A explicado Alfredo Pérez Rubalcaba que antes de tomar la decisión de pedir la dimisión de Mariano Rajoy (y su sustitución por otro presidente propuesto por el PP) consultó a personalidades de su partido, incluyendo los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
Que lo hiciera (y lo contase) indica que daba gran importancia a la cuestión, y quizás que él mismo dudaba. Se comprenden ambas cosas. Primero, porque era una actitud nueva que recordaba al “váyase, señor González” de Aznar en su momento, incluyendo el tono de desautorización personal (“un lastre para España”) del presidente del Gobierno. Segundo, porque la no inclusión de petición de elecciones anticipadas implicaba el reconocimiento tácito de que su propio partido no estaba preparado para disputar la mayoría al PP (Partido Popular); que aún no era la alternativa a la crisis política actual.
Desde luego, si se demostrase la veracidad de lo que dicen los papeles de (Luis) Bárcenas, Rajoy tendría que dimitir automáticamente. Pero no se ha demostrado. Es seguro que son de Bárcenas, a la vista de los dictámenes caligráficos, pero no puede decirse que su contenido esté verificado, por más que sea difícil encontrar una hipótesis alternativa a la que espontáneamente se deduce de su lectura. Tras el enfático desmentido de Rajoy (“Es falso; nunca, nunca, he recibido ni repartido dinero negro”), Rubalcaba había dicho que el Presidente había “ligado su futuro” al de Bárcenas, de manera que si se probase la veracidad de las entradas y salidas recogidas en esas cuentas, tendría que irse. Pero eso aún no ha ocurrido; por tanto, la petición de dimisión fue al menos precipitada.
Si Rajoy hubiera seguido callando, esa iniciativa del jefe de la oposición habría tenido más sentido; pero una vez que responde al emplazamiento que se le había hecho de decir sencillamente si había cobrado o pagado en negro, sólo la prueba de que había mentido al negarlo justificaría esa petición. La comprensible irritación de la opinión pública no dispensa de respetar las reglas de procedimiento, y más en una cuestión tan esquinada y trascendente como sería la sustitución sin elecciones de un presidente elegido hace poco más de un año.
Que Rubalcaba no pidiera elecciones deriva a su vez no sólo de razones de calendario (carece de candidato: están pendientes unas primarias para elegirlo) sino políticas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no podría competir con posibilidades de éxito sin resolver el conflicto que tiene con su organización en Cataluña en un momento en que el gobierno de esa comunidad ha iniciado, con fuerte apoyo parlamentario, un proceso hacia la independencia. La alternativa de los socialistas a esa deriva es una reforma constitucional en clave federal: una posibilidad que requeriría el consenso entre el PP y el PSOE. Respecto a la segunda prioridad del momento, los efectos de la crisis económica, Rubalcaba estaba iniciando un giro hacia una política de pactos con el partido del Gobierno similar a la de Zapatero en la oposición (2000-2004); y por primera vez desde las elecciones, había encontrado receptividad en el PP.
Una ruptura tan abrupta como la planteada por Rubalcaba es difícilmente compatible con esas prioridades y con esa política. El debate de los días 20 y 21 sobre el Estado de la nación hubiera sido la ocasión para que el líder del PSOE plantease, frente a un Rajoy muy debilitado, su oferta de consenso en esos temas. Ahora es imposible. Y se da al PP la oportunidad de acusar al PSOE de negarse a colaborar en la defensa de la Constitución y el Estado autonómico frente a la ofensiva soberanista.
Reclamar la renuncia de Rajoy en este momento plantea problemas. ¿Quién podría sustituirle? ¿Trataría Bruselas, o Berlín, de imponer un candidato tecnócrata, como en Italia? Parece improbable, pero el contexto internacional impide descartarlo si la crisis política se agravase. Las encuestas adelantan un desgaste paralelo de los dos principales partidos y un ascenso de formaciones sin experiencia de Gobierno, como UPyD e Izquierda Unida. El coordinador de esta última, Cayo Lara, fue el más claro ante el discurso autoexculpatorio de Rajoy: no entró a cuestionar la sinceridad del Presidente, sino que le advirtió de que en adelante quedaba solemnemente comprometido a dimitir si aparecieran pruebas que le desmintieran.
Una hipótesis intermedia sería que se demostrara que sí había habido sobresueldos, pero no en negro, sino declarados a Hacienda. Si así fuera, no sería difícil acreditarlo. Pero quedaría lo más grave: el origen de ese dinero. La mayoría de los ingresos registrados en las cuentas en b son ilegales; aunque hay contradicciones, como incluir en ellas los pagos en a por asesoría jurídica al exministro Trillo. La Fiscalía Anticorrupción tendrá ahora ocasión de cotejar la contabilidad b (con b de Bárcenas) con la oficial; y de descifrar si en la selección de casos pasados de la a a la b se percibe alguna advertencia a alguien.