Sunday 25 Feb 2024 | Actualizado a 02:09 AM

Presidencias legislativas, ¿estrategia o coyuntura?

La elección de Betty Tejada y la ratificación de Gabriela Montaño pretende mostrar unidad en el MAS e intenta acercar a ese partido a Santa Cruz, sin embargo, también es un premio a la capacidad técnica de ambas autoridades.

/ 10 de febrero de 2013 / 04:00

La reciente ratificación de la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, y la elección como presidenta de la Cámara de Diputados de la asambleísta también cruceña Betty Tejada han generado un debate sobre los motivos de la decisión política de la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del propio presidente Evo Morales al respecto. Como todo tema en el ambiente polarizado que vive el país, donde ni el Carnaval escapa a la polémica, éste ha generado un abanico de opiniones que van desde la descalificación personal hasta la justificación plena de la decisión.

La oposición, como es de esperarse, ha tratado de asociar la decisión a un intento del Jefe del Estado de subordinar al Órgano Legislativo de forma directa, colocando a personas que, según ellos, obedecen órdenes y no son “libre pensadoras”, como algún diputado opinó. Los opositores han valorado la actitud de la expresidenta Rebeca Delgado por su posición contestataria a los criterios del Gobierno nacional en algunos temas.

Otros consideran que se trata de una decisión acertada al considerar que en un año preelectoral no se pueden cometer errores y mucho menos abrir la discusión de tópicos que deben hacerse dentro de la bancada oficialista y no a través de los medios de comunicación, mostrando una imagen de debilidad y de falta de unidad.
Una tercera vertiente pretende ver en la elección de ambas asambleístas como un intento del presidente Morales  de acercarse más a Santa Cruz, de donde son originarias las legisladoras, para que cumplan una tarea de acercamiento con los poderosos sectores empresariales y productivos del oriente.

En nuestro criterio, la decisión adoptada obedece a un conjunto de factores y no sólo a uno de ellos. Un primer elemento es la necesidad de unidad en un año muy importante para la construcción del escenario en el que se llevarán las elecciones de 2014. La discusión pública mantenida entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, sobre la constitucionalidad o no del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, y, posteriormente, las afirmaciones públicas de la legisladora relacionadas con el escándalo de la extorsión, no fueron bien asumidas por el Gobierno. En una situación delicada, como la de esa coyuntura, el Presidente y su círculo de confianza no recibieron con buenos ojos que se ventilen temas por la prensa, tomando en cuenta cómo ésta maneja estas contradicciones en algunos casos. La lealtad y la confianza fueron importantes en la decisión.

Pero debe considerarse también que no es menos cierto que las dos legisladoras representan a un departamento, económicamente poderoso, y que ahora cuenta con el mayor número de habitantes del país; un departamento que, sin embargo, ha tenido un comportamiento electoral contrario  al Gobierno de forma recurrente. El Mandatario ha iniciado un acercamiento con los empresarios, es notorio el acercamiento con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, y la presencia en las cámaras de legisladoras cruceñas puede constituir una estrategia coherente de acercamiento a la plaza fuerte de la oposición. A la fecha, ya existen algunos resultados para el Gobierno en esa agenda; ha logrado limar diferencias con el sector agropecuario cruceño, y hace pocos días, en ocasión de promulgarse en Santa Cruz la ley que declara Patrimonio Nacional al Carnaval Oriental, se dio algo inimaginable hace tres o cuatro años: que el Presidente sea recibido con aplausos por los dirigentes de las comparsas carnavaleras, agrupaciones de clase media de corte profundamente conservador y generalmente antimasista.

Además de las anteriores consideraciones, se debe resaltar el hecho de que ambas directivas son mujeres, y su presencia en el Órgano Legislativo es una muestra de equidad de género que no ha tenido precedentes en la historia boliviana. Nunca antes en la vida política nacional las mujeres habían ocupado tantos ministerios, diputaciones,  senadurías, embajadas y cargos jerárquicos en la administración pública como en los últimos años. La decisión de que sean mujeres las directivas de las cámaras legislativas es una manifestación exterior de coherencia en una política de equidad efectivamente desarrollada desde la misma Asamblea Constituyente, que fue presidida por otra mujer también cruceña, Silvia Lazarte.  

Pero no sería objetivo reducir el motivo de la decisión a la necesidad de confianza política o la pertinencia de acercarse a una región o mantener una política de equidad de género, considero que también es el reconocimiento de la capacidad intelectual y política de dos mujeres, que desde diferentes ámbitos han sabido forjarse un espacio en la política, sin manchas que las salpique y una gestión parlamentaria efectiva, en la que evidentemente han sido consecuentes con una línea política, como es usual en estas lides.

En momentos en que la discusión de la violencia sexual ha sido asumida por la oposición como característica de algunos militantes del MAS, debido a las denuncias de violación y  agresiones similares, nunca más oportuna la decisión de que sean mujeres las que dirijan al Órgano Legislativo.

Respecto a la diputada Delgado se debe admitir que hizo una buena gestión parlamentaria, negarlo sería injusto; sus críticas nunca fueron contra el Presidente, sino contra algunos ministros, y quizás no evaluó bien los escenarios para expresar esos cuestionamientos. El proceso de transformaciones que vive el país es un proceso estructural, y como tal genera permanente reacción desde la oposición, que, ausente de propuestas, aprovecha cualquier resquicio para tratar de afectar la gestión gubernamental. No es lo mismo una disidencia o crítica en una reunión interna que iniciar un debate a través de los medios de comunicación con un correligionario, porque conociendo la conducta de cierta prensa, uno sabe qué es lo que dijo, pero no se puede estar seguro qué se dirá
que dijo.

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Elecciones en tiempos de inteligencia artificial

La investigadora y ciberactivista Eliana Quiroz y el politólogo Carlos Saavedra hablan sobre el despliegue de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el mundo y en Bolivia.

La política algorítmica se intensifica en un año con importantes comicios en eeuu, rusia, europa, india y otros países más

Por Pablo Deheza

/ 18 de febrero de 2024 / 07:00

El Punto sobre la i

Sin ninguna duda, 2024 se perfila como el año en el que desde las urnas saldrán los cimientos del futuro de la humanidad. A nivel mundial, más votantes que nunca en la historia acudirán a elecciones en al menos 64 países, más la Unión Europea. Una población combinada de alrededor del 49% de la población del mundo elegirá a sus autoridades y los resultados tendrán consecuencias sensibles en los años por delante.

Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, India, el parlamento europeo, México e Indonesia, entre otros, serán los escenarios en los que los ciudadanos decidirán quiénes los representarán y bajo qué directrices. En medio de todo esto, cada campaña electoral desplegará todo su arsenal de comunicación política para influir e incidir sobre los votantes. El despliegue de la política algorítmica, aupada por la inteligencia artificial (IA) jugará un rol central y acabará dando forma a los resultados, para bien o mal.

Para una mayor comprensión del uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito electoral conversamos con la ciberactivista e investigadora del área, Eliana Quiroz, y con el politólogo, Carlos Saavedra.

IA

“Lo primero a entender es que estamos en una revolución científica que ha desencadenado otro mundo. Podemos afirmar que estamos en la metamorfosis más vertiginosa de la historia de la comunicación política. Si bien la revolución cognitiva ha sido central justamente para el sistema de la revolución política, religiosa, financiera del mundo, porque ahí el hombre por primera vez ha podido compartir sus ficciones, paradigmas, relatos, narrativas e ideologías, esta revolución digital se constituye en una transformación de los paradigmas de construcción de la opinión pública, lo que es central para entender la evolución de la política misma. Entonces, tenemos una transformación de lo que era una verticalidad mediática de construcción de la opinión pública a una otra generación múltiple a través del mundo digital y de las redes. Ahora bien, esto presenta otros riesgos, como el control de bases de datos, un seguimiento mucho más rígido las huellas digitales de las personas, etcétera”, comienza señalando Saavedra.

El poltólogo prosigue y afirma que “lo que ha hecho el mundo digital ha sido cambiar las formas que se tenía de conversación y de opinión. Ha digitalizado el debate, sin que haya muerto totalmente, porque conviven las formas de organización tradicional en la política, especialmente en países como el nuestro, pero ha entrado con mucha fuerza la construcción de comunidades. En este marco se tiene evoluciones cada vez más complejas, como la algoritmitización de la política. El caso emblemático ha sido todo el de Cambridge Analytica, con el caso del Brexit y la utilización de la base de datos, el uso de big data para construir determinadas burbujas de opinión y a partir de ellas generar la radicalización del pensamiento político, con todos los peligros que tiene esto, porque ahí no hay gente queriendo informar, sino que trata de generar corrientes de opinión, que busca manipular el electorado a partir de la polarización de emociones”.

Sobre este punto, Quiroz indica que “la forma en que trabajó Cambridge Analytica es lo que tenemos que entender aquí. Es el uso de herramientas de marketing comercial y ciencias de datos para elecciones. Obtener bases y datos personales para microsegmentar a los públicos describiendo sus características de consumo y socioeconómicas, pero, principalmente sus temores. Una vez hecho esto, se diseñan mensajes específicos para cada microsegmento que se ponen a prueba en la aceptación del público en espacios digitales, con lo que se llama test A/B. Una vez que se verifica cuáles encajes son mejor aceptados, se los difunde por todos los canales posibles a cada microsegmento. Estos mensajes suelen ser altamente emotivos, alarmistas y atacan a los temores de las y los electores. Son mensajes engañosos o falsos. Todo este proceso es administrado, alimentado y monitoreado por computadoras, lo que multiplica por miles la velocidad de los procesos y pone en serio riesgo la integridad informativa pública y la integridad de los procesos electorales”.

La ciberactivista e investigadora observa que “el uso de la IA, que es lo más reciente, sino en general el uso de las computadoras en elecciones, principalmente son recursos utilizados para cosas buenas, para difundir mayor información pública, para que las personas que van a votar estén mejor entendidas. Para eso sirven, pero también se usan para generar tendencias falsas o para atacar a los contrincantes, a los opositores. Y esto se hace ahora con más tecnología y, sí, con IA. Mucho con el uso de bots, cuando son software, y trolls cuando son humanos. Éstos, falsamente, inauténticamente, generan tendencias que no existen, que no son reales, detrás de las cuales no hay personas, sino robots o personas pagadas. Es decir, como se llama en tecnología, no es algo orgánico. Estas herramientas se utilizan básicamente para eso, para atacar al contrincante, para entrometerse en las comunicaciones privadas del contrincante y sacar cosas a luz que pueden ir en contra de ese candidato o esa candidata y para generar tendencias falsas. Además, todo esto tiene que ver con la desinformación, con las noticias falsas y es una de las formas en que la IA se utiliza. Se sabe que en las elecciones norteamericanas este va a ser uno de los retos más grandes este año, que tiene muchísimas elecciones en el mundo. La capacidad de producción de estas noticias falsas y de difusión de estos mensajes falsas o engañosas con la IA se multiplica por millones”.

Bolivia

Ahora bien, este fenómeno global no ha pasado por alto al país. El uso de estas tecnologías es algo que se ha observado ya en su aterrizaje y despliegue en el contexto nacional.

Quiroz nota que “después del 21F ha habido un uso tecnológico en Bolivia, que podría considerar menor inicialmente, con los grupos de WhatsApp de un lado y del otro, de las diferentes candidaturas. Se han organizado grupos principalmente desde ahí, pero también de Facebook, algunas cosas en Twitter más pequeñas. El fin era coordinar y denunciar, hacer daño al contrincante, dar de baja posts, cuentas, legítima o ilegítimamente para que se borren, para que se banéen; organizarse para generar tendencias que pueden ser más o menos orgánicas. Es decir, con gente interesada por detrás, pero también hay un manejo, una promoción de estos mensajes a través de perfiles falsos administrados. Se trataba de cinco, diez, veinte perfiles falsos manejados por una persona. Lo que es más difícil y no se ha visto en Bolivia es una incidencia con máquinas y que sean cientos y miles de perfiles que son administrados por un software. Sí se ha visto que luego una intención de armar bases de datos en algunas campañas.

El 2020 ha sucedido esto. Generar bases de datos personales para que luego se puede hacer microsegmentación y se puedan mandar mensajes muy dirigidos a determinados grupos sociales”.

