Cuando el presidente del Perú Augusto Leguía firmó el Tratado de Ancón en 1929, aquel entendimiento que fijó las fronteras entre su país y Chile, sostuvo que la contigüidad territorial de su nación “fue trazada por la mano de Dios”. Han pasado 83 años desde entonces y la declaración del mandatario que más tiempo gobernó Perú (15 años) resuena en las esferas del derecho internacional, incluso en La Haya, donde estos días se escucharon los alegatos en el juicio internacional que Lima planteó a Santiago, esta vez —y precisamente— por los límites marítimos. La doctrina chilena, expansionista del siglo XIX, tiene ahora como base el mar; la mirada al Pacífico y a sus insaciables mercados. ¿Cuál es la doctrina de Bolivia?
En los últimos 20 años, expertos en derecho internacional e integracionistas bolivianos, basados en la situación geopolítica del país, acuñaron la frase, “Bolivia, un país de contactos” o la pieza clave en las alianzas de Sudamérica, una doctrina que se fortaleció con el inicio de exportación de gas natural a Brasil y las perspectivas que representa este recurso energético para el país y la subregión. De hecho, Bolivia es la nación con más vecinos fronterizos en esta parte del mundo; es tránsito, casi obligado, para las personas y bienes de consumo —legales o no— que circulan entre el Pacífico y el Atlántico. Es el territorio geopolíticamente necesario en el continente.
Además, Bolivia linda con Brasil en una zona dominada por la influencia del Amazonas; allí transcurre una línea de tres mil kilómetros donde se tejen intereses, “los más sublimes y los más perversos”, como dice uno de los célebres sonetos de Les Luthiers. Con la mirada al Atlántico, vía la cuenca del Plata, se ha consolidado una alianza a merced del Acuerdo de Complementación Económica 36 (ACE-36) que vincula al país con el Mercado Común del Sur (Mercosur). La zona económica, que rige desde 1996, no ha soportado mayores ruidos que aquéllos que suele emitir la tradicional lógica del proteccionismo de Argentina. El gas boliviano calienta este proceso de integración, aún a pesar de los contratos con fecha de vencimiento con Brasil y Argentina.
La influencia geopolítica de Bolivia, que alberga todos los pisos ecológicos del continente —a excepción de la costa por dolorosos motivos históricos— llega a la Comunidad Andina (CAN), el proyecto de integración más antiguo y accidentado de Sudamérica. Los procesos de articulación política no han prosperado con este bloque, cuya cohesión fue cuestionada por efecto de los tratados de libre comercio que negociaron Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos y Europa. A este último factor, siempre sujeto al debate desde la mirada del proyecto político vigente en Bolivia y de la economía de mercado, se ha sumado la falta de una decisión del bloque andino para poner en vigencia el arancel externo común, un mecanismo clave para favorecer la integración y cuya entrada en vigencia fue pospuesta hasta 2014.
En paralelo, el país ha concretado el ACE-22 con Chile, con la perspectiva de colocar hasta 7.000 ítems en el mercado vecino, estratégico por su cercanía con el Pacífico. No obstante, la balanza comercial fue negativa en 2011 para Bolivia en el orden de $us 159 millones, una cifra de pérdida inferior a los $us 195 millones registrados en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con Perú, el avance es mayor, pues está vigente el Tratado de Mercado Común, uno de los instrumentos de integración bilateral más avanzados de la legislación internacional. Cuando se inició este mecanismo, formalmente en 2004, los presidentes Carlos Mesa, de Bolivia, y Alejandro Toledo, de Perú, muy entusiasmados, dieron la pauta para un gabinete conjunto, un mecanismo binacional de integración política que aún está débil frente a un mar de factores que alimentan la desconfianza recíproca. Con todo, varios grupos económicos del Perú, el de los hermanos Rodríguez, con inversiones en el Grupo Gloria y cementos Yura, y Credicorp, dueño del Banco de Crédito, potenciaron su presencia en el país.
Es sobre la base de este escenario —descrito aquí a salto de mata— que el presidente Evo Morales asumió la decisión política de adherirse plenamente al Mercosur, un consumidor potencial de gas natural, pero con fecha de vencimiento. El contrato de gas a Brasil vence en 2020 y para revalidarlo harán falta señales de confianza.
Adicionalmente, Morales dijo que no dejará la CAN, a pesar de los cortocircuitos que se generen con la puesta en marcha de los aranceles comunes en ambos bloques, reglas demoradas en el caso de los andinos. Según el INE, en 2011, Bolivia exportó al Mercosur 4.060 millones de dólares (gas incluido) y el valor de las exportaciones al mercado andino fue de 775 millones de dólares, especialmente manufacturas y productos agroindustriales.
En los siguientes cuatro años, el país debe reafirmar sus sensibilidades y flexibilizar el proteccionismo del Mercosur. Los alimentos son clave para un país como Bolivia con ventajas naturales y comparativas —disponibilidad de tierra fértil y agua— que no son poca cosa cuando se proyecta una población mundial de 8.400 millones para el año 2030, un lustro después del bicentenario boliviano.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia posee 30 millones de hectáreas listas para cultivar, pero hoy emplea el 10% de este potencial. El gerente de esta institución, Gary Rodríguez, reclamó —en un encuentro con productores de biotecnología realizado este año en Uruguay— la necesidad de aplicar buenas prácticas en el agro boliviano y seguridad legal a favor de la inversión en la agroindustria, sin descuidar los cultivos tradicionales. Para que la fórmula funcione resta esperar por el resultado de las decisiones políticas.
Pero, Bolivia también es necesaria para la zona del Pacífico, el mar que nunca hizo honor a su nombre. Un agitado futuro se perfila para los próximos seis meses entre Chile y Perú. La Corte de La Haya emitirá en ese tiempo un fallo sobre los límites marítimos. Después de esta decisión está Bolivia, que además de buscar un juicio internacional contra Chile, debe construir el escenario para un diálogo definitivo sobre su acceso al mar, otra condición necesaria para el futuro 2025.