domingo 13 jun 2021 | Actualizado a 19:01

Carmelo versus Jessica

Existen diferencias de fondo entre las propuestas electorales para el Beni y para Bolivia del Movimiento Al Socialismo. Hay dos programas diferentes, uno centralista y otro descentralizador.

/ 13 de enero de 2013 / 04:00

Hoy la política nacional también discurre en el plano electoral. Hay cuatro municipios donde se elige alcaldes (Punata y Bermejo) y alcaldes más concejales (Huatajata y Chúa Cocani, La Paz). En Chúa, Unidad Nacional (UN) asistió con candidato propio frente al MAS, la ASP y el MPS, y obtuvo un concejal. En Punata siguen las conversaciones para la unidad, y participan UN, la agrupación Martinucho, el MAS y el MSM. En Bermejo, la Alianza por Bermejo (UN-MNR Renovado se amplió hacia el PAN), frente al MAS y ASI. En estos dos municipios la elección es hoy domingo 13 de enero de 2013.

Beni, dos candidatos, dos visiones, dos proyectos. Primero, se trata de dos frentes distintos en su composición. El MAS es un frente de organizaciones sociales (campesinos, colonizadores y otros) con dirigentes cooptados a través de prebendas que llevan a confusión entre lo que es sociedad civil y lo que es Estado. Es ideológicamente confuso, tal como lo es su líder, con un nacionalismo estatista errático y un indigenismo radical de pose. Tiene una candidata nominada “a dedo” por el caudillo y vista internamente como “advenediza”, lo que ha generado fisuras internas con sectores “tradicionales” del MAS. Por el contrario, la Unidad Democrática es un frente que articula organizaciones políticas de alcance regional (Primero el Beni y el MNR) y otras de alcance nacional (Unidad Nacional y Convergencia) cuyo liderazgo y presencia la hace parte del actual sistema de partidos en proceso de renovación. La Unidad asienta su ideología en el respeto pleno a la democracia, al Estado de derecho y al eco-desarrollo. Carmelo Lens, antes subgobernador electo de la provincia Vaca Díez, venció a Jordan entre varios líderes regionales en dos encuestas sucesivas, procedimiento seleccionado por la Unidad para definir el candidato.

Segundo, los contendientes tienen dos diferentes visiones de país (rentista versus productivo). La economía del país y de sus departamentos continúa dependiendo de las exportaciones de materias primas, es decir del modelo extractivista primario-exportador. La búsqueda desenfrenada de hidrocarburos o minerales y la locura del MAS por romper el corazón del TIPNIS y favorecer el avasallamiento cocalero sustentan la visión de Jessica. El Beni y la Bolivia del MAS no tienen una economía dinámica ni diversificada, y por ello nuestros recursos exportables carecen aún de valor agregado y repetimos el mismo ciclo de dependencia de periodos anteriores.

La Unidad postula, en cambio, un Beni y una Bolivia con economía productiva, diversificada y ecológica, que invierte cantidades importantes de dinero y recursos humanos en la creación de oportunidades económicas, uniendo la ciudad con el campo. Este proyecto quiere un Beni eco-desarrollista, con políticas agroforestales, ganaderas, agroindustriales y turísticas que garantizan la autosuficiencia alimentaria, la distribución al mercado interno nacional y la exportación. Propone en Beni que potencia y proyecta su mentalidad productiva ya presente. La Unidad postula entender la riqueza, no como objeto de disputa, sino como resultado de la colaboración y el trabajo.

Tercero, hay dos programas diferentes (centralista versus descentralizador). Jessica fue representante de Ademaf, dirigida por Quintana y creada para limitar la Autonomía Departamental, y respalda una ley marco que permite sólo una autonomía raquítica y sin recursos. Aunque su programa postula cinco ejes estructurales: 1) Beni Productivo y Moderno, 2) Beni Integrado e Integrador, 3) Beni Autónomo y sin Corrupción, 4) Beni Amazónico-Moxeño Líder para el Mundo en Turismo y Cultura, 5) Beni Inclusivo para Todos y Todas, en esa propuesta el rol de la Autonomía Departamental es absolutamente secundario frente a lo que la misma Jessica llama “recibir el apoyo del presidente Evo” (presidencialismo caudillista acentuado hasta límites antidemocráticos por la superconcentración de poder). Jessica defiende una Autonomía amputada donde el nivel central se atribuye para sí, a pesar de la Constitución y la Ley de Autonomías, las cruciales tareas benianas de su desarrollo.

