En varias ocasiones, el Gobierno tuvo que desandar caminos a los que se lanzó con determinación. Impopulares o históricas, esas acciones políticas quedaron suspendidas o en statu quo por la presión social o el uso mediático de la oposición. Una de ellas fue el Decreto Supremo 1525, que otorgaba viáticos y pasajes para el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, de hoy y del futuro.
No fue la primera vez. Esa suerte también corrieron el “gasolinazo” de diciembre de 2010 (Decreto Supremo 748), que no duró sino cinco días y fue abrogado (Evo Morales dijo esa vez que gobierna “obedeciendo al pueblo”), o el proyecto de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que quedó suspendido sin fecha y atenuada la determinación del oficialismo de que se construya la vía “sí o sí”. O el proyecto de Ley de Extinción de Bienes también resultó detenido, que afectaba a parte de las bases sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) (gremiales, transportistas y fabriles). El conflicto por el incremento a la carga laboral de ocho horas de los trabajadores del sector de la salud fue postergado de igual modo.
El patrón que primó en estas medidas —aparentemente impopulares— fue que éstas afectaban a las mismas bases sociales del MAS. En el caso del conflicto médico, a empleados directos de un sector muy importante de la administración pública.
Al menos en esos casos, el Ejecutivo temía que el costo político iba a ser elevado, tomando en cuenta sus consecuencias. Ameritaba recular, como en el asunto de los viáticos y pasajes, cuyo decreto fue firmado el 13 de marzo de 2013 y develado por La Razón el 1 de abril. Esto, a pesar de que la medida también iba a beneficiar a futuros mandatarios del Estado.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, uno de los habituales gestores del diálogo gubernamental en tiempos de crisis, interpreta que estas decisiones abolidas responden a una “nueva manera de gobernar”. Afirma que antes las decisiones se centralizaban y se las imponía con el uso de la fuerza pública, “Así sucedió con el 21060. Ahora, las condiciones de la democracia se han modificado sustantivamente. El Gobierno no tiene un monopolio de las decisiones y debe escuchar a la gente”.
Romero afirma que, específicamente, en el gasolinazo las regiones donde hubo mayor rechazo fueron El Alto, Potosí y Oruro, “es decir, en los bastiones sociales del MAS”. Recuerda que entonces “se hizo la lectura política” correcta.
En el caso del decreto que autorizaba viáticos para viajes oficiales a los familiares de los mandatarios, la determinación causó un rechazo políticamente riesgoso para el Gobierno, costo que prefirió eludir. “El buen ejercicio de la oposición mediática paró esta medida”, opina el analista político Manuel Canelas.
Sin embargo, como aquélla, las decisiones en las que retrocedió la administración de Morales fueron “históricas” por su vocación de “transformar” al Estado boliviano, aunque muchas de ellas eran “bastante impopulares”, califica el politólogo Romano Paz. “El Gobierno hizo, en cada caso, un cálculo político y se ha dado cuenta de que iba a restarle apoyo electoral en amplios sectores de la población. No estaba dispuesto a asumir ese costo”.
“En el caso de la suspensión de la Ley de Extinción de Bienes, se tocaba a grupos políticos próximos al Gobierno (gremiales y transportistas). En el gasolinazo, fueron algunas bases sociales del MAS las que lideraron las protestas”, subraya.
Retrocesos. En el conflicto de los médicos fue “más complejo”, pues la idea de extender de seis a ocho horas la carga laboral se derivó de una cumbre social del MAS. Por esa condición —complementa Paz— la medida encontró solidaridad en algunos movimientos y rechazo sectorial.
Helena Argirakis analiza que estos retrocesos tienen “costos políticos”, aunque cree que el Gobierno sabe canalizarlos para que sean asumidos por “operadores fusibles” que evitan un daño a la estructura gubernamental.
Para argumentar su percepción, menciona los índices de credibilidad de Morales y de Álvaro García Linera en las encuestas. “Cuando la oposición habla del debilitamiento de Evo, creo que tiene una lectura errónea”.
Romano considera que estos retrocesos siempre tuvieron un objetivo electoralista. “El MAS ha manifestado muchas veces su intención de quedarse por mucho tiempo en el Palacio Quemado”. Así, considera que se sacrifican medidas “antipopulares” para que no afecten la imagen del Presidente. Es decir, “por encima del interés nacional está el interés sectorial”.
El sociólogo Fernando Mayorga evalúa los casos con una lógica distinta. Sostiene que la reversión más bien podría ser considerada como contraria a una intención electoralista, a diferencia de lo que percibe Paz. “Si bien siempre hay un cálculo político en las decisiones gubernamentales, yo pensaría en sentido contrario”, dice Mayorga.
