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La posible reacción de Chile

Si bien las autoridades y líderes chilenos expresaron su preocupación por la jurisprudencia del fallo de La Haya sobre Colombia y Nicaragua, es posible que en el caso eventual de Bolivia pretende desconocer la jurisdicción legal, como ya lo hizo, y lo hace, en varios casos.

/ 2 de diciembre de 2012 / 04:01

A menos de una semana de que se inicie la etapa oral del proceso sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el presidente chileno, Sebastián Piñera, y sus antecesores Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos manifestaron su preocupación por el fallo que dicha Corte emitió respecto a la controversia entre Colombia y Nicaragua, que confirmó la soberanía colombiana sobre los cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés y reconoció el dominio nicaragüense sobre una importante porción del mar territorial en disputa, lo que en los hechos representa una derrota para el país su-  damericano y un triunfo para la     nación centroamericana.

La preocupación presidencial chilena se basa en lo que Frei denomina “fallos salomónicos”, que se refiere a las decisiones basadas en criterios de equidad y equidistancia que la Corte ha aplicado en este tipo de casos. Según el exmandatario, este tipo de sentencias induce a países como Bolivia a recurrir a ese tribunal “porque siempre les va a tocar algo” y no son convenientes porque “pondrán en duda todos los tratados”. Esas apreciaciones, que evidentemente no son las de un jurista, denotan el temor que existe en Chile ante lo que pueda hacer nuestro país en el ámbito jurisdiccional y demuestran una clara intencionalidad de no reconocer el fallo que la Corte emitirá con relación al conflicto chileno-peruano.

En la misma línea, pero un poco más apegado al lenguaje jurídico, Lagos afirmó que ese alto tribunal debe fallar conforme a derecho “porque de no hacerlo se erosiona el prestigio de la Corte”, comentario que se funda en el hecho de que las decisiones ex aequo et bono (en equidad) sólo pueden ser aplicadas si las partes así lo convienen (artículo 38 del Estatuto de la CIJ). No obstante, si revisamos el fallo emitido por la Corte para el caso entre Colombia y Nicaragua, podemos evidenciar que éste no se apoya en la equidad como fuente del derecho internacional, sino que se basa en los tratados internacionales que rigen sobre la materia, en la costumbre y en la doctrina, y es más, el presidente del país que se ha visto afectado por este fallo, Juan Manuel Santos, aseguró que “la decisión no fue equitativa”. Por tanto, los cuestionamientos del exmandatario chileno al trabajo que realizan los jueces de La Haya, más parecen estar dirigidos a justificar un posible rechazo de Chile al fallo de la CIJ y al consiguiente desconocimiento de su jurisdicción que a mostrar una posición de Estado que tranquilice a los ciudadanos de su país.

Por otra parte, llama la atención que el caso Nicaragua-Colombia haya causado sorpresa y preocupación en las más altas esferas políticas de Chile, porque no es la primera vez que la CIJ falla de esa manera, es decir, conforme a derecho, pero siempre considerando los criterios de equidad y equidistancia que fueron incorporados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Existen al menos ocho procesos sobre límites marítimos que se definieron así: Estados Unidos y Canadá (1982), Guinea y Guinea-Bissau (1985), Dinamarca y Noruega (1993), Bahrain y Catar (2001), Nicaragua y Honduras (2007), Ucrania y Rumania (2009) y, como ya se dijo, Colombia y Nicaragua (2012). Por tanto, este tipo de sentencias no es nuevo ni mucho menos inusual y, por lo mismo, no se justifica que a estas alturas del proceso peruano-chileno los mandatarios de Chile expresen que su país “no puede aceptar fallos salomónicos”, en referencia a la forma cómo la CIJ ha estado resolviendo los casos de delimitación marítima, cuando bien sabían, desde un principio, que la determinación de la Corte podría seguir estos criterios.

El mensaje que han dado los gobernantes chilenos es preocupante para Bolivia porque, ante un fallo desfavorable a sus intereses, Chile, siguiendo lo que sorpresivamente está haciendo Colombia (decidió no acatar el fallo), podría denunciar el Pacto de Bogotá de 1948 para desconocer la jurisdicción de la CIJ y evitar así que Bolivia interponga una demanda en su contra ante esa instancia. No obstante, aún así, deberá transcurrir un año antes de que cesen los efectos del acuerdo para la parte denunciante (artículo LVI del Pacto de Bogotá).

