Pareciera que el mundo sigue siendo el mismo aunque ningún gobierno departamental cuente todavía con su estatuto autonómico. Es tanto lo que de todas maneras pasa en nuestro país, en los ámbitos económico y político, entre otros, que la discusión autonómica pareciera haberse diluido al mismo tiempo que va muriendo el fragor de la polarización política.
Recordemos que la reivindicación de las autonomías departamentales anidó y se nutrió del discurso regionalista, fundamentalmente en el oriente boliviano. Es verdad, esa reivindicación no fue improvisada ni jalada de los pelos, sino que hundió sus raíces en la historia nacional y en la construcción misma de la identidad cruceña, que, por cierto, fue fortalecida justamente en coyunturas de aparente enfrentamiento con proyectos políticos que, viniendo sobre todo del occidente, propugnaban el impulso y expansión del Estado nacional.
Pero también es cierto que en aquellos tiempos decir “autonomía” era echar mano de una especie de varita mágica que podía hacer aparecer casi cualquier cosa, dependiendo del deseo de cada quien. De esta forma se exigía autonomía, pero sin saber muy bien cuál era el contenido específico (o la propuesta específica) para aquel concepto. El objetivo no eran las elucubraciones de política pública, sino más bien la movilización y el posicionamiento político. Porque, además, es necesario decirlo muy claro: la élite cruceña tradicional apostó a la polarización radical de la sociedad regional con el fin de defender sus limitados y concretos intereses.
Superada la polarización, fortalecido el Gobierno nacional por una economía boyante, importantes sectores de la élite cruceña pierden el miedo al ideario de octubre y aprenden que la dignidad nacional no es necesariamente perjudicial para los negocios, y que el Gobierno nacional les ofrece oportunidades que no parecen vislumbrar desde el Gobierno departamental. Superada la polarización, la autonomía pasa entonces a los titulares de tercer y cuarto orden, por lo menos en lo que hace al trabajo legislativo local.
Entonces, la noticia surge desde Pando, con una Asamblea Departamental que nos sacude del adormecimiento al lograr la adecuación del Estatuto Departamental a la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, esto que nos parece sorprendente no es algo que sucede de repente, sino que es más bien la culminación de un arduo, constante y porfiado trabajo con muchos sectores y en todos los municipios pandinos. Los asambleístas vienen trabajando la adecuación prácticamente desde el momento en que fueron posesionados, y muchas discusiones, debates y dificultades han debido ser sorteados para llegar al jueves pasado, cuando el estatuto adecuado a la Constitución fue presentado al pueblo amazónico.
Pero no solamente sucede que la Asamblea de Pando es la primera en lograr aquello, sino que también lo ha logrado por unanimidad. ¿En algún lado dice que el estatuto debe ser aprobado por la totalidad de los asambleístas? No, pero en Cobija ésa fue la condición que se autoimpuso la Asamblea: acuerdo total para nuestra norma fundamental, acuerdo total para nuestro principal pacto autonómico.
Ahí radica la principal lección, y es un desafío para todas aquellas asambleas donde aún no se ha manifestado la razón de ser del ejercicio político: la capacidad de tejer consensos que permitan concretar un destino justo y común.
¿Y qué gana el pueblo? En primer lugar, gana la tranquilidad de saber que sus representantes hacen el trabajo para el cual fueron elegidos. En segundo lugar, gana la certidumbre de una visión departamental clara e incluyente, de la cual se desprenderán políticas públicas, inversiones, esfuerzos y concurrencias dirigidos a realizar el pacto político contenido en el estatuto adecuado. En tercer lugar, gana un pacto social referido a equidad de género, además de políticas claras respecto del turismo, la biodiversidad y el medio ambiente, el desarrollo productivo, el desarrollo forestal, etcétera. Pero, además, gana una norma departamental que deja de esconder las realidades indígenas, sino que más bien las recoge y las dignifica.
Según el Estatuto de 2008, la Asamblea Departamental debía estar compuesta por “un representante de cada una de las secciones municipales de las provincias del departamento”. Ahora entra en juego también lo poblacional y lo indígena, conformando un Órgano Legislativo que incluye representación territorial (15 asambleístas electas/os cada una/o en su municipio), representación poblacional (tres asambleístas), y representación indígena (tres, pudiendo llegar hasta cinco).
En todos los procesos estatuyentes, hasta ahora la representatividad es uno de los asuntos principales y de los más discutidos, incluyendo a las autonomías indígenas. Otro tema permanente es el de los subgobernadores. En Santa Cruz, éstos han sido elegidos a dedo (ninguna mujer entre ellos), aunque en los estatutos de 2008 se había decidido que fueran electos por voto popular. Pando ha resuelto no tener subgobernadoras/es, sino delegadas y delegados provinciales, que “serán designados por la Gobernadora o Gobernador” (artículo 61).
Pero, volviendo al proceso mismo, hay un elemento en Pando que genera antecedentes para todos los otros procesos de adecuación: fue un trabajo participativo. En el Beni, el año pasado se afrontó con coraje una discusión pendiente: adecuar participativamente o no.
Y digo que es una discusión pendiente porque discutir eso significa abrir una puerta que a mucha gente parece asustarle: el contexto en el que esos estatutos fueron elaborados y aprobados, que no es otro que la polarización y violencia política. Cuando los asambleístas discuten si es participativo o no participativo, se discute también si aquel 2008 fue participativo o no, si aquel 2008 fue incluyente o no.
Tal vez sea ésa en realidad la puerta que se teme en la Asamblea cruceña, la de la remembranza de 2008, aunque, en medio de la encendida discusión, la Asamblea beniana encontró el consenso: participativo. También en Tarija hay antecedentes positivos cuando se toman en cuenta las propuestas de la sociedad civil en el arduo trabajo de conciliación que está empezando el Órgano Legislativo departamental.
Pareciera entonces que la tendencia es abrir los procesos estatuyentes (de elaboración o de adecuación) a la participación, emulando la riqueza de la Asamblea Constituyente. Así, los que avanzan van abriendo la brecha. Una brecha hecha a su medida, porque es el resultado de sus capacidades. Y los que por detrás vienen, viendo el camino de lo ya trabajado, deberán acomodar su carga para recorrerlo, o inventarse caminos diferentes, en los cuales Dios quiera que no se extravíen.