De los 11 censos realizados en el país, el de 2012 quedará registrado como el más conflictivo. No deja de sorprender el grado de confrontación desatado por la encuesta, que es de carácter técnico, pero que fue asumido como evento político. En la fase de elaboración de las preguntas, la no inclusión de la categoría “mestizo”, como opción de autoidentificación, originó la primera polémica. Algunos entendieron el censo como un plebiscito, en el que estarían en juego procesos de exclusión de los no indígenas, o, por el contrario, la demostración de que Bolivia es un país “mestizo”, y por lo tanto “no indio”. La opción “mestizo” se utilizó por última vez en una boleta censal el año 1900, y en los posteriores censos de 1950, 1976, 1992 y 2001 no fue utilizada. La eliminación de esta opción tiene varias causas, una es que la calidad “étnica” requiere territorio e identidad, hecho que no ocurre con lo genéricamente “mestizo”. Un chaqueño poco de común tiene con un potosino sincrético o con un camba, e incorporarlos en la misma categoría es una figura forzosa.
Otro elemento es que el mestizaje se asumió en la colonia para significar la mezcla racial entre los indígenas y europeos, y en la actualidad no está exento del todo de un criterio biológico. Por recomendación de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la mayoría de los países de América Latina ha quitado como opción de identidad la palabra “mestizo”. Los que se sintieron “ningunos” por no existir la posibilidad de identificarse como mestizos, obviaron el artículo 3 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los no indígenas conforman el “pueblo boliviano”. En otras palabras, el término “boliviano” expresa mejor la calidad de “no indígena” que el ambiguo término “mestizo”.
Otro debate se generó por la no incorporación de la opción religiosa, decisión que fue interpretada por la oposición como maniobra gubernamental para no admitir que la mayoría de la población es cristiana, y no sigue los ritos ancestrales. El censo es un instrumento para definir políticas públicas por parte de un Estado laico, y el tema de la fe está en la esfera de la conciencia. Hay que hacer notar que en el censo del año 2001, cuando fungía como presidente Jorge Quiroga, se eliminó la pregunta sobre la religión. En esa oportunidad nadie tocó campanas por ello.
Se desató luego una serie de críticas al hecho que la boleta censal sea llenada con lápiz, y no con lapicero; se denunció intenciones de modificar las respuestas. No fue suficiente que el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicara que el lector óptico que tabulará las boletas es sensible al lápiz, no al lapicero, y tal como ocurre con los exámenes en las universidades, la tecnología desarrollada al respecto funciona con lápiz. Uno se pregunta, ¿quién tendría interés en cambiar las respuestas de la boleta? ¿Cómo se controla a 400 mil voluntarios que son los empadronadores?
En la recta final del censo, surgieron conflictos por límites entre varios municipios que, como en Colomi, llevaron al enfrentamiento entre vecinos, quienes amenazaron con no dejar ingresar a los encuestadores. Los límites son un tema anterior y desvinculado del censo; lamentablemente, se asoció al censo por desinformación o manipulación política.
La noche del 21 de noviembre, los políticos de la oposición calificaron como un fracaso el censo y acusaron al Gobierno de ello. Éste, por el contrario, lo consideró como un éxito. Objetivamente, fueron muy pocos los lugares donde no se realizó el censo en zonas urbanas, y en la zona rural, el empadronamiento continuó hasta el viernes 23, con lo que se satisfizo el reclamo de los vecinos. Lo paradójico de esto es que los jefes de área deberían ser proporcionados por las alcaldías o gobernaciones y la información cartográfica se la obtuvo de los gobiernos locales. En lugares donde no existió tempranamente una coordinación entre el INE, la Gobernación y las alcaldías hubo problemas, desde la insuficiente cantidad de empadronadores, transporte, hasta datos incorrectos para alimentar la cartografía censal. Lo censurable es que sean voceros de las instancias locales donde surgieron inconvenientes los que cuestionen la organización del censo.
No existen aún resultados y ya voces agoreras proyectan el próximo escenario de conflictividad: la redistribución de escaños parlamentarios e incremento de recursos fiscales. A algunos les preocupa contar con más dinero o parlamentarios que utilizar los resultados del censo para elaborar políticas públicas, que es el fin central de todo censo. Hay gobiernos locales y gobernaciones que no han ejecutado ni siquiera el 60% de sus presupuestos y ya están exigiendo más recursos o que no les afecten los que tienen por los resultados del censo. No saben en qué van a utilizar el dinero que pretenden, pero ya están en pie de guerra. Lo lamentable de estas posiciones es que no le están dando importancia para la agenda pública la información social, demográfica y económica que nos dará el censo. La distribución de escaños y recursos económicos ya está normada y no hay que abrir debate sobre ello; simplemente se debe aplicar lo que la Constitución y las leyes tienen establecido.
¿Por qué, a diferencia de los otros diez censos, este último ha estado signado por los conflictos? La respuesta está en la coyuntura de profundos cambios socioculturales y políticos que vive el país. La reivindicación de derechos sociales, étnicos y culturales hace que la identidad, la condición de clase, de habitante urbano o rural cobre especial significado. Si a ello le sumamos que existen recursos que se distribuyen en base a la población, tendremos las condiciones objetivas sobre las que se alimenta la conflictividad en relación a la encuesta. Pese a ello, la exageración y la truculencia desatada por el censo tienen su explicación en una oposición perdida en el tiempo y pobre de argumentos, que no duda en colgarse de cualquier evento para hacer política o politiquería.