La Unidad, expresión de organizaciones genuinamente descentralizadoras, respeta el carácter constitucional de la Autonomía y el derecho de los departamentos a ser actores de su desarrollo, y tiene como eje de su programa la continuación del proceso autonómico iniciado en anterior gestión. Este eje articula innovadoras acciones de descentralización: Ley de Desconcentración de las Secretarías Departamentales, transferencia de competencias con recursos, POAs por provincias, y distribución equitativa y solidaria del 50% de los recursos al interior del Beni. Este eje autonómico sustenta varios programas: 1) en salud, un hospital SUSA en cada provincia, en el área rural y en poblaciones ribereñas, restitución de la “mochila autonómica”, y otros; 2) creación de la Subgobernación Indígena del TIPNIS, coordinando con los pueblos indígenas concernidos; 3) desarrollo vial a través de unidades ejecutoras desconcentradas provinciales de caminos; 4) desarrollo productivo a través del Fondo de Autonomía Productiva para dotar de semillas, insumos y asesoría técnica y comprar la producción para garantizar ingresos; en Ganadería financiar la lucha contra la fiebre aftosa y el Centro de Mejoramiento Genético y garantizar la seguridad jurídica de la propiedad ganadera, y apoyo a la microempresa (castaña, cacao, piscicultura) y al desarrollo turístico.

En la elección del Beni hay algo más que sólo dos personas que compiten. Hay dos tipos de organización, dos visiones de país, de departamento y dos programas de gobierno diferentes. El pueblo beniano tendrá la palabra definitiva el domingo 20 de enero de 2013.

La Unidad democrática de organizaciones regionales (Primero el Beni, el MNR) y las de alcance nacional (Unidad Nacional, Convergencia) tienen claro que la Unidad no es sólo para reclamarla, sino de practicarla y dotarla gradualmente de virtudes e innovación democráticas, respecto de los líderes y las prácticas políticas de los partidos, para enfrentar con oportunidad los riesgos que amenazan la democracia boliviana y construir una alternativa para recuperarla, fortalecerla y desarrollarla en bien de las benianas y benianos, bolivianos todos, sin exclusiones.

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MORAL Y DESNUDEZ POLÍTICA

El despojo de lo público, el Estado como botín y el enriquecimiento ilícito fueron el real proyecto de Murillo.

/ 13 de junio de 2021 / 18:57

DIBUJO LIBRE

La detención de Murillo, ni más ni menos por el FBI (difícilmente acusable de ser masista), es la piedra de toque en el derrumbe de uno de los conceptos centrales sobre los cuales quiso construir su identidad el conservadurismo político boliviano en los pasados 10 años, el de su “altura moral”.

Construyendo la altura moral. Desde 2005, año de la primera victoria de Evo Morales, el gobierno del MAS logró que su discurso político e ideológico ocupara el centro del debate político en Bolivia. Con rasgos profundamente reivindicativos las organizaciones y movimientos sociales que conformaban el MAS se erigieron como los poseedores de una “altura moral” que les permitía proponer, impulsar y ejecutar una serie de cambios estructurales en la sociedad boliviana, desde la “justeza” y la “restitución del equilibrio”.

La legitimidad de este actor social y la sensación generalizada de que la historia había hecho justicia, significaban que la derecha y el conservadurismo boliviano habían sido derrotados no solo política y electoralmente, sino, moralmente.

Pero en 2011 comienza un proceso de sustitución discursiva en ambos bloques y, como efecto, un cambio en las coordenadas perceptuales que sirven para que la sociedad interprete la política. Progresivamente, el centro de gravedad del discurso político boliviano se traslada del MAS, con un discurso cada vez más obrista, hacia la oposición, con una discursividad más de tipo valórico, ético y moral en clave de ataque.