Nuestras autoridades deben prever los diferentes escenarios que se po- drían generar con la reacción de Chile ante un “fallo salomónico” y para ello es necesario que evalúen la conducta del Estado chileno a lo largo de la historia que, al contrario de lo que dicen sus autoridades, no se ha caracterizado por el respeto al derecho internacional. Basta con recordar que ese país desconoció el Pacto de Paucarpata suscrito con la Confederación Perú-Boliviana en 1837; terminó unilateralmente el Tratado de 1874 alegando incumplimiento de Bolivia y con ello inició la guerra de 1879; nunca cumplió con el Tratado de Ancón firmado con el Perú en 1883, en lo relativo a celebrar un plebiscito que defina el futuro de Tacna y Arica; transgredió varias veces el derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia mediante el Tratado de 1904 y actualmente vulnera al menos tres de sus acuerdos complementarios al mantener paralizado el tren Arica-La Paz y al permitir que las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta apliquen medidas que infringen lo acordado bilateralmente, entre otros; tampoco removió ni de-sactivó las minas antipersonales que se encuentran en sus fronteras a pesar de haberse comprometido a ello mediante la Convención de Ottawa de 1997. Y otros más.     

Dados estos antecedentes, conociendo que la última encuesta de Adimark encontró que el 73% de los chilenos no estaría dispuesto a ceder territorios al Perú, aún cuando así lo disponga la CIJ, y sobre todo, considerando el mensaje negativo que recientemente han dado los gobernantes vecinos, podríamos esperar que ante un “fallo salomónico” Chile anteponga una vez más sus intereses nacionales por sobre el respeto a las normas del derecho internacional y desconozca tanto la sentencia que emitirá la Corte a mediados del próximo año, como la jurisdicción de la misma.

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Si Bolivia se retira de la OEA

Retirarse de la OEA iría en desmedro de la aspiración nacional de retornar a las costas del Pacífico.

/ 13 de mayo de 2017 / 04:00

Después de que el Gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia (adoptada, entre otras razones, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y solo tenga ojos para Venezuela —no así para México o Brasil—), no prioriza nuestros intereses nacionales, que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos tan cerca de una posible negociación con Chile.

Más bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA con relación a la demanda marítima boliviana, que no solo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento del país, sino que además consagran al “problema marítimo boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.               

Esta exhortación, que (valga reiterar) fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pro de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales, deben ser valoradas y destacadas por nuestro Gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable para Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo con nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni digno, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.

Es economista, catedrático invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Twitter: @andriguzman

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Israel entre Bolivia y Chile

No es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro.

/ 11 de enero de 2017 / 04:18

A propósito del ingreso de Bolivia al Consejo de Seguridad de la ONU, el político y periodista israelí Yair Lapid publicó un artículo en el que manifiesta su esperanza de que nuestro país introduzca a dicha institución “una voz más equilibrada y razonable que aquellas que se oyen de ahí últimamente”, en referencia a los paí-ses que aprobaron la Resolución 2334, del 23 de diciembre de 2016, que reafirma que los asentamientos que Israel estableció en territorio palestino, ocupado desde 1967, incluido Jerusalén oriental, “no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho internacional”.

Con ese propósito, el autor intenta poner a los bolivianos en el lugar de los israelíes para que comprendan la ira que les causó la Resolución 2334, planteando el caso hipotético de que Israel apoye “la posición de Chile en la disputa por una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia”.

Al respecto, es importante aclarar que no es lo mismo defender el establecimiento de los asentamientos de Israel en Palestina, que son una expresión neocolonial y un obstáculo para lograr una solución biestatal, que defender el legítimo derecho que tiene Bolivia de recuperar su cualidad marítima mediante una negociación, tal como lo prometió Chile en reiteradas ocasiones.

Es decir, no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro, porque, dadas las diferentes visiones y experiencias, resulta prácticamente imposible extrapolar nuestros sentimientos.

