El representante de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), César Guedes, nos recibe en su oficina. Ha sido buscado insistentemente por la prensa boliviana desde el viernes 11, cuando se supo que Bolivia era readmitida en el Convenio Único de 1961 Sobre Estupefacientes, con la reserva de que se respete el consumo tradicional de la coca dentro del territorio nacional y que no se obligue al país a desincentivar el cultivo de esa planta hasta su desaparición gradualmente. El funcionario comunica el agrado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la comunidad internacional por el retorno de Bolivia al seno del Convenio.
— ¿Cuáles son los pros y los contras de la readmisión?
— Bolivia se arriesgó mucho al retirarse de la Convención. Ser parte de ésta sólo tiene ventajas. La Comunidad Internacional y la ONU están muy contentas con su retorno; yo diría que sólo se tienen pros. La Convención es una instancia que protege a los países de los embates del narcotráfico con asesoramiento técnico en diferentes niveles. Retirarse dejó a Bolivia durante todo 2012 en un vacío frente a los instrumentos internacionales contra las drogas. Sin embargo, rápidamente pidió su readmisión con la reserva sobre el masticado de coca en Bolivia y de que no se obligue a la erradicación gradual de la planta hasta su total eliminación. Lo riesgoso era que su reingreso estaba en las manos de los otros miembros.
— ¿Es cierto el temor de los 15 países que se opusieron a la reserva de que se debilitarán los tratados internacionales?
— En efecto, si se leen las cartas de objeción de esos 15 países, se ve que ninguno se opone al masticado de coca en Bolivia; lo que expresan es su preocupación de que la reserva cree un precedente y que abra posibilidades de otras naciones con otros temas ya peligrosos y controversiales con sustancias más adictivas que puedan pedir reservas con el ejemplo de Bolivia.
Es posible que se debiliten los tratados, pero la decisión es de los estados miembros. Si viene otro caso, se sostendrá una situación contundentemente para poner freno a pedidos que no sean manejables. No se debilita el Convenio, el carácter universal del documento lo fortalece. Es un instrumento que costó mucho trabajo y tiempo; unificó los múltiples acuerdos previos en un solo texto. Por eso los Estados que saben cuánto costó quieren preservarlo. No hay el espíritu de modificarlo, para ello tienen que estar de acuerdo los 184 miembros.
— ¿Puede haber un efecto de “contagio” en la región, pensando sobre todo en Perú y Ecuador?
— Los países que menciona no tienen es su Constitución el tema de la coca. En segundo lugar, esas naciones se sienten lo suficientemente cómodas con la Convención complementaria de 1988 acerca del uso tradicional de la coca y no se creen obligadas a hacer más. Además, durante el tiempo en que Bolivia se desafilió, ninguno de esos estados ha hecho equipo, lo que muestra que no están interesados.
— ¿Cómo apaciguar la euforia de algunos sectores que desde el reconocimiento de la ONU quieren ampliar las hectáreas de cultivo?
— De hecho ya se reconocía el uso tradicional en el documento complementario de 1988. Aquí lo importante es que no se excedan los cultivos y que se abastezca el uso tradicional. Existe la preocupación de que a través del buen espíritu de las autoridades bolivianas se aprovechen los intereses del narcotráfico. El entusiasmo está bien, pero la condición es específica, se acepta el acullico en el territorio boliviano.
— ¿Tienen la estimación de cuántas hectáreas bastarían para el mercado tradicional?
— No tenemos la respuesta, hay una cooperación de la Unión Europea que va a concluir para saber ese dato. El estudio se retrasó, al parecer el Gobierno boliviano no estuvo de acuerdo con los procedimientos y el borrador no estuvo acorde con los resultados esperados. Aunque los resultados nunca deben ser los “esperados”, sino los técnicamente correctos. No sabemos más detalles. Lo que es conocido es que en 2011, según nuestro reporte, sólo el 4% de la coca del Chapare pasó por el mercado legal de Sacaba, mientras que un 35% de la coca de los Yungas ingresó por el canal regular de Villa Fátima; la mayoría restante se fue al narcotráfico.
— ¿Cómo evalúan una eventual modificación de la Ley 1008 y un posible aumento de las hectáreas permitidas?
— Cambiar esa ley es una prerrogativa del Estado; la ONU no va a decir nada, pero no se puede especificar si se debe tener tantas o cuántas hectáreas sin tener el estudio. Eso no va a ayudar. Hay que contar con ese dato técnico verificable y no político; cualquier otra cosa no tendría validez.
— La JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) aplaza a Bolivia año tras año, ¿el retorno al Convenio puede mejorar esta relación?
—La JIFE es un consejo de 13 académicos notables independientes aunque amparados por la ONU. Fueron críticos con Bolivia por mensajes de ida y vuelta un poco encendidos. Creo que el retorno de Bolivia seguramente alegra también a la JIFE como a todos.