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Saavedra asevera que “la experiencia boliviana de la revolución digital y su impacto en la comunicación política es que ha sido, lamentablemente, una herramienta más para profundizar la polarización. En Bolivia se ha afincado y profundizado la polarización política a partir del uso de la tecnología, de la tecnopolítica, no sólo en los procesos electorales, sino en todos los procesos de gestión gubernamental, en todos los niveles. Veo que se ha seguido una tónica mundial, de construir esta política algorítmica, de afianzar burbujas de información, que han sido fundamentales. Pienso que tienen su primer gran estallido el 21F, con todo lo que ha sido la construcción de las verdades y posverdades de uno y otro lado, con el caso de Gabriela Zapata, por ejemplo. Luego, a partir de 2018 con la generación de corrientes de opinión sobre la reelección indefinida de Evo Morales, hasta todo lo que ha sucedido en 2019 y lo que ha significado la denominada revolución pitita; que yo creo que ha terminado de mostrar un otro paradigma de organización política en Bolivia, Uno de los errores de la coalición política más grande, el MAS, ha sido que se ha cerrado mucho, en cierto momento, a la organización política tradicional, a la organización social en términos clásicos y tradicionales. No ha terminado de entender la conformación del sujeto político digital y de la comunidad política digital, que al final, en 2019, termina trascendiendo de las redes a las calles y genera las condiciones para que se dé todo lo que pasó en noviembre de ese año. Ese ha sido un punto de quiebre, un punto determinante en la construcción de polaridades a través de las comunidades digitales Después de la resolución política, con la victoria del MAS en 2020, durante un tiempo muy corto esto se ha apaciguado, pero hoy vemos que nuevamente las redes están siendo el espacio donde se está nucleando la polarización política. Pareciera que nuevamente desde ahí se está pregonando la idea de la negación de la otredad política, hoy en un contexto todavía mucho más fragmentado y con burbujas mucho más pequeñas”.

¿Soluciones?

El debate sobre la legislación de la IA en Estados Unidos y Europa está en marcha, aunque aparece a todas luces superado por la velocidad de los cambios que está generando esta tecnología. Las elecciones en Norteamérica serán un enorme campo de prueba para ver dónde están las capacidades de los algoritmos para obrar en las campañas de información y desinformación. Además, servirán para verificar hasta dónde estas herramientas pueden ser controladas, o no, mediante legislación. En criterio del politólogo, “la última generación de tecnología aplicada al uso de la comunicación política en los procesos electorales es prácticamente como un tsunami que es incapaz de ser controlado por los paradigmas jurídicos normativos en el mundo. Es imposible hoy controlar toda la aplicación de IA y big data en los procesos electorales. Son herramientas que están siendo usadas en el mundo, muchas de manera experimental, pero que están siendo centrales en todas las campañas electorales. Más aun, están siendo determinantes para quienes generan los discursos de extremos. Por ejemplo, la campaña presidencial reciente en Argentina ha tenido una utilización clave de las redes sociales en la generación de opinión pública. Hay que tener en cuenta que Javier Milei es un fenómeno que nace en los medios tradicionales, pero que se masifica en las redes. Otra elección que acaba de pasar, la de El Salvador, ahí se tiene todo un manejo de big data, de narrativa política, el despliegue de los fuertes tentáculos de la tecnopolítica.

La experiencia Nayib Bukele terminó con una victoria contundente. A partir de todo lo anterior, veo que el mundo todavía no está preparado para terminar de advertir los riesgos que puede generar la aplicación de la tecnopolítica, más todavía con esta última generación de IA. Se han hecho muchos intentos por intentar controlar lo que es el uso de los datos, por intentar controlar cuánto pueden perforar en la privacidad, en las redes sociales. Siguen siendo insuficientes”.

Quiroz apunta que “el diálogo y el acercamiento a personas que piensan diferente es hoy más que nunca la estrategia principal para contrarrestar los efectos negativos a nivel social, pero, ante todo, se requieren políticas públicas informativas plurales y espacios de diálogo y concertación entre varios actores, no sólo los del sistema político, sino otros nuevos: empresas tecnológicas, grupos interesados especializados en informática, medios tradicionales y nuevos, líderes de opinión tradicionales y digitales, el Órgano Electoral Plurinacional, organizaciones políticas, empresas de datos, de marketing, de producción de comunicación. Se necesita una enorme capacidad de diálogo. Además, Se requiere dar transparencia en los procesos de financiación de campañas, de contratación de empresas y especialistas, contratación de publicidad en plataformas digitales”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Economía de exportación, subdesarrollo y crisis

La economía que privilegia las ventas al exterior por encima del desarrollo industrial acaba obrando contra la soberanía del país.

El puerto de Arica, Chile, por donde sale la mercadería de exportación boliviana.

Por Juan Pablo Neri Pereyra

/ 18 de febrero de 2024 / 06:40

Dibujo Libre

Es lógico que el hecho de ser una economía de exportación acabe, nuevamente, pasándonos la factura. A saber, que lleguemos al punto en que nuestros gastos de importación superen las ganancias que, como país, generamos, que el gasto público se vuelva insostenible y que, por lo tanto, la economía en su conjunto se tambalee. Y, sin embargo, existen pocas voces que se refieran al problema de fondo. Es decir, la característica perniciosa y duradera de la economía boliviana, que es el hecho de ser una economía de exportación y dependiente.

Por suerte, una de esas voces es la de mi buen amigo Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental, quien recientemente publicó una nota titulada “Río revuelto, ganancias de pescadores”, donde argumenta por qué a la agroindustria -aunque me parece que el concepto de “agronegocio” es más acertado- del oriente boliviano le conviene que la moneda nacional se devalúe, y por qué éste es uno de los sectores de la economía que incentiva la escasez de dólares en el país. Como explica Czaplicki, a los sectores exportadores, como el agronegocio les conviene continuar acumulando excedente en divisa extranjera que, posteriormente, pueden mantener en el extranjero.

Por otra parte, en un intento por incentivar el retorno de divisas, el Estado, pensando que al apoyar a estos sectores está contribuyendo a aliviar los otros problemas de la economía (balanza comercial negativa, déficit fiscal y crisis de deuda externa pública), realiza concesiones, como el otorgamiento de facilidades crediticias, el financiamiento de sus operaciones con dinero público ( fondo de pensiones) y la mayor liberación de las exportaciones. En consecuencia, se mantiene el círculo vicioso de la “economía de exportación”. De hecho, en 2017, junto con Czaplicki, escribimos un análisis sobre esta misma dinámica en el caso de la Argentina de Macri. Previsiblemente, seis años más tarde, el fundamentalismo de mercado fascistoide, a la cabeza de Milei, ganó las elecciones.

