Nueve años han pasado desde las jornadas de octubre de 2003, del levan-tamiento ciudadano que derivó en la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y obligó a éste acogerse a su segunda nacionalidad en busca de refugio luego de haber dejado a su paso por el gobierno 72 muertos, 12 de ellos tras las secuelas años más tarde, y cientos de heridos. Sin embargo, la crisis no sólo produjo que el hombre terminara su carrera política, sino que hizo que decayera su propio partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y los que lo apoyaron, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR). Incluso, agrupaciones políticas que ni siquiera eran sus aliadas ese momento sufrieron la misma suerte, debido a las “ideologías” afines al MNR, tal fue el destino de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Al expirar esas organizaciones políticas, la situación obligó al sistema partidario a reconfigurarse, aunque de manera poco clara en el tiempo.
Es la conclusión coincidente a la hora de reflexionar sobre las enseñanzas que dejó ese episodio histórico que abrió senda para otros de esa importancia en el país. “Con octubre se acabó el monopolio de los partidos en la representación popular. Es decir, fue el nacimiento de las agrupaciones ciudadanas y de las organizaciones indígenas”, afirma el analista Ricardo Paz.
Ése fue el punto de eclosión de la crisis de Estado; son momentos muy sentidos por las instituciones de mediación. O sea, los partidos políticos. “Por eso es que se derrumba ese sistema y comienza una reconfiguración; la cual hasta hoy no está clara y continúa asentándose”, aunque a partir de abril de 2010 (elección de alcaldes y gobernadores) ya se observan algunos elementos iniciales. Sin embargo, considera que “parece, embrionariamente, que ya habría un nuevo sistema de partidos”.
En criterio de Paz, la reformulación inconclusa estaría derivando en un sistema de “partidos mixto”, es decir, con organizaciones nacionales y regionales, en el que habría tres de la primera categoría —Movimiento Al Socialismo (MAS), Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN)— y una veintena de la segunda, distribuida por todo el país. “Este modo de organización correspondería a una democracia multipartidaria y relativamente consolidada y de base ancha, es decir, de alta participación”, describe Paz.
Si bien la Agenda de Octubre —llamada así por las demandas surgidas en la crisis— es amplia e incluyó la necesidad de instalar una Asamblea Constituyente, refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o desarrollar la industrialización del gas, octubre y la salida de Sánchez de Lozada se generaron por el rechazo ciudadano a la decisión del MNR de vender gas a Estados Unidos y México a través Chile. Los manifestantes se mostraron dispuestos a morir para evitar esto último mucho más que por los puntos mencionados antes. Promover un cambio en el sistema político ni siquiera era aludido en los gritos de las marchas. Empero, entonces la crisis de Estado decantó de inmediato en su difícil situación.
De acuerdo con la politóloga María Teresa Zegada, fue la enseñanza más dura, y que ha tenido efectos políticos de largo plazo, para los partidos políticos que en ese momento ejercían toda su hegemonía en el poder (MNR, MIR, NFR). “Una de las cuestiones fundamentales para esta lección fue la distancia que estos partidos habían puesto en su gestión respecto a la sociedad, sus demandas y reivindicaciones. El proceso previo a la crisis de octubre se caracterizó por ese alejamiento y desatención a las exigencias sociales”. Y si tenían relación con la sociedad, era meramente electoralista.
Como consecuencia de esto surgió la lección “más grande” de octubre, cuando después de la convulsión fueron los propios movimientos sociales, antes excluidos, los que irrumpieron en el campo de la política y prescindieron de los partidos, que antes eran los canales idóneos para transmitir las demandas o inquietudes al sistema político. “El resultado fue que los partidos terminaron por ser desplazados del escenario de decisiones, tal como continúan ahora”, interpreta Zegada.
Negativo. Al admitir esta presencia de los movimientos sociales en las tomas de decisión, Paz ve un aspecto negativo: “El resultado perverso de octubre de 2003, que estamos padeciendo hasta hoy, es el que no permite resolver la crisis de Estado y volver al equilibrio del contrato social: se han apoderado del Estado las ‘minorías eficaces’, denominadas movimientos sociales, que no son otra cosa que ejércitos corporativos que imponen sus decisiones a la mayoría por medio de la violencia”.