Progresivamente la oposición conservadora comenzó a apelar de manera sistemática a tres líneas de acción comunicacional. La primera fue la descalificación moral del masismo, el cual fue y es mostrado de manera caricaturizada como una suerte de organización delincuencial, mafiosa y casi satánica.

La oposición y ciertos medios de comunicación se concentraron en los actores centrales del MAS, en sus dirigencias sociales, autoridades electas y altos niveles de dirección del Ejecutivo, para tratar de vincularlos a casos y actos de corrupción, reales o ficticios, y especialmente a una serie de antivalores esencialmente morales conservadores.

Desde la pedofilia hasta la violación; desde la manipulación de la justicia hasta el abuso de poder en los cargos estatales; desde el apego insano al poder hasta la autodeificación. Un verdadero menú de antivalores, muchos en clave religiosa, fueron asociados a identificables masistas y, por extensión, a toda esta comunidad política.

El término masista se convirtió en un peyorativo; haciendo mención a una filiación partidaria fue transformado en una identidad moralmente negativa y racialmente descriptiva.

Esta construcción contó con el invalorable apoyo de los mismos masistas. Los actos de corrupción y las vulneraciones legales, éticas y morales fueron evidentes y numerosas; sin duda, y el MAS no supo o no quiso lidiar adecuadamente con ellas.

La segunda línea de acción comunicacional conservadora fue la generación de un ambiente de pretendido quiebre de los valores sociales imperantes en Bolivia. Muchos fenómenos sociales comenzaron a tratarse como escándalos políticos. La inseguridad ciudadana (al vincularla al narcotráfico), la violencia contra la mujer (asociándola a comportamientos machistas, especialmente de sectores populares), el comportamiento cuasi delincuencial de la justicia (ligándolo a la manipulación política), la crisis del Estado de derecho (relacionándolo al menosprecio por las leyes) y otros, generaron una sensación de pánico, impotencia e indignación de ciertos sectores de la población que veían amenazados hasta sus esquemas de valores personales, que en nuestro país son fundamentalmente conservadores.

Porque Bolivia, luego de 15 años de ‘proceso de cambio’, sigue siendo mayoritaria y profundamente conservadora, y es la religión la fuente de construcción de la identidad moral de los bolivianos. Según el Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia, más de 89% de los bolivianos comprenden a la religión como un factor ordenador de su vida y de sus relaciones con otras personas, es decir, como un factor orientador de su vida social y material.

La tercera línea de acción fue la construcción del actor que se oponía a este descalabro valórico, la ciudadanía opositora con su respectivo sentimiento de “altura moral”.

Y es que como en toda narrativa, instalado el problema (el quiebre moral) y el villano (el masismo), era necesario construir al héroe que pudiera conjurar el riesgo de la destrucción de los valores compartidos y castigar al villano. Y de esa necesidad narrativa surge, con la intervención directa de diferentes grupos, sectores e intereses, la ciudadanía opositora, el actor indignado que toma las calles en noviembre de 2019.

Pero esa ciudadanía no solo está politizada, es una ciudadanía “moralizante” en la cual ha despertado, obra y gracia de la operación comunicacional citada, una certeza de que se vuelca a las calles a rescatar a Bolivia de una hecatombe valórica.

Es por esto que Áñez y sus discretos y casi fantasmales aliados ingresan al Palacio Quemado montados sobre un discurso profundamente moral. Con la Biblia bajo el brazo, la promesa que le hace al país es la del retorno al Palacio de los valores familiares, humanos, religiosos, democrático- iberales y toma para sí el encargo social de castigar a un MAS adecuadamente villanizado.

El justo castigo a los “terroristas y sediciosos” masacrados en Sacaba, Senkata y El Pedregal, la deshumanización e inferiorización de quienes no podían/querían mantener la cuarentena o, por el otro lado, el intento de Áñez de asumir el rol de cariñosa madre de toda la bolivianidad o de Murillo de ser el hombre que protege el sueño de los justos contra las “hordas masistas”, nos muestran tanto el repertorio discursivo del conservadurismo político como esa certeza de altura moral que lo animaba.