En este sentido, me parece importante realizar algunas precisiones adicionales al análisis de Czaplicki, para que el argumento por el que ambos apostamos tenga más fuerza. Históricamente, en las economías de exportación, está en el interés de la burguesía comercial (capitalistas mercantiles) que la generación de excedentes se concentre en su sector. De hecho, a diferencia de los países propiamente capitalistas (industrializados), en las economías de exportación, los intereses de las burguesías comerciales y de las burguesías latifundistas no contienden, sino que confluyen y/o son la misma cosa. Adicionalmente, los intereses de ambas burguesías operan como un freno para el desarrollo industrial. Este es, claramente, el caso de Bolivia.

Para mayor claridad, al ser Bolivia una economía de exportación, está dominada por dos sectores: una burguesía comercial y una burguesía rentista, donde predomina una clase latifundista. Si bien no son la misma cosa, en el caso del agronegocio del oriente, la burguesía comercial también es rentista. Es decir, al tiempo que producen mercancías comerciales de exportación, con un grado reducido de desarrollo industrial, también acaparan tierra que utilizan como activo para generar renta. Por otra parte, el excedente de exportación que generan, en divisa extranjera, también lo utilizan para las importaciones. Por lo tanto, si la moneda nacional se devalúa, no solo siguen acumulando excedente en moneda extranjera, sino que su poder adquisitivo para importar y comercializar en el país aumenta.

En el caso de la nueva burguesía comercial articulada a la minería del oro, por ejemplo, la dinámica es similar. La comercialización desregulada de mineral, que no paga regalías porque es presentada como “manufactura”, se traduce en una importante acumulación de excedente en divisa extranjera. Además, esta burguesía comercial también participa en las importaciones para el sostenimiento de sus economías de enclave. Lo que queda pendiente por aclarar, por lo tanto, es la participación de la burguesía financiera (banca) en las operaciones de ambas burguesías (comercial y rentista).

Durante la última década, los intereses de estas clases sociales coincidieron plenamente con los del Estado, ya que éste último también fue un actor más en la economía de exportación, en este caso de hidrocarburos. Como señala Czaplicki, durante ese periodo el país experimentó una bonanza artificial, debido principalmente a los precios de las mercancías comerciales. Sin embargo, citando al economista francés Pierre Salama, quien ya en los años 70 advertía sobre estos problemas, eventualmente llegamos al punto en que “la velocidad de difusión de la monetización es reducida por el conjunto de fugas que constituyen la importación de bienes alimenticios y durables y las ganancias exportadas”. Es decir, el país en su conjunto gasta más de lo que produce y acaba quedándose sin divisas.

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Siendo un poco más provocadores, el desarrollo productivo del país, que sería la única solución real a los problemas que señalo, no está en el interés de las burguesías comerciales y rentistas. La economía de exportación es, esencialmente, antiindustrializante y, por lo tanto, prolonga el subdesarrollo económico del país. Este hecho fáctico ya ha sido prefigurado por los funcionarios del gobierno de turno. En particular, por el presidente quien ha reciclado el viejo eslogan de la CEPAL de industrializar para “sustituir importaciones”. Pero, siendo realistas, el cumplimiento de tal objetivo implicaría tomar medidas que afecten a otros sectores, cuyos intereses también confluyen con los de las burguesías comercial y rentista. Me refiero a la pequeña burguesía del comercio y los servicios y a la gran burguesía comercial informal.

En el caso de la pequeña burguesía del sector de comercio y servicios, muchas veces se trata de la clase trabajadora urbana con ingresos intermedios que, en algún punto, decidió apostar por el cuentapropismo y el “emprendedurismo”. Lo mismo sucede con la burguesía comercial informal, que está comprendida por redes familiares, que también se articulan intermitentemente al sector formal. Por lo tanto, se trata de un embrollo aún más difícil de desenmarañar. Para ser aún más claros, todos estos sectores que describo con categorías sociológicas, operan como satélites de la economía de exportación. Por ello es que insisto en que la economía de exportación, no sólo es antiindustralizante, sino que es la receta perfecta para la crisis financiera, el déficit fiscal y la crisis de deuda externa, a las que ya estamos encaminados.

El siguiente problema, como también señala Czaplicki, es que cuando inicie la crisis, no se dejarán esperar las voces de los fundamentalistas del mercado, que ignoran por completo todo lo señalado acá, y que esperan estos momentos con ansias para nuevamente esgrimir la carta de la “austeridad”. Es decir, es probable que nuevamente nos veamos ante la necesidad de recurrir a salvatajes financieros de los organismos multilaterales (FMI y BM) quienes, a su vez, nos impondrán medidas de ajuste estructural (privatización, liberalización de los mercados y consolidación de la economía de exportación). Y así es como se repite otro ciclo en nuestra historia larga de subdesarrollo, dependencia y crisis.

(*)Juan Pablo Neri Pereyra es politólogo y antropólogo

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La guerra en Ucrania podría tener un final inesperado

La salida al conflicto podría venir no del frente de batalla, sino de un acuerdo entre Moscú y Kiev.

Militares de Ucrania.

Por Michael Von Der Schulenburg

/ 18 de febrero de 2024 / 06:30

Dibujo Libre

Incluso si todavía hay combates en el frente, los acontecimientos recientes en Ucrania sugerirían que la guerra podría terminar de una manera completamente inesperada en Occidente: con un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Todo tiene que ver con el hecho de que la guerra ahora puede decidirse en Kiev y no en el frente. Para ello es fundamental la supervivencia política del presidente Volodymyr Zelensky, quien, alguna vez un héroe de guerra, puede ser visto cada vez más como un defensor ilusorio de una solución militar que podría poner en riesgo el futuro de Ucrania.

La razón de esto es que Zelensky persigue el objetivo aparentemente irrazonable de querer derrotar a Rusia con otra gran ofensiva este año. Para ello, prepara una ley que le permitiría reclutar por la fuerza a 500.000 ucranianos más en las fuerzas armadas. Pero para una ofensiva de tal envergadura, no tiene ni los recursos financieros ni las armas pesadas que serían necesarias. Y lo que es más importante, como esa ofensiva tendría que lanzarse en los próximos cuatro meses, no ha tenido tiempo de convertir a los nuevos reclutas en soldados entrenados. Después de cientos de miles de caídos, mutilados y heridos mentales durante la última ofensiva, arriesgaría las vidas de esos nuevos reclutas sin ninguna posibilidad de éxito. Por tanto, una ofensiva de este tipo podría convertirse en un suicidio colectivo. Por lo tanto, podría enfrentarse a una seria resistencia a sus planes entre la población de Ucrania, exhausta, azotada por la pobreza y azotada por la guerra. Es posible que los ucranianos ya no estén dispuestos a aceptar otro año de muerte y destrucción y que se nieguen a permitir que sus hijos y padres sean sacrificados en otro intento mal concebido de vencer a Rusia.