Presume que el cálculo electoral no predominó en esas decisiones. “Alguna vez dije que al Gobierno le falta ser más populista. Es decir, ¿qué gana planteando que los médicos trabajen ocho horas? Lo único que gana es el repudio de ese sector que es minoritario”, arguye.
Sin embargo, en su criterio, por más que los retrocesos no hayan sido electoralistas y que las medidas no hayan sido impopulares, en realidad fueron de interés nacional (en esto último coincide con Paz). Pero cuestiona qué gana el Gobierno al arriesgar su imagen indigenista en el intento persistente de construir una carretera en que “se imponía una lógica de integración”. Lo mismo dice sobre la suspensión de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes. “Un cálculo político habría sido no plantear la ley. Si se sabe que va a haber más beneficiarios que perjudicados, entonces es mejor hacerlo, era de interés general”.
Así también evalúa el senador cochabambino del MAS Adolfo Mendoza, quien dice que esas decisiones suspendidas fueron en contra del interés común. “El Presidente defendió el interés nacional. En esos retrocesos ganaron los particularismos”, juzga.
Este razonamiento, sin embargo, no funciona con el caso del gasolinazo, según Mayorga. “No hay medida más impopular que ésta”. En ese episodio hubo un “cálculo político pésimo”, tal vez podrían haber planeado la metodología para “preparar movilizaciones” de apoyo. “En lo técnico también estuvo mal elaborada, porque de golpe se aumentaba el precio en el 70%”.
Estas dos últimas consideraciones llevan a preguntarse si las determinaciones gubernamentales eliminadas son producto de la improvisación o hay una suerte de gestión política y una generación del debate a partir del conflicto.
Visión. El diputado por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic es tajante en esto. Afirma que si el Gobierno desandó su recorrido fue porque está improvisando la gestión. “Se trata de una manera de gobernar, se hacen las cosas sin medir las consecuencias; es decir, se improvisa”.
En su criterio, en el MAS no hay un debate de las políticas públicas, lo que responde al estilo de administración del “presidencialismo”. “Lo que ha sucedido con el TIPNIS es el modelo de la improvisación. Primero se hace la norma y luego los abogados tienen que corregirla”, cuestiona.
La lectura de Argirakis es contraria a lo que refleja “la improvisación” oficialista en la gestión política. Ella ve una estrategia deliberada. Sostiene esta afirmación mediante la identificación de un patrón en todos los casos. “Creo que hay una suerte de epistemología del conflicto”. A través de las tensiones se genera un conocimiento y una apropiación social del debate. Así se plantea una agenda y en el desarrollo de la conflictividad se insertan puntos que de otra manera no se habrían propuesto.
A esta explicación añade ejemplos. Las ocho horas de carga horaria en el sector de la salud fue un inicio, pero terminó en una cumbre que generará una reforma del sistema médico. “Aparentemente se retrocede en un punto (las ocho horas), pero se avanza estructuralmente”, opina.
Lo mismo dice del TIPNIS, que en un momento “parecería” un retroceso, pero derivó en un “debate sobre el vivir bien”. También con el gasolinazo, que posicionó la necesidad de avanzar en “una agenda de nacionalizaciones y de soberanía en recursos naturales”.
De este modo, Argirakis juzga que esta estrategia gubernamental del conflicto “plantear diez para, en realidad, lograr cinco. Y cinco, en perspectiva histórica, es bastante”. “Los medios maximalistas desacreditan ese avance sostenido, lento, pero seguro”, cuestiona.
Un argumento para rebatir la idea de que se trate de una estrategia es que se lo atribuya a la suerte, pero Argirakis dice que, como el patrón es reiterativo, no se puede dar cabida al azar. “Es una estrategia muy bien pensada”. Pero el problema —sigue— es que este desandar abre “flancos de debilidad” porque se trata de un estilo poco ortodoxo de hacer gestión política.
Una opinión que equilibra ambos extremos (que los retrocesos sean hijos de la improvisación o que sean una estrategia para generar debate y conocimiento de una problemática) es la de Canelas, quien considera que la manera de poner estos temas (gasolinazo, Ley de Extinción de Bienes, incremento de horas laborales para los trabajadores de salud, la carretera a través del TIPNIS) en agenda fue “muy dura”. No obstante de haberse “reculado”, no dejaron de estar en la agenda política nacional.
Por ejemplo, los médicos aceptan discutir y en los otros puntos se abren debates. “En cada caso se termina con reuniones entre los actores relevantes y quizás no se llegue a una propuesta maximalista acorde al planteamiento inicial del Gobierno, pero, tras la tensión, se consigue que los afectados se sienten a discutir de algo que a priori no lo habrían hecho”, dice Argirakis.
