El conflicto Coroma-Quillacas trajo una luz al final del túnel. Fue gracias a este problema limítrofe que el Gobierno decidió afianzar una normativa de límites, con el fin de evitar enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos. Evo Morales marcó la línea, pidió que la conciliación en el mismo campo de conflicto sea ejecutada entre las partes involucradas. En caso de agotar esa instancia, será un referendo, en el caso municipal, el mecanismo para poner fin a los 136 conflictos con proceso iniciado.
La resolución de conflictos por límites en el país ahora tiene un matiz diferente. Serán las propias partes afectadas las que solucionen por la vía de la conciliación estos problemas. Confiada en la voluntad política de los afectados, la ministra de Autonomías, Claudia Peña Claros, explica las características de la nueva Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, norma sancionada en la Asamblea Legislativa, y que ya está en el escritorio del presidente Evo Morales para su promulgación.
Llama la atención que sólo 30 de 339 municipios tengan sus límites en orden. Es por eso —explica la ministra— que se decidió acabar con la “burocracia” que caracterizó la antigua Ley 2150 de Unidades Política Administrativas (Upas).
— ¿Cómo se llegó a consenso para aprobar la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales?
— El Ministerio de Autonomías tenía ya un proyecto de ley referido a límites a partir de 2010; este proyecto remozaba la lógica de la Ley 2150 (de Unidades Político Administrativas); sin embargo, una vez afrontado la problemática de Coroma-Quillacas, nos dimos cuenta de que la lógica de la Ley 2150 no era la indicada para resolver ese tipo de conflictos, porque había trámites burocráticos demasiado largos, un abordaje demasiado técnico y legalista de los conflictos de límites, constantes recursos de revocatorio, de revisión, de apelación; era como un camino demasiado largo y ajeno a las prácticas de las zonas en conflicto.
— ¿Es por eso que vieron la posibilidad de crear una nueva norma?
— Nos impresionó mucho algo que dijo el Presidente (Evo Morales) sobre el conflicto de Coroma-Quillacas; dijo que son las propias comunidades de la zona las que saben dónde son sus límites, ellas conocen hasta dónde son sus apachetas, hasta dónde sembraban sus abuelos, eso sabe la gente que vive en el propio lugar. Es por eso que el Presidente dijo que esa visión debe estar en la nueva ley, ésa fue la línea que él dio, y de eso nos agarramos y discutimos mucho.
— ¿Con esta ley dejan en manos de los comunarios la resolución de conflictos por límites?
— Se deja de lado la validez de lo burocrático para asumir la vigencia y el valor de lo que sucede en el mismo campo. A partir de esa visión fuimos trabajando y tomamos decisiones en la ley, norma que si fuera analizada por una persona de la vieja escuela la calificaría como radical…
— ¿Por qué?
— Porque la resolución de problemas de límites se traslada de una oficina al campo en conflicto; incluso las comunidades que viven en la zona del conflicto son las que van a decidir cuál es límite en una primera instancia, luego los alcaldes o alcaldesas deberán homologar esos acuerdos. Puede ser incluso que esas comunidades vayan a definir por tramos, trabajando en campo y haciendo que la gente participe; no necesitamos un trabajo técnico para solucionar el conflicto, necesitamos ver qué cosas hay debajo y eso se logra haciendo participar a la gente.
La solución de un conflicto de límites no pasa por trazar la línea divisoria, y la lógica de la Ley 2150 se refiere a eso, cuando por debajo hay todo un número de cosas cambiando y movilizando a la gente.
— ¿Es problema aparte que existan otros intereses detrás de un conflicto por límites?
— Un conflicto de límites no sólo es por límites, siempre hay algo más; por ejemplo, los conflictos tienen que ver también con acceso a tierras, con explotación de recursos naturales, con una mancha urbana que crece de manera acelerada y descontrolada; tiene que ver con el interés de los vecinos de pagar menos impuestos; tiene que ver con la necesidad de los municipios de abrazar cada vez una masa poblacional más amplia para recibir más dinero de coparticipación tributaria; tiene que ver, incluso, con permisos de explotación de recursos.
Entonces, el conflicto de límites es el resultado de algo que viene detrás, que ocurrió antes, pero el conflicto de límites es también el resultado de un pacto social respecto de la ocupación del territorio que cayó en desuso.
— ¿Qué otras diferencias tiene la nueva Ley de Límites?
— Un tema muy diferente es el referendo. Los límites entre municipios, si no se llega a conciliación, serán resueltos vía referendo. En la Asamblea Legislativa, los representantes de sectores transmitían la preocupación de a quienes ellos representan, ahí había cierto temor al referendo, y se tomaron previsiones, propuestas de los mismos asambleístas; por ejemplo, seis meses antes y después de cualquier evento electoral, no se puede celebrar un referendo de límites, porque lo más probable es que se busquen beneficios políticos.
— En caso de que haya un referendo por límites municipales, ¿cómo se logrará evitar trasladar personas ajenas a la comunidad a la zona en conflicto?
— Se utilizará el mismo padrón de la última elección. Por ejemplo, si ahora hay un referendo entre los municipios de Santa Cruz y Cotoca, se utilizaría el padrón electoral de las elecciones de 2009. Se tomaron esas previsiones.
— Eso abarca lo municipal, ¿qué pasa en los conflictos interdepartamentales?