Al destituir a su popular comandante en jefe del ejército, Zaluzhnyi, Zelensky puede, además, haber desencadenado una crisis de confianza en el ejército, un ejército que ya ha pagado un enorme precio en sangre en la última gran ofensiva fallida y que tiene menos y menos soldados y municiones para defender el territorio, y mucho menos montar ataques militares. Ya no es inconcebible que enfrente una resistencia cada vez mayor dentro del ejército ucraniano a sus planes de guerra; Pronto podremos ver incluso los primeros signos de desintegración de la disciplina militar, si es que aún no ha comenzado.

Zelensky ha perdido gran parte de su apoyo en Occidente y, con él, un pilar importante de su poder político dentro de Ucrania. La época en que fue recibido como un héroe y obtuvo un enorme apoyo financiero y militar para su país parece haber terminado. Lo más importante es que perdió el apoyo de Estados Unidos, que alguna vez fue el principal apoyo de la lucha contra Rusia. Después de dos viajes recientes a Washington, regresó con las manos vacías y es cada vez más improbable que Estados Unidos reanude su apoyo financiero y militar. Ya no hay entregas masivas de armas y municiones de la OTAN como hace un año y la OTAN se muestra, en el mejor de los casos, escéptica sobre sus planes para una nueva ofensiva. Zelensky tampoco pudo convencer a Alemania de que proporcionara modernos sistemas de cohetes Taurus, y a los ucranianos no se les escapa que la maniobra de la OTAN recientemente iniciada en territorios a lo largo de la frontera entre la OTAN y Rusia, Steadfast Defence, puede, de hecho, suponer el colapso militar de Ucrania. Todo esto ha convertido a Zelensky en un presidente cada vez más débil y aislado, y puede que sólo sea cuestión de tiempo hasta que se vea obligado a dejar el cargo.

Los ucranianos ya deben haberse dado cuenta de que «los apoyaremos durante el tiempo que sea necesario» nunca fue dicho en serio, que una Ucrania remanente nunca se convertirá en miembro de la OTAN y que las promesas de von der Leyen de acelerar la membresía de Ucrania en la UE Eran sólo promesas vacías. Los ucranianos también sabrán que es posible que ya no esperen mucho apoyo del presidente Biden, que está políticamente paralizado y con dudas sobre su salud mental sobre él. También se habrán dado cuenta de que, para Estados Unidos e Israel, la guerra de Gaza y la estabilidad general en Oriente Medio son mucho más importantes que el destino de Ucrania. Y los ucranianos serán conscientes de que es cada vez más probable que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, quien podría llegar a un acuerdo político con Rusia ignorando a Ucrania. Y en todo esto, las repetidas declaraciones de solidaridad de la UE, aparte de grandes palabras, significan muy poco.

En lugar de ver a su país colapsar bajo otra ofensiva militar más, los ucranianos pueden verse tentados a buscar otras vías para salvaguardar su país y recurrir a Rusia. Recordarán las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia de marzo a abril de 2022 y que luego Rusia aceptó condiciones de paz sorprendentemente favorables para ellos. Por tanto, un gobierno posterior a Zelensky podría intentar acercarse a Rusia nuevamente. Es probable que ya se estén manteniendo conversaciones en secreto. Incluso si Occidente no quiere hablar con Putin, existen contactos regulares entre los ejércitos ruso y ucraniano; de lo contrario, los numerosos intercambios de prisioneros y el número sorprendentemente bajo de civiles asesinados serían inconcebibles.

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Putin puede reaccionar generosamente ante la disposición ucraniana a dialogar. Lo más probable es que no exija que se reemplace al gobierno (después de todo, nunca ha tenido un gobierno en el exilio). Tampoco es probable que quiera invadir Kiev y ciertamente no intentará conquistar toda Ucrania. Sus principales objetivos serán evitar que Ucrania se una a una alianza occidental como la OTAN, garantizar el acceso de Rusia al Mar Negro, proteger a la población prorrusa en Ucrania y, a través de esto, garantizar que la influencia rusa en Ucrania siga siendo fuerte. .Para lograrlo, necesitaría la cooperación de grandes sectores de la población ucraniana. Por lo tanto, es posible que Putin tenga que hacer concesiones. No sabemos cómo se desarrollaría esto en los territorios ucranianos que los rusos habían anexado anteriormente.

Pero una cosa ya está clara: en tal escenario, Occidente (y Estados Unidos) no desempeñarían ningún papel. La expansión de la OTAN hacia el este se detendría y Ucrania, Georgia y Moldavia, así como el Mar Negro, volverían a caer en la zona de influencia rusa. La retirada de Estados Unidos de estas zonas, así como de muchas otras zonas del mundo, presagiaría, ante el aplauso del Sur Global, una nueva era que ya no estaría dominada por Occidente.

Todo esto puede detener las matanzas y la destrucción, pero no traerá la paz a Europa. Y dejaría a Ucrania en un estado deplorable. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo de paz en Europa para reconstruir la confianza, el comercio y, sobre todo, Ucrania. De hecho, la lucha por una solución de paz duradera que involucre a toda Europa sólo tendría que comenzar. En una época en la que Estados Unidos soluciona sus problemas internos, la UE y sus Estados miembros necesitarían esta paz más que Rusia. Y, sin embargo, hasta ahora no ha habido el más mínimo intento dentro de la UE o entre los Estados miembros de la UE de considerar cómo debería ser la paz paneuropea y cómo podría lograrse. Estas consideraciones deben iniciarse ahora con carácter de urgencia; de lo contrario, la UE podría dividirse por esta cuestión.

 (*)Michael Von Der Schulenburg es diplomático alemán

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Revolución democrática y proceso de cambio

Una mirada a los resultados de las políticas de desarrollo nacional que impulsan los gobiernos del MAS-IPSP en las dos últimas décadas.