Desnudez y fachada. Sin embargo, en el caso boliviano, esta estrategia comunicacional de framing moral no es ni siquiera el eco de similares líneas de acción que diferentes gobiernos neoconservadores utilizan en el mundo desde hace más de una década. Es en realidad el resultado de la desnudez política conservadora.

Desde la asunción de Morales, la oposición no fue capaz de construir una propuesta o visión de país alternativa a la del Estado Plurinacional. Los repetidos intentos de estructurar organizaciones político-partidarias que representen y aglutinen al conservadurismo político fracasaron. Los liderazgos que le ofrecen al país nos retrotraen al pasado republicano más que abrirnos hacia un futuro alternativo al Plurinacional.

Sin propuestas, partidos ni liderazgos, el conservadurismo político buscó refugio en los legítimos valores morales de la mayoría de los bolivianos para con ellos cubrir su desnudez. Y tampoco lo hizo para rescatar los valores morales conservadores y oponerlos a los valores progresistas en crecimiento. Lo hizo para construir una fachada de moralidad que fue utilizada para los fines exactamente contrarios. El retorno al despojo de lo público, el enriquecimiento ilícito y el Estado como botín, son la verdadera propuesta que encarnaba Murillo.

Entonces, el daño que el efímero gobierno de Áñez le hizo al conservadurismo político boliviano no proviene únicamente de su manifiesta incapacidad para gobernar ni de los hechos de corrupción mismos, sino de haber dinamitado el corazón mismo de la única propuesta que pudo generar para el país en 15 años, la propuesta de ser mejores personas que los masistas.

Y es que el fariseísmo es una carta muy peligrosa de jugar, porque la moral también hace política.

(*)Manuel Mercado G. es especialista en comunicación política          

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‘FRAUDE’, INFORME DE LA OEA, SOBRE TODO INDICIOS

Volvió a la agenda el debate sobre si en 2019 hubo o no ‘fraude’; aún está pendiente revisar lo que realmente pasó.

Ante la Asamblea, el ministro Lima dijo que no hay una sola prueba. Un análisis sobre el contenido del estudio de la gestión Almagro

Por Iván Bustillos

/ 6 de junio de 2021 / 17:56

EL PUNTO SOBRE LA i

Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.

 (*) IVÁN BUSTILLOS es periodista de La Razón

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LA DERECHA INSUSTANCIAL

La derecha ya no busca el poder por un fin filosófico o ideológico, sino por el beneficio que da desmantelar el Estado.

/ 6 de junio de 2021 / 17:39

DIBUJO LIBRE

Lo que asfixia a la derecha boliviana no es el largo tiempo de una vida política errabunda, vacía de pensamiento y sin miradas propias del país que ambicionarán construir. El fondo de ese extravío se explica en la carencia de una identidad propia y nacional y en el alejamiento casi natural de dos factores sustanciales que concluyen siéndoles extraños: las injusticias instaladas en la sociedad y su incomprensión de las formas construidas y necesarias de libertad e igualdad social.

Agustín Tosco, aquel dirigente sindical argentino que tributó su vida, infatigablemente, por los derechos de las clases trabajadoras, protagonista determinante en la gesta conocida como el Cordobazo, (protesta obrero-estudiantil, acaecida en Córdoba, Argentina, los días 29 y 30 de mayo de 1969, en oposición a la dictadura militar presidida por Juan Carlos Onganía) dejó un pensamiento y una reflexión de compromiso infinito: “…Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no solo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende”. Sin un sentido de las injusticias que inciden determinantemente en la vida y dignidad de hombres y mujeres, no es posible transitar el camino de la demanda interminable, la urgente profundización de la democracia. El conservadurismo nacional padece de ello.

