 1884, los bolivianos también sabemos, o deberíamos saber, que ya no podemos impugnar ni desconocer el régimen jurídico adoptado y todavía vigente entre ambos países, porque, a diferencia de nuestra contraparte, lo hemos cumplido y respetado a cabalidad durante más de cien años.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La narrativa oficial chilena sobre la invasión de 1879

Lo que hizo Daza el 1 de marzo de 1879 no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que dispone el alistamiento de las reservas y la expulsión de los ciudadanos chilenos del territorio nacional. La declaratoria de guerra vino después, por parte de Chile.

/ 15 de febrero de 2016 / 04:06

 Hace 137 años, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra y estalló así la conflagración que dejó a nuestro país sin acceso soberano al mar. Cerca de 50 días después, a principios de abril, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, con lo que se iniciaron oficialmente las hostilidades.

La narrativa oficial del país que resultó vencedor de la contienda no reconoce estos hechos tal como han sido descritos. De hecho, en su versión de la historia, Chile tuvo que “ocupar” Antofagasta porque el gobierno boliviano había violado el Tratado de 1874 que en ese momento definía la frontera, y fue Bolivia la que primero declaró la guerra.

Por lo dicho, en las siguientes líneas intentaré contribuir al debate sobre ésta y otras discrepancias de la historia, que no han permitido desarrollar una relación de buena vecindad entre ambos países, y que muy por el contrario nos mantienen distanciados, sin relaciones diplomáticas, con varios temas pendientes y con un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En ese sentido, a continuación se presenta un análisis crítico del discurso oficial de Chile, basado en los escritos de algunos entendidos en la materia.

Las discrepancias que existen respecto a la historia, según la historiadora peruana Carmen Mac Evoy (Guerreros Civilizadores. Política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Centro de Estudios Bicentenario Perú. Lima-Perú: 90), se originan en el periodo que antecedió y contemporizó con la Guerra del Pacífico, cuando el gobierno de Santiago comenzó a construir y difundir el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. De hecho, la idea primigenia era implementar el proyecto político-militar chileno que, concebido con razones económicas y expansionistas, se explicaba al público, principalmente chileno, con un discurso de ideales occidentales, cristianos y republicanos traídos desde Europa, donde el concepto de “guerra civilizadora” se encontraba mucho más desarrollado (Mc Evoy: 411). 

En efecto, según el historiador chileno Rodrigo Naranjo (Para desarmar la Narrativa Maestra. Un ensayo sobre la guerra del Pacífico. Quillqa Serie IIAM Universidad Católica del Norte. Ocho libros. Santiago, Chile: 28-29), que comparte en buena medida lo expresado por Mac Evoy, todos esos ideales europeos, que hacían ver a Chile como un país “superior” en relación a sus vecinos del norte, especialmente en términos militares, legales, morales y raciales, hicieron que los chilenos sientan “la responsabilidad de civilizar a los pueblos bárbaros de Bolivia y Perú”. (17)

A partir de entonces, se va a crear una corriente narrativa chilena que tiende a justificar las intervenciones militares, tanto fuera como dentro del país, y a exaltar los triunfos obtenidos por las armas, como elementos esenciales y fundacionales del discurso nacionalista chileno, que intenta amalgamar el concepto de nación con el nacionalismo (Naranjo, 40-42). Dicha narrativa que, con algunas innovaciones impulsadas principalmente durante la dictadura pinochetista, se ha mantenido hasta nuestros días, es también uno de los elementos que más ha incidido en la formación de las identidades nacionales chilenas que, a su vez, según el investigador neerlandés Gerard Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. “Bulletin of Latin American Research”, Vol. 29, No. 2. Utrecht University, Netherlands: 208–223) se manifiestan hacia Bolivia y Perú con un cierto aire de superioridad y con actitudes esencialmente neoliberales, legalistas y pragmáticas.  