Además, las diferencias que existen entre un apoyo estatal, de un gobierno a otro, y una resolución del Consejo de Seguridad, que se aprueba por varios Estados y que sí tiene efectos vinculantes (artículo 25, Carta de la ONU), confirman que la hipótesis que plantea Lapid tampoco tiene sentido de proporcionalidad.

Ciertamente, a diferencia del efecto simbólico que podría tener el primer y único apoyo que el país del Mapocho jamás recibió de otra nación en el tema del mar (no es cierto que existan “partidarios de Chile” en este tema, como afirma Lapid), Israel tiene la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto por la Resolución 2334, incluyendo en especial lo referido a la “cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento”.

Pero más importante aún, y esto seguramente no lo sopesó Lapid, es que el apoyo de su país a Chile en rea-lidad podría beneficiar a Bolivia.

En efecto, si consideramos que Israel es un país mundialmente conocido por incumplir sus obligaciones internacionales, tal como lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 2004, cuando emitió su opinión consultiva sobre la construcción de un muro israelí en Palestina; y teniendo presente que “la disputa por una salida soberana al Pacífico”, que actualmente se ventila en ese mismo tribunal, versa precisamente sobre los incumplimientos de Chile a varios de sus compromisos y promesas internacionales, un respaldo israelí a la causa chilena podría contribuir a reafirmar la tesis de que Santiago pretende mantener el statu quo de los territorios que a partir de 1879 anexó a sus dominios por la fuerza, aun cuando eso requiera transgredir el derecho internacional, tal como lo hace Israel con territorios palestinos.

De hecho, el apoyo de Israel a Chile sería como que Corea del Norte apoye a Irán en sus planes militares de potenciamiento nuclear, o que el Gobierno de Arabia Saudita respalde los comentarios misóginos y sexistas de Donald Trump; es decir, un apoyo que en lugar de ayudar, perjudicaría.

* es economista, catedrático invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Twitter: @andriguzman

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La imposición del Tratado de 1904

No es posible desvincular el Pacto de Tregua de 1884 y el Tratado de 1904, desconocer la continuidad entre uno y otro: en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden…

/ 18 de abril de 2016 / 04:02

El 23 de marzo publiqué un artículo intitulado La Contramemoria de Chile ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), éste provocó la reacción contraria de algunos historiadores chilenos como Valentina Verbal, José Miguel Concha y Loreto Correa. La primera, como directa aludida, respondió con un mesurado artículo publicado por Voces de La Tercera, en el que me denomina “uno de los principales promotores de la causa marítima” y que intenta aclarar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile a Bolivia. Los otros dos, un poco más exaltados, hicieron sus críticas en mi muro de Facebook con y sin argumentos, respectivamente.

El que lo hizo con argumentos destacó que las élites chilenas ligadas a la minería de la plata en el litoral boliviano (Melchor Concha y Toro, entre ellos), a diferencia de las oligarquías salitreras anglo-chilenas, que también operaban en nuestras costas, se opusieron a la guerra. Dato que, por cierto, no cambia ni refuta lo que señalé en el artículo de referencia respecto a que los intereses oligárquicos de ingleses y chilenos, íntimamente relacionados al gobierno de Santiago, jugaron un rol preponderante en el estallido de la Guerra del Pacífico.

Dado que esas críticas se refirieron a la parte histórica de mi artículo y no así a los aspectos jurídicos, y dado que dichas críticas se centraron en cómo se firmó el Tratado de 1904 y no en los compromisos que asumió Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es lo que verdaderamente se discute en La Haya, en las siguientes líneas intentaré explicar por qué afirmé que nuestro país no suscribió ese tratado libre y espontáneamente.

Primero, es importante contextualizar el momento en que se firmó el Tratado. Bolivia se encontraba en una situación muy complicada —tal como lo reconoce José Miguel Concha en publicaciones conjuntas con su colega y compatriota Cristian Garay—, debilitada económica y militarmente tras haber enfrentado a Brasil en una guerra, con serios asuntos de límites pendientes con todos sus demás vecinos (Perú, Argentina, Chile y sobre todo Paraguay), y con un régimen comercial impuesto por Chile mediante el Pacto de Tregua, conocido como el ‘dogal aduanero’, que asfixiaba a la economía boliviana y que frenaba su potencial desarrollo.