En noviembre de 2019, los grupos conservadores, los de radicalidad extrema y aquellos contemporizadores con el centro político, articularon esfuerzos para componer, tras largos años de ausencia en la administración del Estado, la ofensiva antidemocrática. Los ejes discursivos utilizados en referencias constantes a “recuperar la democracia”, a “retornar a la libertad y la institucionalidad del Estado” y al “fin del autoritarismo” solapaban la pretensión última: un desembarco en el Estado con fines de urgencias personales, de grupo y corporativas siempre económicas y nunca en perspectiva histórica transformadora. El concepto de Estado no tenía sustancia ideológica, se simplificó exclusivamente en una mirada utilitarista de vaciamiento económico. Las estructuras ocultas en la lógica policial que construyó el noviembrismo, con perfiles propios de crimen organizado e internacionalizado, develan la esencia de una derecha que rastreó el poder y la administración del Estado en una perspectiva de posibilidades eventuales de apropiación y uso personal. Albert Camus expresó una máxima de dimensiones inagotables en el tiempo y que aplica al interés en referencia al poder: “Se trata de servir a la humanidad con medios que sigan siendo dignos en medio de una historia que no lo es”.

La urgente inclusión social en la construcción de una sociedad equilibrada que diluya las formas de discriminación a sectores sociales marginados históricamente, condenados a vivir en la periferia de las decisiones políticas y la vida social, prueba que las clases dominantes resisten en formas que generan nuevos antagonismos. El conservadurismo en Bolivia ha desarrollado un imaginario de democracia que tiene en el concepto solo un beneficio discursivo, actuando en la práctica con métodos sobrecargados de autoritarismo e intenciones regresivas a las viejas lógicas del Estado noventista, esto es, una clase media radical y dominante como única articuladora de la administración de Estado y sectores sociales y populares con representaciones marginales.

La ofensiva antidemocrática. Lo que la derecha conservadora hace en el país es cuestionar el Estado Plurinacional, las formas de inclusión social y la capacidad lograda por los movimientos sociales de articular un enorme bloque con toda la corporatividad popular en conductas electorales homogeneizadas hasta consolidar una potencia electoral casi invencible. La negación del país plural y diverso, su desprecio racializado por la gente campesina, originaria e indígena en un maltrato que llega a las culturas ancestrales y a las nuevas identidades ya hoy politizadas, los convierte en representantes de la intolerancia y la hostilidad sempiterna.

Los procedimientos de poder expuestos por el noviembrismo en 2019 evidenciaron el ánimo de implementar un Estado Policía a partir del cual se reconfiguraron las intervenciones del mismo, disminuyéndolas para favorecer las prácticas neoliberales. El nuevo neoliberalismo se exaspera con las formas manifestadas por los movimientos sociales, las identidades y las maneras colectivas de comprender la libertad. La ofensiva antidemocrática es la presencia del neoliberalismo impaciente, la exaltación de la libertad individual extrema que estando carente de posibilidades democráticas y electorales recurre a los inéditos formatos que sugiere el neogolpismo. La libertad ultraindividualizada fragmenta el movimiento popular. En palabras de E. Hayek, “la democracia es esencialmente un medio, un instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual”. El sentido de Hayek apunta a un retorno de las formas duras de un capitalismo de mercado que desprecia la conformación de Estados fuertes; Robert Nozick con su planteamiento del Estado mínimo, restringido únicamente a funciones de orden y establecimiento de la ley; Brzezinski y la sugerencia de “separar el sistema político de la sociedad y empezar a concebirlos como entidades separadas”. Los actuales teóricos de la nueva derecha en el mundo que interpelan, en un extremo preocupante, el sufragio universal. Alain de Benoist se expresa al respecto diciendo que “la democracia pone a todos los individuos en un mismo plano haciendo caso omiso de las importantes diferencias que existen entre ellos. Siendo el resultado una uniformización y masificación de los ciudadanos, lo que revela el carácter necesariamente totalitario de la democracia”. En suma, un vasto desarrollo de quienes construyen sus ideas en el lado derecho del pensamiento político.

Carente incluso de estas ideas, el conservadurismo boliviano se ve comprimido a una voz en el vacío mientras aguarda un error histórico del movimiento popular. Pero cuando ya su paciencia se reduce a grados no administrables, opera en la subversión, la desestabilización y la gesta rupturista. El por qué busca el poder del Estado ya no es una cuestión filosófica e ideológica, sino el enorme atractivo de los beneficios que concede la desmantelación de la estructura estatal.