Por estos motivos, no debería extrañarnos que existan diferencias abismales en cuanto a lo que creemos que ha ocurrido en el pasado y en nuestras visiones sobre la política que debemos adoptar frente al otro. No debería extrañarnos, por ejemplo, que existan ciudadanos chilenos que crean sinceramente en una versión diferente de la historia, que se contrapone a lo que señalan las historiografías de Bolivia y Perú, y a lo que afirman otras versiones, consideradas neutrales e imparciales, como la de la CIJ. En este punto, no solo nos referimos a ciudadanos sin acceso a una educación de calidad, sino también a personas con estudios y que incluso ejercen como profesores universitarios. Es el caso de Don Mario Arnello Romo, un abogado chileno, aficionado a la historia y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, quien criticó duramente a los magistrados de la CIJ por su fallo sobre la objeción preliminar chilena. En un artículo que el aludido publicó en la revista Tribuna Internacional, se puede leer que, en sus antecedentes históricos, dicho fallo contiene “errores, falsedades y omisiones graves”, que configuran “una tergiversación tan burda de la realidad, que debería ser oficialmente representada a la Corte y, de no ser aclarada debidamente, debe dejarse debida constancia de su rechazo” (“CIJ: Una sentencia errónea y ajurídica. Una derrota política previsible”. Revista Tribuna Internacional 2015: 52).

De acuerdo con su opinión, “es falso, de falsedad absoluta”, que Bolivia poseía un litoral sobre el Pacífico de varios centenares de kilómetros, tal como lo reconoció la Corte. También sostiene que se omitieron “hechos esenciales”, como por ejemplo que en 1866 Chile “le cedió” a nuestro país, “con idealismo americanista” y “gratuitamente”, el territorio litoral que las tropas chilenas “reivindicaron” en 1879 y que, el General Daza, entonces presidente de Bolivia, habría violado “deliberadamente” el Tratado de 1874, razón por la cual Chile “ocupó” Antofagasta. (Ibíd.52-56)

Respecto a la confirmación que hizo la CIJ de que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, Arnello señala que existen omisiones que tergiversan la verdad, porque según su versión, que no cita fuente alguna, pero que sigue fielmente la narrativa oficial chilena, el presidente Daza habría declarado la guerra el 1 de marzo de 1879 (Arnello: 56). Sobre este punto, cabe aclarar que lo que hizo Daza en esa fecha no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que dispone el alistamiento de las reservas y la expulsión de los ciudadanos chilenos del territorio nacional. La declaratoria de guerra vino después, por parte de Chile, que no habría tenido por qué declarar la guerra a Bolivia si ésta ya la había declarado un mes antes.

Pero más allá de las precisiones que pueda merecer el desinformado artículo de Arnello, basado devotamente en la narrativa oficial chilena, habría que preguntarles a todos nuestros vecinos chilenos que tienen las mismas creencias: ¿es mejor seguir mirando por sobre el hombro a Bolivia y Perú?, o ¿es mejor buscar un arreglo negociado a los problemas que causó la invasión de 1879?

Comparte y opina:

Paro portuario en Chile

El libre tránsito del comercio boliviano fue nuevamente interrumpido en los puertos chilenos

/ 17 de junio de 2013 / 08:29

Tiempo atrás ocurrió un hecho que extrañamente no tuvo mucha repercusión en Bolivia y que, sorprendentemente, tampoco provocó la reacción que ameritaba de parte de nuestro Gobierno: el paro de actividades de ciertos puertos chilenos, en los cuales, el país trasandino debería garantizar el libre tránsito de las mercancías bolivianas a perpetuidad; es decir, de manera incesante y sin fin (Diccionario de la Real Academia Española).

En efecto, mediante el Tratado de Paz y Amistad firmado el 20 de octubre de 1904, “la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (artículo 6).

Adicionalmente, a través de la Convención sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937, el Gobierno chileno se obliga a garantizar el libre tránsito de Bolivia por sus puertos “en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).

No obstante, tal como ha ocurrido en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito del comercio boliviano fue interrumpido en los puertos chilenos debido a la paralización de las actividades portuarias que provocó, una vez más, la cuestionable operación privada de dichos puertos.

En esta ocasión, el motivo fue el desacuerdo entre los trabajadores portuarios y las empresas privadas que operan los puertos del vecino país en cuanto a un pago de media hora de coalición (compensación a los trabajadores portuarios por el menor tiempo para almorzar que tienen en comparación con otras industrias de Chile), que los primeros exigen y que los segundos se rehusaron a reconocer en un primer momento.

Este paro portuario, que provocó grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano, sino también al chileno, y que se prolongó aproximadamente dos semanas, es una clara violación de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia de libre tránsito. Asimismo, demuestra que el actual Gobierno de La Moneda no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas veces lo han asegurado sus autoridades.

Es boliviano, economista y diplomático.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Últimas Noticias