— En lo interdepartamental, si es que no se logra conciliación, nosotros, como Ministerio de Autonomías, emitiremos un informe en el cual se señalará que no se logró conciliación, y los gobernadores inician un proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); nosotros, como ministerio, no seremos parte de ese proceso, nosotros sólo enviaremos toda la documentación requerida. En la Justicia es un trámite de puro derecho, es tema documental, no hay trabajo de campo.
— La oposición dijo que con estas excepciones el Órgano Ejecutivo se estaría “lavando las manos” al permitir que las partes involucradas concilien sus problemas.
— Se comprobó que la Ley 2150 no sirve, no es suficiente para resolver problemas de límites. El principal detractor de esta nueva ley es el diputado (del Movimiento Sin Miedo) Fabián Yaksic, quien fue durante tres años viceministro de Descentralización y tenía la atribución de resolver conflictos por límites; en esos tres años no se resolvió ningún conflicto, en esos tres años Yaksic trabajó dos proyectos de ley para dictar una pausa administrativa, porque no podía controlar los conflictos. Ese proyecto de ley seguía la esencia de la Ley 2150, en la que se creaba una instancia técnica que definía los trazos de límites.
— ¿Eso se puede tomar como una imposición?
— Claro, es una imposición. Nosotros confiamos que los bolivianos y bolivianas tenemos bastante capacidad política para llegar a acuerdos y para resolver problemas.
— Hablamos de intereses detrás de los conflictos por límites, ¿eso no puede dar paso a enfrentamientos?
— Lo decía una diputada, la gente de afuera (que no pertenece a una comunidad) viene a problematizar, eso lo vimos en Coroma-Quillacas, cuando gente que nació ahí, pero que vive en otro lado, generó temor y susceptibilidad en los comunarios. Pero, además, tenemos que trabajar el decreto reglamentario de la ley, en el cual vamos a especificar cuándo termina el proceso de conciliación… todos esos temas lo tocaremos en el decreto, pero también en la propia ley se establece que mientras el conflicto no sea resuelto, el Gobierno Nacional administrará los recursos naturales en la zona en conflicto, esto para que se apresure a resolver sus problemas.
— ¿Cuántos problemas de límites existen en el país?
— Son 30 municipios que tienen sus límites definidos, 309 no tienen sus límites totalmente definidos; tienen problemas en su Ley de Creación o iniciaron un proceso administrativo. Con el censo resurgieron problemas; nosotros contabilizamos 73 conflictos latentes, donde hay gente movilizada; 18 procesos administrativos en marcha en el Ministerio de Autonomías y 118 en los gobiernos departamentales. Entonces, estaríamos hablando de 136 procesos administrativos iniciados, en los que las partes en conflicto deben proseguir con la Ley 2150, pero con la nueva ley pueden pasar al nuevo procedimiento previo mutuo acuerdo.
Perfil
Nombre: Claudia Peña Claros
Nació: 15-12-1970
Profesión: Comunicadora social y poeta
Cargo: Ministra de Autonomías
Carrera
Fundadora del Movimiento Urbano Santa Cruz Somos Todos, colectivo opositor a Rubén Costas. Entró al MAS en 2009, cuando se postuló como diputada suplente. Sin embargo, Carlos Romero la invitó a ser viceministra de Autonomías, para luego ocupar el máximo cargo de ese despacho.
En Santa Cruz no hay ejercicio de gestión departamental
— Santa Cruz era el departamento impulsor de la autonomía. Hoy es la región más atrasada en este proceso, ¿a qué se debe esto?
— A intereses políticos. El solo hecho de adecuar el Estatuto Autonómico a la Constitución es aceptar que estaba mal hecho en mayo de 2008; entonces, hay intereses políticos alrededor, pero también hay una especie de lucha interna dentro de la élite cruceña tradicional, ya que hay dos posiciones encontradas, unos no quieren mover ni una sola coma y otros que apoyan la adecuación para operativizar varias cosas como gobierno departamental. Ese debate secreto y oscuro de la élite cruceña fue interpelado por la sociedad civil, ya que no hay resultados de gestión departamental, no hay ejercicio de gobierno departamental.
— ¿Qué se puede hacer para agilizar esta adecuación?
— Ya existe una propuesta de adecuación hecha por la sociedad civil, ahí participaron más de 30 organizaciones, entre ellas el Bloque Oriente, los campesinos, movimiento indígena, los interculturales, organizaciones vecinales y colectivos de mujeres. Este trabajo duró cinco meses y ya existe un borrador. Conocemos que fue un documento consensuado.
— Pando es el departamento más avanzado en la autonomía, ¿cómo están los demás?
— El Estatuto de Pando ya está en el Tribunal Constitucional, ellos pusieron como un criterio elevado, ya que su elaboración fue realizado por todas las fuerzas y su aprobación por unanimidad, eso debe ser un brasero para los demás departamentos. Beni sigue un proceso participativo, Tarija ya recogió propuestas y trabajan poco a poco, a la fecha hay más de 30 artículos aprobados por más tercios en la Asamblea Departamental. De los estatutos que tienen que ser elaborados, Oruro, Potosí y Cochabamba construyen su borrador final; Chuquisaca está avanzado, pero se quedó congelado por el problema del pozo Margarita; La Paz ya tiene su estatuto y falta aprobarlo.
— ¿En qué proceso están las autonomías indígenas y la elaboración de las cartas orgánicas de los municipios?
— Dos tercios de los municipios ya iniciaron la elaboración de las cartas orgánicas. De los 339 municipios, sólo 19 enviaron sus cartas orgánicas al Tribunal Constitucional. En las autonomías indígenas, cinco municipios de 11 mandaron su Estatuto para la revisión constitucional.