/ 18 de febrero de 2024 / 06:00

Dibujo Libre

Los resultados alcanzados como país en las casi dos últimas décadas, respecto a crecimiento económico, redistribución de ingresos, reducción de desigualdades, movilidad social y una real participación política en el Estado y en la toma de decisiones por parte de sectores históricamente marginados por su condición indígena-originariacampesina; son innegables e irreversibles. Pese a ello, algunos grupos de tecnócratas, oenegeístas y políticos se empeñan en desconocer o disminuir estos logros argumentando la necesidad de restaurar una conocida “democracia pactada” que elitiza la democracia y un viejo “modelo económico neoliberal” que despoja deliberadamente al Estado de toda posibilidad de acción soberana y tan solo beneficia a un reducido grupo de empresarios de la banca privada y a los grandes exportadores de materias primas. Últimos, que más temprano que tarde, reciben o reúnen sus utilidades en el exterior del país, arguyendo el resguardo de sus divisas.

Frases como “La revolución democrática y cultural se hundió hace tiempo”, “El Estado Plurinacional es una bolsa vacía sin contenido”, “Preparemos la nueva Bolivia, esta, ya no soporta más” o “Para qué gastaron $us 1.000 millones para crear un proceso propio de extracción directa del litio”; se adhieren a un viejo, pero retomado discurso neoclásico que añora el retorno de un pasado neoliberal contrapuesto a los intereses de las grandes mayorías. Pretenden posicionar la idea falsa de que el modelo económico, social, comunitario y productivo vigente, ha cumplido un ciclo. Pero, tan solo se trata de un reordenamiento de ideas ficticio y mediático, plasmado en agotados argumentos que aprovechan la desorientación en la población generada por una irresponsable crisis política al interior del MAS-IPSP; que ha dado pie a que su oposición política trate de defenestrar todas las grandes metas sociales, políticas y económicas alcanzadas en los casi últimos veinte años.

Análisis coherentes con la teoría neoliberal pero antepuestos a los intereses nacionales, arguyen que dificultades económicas como: i) la disminución en los ingresos nacionales por concepto de exportación de gas natural al Brasil y Argentina, ii) los crecientes costos para el Estado de mantener la subvención en los precios de la gasolina y el diésel, iii) el reducido nivel de reservas internacionales netas (RIN) registrado por el Banco Central, y iv) la escasez de dólares americanos en el mercado nacional; serían problemas económicos irresolubles para el modelo económico y social vigente. Nada más alejado de la verdad, ya que se trata de obstáculos que provienen de una misma raíz, la dependencia sobre las exportaciones de gas, debilidad contrarrestada solo bajo el escenario de continuo crecimiento y control de precios como el que vivimos; donde se implementa una seria política estatal de industrialización de la economía, que promueve el desarrollo de nuevas industrias, tanto livianas como pesadas; y que finalmente, aumentarán las reservas de divisas e incrementarán y diversificarán las fuentes de ingreso del Tesoro General del Estado (TGE), en un corto plazo.

En este sentido es importante señalar que: i) a diciembre de 2022, las reservas certificadas de gas boliviano llegaban a 6,71 trillones de pies cúbicos (TCF), todavía un importante agregado, por ello, entre 2021 y 2023, YPFB Corporación y las compañías petroleras que operan en Bolivia ejecutaron una inversión de $us 1.227 millones en actividades de exploración y desarrollo. ii) la subvención en los precios de la gasolina y el diésel está garantizada, de hecho, el Presupuesto General del Estado (PGE- 2024) prevé Bs 9.803 millones de bolivianos ($us 1.413 millones) para la subvención de los carburantes, iii) el nivel de reservas internacionales está siendo contrarrestado con la compra directa del oro y por una política de formalización de las exportaciones ilegales del mineral; finalmente, iv) la escasez de dólares americanos irá regularizándose paulatinamente a efecto de las exportaciones de lito y hierro.

Estos discursos, no solo desconocen los importantes logros económicos y sociales resultantes de la revolución democrática y cultural y el proceso de cambio; sino que, tratan de esconder el ejemplar manejo gubernamental de la crisis sanitaria del Covid-19 desde finales del año 2020 y la evidente reactivación económica que ha experimentado el país desde el año 2021 a la fecha. Asimismo, minimizan la sólida política estatal de industrializar el país, que está promoviendo una industria nacional de base ancha.

Al respecto basta mencionar que, para fines del 2023, el gobierno ha implementado 130 plantas industriales de distintos rubros en diferentes regiones del país, comprometiendo $us 3.600 millones en ello. Este mismo año, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la rusa Uranium One Grup (UOG) definieron instalar una primera planta piloto de procesamiento del mineral con tecnología de extracción de litio (EDL), con una capacidad de producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio de pureza certificada, por año. Asimismo, a principios del 2024, la estatal (YLB) y el Consorcio Chino (CBC), firmaron un convenio para situar una segunda planta en el Salar de Uyuni, que podrá alcanzar un potencial de producción de 25.000 toneladas de carbonato de litio certificadas, por año. Comercializar una producción potencial de 39.000 toneladas de carbonato de litio de pureza certificada a un precio promedio estimado de $us 40.000 la tonelada, supondría un negocio de $us 1.560 millones por año.

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Los procesos de industrialización de litio y hierro en Bolivia, requieren de grandes inversiones realizadas por empresas transnacionales especializadas en estos rubros, que poseen el know-how tecnológico de dichas industrias. Estas grandes corporaciones, aprovecharán cualquier debilidad económica o de orden político en el país, para obtener el mayor margen de maniobra a momento de realizar las negociaciones con el Estado y así establecer sus propias condiciones para cerrar los contratos de inversión. Buscarán obtener la mayor rentabilidad, dejando lo menos posible a los países poseedores de los recursos naturales estratégicos. Por ello, es imprescindible mantener una economía creciente, estable en términos inflacionarios y con una definida política de industrialización nacional. Asimismo, no menos importante, es contar con un Estado sólido capaz de representar los intereses de las mayorías y concretar acuerdos que maximicen los ingresos para el país, en un horizonte de largo plazo.

Finalmente, remarcar que la implantación de un exitoso modelo de desarrollo a partir del año 2006, no puede ser debilitado por acciones de sus propios protagonistas en una pugna política extremada al interior del MAS-IPSP, que no solo termina arriesgando el proceso de cambio en su conjunto; sino que, va en contraposición a la lucha permanente por la construcción soberana de lo nacional- popular en Bolivia.

 (*)Luis Paz Ybarnegaray es economista

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Lo que dejan los bloqueos

El politólogo Marcelo Silva y la socióloga Marité Zegada hacen un balance perentorio luego de las movilizaciones registradas en el país.