En efecto, dicho Pacto determinó que Bolivia no podía establecer su propias aduanas y debía pagar altas contribuciones en el puerto de Arica, compuestas de aranceles e indemnizaciones a los ciudadanos chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda.

Sumada a la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia durante todo el periodo de tregua, en 1904 todavía estaba muy fresco el recuerdo de lo que en 1900 había manifestado el representante chileno ante el gobierno de La Paz, Abraham Köning: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”.

Además de esas amenazas, los gobernantes bolivianos también debieron haberse preocupado cuando supieron que ese mismo año, el representante de Chile en Lima, Ángel Custodio Vicuña, propuso a las autoridades peruanas desmembrar a Bolivia para repartirse su territorio, lo cual, si bien fue rechazado categóricamente por Perú, da cuenta de que a principios del siglo XX los políticos bolivianos tuvieron que tomar decisiones delicadas y de alta trascendencia en un ambiente internacional adverso, agravado por las amenazas impertinentes y las propuestas rastreras que hacía Chile. 

Por otra parte, si bien no podemos desconocer que la recuperación de la independencia aduanera y la prosperidad económica que prometía traer consigo el ferrocarril que Chile había ofrecido construir entre nuestro país y el mar a partir de 1882, fueron elementos que le dieron viabilidad política a la decisión de firmar el Tratado de 1904, es también evidente que la difícil situación internacional que atravesaba Bolivia, de la cual se valió Chile, y la fuerte presión económica y diplomática que ejerció ese país sobre el nuestro durante 20 largos años para imponer sus condiciones, demuestran palmariamente que el tratado de paz no fue suscrito libre y espontáneamente por nuestros gobernantes.

Respecto a la supuesta vinculación de ese tratado con el de Transferencia de Territorio de 1895, Verbal asegura: “A diferencia de lo que Guzmán Escobari afirma en un reciente libro, titulado Un mar de promesas incumplidas, el Tratado de 1904 no constituye una continuación del Pacto de Tregua de 1884, firmado en un contexto de guerra reciente, sino de la intransigencia de la misma Bolivia, cuyos parlamentarios rechazaron el Tratado de 1895…”.

Pero más allá de que los parlamentarios bolivianos no rechazaron el Tratado de 1895, sino que lo condicionaron, la relación entre los acuerdos de tregua y paz es innegable, no solo por la lógica sucesión jurídica que existe entre ambos, sino sobre todo porque dichos acuerdos así lo establecen específicamente. En efecto, el artículo 8º del Pacto de Tregua señala: “Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir gestiones conducentes a este fin”; y el preámbulo del Tratado de 1904 aclara: “En ejecución del propósito consignado en el artículo 8º del Pacto de Tregua del 4 de Abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad…”.

Por tanto, no es posible desvincular a uno del otro, el Pacto de Tregua junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados. En ese sentido, considerando que dicho Pacto fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo reconocen varios historiadores chilenos, sabemos que no solo el tratado de paz tiene vicios de origen por haber sido impuesto bajo amenazas y presiones, sino también el acuerdo primigenio del régimen jurídico que aún gobierna el relacionamiento boliviano-chileno.

En efecto, en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden. En esas circunstancias, que eran bien conocidas por el gobierno boliviano, se firmó el Pacto de Tregua, mediante el cual, como ya se dijo, el vencedor de la guerra impuso un asfixiante régimen aduanero al vencido.

Sin embargo, aun sabiendo eso, que Chile impuso sus condiciones a través de amenazas y presiones a partir de 1884, los bolivianos también sabemos, o deberíamos saber, que ya no podemos impugnar ni desconocer el régimen jurídico adoptado y todavía vigente entre ambos países, porque, a diferencia de nuestra contraparte, lo hemos cumplido y respetado a cabalidad durante más de cien años.