 (*)JORGE RICHTER R. es politólogo, actual Vocero presidencial

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EL DISCURSO NEOLIBERAL, SIN ASIDERO

La oposición, al no poder plantear un pleno programa neoliberal, hipoteca toda su esperanza a la división del MAS

/ 6 de junio de 2021 / 17:35

DIBUJO LIBRE

La sociología trata los fenómenos sociales como son, no como deberían ser. Preguntarse desde el lado del oficialismo, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si no se convocaba al referendo del 21 de febrero de 2016?, ¿por qué el MAS no hizo una renovación de liderazgos oportunamente?, ¿por qué el MAS plantea un balotaje habiendo ganado en primera vuelta en octubre de 2019? o ¿por qué no se enjuició a los golpistas al inicio de la gestión de Luis Arce?; o desde el lado de la oposición, ¿por qué en noviembre de 2019 se impuso el gobierno de facto como salida a la crisis?, ¿por qué la clase media política de oposición no pudo establecer una alternativa de centro o centro derecha? o ¿por qué la oposición, al final, tuvo que ser representada por alcaldes y gobernadores no deseados ni por ellos mismos? Las respuestas a estas interrogantes pueden servir para el diagnóstico, la autocrítica y reflexiones de ética y moral, pero no para cambiar los hechos, éstos se dieron de una manera y no de otra, y son de esos hechos de los que se ocupa la sociología.

Por de pronto, vivimos las secuelas de la victoria contundente del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020 y la victoria relativa de la oposición del 7 de marzo de 2021, relativa porque gana en seis gobernaciones y los municipios capitales del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), pero sin mayoría de asambleístas y concejales, exceptuando El Alto; por lo demás, pierde en tres gobernaciones y nada menos que en 70% de los municipios del país gana el MAS.

A más de seis meses de haber recuperado el proceso de cambio, la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición aún no establece una resultante; sin embargo, el año de interrupción del proceso descartó la vía neoliberal por mucho tiempo y la intervención del Estado en la política se hace imprescindible en los ámbitos económico- financiero y social-cultural, particularmente sobre la pandemia, en la que el Estado es rector, gestor y articulador de los esfuerzos subnacionales y privados contra el cambiante y recurrente COVID 19.

Hablando de hechos sociales, con Sergio Almaraz Paz quedó establecido que cada país tiene su Revolución, (Francia, México, Rusia, China, Cuba, etc.) y la nuestra fue la Revolución Nacional de 1952, que ésta no era un escaparate del cual uno podía escoger lo bueno y desechar lo malo, y que, como todo fenómeno social y político, tuvo sus luces y sombras, pero que a partir de un punto (1964) todo se perdió. Del mismo modo, René Zavaleta Mercado demostró que en un país de capitalismo atrasado como el nuestro solo el Estado puede cumplir las tareas asignadas a la burguesía y que las clases subalternas se representan dominantemente en organizaciones sociales y no así en partidos políticos.

En base a estas evidencias, se entiende que en varias oportunidades el pueblo boliviano trató de restablecer el ciclo de liberación nacional: primero, durante los cortos gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres (1969-1971); segundo, el también breve gobierno de Henán Siles (1982-1985); para finalmente rematar en el ‘proceso de cambio’, de largo aliento (2006-actual), interrumpido un año (2019-2020) por el gobierno de Jeanine Áñez.

En el momento actual el discurso neoliberal no tiene asidero; es decir, la narrativa del libre mercado, la mano invisible, exportar o morir, reducción del gasto público, achicar el Estado y la inversión extranjera como la única posibilidad de desarrollo, ya no puede ser sostenida por la oposición, ni siquiera por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ellos recurren más bien a instrumentalizar y dirigir las legítimas demandas de defensa del medioambiente, la equidad de género, el cambio de la matriz productiva, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el centralismo, atribuyendo la mayoría de estas contradicciones (producto del capitalismo salvaje), paradójicamente, al gobierno nacional popular, despectivamente catalogado de populista.