El trauma de los bloqueos, otra vez

Por Pablo Deheza

/ 11 de febrero de 2024 / 07:05

El Punto Sobre la i

El país volvió a pasar, nuevamente, por la dura prueba de los bloqueos de carreteras, esta vez con las barricadas concentradas en el trópico cochabambino. Se generó una crisis coyuntural que ocasionó millonarias pérdidas y tensionó a la ciudadanía. Más allá del recuento de los daños materiales, quedan también los resultados políticos que emergen a partir de las barricadas.

Con el propósito de desentrañar lo sucedido en días pasados con las movilizaciones y ver qué se puede apuntar a modo de corolario, conversamos con el politólogo Marcelo Silva. También le pedimos su perspectiva a la socióloga María Teresa Claure, quien gentilmente nos hizo llegar el texto incluido en la página a continuación.

El politólogo, Marcelo Silva, inicia su análisis orientándose a señalar lo que el conflicto evidencia de los grupos protagonistas. “Me parece interesante salir de esta visión epidérmica, de que éste ganó, éste dijo o no dijo, hizo o no hizo. Es necesario valorar en qué momento estamos. Me permito primero lanzar un tema que me parece fundamental: definitivamente falta todavía en el país un aprendizaje democrático, en el ámbito de entender que estamos viviendo un momento de correlación de fuerzas políticas absolutamente distintos a los que vivimos en la época de Evo Morales. Lo que nos ha planteado esta pugna y esta división en el partido gobernante, ha movido el tablero político del país a una dirección absolutamente de dispersión de fuerzas y de una inexistencia de una fuerza política hegemónica. Es una situación muy distinta a lo que vivimos en los últimos catorce o quince años de la hegemonía del MAS en el país, de la aplastante mayoría política, tanto en las calles, en la opinión pública y en las esteras institucionales. Entonces, las actitudes que estén enmarcadas en ese ámbito de la vieja lógica quedan obsoletas y fuera de tono”, afirma.

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En su criterio, “estamos en un momento donde probablemente los acuerdos políticos, las negociaciones, la capacidad que tengan los actores de llegar a ciertos consensos, ciertos acuerdos, sea una ruta mucho más efectiva que la ruta que se vivió con los bloqueos. Y esto no solamente es una reflexión para los oficialismos, la facción de Evo Morales y la facción de Luis Arce, sino también para las oposiciones, que indudablemente, necesitan un aprendizaje democrático que va a tener un punto de expresión fundamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta instancia vuelve a ser la instancia más importante de la definición de temas, como lo fue otrora. Habrá que preguntarse cuánto de aprendizaje democrático puede existir en las fuerzas políticas que hoy día conforman este escenario de decisiones. Yo veo en este conflicto, lamentablemente, una incapacidad para la negociación, un anquilosamiento que ha tenido el MAS en sus dos líneas actuales, evistas y arcistas. No necesitaron negociar en los últimos catorce o quince años y hoy en día se les hace realmente difícil. Los actores de la oposición también parecen haber perdido lucidez en el ámbito de la negociación, para destacar o sacar ventajas políticas”.

Intereses

Con todo, y más allá de las buenas intenciones, hay de por medio una disputa por el poder en extremo descarnada. Al respecto, Silva sostiene que “vamos a entrar a un proceso donde el interés político de que al gobierno le vaya mal, va a ser un elemento de mayor consenso entre las fuerzas políticas de oposición. Y entre ellas, hay que contar como principal fuerza de oposición al evismo. Es muy interesante ver que lo que ha logrado Evo Morales con este bloqueo, que no ha sido del todo contundente tampoco, pero que tuvo la consecuencia de doblar un poco el brazo al gobierno, es mucho más de lo que han conseguido las oposiciones políticas tradicionales; ya sea Creemos o Comunidad Ciudadana. Eso significa que, muy probablemente, este escenario que hemos vivido en el bloqueo reciente, se repita con mayor frecuencia en 2024 e inclusive en 2025, porque dentro del cálculo político frío, realista, un gobierno al que le vaya mal le permite al resto de las fuerzas políticas tener una mayor opción de reposicionamiento. Inclusive, de una mejor postura en el ámbito del discurso, de las promesas, de las propuestas de salvación, de mejora, etcétera. Si hay un gobierno al que le va bien, puede mantener ciertos lineamientos que probablemente conviertan al electorado en uno conservador. Los electorados se vuelven muy volátiles cuando hay escenarios difíciles”. El politólogo prosigue señalando que “en un análisis muy realista, hay ciertos intereses que pueden confluir en el sentido de que al Gobierno le vaya mal, muy mal, lo cual les podría dar una chance para un mejor perfil y una mejor opción política a diversas fuerzas de oposición. Probablemente el sueño de Evo Morales sea aparecer como el salvador o el gran gobernante estabilizador de los últimos años. Las oposiciones podrían copiar o sostener un discurso parecido al de Javier Milei, diciendo que van a sacar al país una profunda crisis. Por lo tanto, me parece que esto no va a ser sólo por ahora, sino que va a ser reiterado a lo largo de 2024 y 2025. O sea, hay una circunstancia deliciosamente servida como para generar momentos de crisis. El censo es uno de los elementos en juego y sus resultados, a partir de los cuales debe darse la redistribución de recursos. En el caso de las elecciones judiciales, veremos si se llega a un acuerdo para la selección de los candidatos habilitados. El problema no está sólo en el ámbito de la convocatoria, el problema va a estar en elegir con dos tercios a los que van a ir como candidatos. Va a ser un parto difícil. En medio de todo esto, el tema económico es el central, y que es apreciable también como un elemento importante para generar ciertos momentos políticos”.