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La narrativa oficial chilena sobre la invasión de 1879

Lo que hizo Daza el 1 de marzo de 1879 no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que dispone el alistamiento de las reservas y la expulsión de los ciudadanos chilenos del territorio nacional. La declaratoria de guerra vino después, por parte de Chile.

/ 15 de febrero de 2016 / 04:06

 Hace 137 años, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra y estalló así la conflagración que dejó a nuestro país sin acceso soberano al mar. Cerca de 50 días después, a principios de abril, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, con lo que se iniciaron oficialmente las hostilidades.

La narrativa oficial del país que resultó vencedor de la contienda no reconoce estos hechos tal como han sido descritos. De hecho, en su versión de la historia, Chile tuvo que “ocupar” Antofagasta porque el gobierno boliviano había violado el Tratado de 1874 que en ese momento definía la frontera, y fue Bolivia la que primero declaró la guerra.

Por lo dicho, en las siguientes líneas intentaré contribuir al debate sobre ésta y otras discrepancias de la historia, que no han permitido desarrollar una relación de buena vecindad entre ambos países, y que muy por el contrario nos mantienen distanciados, sin relaciones diplomáticas, con varios temas pendientes y con un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En ese sentido, a continuación se presenta un análisis crítico del discurso oficial de Chile, basado en los escritos de algunos entendidos en la materia.

Las discrepancias que existen respecto a la historia, según la historiadora peruana Carmen Mac Evoy (Guerreros Civilizadores. Política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Centro de Estudios Bicentenario Perú. Lima-Perú: 90), se originan en el periodo que antecedió y contemporizó con la Guerra del Pacífico, cuando el gobierno de Santiago comenzó a construir y difundir el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. De hecho, la idea primigenia era implementar el proyecto político-militar chileno que, concebido con razones económicas y expansionistas, se explicaba al público, principalmente chileno, con un discurso de ideales occidentales, cristianos y republicanos traídos desde Europa, donde el concepto de “guerra civilizadora” se encontraba mucho más desarrollado (Mc Evoy: 411). 

En efecto, según el historiador chileno Rodrigo Naranjo (Para desarmar la Narrativa Maestra. Un ensayo sobre la guerra del Pacífico. Quillqa Serie IIAM Universidad Católica del Norte. Ocho libros. Santiago, Chile: 28-29), que comparte en buena medida lo expresado por Mac Evoy, todos esos ideales europeos, que hacían ver a Chile como un país “superior” en relación a sus vecinos del norte, especialmente en términos militares, legales, morales y raciales, hicieron que los chilenos sientan “la responsabilidad de civilizar a los pueblos bárbaros de Bolivia y Perú”. (17)

A partir de entonces, se va a crear una corriente narrativa chilena que tiende a justificar las intervenciones militares, tanto fuera como dentro del país, y a exaltar los triunfos obtenidos por las armas, como elementos esenciales y fundacionales del discurso nacionalista chileno, que intenta amalgamar el concepto de nación con el nacionalismo (Naranjo, 40-42). Dicha narrativa que, con algunas innovaciones impulsadas principalmente durante la dictadura pinochetista, se ha mantenido hasta nuestros días, es también uno de los elementos que más ha incidido en la formación de las identidades nacionales chilenas que, a su vez, según el investigador neerlandés Gerard Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. “Bulletin of Latin American Research”, Vol. 29, No. 2. Utrecht University, Netherlands: 208–223) se manifiestan hacia Bolivia y Perú con un cierto aire de superioridad y con actitudes esencialmente neoliberales, legalistas y pragmáticas.  

Por estos motivos, no debería extrañarnos que existan diferencias abismales en cuanto a lo que creemos que ha ocurrido en el pasado y en nuestras visiones sobre la política que debemos adoptar frente al otro. No debería extrañarnos, por ejemplo, que existan ciudadanos chilenos que crean sinceramente en una versión diferente de la historia, que se contrapone a lo que señalan las historiografías de Bolivia y Perú, y a lo que afirman otras versiones, consideradas neutrales e imparciales, como la de la CIJ. En este punto, no solo nos referimos a ciudadanos sin acceso a una educación de calidad, sino también a personas con estudios y que incluso ejercen como profesores universitarios. Es el caso de Don Mario Arnello Romo, un abogado chileno, aficionado a la historia y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, quien criticó duramente a los magistrados de la CIJ por su fallo sobre la objeción preliminar chilena. En un artículo que el aludido publicó en la revista Tribuna Internacional, se puede leer que, en sus antecedentes históricos, dicho fallo contiene “errores, falsedades y omisiones graves”, que configuran “una tergiversación tan burda de la realidad, que debería ser oficialmente representada a la Corte y, de no ser aclarada debidamente, debe dejarse debida constancia de su rechazo” (“CIJ: Una sentencia errónea y ajurídica. Una derrota política previsible”. Revista Tribuna Internacional 2015: 52).

