La televisión mostró una y otra vez escenas del último escándalo político y delincuencial en el país: un asambleísta de Chuquisaca (presuntamente Domingo Alcibia) manoseando y ultrajando sexualmente —por decir lo menos— a una funcionaria de esa oficina. Ocurrió el 20 de diciembre de 2012 y se develó esta semana.
En otro hecho similar, un concejal de Palca, José Chura Tola, fue remitido a la cárcel de San Pedro de La Paz, sindicado de desfigurar la cara de una mujer, quien lo denunció ante las autoridades judiciales. El suceso pasó el fin de semana. Un tercer caso, el del diputado suplente Justino Leaño, acusado de violación, cierra este inicio de año…
¿Qué ocurre con estas autoridades? ¿O es el poder que los envilece o son el reflejo de la sociedad? Aunque un estudio sociológico o psicológico puede posiblemente determinar las razones, nada justifica semejante desprecio a la racionalidad.
Indigna que un legislador, en pleno hemiciclo de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, haya abusado de una mujer. Indigna también que otra autoridad haya propiciado un acto de violencia contra una mujer, como es el caso del concejal. Indigna que un diputado haya hecho daño irreversible a una niña. Indigna, indigna, indigna…
Es inadmisible que tanta confianza del pueblo se despilfarre de la manera como lo han hecho esos sujetos, coincidentemente del partido oficialista. Si bien las autoridades judiciales deben considerar una severa sanción contra aquéllos, la sociedad deberá ser más implacable con quienes elige como su autoridad.
Sin embargo, los tres casos (y muchos otros) deben llamar la atención de los movimientos sociales y dirigentes políticos, quienes, al final, son los que avalan la nominación para su elección. No puede ser tan irresponsable una selección previa a los comicios. Quienes pretendan ser autoridades deberían probar, aunque es difícil, su respeto a los valores humanos y a la ética política, si es que hay.
El editor