El caso del gasolinazo funcionó de igual modo. “Al final se va a discutir si se debe continuar con la subvención a los hidrocarburos”. Entonces, Argirakis y Canelas coinciden en el resultado de las determinaciones anuladas. No obstante, éste no cree que se trate de algo deliberado. “No digo que sea una estrategia, la cual sería demasiado inteligente y además arriesgada para plantear algo radical y obligar a la gente a discutir y que proponga un término medio”.
En resumen, el mecanismo sería plantearse un tema máximo, la tensión, y obligar a que esté en la agenda pública, que los actores debatan para solucionar lo que “ya ha sido considerado un problema”.
Con el TIPNIS se sigue ese esquema: primero, el Ejecutivo toma la decisión, retrocede porque su base social protesta, se incorporan partes de sus demandas y se determina que a mediano plazo se hable de los pedidos de los afectados en torno a la posición del Gobierno. “Se da un paso atrás, pero no se pierde el margen de maniobra”.
Los otros retrocesos gubernamentales tienen distintas explicaciones y características, por lo que fueron aislados de este debate. Éstos son el nombre del aeropuerto de Oruro (de Juan Mendoza a Evo Morales), atribuida al MAS de esa región; la decisión inicial de no invitar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, a la inauguración de un tramo de la carretera bioceánica; el Decreto Supremo 890 que establecía el retiro del servicio público para el parque automotor con antigüedad mayor a 12 años; y la intención de incorporar de manera obligatoria los seguros de salud universitarios al Seguro Universal de Salud. Además, los casos en que el Tribunal Constitucional Plurinacional frenó medidas gubernamentales, como, por ejemplo, la eliminación de la figura del desacato de la economía jurídica del país o la suspensión de autoridades electas a sola denuncia del Ministerio Público.
Canelas cree que hay que separar —por tener mayor importancia— aquellas acciones revocadas que afectaban a las bases sociales del MAS de otras como estas últimas. De todos modos, en estos últimos casos, el MAS promovió dichas acciones para desahuciar políticamente a sus oponentes. La respuesta fue también política, la oposición y los medios de información lograron incorporarlas en la agenda pública para descalificarlas y presionar por ellas al Gobierno.
‘La acción autónoma ciudadana fue el freno’: Fernando Mayorga es sociólogo
¿Quién pone límites al ejercicio de poder en un “decisionismo” gubernamental que no tiene oposición parlamentaria? Ahí se manifiesta la acción autónoma ciudadana que pone freno al ejercicio del poder. Así ocurrió en el gasolinazo o en la determinación estatal de carretera por el TIPNIS “sí o sí”. Los gobiernos necesitan legitimarse permanentemente con la calidad de sus decisiones.
‘Es una estrategia de generación de debate’: Helena Argirakis es politóloga
No veo que haya retrocesos. En realidad se trata de una estrategia de generación de debate y de posicionamiento de temas sensibles en la agenda política. Hay un patrón en estos casos: lanzar un tema que puede ser polémico, retroceder y luego generar el debate entre los actores. El Gobierno propone diez y se avanza cinco. Del debate nacen otros temas que enriquecen las problemáticas.
‘Se quiere medir los costos electorales’: Romano Paz es politólogo
Cuando el Gobierno lanza una medida impopular hace inmediatamente un cálculo político electoralista, ve que podría restarle apoyo en sectores amplios de la población, lo cual difícilmente va a estar dispuesto a asumir. Este mecanismo se acentúa en escenarios preelectorales como el actual, en donde cuidan la imagen de Morales, quien se siente precandidato.
‘Hay improvisación y planificación en grados’: Manuel Canelas es experto en Ciencias Políticas
En el momento en que van sucediendo las cosas, en estos retrocesos del Gobierno, hay un grado de improvisación y otro de planificación. En nuestro país siempre hay un margen para la improvisación, pues los pactos de grupos con el Gobierno y la manera de hacer política de la oposición están en continua mutación; obligan un grado de improvisación, lo que no quita que se planee.
‘No fueron retrocesos, sino acuerdos’: Adolfo Mendoza es senador del MAS
Yo no hablaría de retrocesos, sino de acuerdos en algunos casos y postergación de la decisión en otros. La puesta en común en algunos puntos, que aparentemente fueron retrocesos, a la luz de los acontecimientos no lo son. El país ha tenido a veces que retroceder en detrimento del interés común; en determinados momentos ganaron los particularismos.
‘Esto tiene un nombre: improvisación’: Fabián II Yaksic es diputado del MSM
Se trata de una manera de gobernar, se hacen las cosas sin medir las consecuencias y eso tiene un nombre: improvisación. La característica del Presidente es actuar al impulso del momento, porque no tiene un mínimo de planificación de la gestión pública, porque sin eso se corre el riesgo de estar haciendo ajustes permanentes a las decisiones: le meten nomás y luego se corrige.