A través de las distintas etapas de la historia boliviana —liberal, nacionalista, neoliberal y plurinacional— se han diseñado y ejecutado planes de desarrollo que, pese a sus distintas orientaciones, tienen como común denominador la búsqueda de crecimiento económico sobre la base de un modelo primario exportador a partir del aprovechamiento de unos pocos recursos naturales, especialmente no renovables. Una muestra de la permanencia de este patrón es el hecho de que actualmente más del 80% de las exportaciones del país son de hidrocarburos y minerales.
Como se sabe, la economía boliviana resultante de este tipo de desarrollo se caracteriza por la escasa diversificación productiva, la baja industrialización, el crecimiento lento y subordinado a inversiones intensivas, la alta dependencia de los recursos naturales como la principal alternativa para la generación de empleo y de ingresos para la población y para financiar el desarrollo local, regional y nacional, y por su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional.
La coyuntura de altos precios internacionales de los hidrocarburos y minerales, que dura ya varios años, ha brindado estabilidad macroeconómica al país y recursos para sostener las políticas de compensación para los sectores más deprimidos, pero también ha generado una intensificación de las pugnas por el control y aprovechamiento de los recursos entre grupos sociales, municipios, provincias y departamentos. Entre 2011 y 2012 se produjo un considerable incremento de este tipo de conflictos, especialmente en el sector minero, que escalaron en niveles de violencia, con episodios de enfrentamiento entre distintos sectores sociales y toma de minas, y cuyo resultado puso en evidencia la falta de políticas consistentes y de una normativa específica que permita gestionar adecuadamente estas disputas.
En ese escenario, el Estado —cuya debilidad para responder a las necesidades y expectativas de una sociedad fuerte y en permanente movilización, aunque fragmentada, es crónica— se ve obligado a atender una gran cantidad de conflictos que no puede gestionar con un sentido de transformación, por lo que los problemas tienden a prolongarse y complejizarse.
Las debilidades de la institucionalidad pública, las insuficiencias de la normativa sobre actividades extractivas y la flexibilización en el cumplimiento de normas para facilitarlas, crean condiciones propicias para la fermentación del extractivismo conflictivo que busca aprovechar la coyuntura, afirmando los rasgos rentistas y la ilusión desarrollista y permitiendo que se impongan los intereses particulares por encima del bien común. Asimismo, permiten que el aprovechamiento de recursos naturales genere impactos negativos sobre la conservación de la base de recursos y sobre la calidad ambiental, con graves consecuencias para la economía del país y de la población, así como para su calidad de vida.
Pese a que en Bolivia existen serios problemas ambientales, los conflictos vinculados a esta problemática son los menos frecuentes y a los que menos importancia se asigna. Entre las causas que explican la falta de correspondencia entre problemas y conflictos ambientales se encuentra la dificultad de demostrar la existencia de un daño ambiental (por la necesidad de realizar estudios técnicos de alto costo), la clara asimetría de poder existente entre las partes (poblaciones locales víctimas de los impactos ambientales y actores económicos públicos o privados que los causan), la necesidad de empleo y de generación de ingresos de los afectados que los hace callar, la frecuente anulación de la resistencia a partir de la cooptación de dirigentes, los altos costos de las acciones de mitigación y la falta de importancia de la problemática ambiental en la agenda pública. Los escasos conflictos ambientales que se producen en el país son resultado del acelerado crecimiento urbano debido a la migración campo-ciudad y a la ausencia o insuficiencia de regulaciones y de planificación; de las actividades mineras que contaminan suelos y cuerpos de agua y que han dejado un pasivo ambiental cuyo costo nadie está dispuesto a asumir; y de las actividades hidrocarburíferas que tienen también impactos significativos. En general, se observa que la población es pasiva frente a los problemas ambientales y sólo se moviliza para denunciarlos y demandar solución cuando se llega a una situación crítica y se generan impactos negativos sobre su economía.
Los territorios indígenas y las áreas protegidas —que cuentan con un estatus legal especial para asegurar su mantenimiento a largo plazo— son una suerte de reservorios de recursos naturales que, si bien no se encuentran en su integridad en estado prístino, presentan mejores condiciones de conservación que otras zonas del país, por lo que son vistos por las poblaciones circundantes como espacios a controlar, entrando en pugna con sus habitantes. Las visiones y políticas desarrollistas que privilegian el crecimiento económico por sobre otras consideraciones —ambientales, culturales e identitarias— son un factor que incide negativamente en la conservación de estas áreas, colocándolas en una situación de claro riesgo. Entre 2011 y 2012 se produjeron varios conflictos en defensa de territorios indígenas —el más destacado fue el del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)— debido al avasallamiento de tierras, en demanda de saneamiento y titulación de tierras y de recursos económicos para su desarrollo y exigiendo respeto a la autodeterminación indígena consagrada en la Constitución Política del Estado y en convenios internacionales. A diferencia de los conflictos por recursos naturales, en estos casos no se ejercitaron medidas de presión violentas, lo que parece ser un rasgo característico de las protestas indígenas de tierras bajas.
Los conflictos por recursos naturales, territoriales y ambientales ponen en evidencia la necesidad de replantear lo que se entiende en Bolivia por desarrollo y de analizar con profundidad si es posible pensar en otro tipo de desarrollo —más humano, fundado en la reciprocidad, solidaridad y en la armonía con la naturaleza—, si es ésta una necesidad reconocida por la sociedad y si existen posibilidades de construirlo.