Derivas

La dureza con que las posiciones son explicitadas por buena parte de los diferentes portavoces, además de altisonantes, son llamativas por el tipo de argumentación a la que apelan. Esto no pasa desapercibido para Silva. “Me parece altamente preocupante la falta de propuesta, y eso es algo que tienen en común evistas, arcistas y las oposiciones. Es indudable que el contexto político ha cambiado, pero también el económico. Esto obliga a responder preguntas centrales, que van desde el manejo del excedente económico, la redistribución de los recursos, el papel del Estado, de una mejor planificación, entre otras cuestiones. Ni el arcismo, ni el evismo, ni las oposiciones políticas, hasta ahora, se han planteado respuestas a las interrogantes que están ahí. La confrontación hasta ahora ha sido altamente destructiva en el plano de los bloques de oposición, tratando de establecer una culpabilidad del gobierno. Frente a esto, el gobierno ha tratado de defenderse de una manera muy escueta, poco argumentativa y mucho menos propositiva. Muy poco entendible, todavía. Preocupa que no exista en este momento, ni en el Gobierno, ni en el ala evista, ni en las oposiciones, una propuesta de país que mire el contexto, no solamente coyuntural. Lo que los bolivianos presenciamos, en las alocuciones de cualquiera de los bloques, es una guerra de insultos, una política de show. Pero no hemos escuchado, hasta ahora, incluso de parte de los agoreros de la desgracia que podría venir en el ámbito económico, propuestas para el país. Esto lleva a pensar, que probablemente la infertilidad para presentar propuestas derive hacia el recurso inequívoco de ir por la guerra sucia, por la descalificación, la triquiñuela, el típico altoperuanismo”, sentencia el politólogo.

El expresidente Evo Morales, jefe del MAS, y el presidente Luis Arce.

Las múltiples aristas del conflicto del MAS

(*)María Teresa Zegada es socióloga

Si alguna novedad trajo al sistema político la nefasta crisis ocurrida entre 2019-2020, fue el tensionamiento que se produjo al interior del MAS, cuando el expresidente Evo Morales renunció a su cargo y salió del país rumbo a México acompañado de sus más próximos colaboradores. Este hecho, que en su momento fue objeto de reclamo de las bases movilizadas de ese partido, hoy se traduce en una fractura, aparentemente irreconciliable, entre dos liderazgos que compiten por la candidatura a la presidencia: el propio Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora.

El escenario político polarizado que parecía precipitarse entre oficialismo y oposición, fue rápidamente neutralizado por la acción políticojudicial del gobierno de Arce; de ahí que la crisis política se desplazó a un lugar inesperado: dentro de las filas del hasta entonces partido de unidad monolítica, MAS.

Los recientes conflictos han revelado las múltiples dimensiones de la crisis en el MAS, que analizaremos brevemente a continuación.

Debido a las características del partido/movimiento/sindicato, la crisis de esa organización política no se reduce a la disputa entre dos liderazgos y sus respectivos seguidores por la candidatura a las próximas elecciones generales, sino que ha penetrado en los poderes institucionales públicos como la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral y el Órgano Judicial; así como ha descendido hasta las dirigencias sindicales campesinas y sus bases.

Lo cierto es que la presencia contundente de dos liderazgos presidenciables, desdibuja aquella sensación que dejó el triunfo del MAS en 2020, de que este partido podía sobrevivir a su líder/caudillo y que era más importante la organización que las personalidades individuales. Hoy los sectores sociales se han alineado detrás de los dos liderazgos, que se enfrentan de manera virulenta en distintos espacios.

En primer lugar, en el escenario de la protesta callejera, que afecta de manera más directa a la población por los bloqueos perpetrados durante más de dos semanas por las dirigencias y bases campesinas afines al Evismo, exigiendo elecciones judiciales inmediatas; sin embargo, detrás de dicha demanda está presente la disputa entre fuerzas internas. La movilización ha revelado los quiebres y riesgos que supone enfrentar a las bases insertas en la sociedad civil sin la presencia de un Estado que, por encima de intereses político partidarios, ejerza su rol apaciguador y regulador del conflicto.

En segundo lugar, el espacio político más complejo es el institucional, que de hecho atraviesa por un momento crítico de deterioro y riesgo. Desde hace aproximadamente dos décadas, los órganos del Estado han sido progresivamente ocupados por el partido de gobierno. Hay claras muestras respecto al Órgano Electoral, cuya actuación fue el detonante del estallido social de 2019, y continúa bajo sospecha. Por su parte, el escenario parlamentario ha cobrado vigor desde que las alas masistas están en desacuerdo. Si bien esta es una buena noticia para la democracia porque se percibe la recuperación de la deliberación y negociación, abriendo la posibilidad a que las minorías adquieran cierta capacidad de decisión, complica la gestión parlamentaria que está expuesta a la paralización, violencia y manipulación, y consecuentemente a la ineficacia.

Ahora bien, el hecho novedoso, sobre todo durante esta última gestión institucional, es el rol que ha comenzado a jugar el Órgano Judicial, en particular el Tribunal Supremo Electoral como entidad decisoria. Esta es una señal muy peligrosa para la democracia boliviana, pues este suprapoder se convierte en el factor gravitante amparado “en los marcos de la legalidad”, poniéndose por encima del Legislativo.

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El predominio creciente de la entidad judicial se reforzó con la aplicación de la justicia para neutralizar a los líderes opositores, en particular a aquellos que habían actuado en el periodo 2019-2020. Muchos de ellos hoy se encuentran presos por “causas judiciales” y otros están fuera del país. En el momento presente, dicho órgano cobra relevancia a través de la influencia que ejerce el Ejecutivo sobre las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones son inapelables. No obstante, el Tribunal ha sobrepasado la fecha máxima de ejercicio permitida (el 2 de enero de 2024) y sus autoridades están ejerciendo en un periodo de “auto prórroga”. Por esta razón, la aprobación de la Ley 144 de Convocatoria a Elecciones Judiciales ha sido una victoria parcial, pues todavía está en discusión la legalidad del actual ejercicio de dichas autoridades.

Finalmente, la penetración política en el campo social a través de los sindicatos campesinos, le permite al partido de gobierno mantener en apronte y movilización a sus bases, perjudicando el normal desenvolvimiento de la actividad ciudadana, por una causa estrictamente partidaria. Si nos atenemos a las normas actuales, existe un procedimiento claro para la definición de candidaturas en las organizaciones políticas, que son las elecciones primarias establecidas en la ley No. 1096. El MAS se resiste a acatar esta norma y ha optado por congresos forzados o cabildos improvisados que no han resuelto la correlación de fuerzas interna. En otras palabras, un problema particular de política partidaria, trasciende esas fronteras, se traslada a demandas más amplias y se instala en escenarios que no le corresponden sin medir las consecuencias.

En definitiva, la incertidumbre económica, las tensiones que supone la realización del próximo censo y la necesidad de cumplir con la Constitución respecto a las elecciones judiciales, están agravadas por los conflictos partidarios internos. Está en manos del propio partido de gobierno y sus factores de poder, atenuar esta situación en los marcos de la institucionalidad democrática.

 (*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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