Afirma que estos grupos aparecieron en esos sucesos con mucha fuerza y se “institucionalizaron gobernando de facto en una dictadura de minorías”. Dice que estos grupos corresponden a los cocaleros, los gremiales y los cooperativistas, quienes siendo minorías (“los cooperativistas pueden ser 150.000, los gremiales 300.000 y los cocaleros 150.000, pero en relación a los 10 millones de bolivianos son una pequeña minoría”) son tremendamente eficaces porque imponen su voluntad a todos los demás por medio de la fuerza.
El analista Carlos Cordero, por su parte, no concuerda con la idea de que octubre de 2003 fue el fin de la “democracia pactada”, pues considera que la esencia de la democracia siempre es pactar. “Ésta se sustenta en los acuerdos”, asegura. No obstante, opina que en ese tiempo las decisiones que se tomaron no reparan en las demandas ciudadanas. “Hoy, los acuerdos toman muy en cuenta a los movimientos sociales”, y eso es precisamente un pacto democrático.
Nota que a partir de octubre de 2003 se vio un sistema de partidos políticos (“que hoy sigue vigente, no ha desaparecido”) muy fragmentado, desorientado, pero que acompaña nuestra democracia y está dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Las que sí desaparecieron fueron unas siglas que aún buscan una renovación y se volvieron regionales”, analiza Cordero.
En su percepción, la crisis de 2003 obligó a los partidos a reformularse en muchos sentidos. “Algunos, hasta hoy, no lograron recuperarse, como es el caso del MNR o ADN. Estas organizaciones debían democratizarse y modernizarse. El MAS aplicó esta lección y hoy podemos decir que es un partido moderno del siglo XXI”.
El otro aspecto que menciona Zegada, en tanto enseñanza de la crisis que acabó con el régimen de Sánchez de Lozada, tiene que ver con esa “lógica nefasta con la que terminó la democracia pactada”, con la que se hacían alianzas “indiscriminadas” para asegurar la gobernabilidad y la presencia de los partidos en el escenario político. Dice que quizás el momento más significativo de este tipo de democracia se manifestó unos meses antes de octubre, en agosto de 2003, cuando se formó una coalición a la que se incorporaron el MIR y NFR. “Esto mostraba a la población que todos los partidos no representaban ninguna alternativa, sino que formaban parte de la misma masa. La sociedad vio que votar por uno u otro era igual”.
El otro aprendizaje que se desprende de los sucesos de ese mes —según Zegada— tiene que ver con la necesidad de establecer mecanismos institucionales de consulta a la población. De hecho, la sociedad exigía ser inquirida acerca de la venta de gas por Chile. Sobre el aspecto social, Paz observa que esa crisis produjo una emergencia de las clases marginadas que han definido en este tiempo un cambio de “élites políticas y económicas que están superando las rémoras racistas y clasistas que existían”.
Un nuevo sistema político en formación es lo que estos analistas ven que se está construyendo, en el cual el actor novedoso de los movimientos sociales, cuya aparición, si bien representa la inclusión de sectores antes excluidos (Zegada), también puede ser vista como un nuevo poder político que, estando en inferioridad numérica respecto del total de la población boliviana (Paz), paradójicamente ha sabido ganar el juego de mayorías y minorías que plantea la democracia.
Entretanto, algunas fracciones políticas conservadoras y organizaciones sociales consideran que el gobierno de Evo Morales todavía no ha cumplido con la Agenda de Octubre, aunque éste dice que la nueva Constitución Política del Estado (CPE), derivada de la Asamblea Constituyente, y la “nacionalización” de hidrocarburos son argumentos para rebatir esos cuestionamientos.
‘La democracia boliviana prevaleció’: Carlos Cordero es analista político
Una de las grandes lecciones demostró que el pueblo boliviano es democrático, pues a pesar de los momentos convulsionados y las muertes, la democracia, sus principios y la institucionalidad fueron los que prevalecieron. La participación ciudadana esperó a las elecciones de 2005 para producir transformaciones en el Estado mediante el voto.