De acuerdo con su opinión, “es falso, de falsedad absoluta”, que Bolivia poseía un litoral sobre el Pacífico de varios centenares de kilómetros, tal como lo reconoció la Corte. También sostiene que se omitieron “hechos esenciales”, como por ejemplo que en 1866 Chile “le cedió” a nuestro país, “con idealismo americanista” y “gratuitamente”, el territorio litoral que las tropas chilenas “reivindicaron” en 1879 y que, el General Daza, entonces presidente de Bolivia, habría violado “deliberadamente” el Tratado de 1874, razón por la cual Chile “ocupó” Antofagasta. (Ibíd.52-56)

Respecto a la confirmación que hizo la CIJ de que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, Arnello señala que existen omisiones que tergiversan la verdad, porque según su versión, que no cita fuente alguna, pero que sigue fielmente la narrativa oficial chilena, el presidente Daza habría declarado la guerra el 1 de marzo de 1879 (Arnello: 56). Sobre este punto, cabe aclarar que lo que hizo Daza en esa fecha no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que dispone el alistamiento de las reservas y la expulsión de los ciudadanos chilenos del territorio nacional. La declaratoria de guerra vino después, por parte de Chile, que no habría tenido por qué declarar la guerra a Bolivia si ésta ya la había declarado un mes antes.

Pero más allá de las precisiones que pueda merecer el desinformado artículo de Arnello, basado devotamente en la narrativa oficial chilena, habría que preguntarles a todos nuestros vecinos chilenos que tienen las mismas creencias: ¿es mejor seguir mirando por sobre el hombro a Bolivia y Perú?, o ¿es mejor buscar un arreglo negociado a los problemas que causó la invasión de 1879?

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Paro portuario en Chile

El libre tránsito del comercio boliviano fue nuevamente interrumpido en los puertos chilenos

/ 17 de junio de 2013 / 08:29

Tiempo atrás ocurrió un hecho que extrañamente no tuvo mucha repercusión en Bolivia y que, sorprendentemente, tampoco provocó la reacción que ameritaba de parte de nuestro Gobierno: el paro de actividades de ciertos puertos chilenos, en los cuales, el país trasandino debería garantizar el libre tránsito de las mercancías bolivianas a perpetuidad; es decir, de manera incesante y sin fin (Diccionario de la Real Academia Española).

En efecto, mediante el Tratado de Paz y Amistad firmado el 20 de octubre de 1904, “la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (artículo 6).

Adicionalmente, a través de la Convención sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937, el Gobierno chileno se obliga a garantizar el libre tránsito de Bolivia por sus puertos “en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).

No obstante, tal como ha ocurrido en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito del comercio boliviano fue interrumpido en los puertos chilenos debido a la paralización de las actividades portuarias que provocó, una vez más, la cuestionable operación privada de dichos puertos.

En esta ocasión, el motivo fue el desacuerdo entre los trabajadores portuarios y las empresas privadas que operan los puertos del vecino país en cuanto a un pago de media hora de coalición (compensación a los trabajadores portuarios por el menor tiempo para almorzar que tienen en comparación con otras industrias de Chile), que los primeros exigen y que los segundos se rehusaron a reconocer en un primer momento.

Este paro portuario, que provocó grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano, sino también al chileno, y que se prolongó aproximadamente dos semanas, es una clara violación de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia de libre tránsito. Asimismo, demuestra que el actual Gobierno de La Moneda no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas veces lo han asegurado sus autoridades.

Es boliviano, economista y diplomático.

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