La oposición, tan diversa y extrema, abarca desde la clase media profesional, disminuida en su poder de influencia política durante 14 años (direcciones de partidos de centro derecha, organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, secundadas por las jerarquías de la Iglesia, comités cívicos, colegios de profesionales y otros), hasta el verdadero poder económico hegemonizado por la burguesía agraria, financiera y comercial (agroindustria, banca y grandes importadores-exportadores) en un extremo, y en el otro, están los grupos irregulares de la “Resistencia Cochala” y “Unión Juvenil Cruceñista”; todo este conjunto, unido solo por el antievismo, perdió en la elección nacional; sin embargo, ganó fuerza en las elecciones subnacionales, con una política antimasista, es decir, específicamente antiproceso estatal nacional.

La oposición, al no poder plantear abiertamente un programa neoliberal, hipoteca todos sus recursos a la división del MAS, magnificando las diferencias entre David Choquehuanca y Luis Arce primero, luego agrandando el liderazgo disidente de Eva Copa, para finalmente sobredimensionar la brecha generacional de antiguos y nuevos militantes del MAS y de sus aliados.

El oficialismo, tiene a su favor la prosecución de un modelo de estabilidad económica, redistribución de los ingresos de base ancha, industrialización, sustitución de importaciones y soberanía alimentaria, establecido en la Agenda 2020-2025, naturalmente afectado por la recesión económica mundial y la pandemia. Si bien el MAS tiene la militancia política más grande del país, el apoyo de las organizaciones sociales sigue siendo la garantía de la continuidad del proceso. Este colectivo es abigarrado como el país: en el partido hay tendencias tradicionales y modernas y en las organizaciones sociales subyacen intereses particulares de gremio muy diversos. De cualquier forma, el reto es el de restablecer la unidad del bloque de poder de las clases sociales subalternas de defensa y profundización del proceso nacional popular frente al modelo neoliberal, que apuesta su sobrevivencia exclusivamente a la fragmentación del MAS y de sus aliados.

 (*)DANILO PAZ B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

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DEBATE: EL ‘GOLPE’ DE 2019 DESDE LA GEOPOLÍTICA

Libro sobre la crisis política de fines de 2019, publicado por Clacso y la Universidad Nacional de México

/ 6 de junio de 2021 / 17:29

DIBUJO LIBRE

Aun cuando estamos presenciando una reversión del proceso golpista en Bolivia, lo cual es invaluable para los pueblos de Nuestra América, sigue siendo importante leer, analizar, contar lo sucedido en el golpe de Estado de 2019. Con este espíritu, compartimos el lanzamiento del libro Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado que tuvimos el privilegio de coordinar junto a Mónica Bruckmann y Óscar Ugarteche en el marco del Grupo de Trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), publicado en coedición entre Clacso y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIEc-UNAM).

Retomando lo expuesto por Atilio Boron en el prólogo: “Esta obra parte de una premisa irrefutable, a saber: no se puede comprender la historia boliviana desde la revolución de 1952 en adelante sin evaluar debidamente la importancia geopolítica y geoeconómica de ese país.”

El texto contiene aportes académicos y ensayos elaborados por autoras y autores de diversas latitudes del continente y desde diversos ángulos de análisis, que se unen bajo la certeza de que Bolivia es un territorio, pueblo y proyecto clave en la reconfiguración geopolítica de un capitalismo en crisis. En conjunto, ofrece un panorama esclarecedor a contrapelo de las narrativas que justifican y naturalizan la usurpación del poder. Más que nunca, la geopolítica debe ser ubicada en el marco de una disputa real y material por recursos, mercados y territorios que requiere de un relato que lo legitime, en un contexto de (des)información y bombardeo de noticias falsas y opiniones infundadas, donde es cada vez más complejo discernir entre lo que sucede y lo que se dice o calla sobre lo que sucede. Como una materialización más de la desigualdad del orden internacional, el relato con fuerza de verdad (considerado como verdadero) suele ser aquel pronunciado por gobiernos, voces expertas y medios de comunicación concentrados y redes sociales proyectados desde los países centrales y reproducidos por sectores políticos y líderes de opinión afines en la periferia.