‘La población pedía ser parte del Estado’: María Teresa Zegada es analista política
La población pedía ser consultada por el destino de los hidrocarburos y exigía una Asamblea Constituyente. Con esto se ve que querían ser parte del Estado, es decir, participar en el andamiaje institucional. Ése fue el mensaje global en términos de estructuración de la institucionalidad política: establecer mecanismos que permitan a la sociedad participar en las decisiones.
‘Las reformas fueron su consecuencia’: Ricardo Paz es analista político
Las consecuencias inmediatas más importantes fueron las reformas. La de mayor importancia fue la reforma constitucional de 2004, cuando se incorporaron los mecanismos de democracia directa que siguen vigentes en la Constitución; es decir, referendos, la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea Constituyente. Esos elementos son consecuencia directa de esa crisis.
‘El rechazo al diálogo produjo enfrentamiento’: Waldo Albarracín fue defensor del Pueblo
La gran enseñanza de octubre es que cuando se actúa con autoritarismo, se rechaza continuamente el diálogo, se sostiene el ‘principio de autoridad’ y se asume que dialogar es perder autoridad —como lo hicieron Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín—, se crean las condiciones para un enfrentamiento que puede tener consecuencias muy graves.
La agenda inconclusa
Con la crisis de 2003 nació lo que fue llamada la Agenda de Octubre, de la que hay sectores que dicen ha sido traicionada. En todo caso, Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo, y María Teresa Zegada afirman que se ha cumplido parcialmente. Los puntos más importantes de la agenda eran: nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, el referéndum sobre la venta del gas y la Asamblea Constituyente.
“Las dos demandas principales se cumplieron parcialmente: por un lado, la recuperación de los hidrocarburos no fue total; y, en cuanto a la Asamblea Constituyente, ésta se realizó; sin embargo, el cumplimiento de su producto final, es decir la nueva Constitución Política del Estado (CPE), es a medias”, dice Albarracín.
Éste nota que el punto de la industrialización “no se ha cumplido hasta el día de hoy”. Carlos Cordero, por su parte, afirma que frases como “se ha traicionado la agenda” no son sino clichés y asegura que ésta ha sido cumplida “a plenitud”, y considera que sólo resta que se indemnice a las familias de las víctimas y a los heridos de los enfrentamientos, y que se cumpla cabalmente la nueva CPE
Ricardo Paz asegura que la Agenda de Octubre era más bien “un listado de consignas”. Según este académico, el referéndum por el gas fue llevado a cabo por Carlos Mesa y “está vigente hasta la actualidad como rector de la política energética”; en cuanto a la Asamblea Constituyente, ésta se realizó “con sus luces y sombras, por lo que sus resultados serían motivo de otra evaluación”; la nacionalización los hidrocarburos se restringió a ser “una reformulación y readaptación de los contratos, sin cambiar ni cuestionar el modelo de extracción petrolera que había ese tiempo y continúa hoy”.
Para concluir, Zegada afirma que si bien la dimensión de las medidas de la agenda eran “enormes”, también faltó voluntad política.
Extradición denegada
La primera semana de septiembre de este año se tuvo la noticia de que los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos negaban la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por el Estado boliviano de tener responsabilidad por la masacre de ciudadanos durante octubre de 2003.
Los argumentos del rechazo estadounidense sostienen la ausencia de “doble incriminación” de los delitos a los que se acusa a estos miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); esto significa que los crímenes por los que se los quiere extraditar deben estar tipificados en ambos ordenamientos legales.
El tema es complejo, dice la analista Teresa Zegada. “Sánchez de Lozada fue el culpable directo de lo sucedido y no ha habido ni siquiera una aclaración de sus responsabilidades”. Para esta politóloga, la creencia de que haya una manipulación política en los juicios que se están haciendo a personas que son opositoras al Movimiento Al Socialismo (MAS) ha distorsionado este otro juicio.
Waldo Albarracín, al saberse el fallo de Estados Unidos dice que era una cuestión “incontrastable” que la decisión era política. Sin embargo, también critica a quienes elaboraron la demanda de extradición y a la política del gobierno del MAS asegurando que hacer respetar la soberanía nacional no significa tener una relación de tensión con otro país.