Argentina y Brasil son estos días escenario de grandes batallas judiciales que forman parte de la sustancia misma de la democracia. En el primer caso, se trata de la libertad de prensa; en el segundo, de la lucha contra la corrupción, pero en ambos el Poder Judicial funciona de árbitro en batallas cruciales para el sistema político.
Es un tópico, desde hace ya muchos años, hablar de “la judicialización de la política”, del desplazamiento de los grandes conflictos políticos hacia la órbita del Poder Judicial. No se trata, en general, de un avance querido por los jueces, no siempre felices de nadar en aguas turbulentas. Las imperfecciones del sistema político, las intransigencias partidarias, los choques mediáticos cargados de demagogia, las denuncias de corrupción, son quienes terminan poniendo a la Justicia en la encrucijada de resolver aquello que los cuerpos políticos no han podido —o querido— hacer.
En el especialísimo caso de la Argentina, hay una embestida oficialista contra los dos diarios mayores del país, Clarín y La Nación, pilares de la prensa de habla hispánica. El mayor ensañamiento ha ocurrido con Clarín, destinatario específico de una ley que procura el desmantelamiento de los “multimedios”, estableciendo rigurosas prohibiciones —retroactivas— a la agrupación de diarios, radios y canales de televisión. La intencionalidad de esa ley ha sido expuesta, casi diariamente, en encendidos discursos de la Señora Presidente, que acusa a Clarín de ejercer un poder desmesurado sobre la sociedad e intentar desestabilizar su gobierno. Por cierto, ese poder no ha de ser tanto cuando, hace un año, la Dra. Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos, pese a la oposición de los dos grandes diarios.
En esa batalla no ha habido límites en la agresión. Se llegó hasta el extremo oprobioso de embestir contra los hijos adoptivos de la propietaria de Clarín, denunciando —con una falsedad luego demostrada por los exámenes de ADN— que eran hijos secuestrados de personas de- saparecidas cuando la dictadura. Clarín inició una acción de inconstitucionalidad de la referida ley de medios y, desde entonces, se libra una tremenda batalla judicial, con el Gobierno amenazando públicamente a los jueces, recusándolos en más de un caso, e incluso lanzando campañas difamatorias contra algunos de ellos. El diario logró una medida cautelar que prorrogó la aplicación de la ley que desmantela su estructura societaria y como ella vencía, en primera instancia, el 7 de diciembre, ese “7-D” —en la semántica oficial— pasó a ser una batalla librada con una orquestación propagandística sin precedentes. La Justicia, acosada, con buen criterio resolvió prorrogar esa fecha al no haber pronunciamiento sobre el fondo y ello abrió otro escenario procesal —con la intervención de funcionarios públicos que se personaron en la sede de la empresa para forzar el desmantelamiento del grupo en 100 días—, que se libra en los estrados, en la plaza pública y en los medios.
En Brasil, entretanto, el Supremo Tribunal Federal ha terminado el “juicio del siglo”, que desde 2004, en que la prestigiosa revista Veja formuló la primera denuncia, hasta hoy, investigó y juzgó a las primeras figuras del oficialista Partido de los Trabajadores (PT): 25 políticos y empresarios han terminado condenados por integrar una vasta red de corrupción con la cual el gobierno de Lula da Silva aseguraba su mayoría parlamentaria y el voto de leyes mediante una contribución mensual con la que, usando dinero público, se sobornaba a un conjunto de legisladores. Entre los inculpados figuran nada menos que José Dirceu, jefe de la Casa Civil de la administración de Lula y mano derecha universal del presidente, José Genoino, presidente del PT, y Delubio Soarez, tesorero partidario.
Todo el proceso se ventiló por la prensa, principal denunciante, y las instancias judiciales, trasmitidas por televisión, llegaron a un ávido público masivo. Lo notable del caso, sin embargo, es que el prestigio de Lula no aparece erosionado, al punto que, en pleno juicio a hombres del PT, su partido alcanzó una excelente votación en las recientes elecciones municipales.
Desde el otro ángulo, Joaquín Barbosa, el primer miembro negro del Supremo Tribunal Federal, quien fue el relator principal del juicio, alcanza las cotas máximas de popularidad. De origen modestísimo, su figura, sobria y sólida, ha pasado a ser el símbolo de la lucha contra una corrupción que parecía instalada para siempre en el paisaje político brasileño.
No sé qué dirían de todo esto Montesquieu y John Locke, los teóricos de la separación de poderes. Pero no hay duda de que hoy ese principio es el resguardo principal de la libertad en estas democracias aún imperfectas. Después de todo, como dijo Kant, el legislativo es “irreprensible”, el Ejecutivo es “irresistible” y el Poder Judicial es “inapelable”. Aun en el error.