Es fundamental aclarar que la obra fue gestada al calor del golpe, en diciembre de 2019 y concluida en julio de 2020. En el proceso de convocar a los y las autoras nos encontramos con actores que experimentaron de modo directo la violencia y el miedo desatados por el golpe y tuvieron que exiliarse (en suelo propio o en el exterior). Enfrentándose a esta coyuntura, algunas y algunos no lograron condiciones para escribir, pero sus pensamientos están de algún modo representados en la obra. Están presentes. Otros, decidieron escribir bajo seudónimo debido a la implacable persecución política, en algunos casos planteada oficialmente como “cacería a sediciosos y terroristas”. Es el caso de Juan Ramón Quintana, exiliado (y por momentos preso) en la Embajada de México en La Paz, que escribió un potente relato bajo el seudónimo de Ernesto Eterno.

El objetivo del golpe y las diversas estrategias para evitar el retorno del MAS a la política boliviana obedece en buena medida a que el proceso de cambio iniciado en 2005 demostró ser una vía alternativa posible al neoliberalismo (con diversas limitaciones, pero con significativos logros) en uno de los países más pobres del continente. Anclada en este precepto, la primera parte del libro explora los logros socioeconómicos de la administración de Evo Morales a través de la planificación del Estado en la economía y asentada en la construcción de un Estado soberano como construcción contrahegemónica.

La segunda parte del libro reúne trabajos que dan cuenta de la importancia de Bolivia en la geopolítica y la economía mundial. Elementos como la posición estratégica del país andino y amazónico en el corazón del continente, sus vastos recursos naturales (principalmente litio e hidrocarburos) y biodiversidad hacen que el territorio boliviano se posicione en el centro de la disputa intercapitalista contemporánea. A este respecto, los y las autoras sostienen que el proyecto boliviano de industrialización del litio fue intolerable para Estados Unidos, siendo uno de los factores que confluyó en el proceso de desestabilización y golpe. Asimismo, el Estado Plurinacional asumió un rol en la esfera internacional sin precedentes en la historia del país, transitando el camino de la multipolaridad emergente, liderando nuevas dinámicas en las relaciones extrarregionales y protagonizando distintas experiencias integracionistas (Unasur, Alba, Celac) promotoras de dinámicas y procesos alternativos al neoliberalismo.

Los trabajos de la tercera parte abordan el entramado golpista conformado por la derecha autóctona e internacional, las fuerzas de seguridad colonizadas, grupos irregulares y comités cívicos; permeado por el clasismo, racismo y fundamentalismo religioso arraigados en los sectores conservadores de la sociedad boliviana. Se lleva a cabo un significativo esfuerzo por identificar actores (ponerles nombre y apellido) y dinámicas que permitan esclarecer este complejo episodio.

Agradecemos profundamente a todas y todos los que colaboraron de diferente manera para concretar este libro, en particular a los y las colegas bolivianas (o que residían en Bolivia en la coyuntura del golpe) —Rebeca Peralta Mariñelarena, Loreta Tellería, Juan Ramon Quintana, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre— que aceptaron este desafío en contextos cotidianos de violencias y de numerosas dificultades materiales y afectivas.

Se trata en síntesis de un aporte con el ánimo de sumar a la construcción de una memoria colectiva desde el hoy, con la emancipación como presente y horizonte de lucha, sin olvidar el pasado. ¡Nunca más! El libro puede ser descargado de manera gratuita en:

CLACSO

https://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/ libro_detalle.php?orden=& id_libro=2344&pageNum_rs_li bros=0&totalRows_rs_libros=1508&o rden=IIEc/UNAM https://libros.iiec.unam.mx/tamara_ silvina_monica_oscar_bolivialas- implicaciones-geopoliticas-delgolpe- de-estado

(*)TAMARA LAJTMAN / SILVINA ROMANO son cientistas social y política, respectivamente

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